CIADI confirma sanción contra el Estado peruano por actos de expropiación hechos por Sunat

Se sanciona al Perú con el pago por los daños y perjuicios contra un inversionistas chino por más de US$ 1 millón, y deberá asumir los gastos del litigio que suman a US$ 600 mil aproximadamente.

El CIADI desestimó la demanda de anulación del laudo arbitral que planteó el Estado peruano contra inversionista chino.
El CIADI desestimó la demanda de anulación del laudo arbitral que planteó el Estado peruano contra inversionista chino.

El Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial desestimó la demanda de anulación del laudo arbitral que planteó el Estado peruano en el año 2011 y confirmó que la Sunat cometió actos de expropiación contra la propiedad de un inversor chino en la industria de la harina de pescado.

El abogado del Estudio Paitán & Abogados, que defendió al inversor chino, Carlos Paitán, explicó que el CIADI consideró que las medidas cautelares de Sunat contra la empresa pesquera TSG Perú SAC, basadas en una deuda presunta, y que fueron ejecutadas ante los bancos, proveedores y clientes; destruyeron “la viabilidad de la empresa en el Perú”.

“Todo esto, sin un mayor beneficio para los objetivos de la cobranza coactiva de impuestos, al no afectar los fondos de dinero por la supuesta deuda”, anotó.

Asimismo, refirió que los integrantes del CIADI cuestionaron además, el ejercicio de la discrecionalidad de los funcionarios de Sunat en la ejecución descoordinada de medidas cautelares al punto de considerarlas como actos arbitrarios contra el inversionista”.

También mencionó que el pronunciamiento del CIADI rechaza la anulación del Estado contra el laudo que declaró como expropiatorios los actos de Sunat, constituye una violación a los compromisos asumidos en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Perú y China.

De esta manera, se sanciona al Perú con el pago de los daños y perjuicios por más de US$ 1 millón, y a su vez sanciona al Estado peruano en asumir los gastos del litigio en la suma de US$ 600 mil aproximadamente.

La defensa del Estado estuvo a cargo de la firma internacional Sidley Austin LL con sede en Washington DC y del inversor chino estuvo a cargo del Estudio Paitán & Abogados con sede en Lima.

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