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La semana pasada el Premier César Villanueva anunció que el Estado revisará todos los peajes de carreteras a nivel nacional, en el marco de un acuerdo con algunos gremios de transportistas.

¿Qué cartas tiene el Gobierno para renegociar los contratos?

Al respecto, el abogado Luis Molero, especialista en concesiones en transporte, refirió que lo primero que podría hacer el Gobierno es solicitar al regulador Ositran un informe sobre el desarrollo de las concesiones cuestionadas, incidiendo en dos puntos: el sistema de fijación del peaje y el avance de las obras y/o servicios.

“La teoría te dice que si se da una situación ventajosa para el concesionario, el llamado a pronunciarse es el regulador. El informe de Ositran te puede decir si los ingresos (vía el peaje) son excesivos o si lo ofrecido en el servicio no se está cumpliendo”, sostuvo.

Agregó que ese informe de Ositran serviría al Gobierno como insumo para iniciar un proceso de renegociación del contrato.

Si el informe concluye que el peaje va en línea con la inversión realizada, el Gobierno podría optar por aplicar un subsidio al peaje, de manera que el 100% no sea pagado por los usuarios.

“Por ejemplo, si el peaje de cinco soles es muy caro, el Estado puede asumir un sol y el usuario pagaría cuatro. Es decir, si baja el peaje sería para la foto, pues habría un pago sombra a cargo del Estado”, anotó Molero.

No obstante, para Julio Aguirre, exjefe de estudios económicos del Ositran, el Estado no debería optar por esta vía.

“Cuando el Estado se compromete a asumir estas transferencias, implica usar recursos asignados a otros objetivos para tratar de parchar estas distorsiones”, subraya.

Por otro lado, si el estudio de Ositran concluye que el concesionario no viene cumpliendo con las obras y/o servicios ofrecidos, allí puede llegar a aplicarse una multa y la inmediata corrección de este escenario, indicó Molero.

“Creo que las demandas de los transportistas son más por un tema de calidad del servicio que del precio”, refiere.

En esa línea, Aguirre sostiene que en ningún caso deben permitirse nuevos peajes o incremento de los peajes ya establecidos, sin que se hayan primero culminado las obras y/o servicios claves para los usuarios.

“Las personas deben visualizar que lo que paga en peajes se traduzca en buenas obras, señalización, reducción de tiempo, entre otros indicadores”, remarca Aguirre, quien también es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Ambos especialistas coinciden que en caso el Gobierno no siga los pasos fijados por ley para la renegociación de un contrato, no solo será una mala señal para los inversionistas, sino que incluso el Estado sería pasible de ser demandado por los concesionarios ante el CIADI.

"La mayoría de empresas son extranjeras y tienen convenio de estabilidad jurídica. La renegociación debe ser de mutuo acuerdo", apuntó Molero.