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El presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció en un Mensaje a la Nación el cierre de centros comerciales, galerías y tiendas por departamentos en las regiones con nivel de alerta extremo que incluye a Lima Metropolitana y el Calla, ante el avance de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el Perú.
El cierre de los diferentes ‘malls’ se dará desde el 31 de enero al 14 de febrero y ello propiciará un impacto económico en este rubro. Al respecto, Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep) sostuvo a Gestión.pe que cerrar la economía no sería un gran aporte para solucionar esta situación.
“Consideramos que cerrar la economía no va a ayudar mucho. Hemos tenido ya una experiencia al respecto y hubiéramos esperado que se aprenda las lecciones pasadas. Lamentamos que después de casi 10 meses de pandemia, no hayamos sido capaces como país de organizarnos y poder incrementar el número de camas UCI, respiradores ni estar preparados para una segunda ola que ha sido anunciada hace varios meses”, comentó.
Con relación al impacto económico, indicó que se espera un golpe muy duro debido a que los centros comerciales albergar diversos rubros que utilizan sus espacios para operar.
“Imaginamos que será lo mismo que sucederá lo mismo, que serán quince días y terminan siendo tres meses. Se espera un impacto económico muy duro. Hay sectores que trabajan con nosotros como los restaurantes que han tenido dificultades, así como muchos comerciantes. Será un impacto muy severo”, dictó.
Añadió que para conocer el estado real del impacto económico de esta medida, se deberá conocer primero hasta cuándo estará vigente. Como se recuerda, la reducción de aforo también venía tomando las ventas en negativo.
“Si estas medidas duran quince días, serán un golpe más, pero si se prolonga la situación puede ser crítica no solo para los centros comerciales, sino para los negocios que están dentro. Nosotros empleamos a 180,000 personas y somos el espacio donde se desarrollan micro y pequeños empresarios también. Esto puede ser muy duro”, advierte.
Calle considera que el gobierno pudo tomar otro tipo de medidas, aunque indica que no conoce todos los elementos para evaluar si fue o no una norma adecuada.
“Tengo la esperanza de que el gobierno haya hecho las evaluaciones del caso. Sin embargo, me reservo mis dudas a que lo mejor sea encerrar a la gente que tomar otro tipo de soluciones y asumir de que el Estado tiene que ser más ágil y cambiar. No es un problema de recursos, sino de gestión”, dice Calle.
Con relación a la venta por delivery que podrán hacer algunos negocios de los centros comerciales, Calle manifestó que muchas veces implementar este servicio puede tener un costo más alto de lo que cuesta la operación. Ante ello, evaluarán si estos podrán operar.
“El delivery es un porcentaje mínimo de venta. Imagínese abrir un centro comercial para que los negocios solo hagan delivery. No es lo que se busca. Hay un divorcio entre lo que el Estado regula y el conocimiento de la actividad real”, concluye.