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CCL: Es necesario que el Congreso evalúe proyecto para solucionar crisis del Ministerio Público

Yolanda Torriani, presidenta del gremio empresarial, indicó que no se trata de defender a un grupo o al otro, sino de pensar en el Perú. "Debemos estar atentos a que no se afecte de ninguna manera los avances de la lucha anticorrupción", sostuvo.

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Torriani indicó que nadie debe estar al margen de la lucha contra la corrupción. (Foto: GEC)

(Foto: GEC)

La Cámara de Comercio de Lima ( CCL ) invoca a las autoridades de los poderes del Estado a resolver cuanto antes la crisis de institucionalidad que afecta al Ministerio Público y que repercute directamente en los avances que se tienen hasta hoy en la lucha contra la corrupción.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que, con estricto respeto al orden constitucional y a la independencia de las instituciones que este garantiza, resuelvan lo antes posible la crisis en la que se debate la administración de justicia en el Perú, especialmente en el Ministerio Público. Este es el momento para que las autoridades del país busquen salidas a la grave crisis de institucionalidad que afecta a la Fiscalía de la Nación, cuya conducción debe estar en manos de profesionales sin cuestionamiento alguno”, manifestó Yolanda Torriani , presidenta de la CCL.

Sostuvo que el país necesita confiar en la predictibilidad de sus instituciones, en especial de aquellas que imparten justicia y que, antes de pensar y actuar sobre la base de intereses personales, políticos o económicos, estas deben responder a las necesidades más urgentes de la sociedad.

“Hoy es necesario hacer un llamado a los titulares de los poderes públicos y de los organismos de justicia para que se desempeñen con la altura que las circunstancias exigen, contribuyendo a la recuperación de la confianza y credibilidad, pilares del desarrollo económico necesario para combatir la pobreza y generar más empleo y riqueza”, señaló.

En tal sentido, consideró necesario que el Congreso de la República evalúe con sentido de urgencia el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para solucionar no solo la crisis del Ministerio Público sino también aquellos otros relacionados a la reforma del sistema de justicia.

“Si hay temas debatibles en este proyecto de ley, entonces que sea el Congreso quien presente cuanto antes una salida. Eso es lo que requiere nuestro país: salir del entrampamiento en el que estamos”, resaltó.

Torriani afirmó que el Poder Legislativo debe ser consciente que los acontecimientos que el país vive desde inicios de esta semana también repercuten en la institucionalidad y gobernabilidad en general.

“No se trata de defender a un grupo o al otro, sino de pensar en el Perú. Debemos estar atentos a que no se afecte de ninguna manera los avances de la lucha anticorrupción y que debemos mantenernos firmes en ella, sin importar sesgos, partidos políticos, intereses personales o de grupos económicos”, comentó.

La presidenta del gremio empresarial sostuvo además que es necesario que las instituciones recuperen el liderazgo a fin de impulsar las reformas políticas y económicas urgentes para el desarrollo del país y atender las necesidades de millones de peruanos.

Refirió que el gremio que preside es un férreo defensor de los mecanismos que permitan combatir todo acto de corrupción y en razón de ello formó el año pasado la Comisión de Integridad y Lucha Anticorrupción, la misma que viene trabajando una serie de propuestas.

“En la CCL seguimos promoviendo que los empresarios adopten buenas prácticas empresariales, que magnifiquen la integridad y transparencia. Como institución venimos adoptando acciones decididas contra ese flagelo pero no podemos hacerlo solos. Es necesario que como país tengamos un sistema de justicia probo, justo y libre de cualquier tipo de manejo precisamente para sancionar duramente actos ilegales. Si queremos desarrollarnos y seguir creciendo económicamente, necesitamos de instituciones sólidas y profesionales, sobre todo en el ámbito judicial”, remarcó.

Finalmente, Torriani demandó a las autoridades de todos los poderes del Estado a garantizar el orden interno y el respeto a la vida, salud y seguridad de la ciudadanía, así como de la propiedad pública y privada, y no contribuir a generar mayores conflictos que provoquen daños irreparables al país.

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