Caso Chinchero: Esto encontró la Contraloría sobre el proyecto tras de la difusión de audios

El caso Chinchero se ha retomado, pero ¿qué halló la Contraloría en el proyecto que se buscaba impulsar en el Cusco? En el que se evidenció en un audio difundido la insistencia del mismo.

Así, el caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero no solo recibió cuestionamientos en la gestión de excontralor, Edgar Alarcón, sino también bajo la administración de Nelson Shack, que encontró serios problemas en la concepción del proyecto y el contrato que debió ser evaluado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ProInversión.

Sobre el proyecto 

En la primera observación de la Contraloría determinó que la consultora ALG, que hizo los estudios para verificar la viabilidad de Chinchero, a cargo de ProInversión y por encargo del MTC, fueron insuficientes para determinar el cumplimiento normativo.

Asimismo, detalla que no se llevaron a cabo la actualización de los estudios meteorológicos que era obligatorio para determinar la orientación de la pista de aterrizaje.

“Al haber evidenciado que los estudios que determinan la orientación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Chinchero no están acordes con lo exigido por la normativa del OACI y del MTC, no se garantiza el emplazamiento y la operación del aeropuerto, afectando el interés público”, sostiene el informe.

Sobre el Contrato

Respecto al contrato, la Contraloría dijo que ProInversión, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), omitió la inclusión de aspecto financiero que permiten mitigar el riesgo de financiamiento del proyecto.

Entre ellos, se destaca el requisito de análisis de la situación financiera de los postores y de ser el caso del consorcio, así como no estableció un mecanismo de verificación de lo afirmado en la declaración jurada.

De la misma manera no se incluyó la definición del límite y/o estructura de la tasa promedio ponderado anual de cierre financiero, y por último, de la finalidad del Spread contenido en al formal de cálculo del PAO trimestral a ser pagado por el Estado.

En base a ello, la Contraloría determinó en diciembre del 2017, que se inicia el proceso sancionado a los funcionarios que están comprendidos en los informes del MTC y ProInversión.

De la misma manera, se pidió que ProInversión realice un deslinde de responsabilidad sobre los hechos por los funcionarios.