Construcción. (Foto: GEC)
Construcción. (Foto: GEC)

El gremio de Construcción e Infraestructura de la Cámara de Comercio de Lima pidió al gobierno no demorar más la aprobación de los protocolos sanitarios y de bioseguridad de dicho sector, a fin de que todas, o la mayor parte de sus actividades directas y conexas, reinicien sus operaciones lo más pronto posible.

Nuestras operaciones son fundamentales para que los proyectos de construcción puedan reanudarse con normalidad; se debe considerar su importancia para la reactivación económica pues genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos a nivel nacional y contribuye con el fisco pagando importantes tributos”, manifestó el presidente de dicho gremio, Luis Felipe Quirós.

Advirtió que existe el riesgo de que las empresas fracasen en el intento de reanudar sus labores por la incertidumbre que provoca la falta de claridad de las normas y tramitología que exigen los procesos que se deben seguir para obtener los permisos y autorizaciones, así como por el incumplimiento de las obligaciones que el Estado había asumido con las empresas constructoras desde antes de la declaratoria del estado de emergencia generado por el COVID-19.

Indicó que a la fecha muchas empresas del rubro y en general del sector industrial no pueden concretar la autorización para el reinicio de sus operaciones a través de la plataforma única en el portal del Ministerio de la Producción (Produce), pues muchas veces este no ofrece información precisa y en otras colapsa.

En plena pandemia, el sector privado está haciendo un esfuerzo importante para cumplir con todos los requerimientos que exigen las autoridades. Pero es urgente e impostergable establecer entre los actores de la reactivación canales de comunicación y mecanismos ágiles que permitan a las empresas, desde el consenso y la coordinación, la solución de inquietudes, inconvenientes y dificultades que se desprenden del mismo proceso de reactivación económica”, manifestó.

Quirós reiteró el pedido del sector para que el Estado pague de inmediato todas las obligaciones pendientes (valorizaciones, laudos, sentencias y otros) previo al inicio de las obras, pues ello permitirá inyectar liquidez en las empresas y que se reinicie la cadena de pagos, cuya interrupción ha generado graves problemas a las empresas.


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