Casinos y tragamonedas interpondrían medidas cautelares contra el ISC

Los operadores del sector de tragamonedas expresaron su rechazo a la gravación del ISC a los juegos de casino y tragamonedas e indicaron que el gobierno pretende aplicar un mayor impuesto que perjudicará directamente a alrededor de 150,000 puestos de trabajo directos y 600,000 indirectos en todo país, ya que se verán en la necesidad de cerrar muchas casas de juegos.

Asimismo, indicaron que el aporte en impuestos del sector para este año se prevé en S/ 400 millones.

Calificaron como una “maniobra confiscatoria” y aseguraron que si el gobierno insiste a aplicar esta norma, los operadores de casinos y tragamonedas interpondrían medidas cautelares, que les permita defender su posición ante esta imposición.

El presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juego Tragamonedas del Perú (COT), Valentín Capcha, dijo que su gremio solicitó un análisis a las implicancias legales y constitucionales generadas por el D.L. N° 1419, a cargo de dos auditoras internacionales: Ernest & Young y Pricewaterhouse Coopers, quienes dentro de sus conclusiones indican “que la carga impositiva del ISC no puede ser trasladada a los sujetos que consumen los juegos de casino y máquinas tragamonedas, se desnaturaliza la imposición al consumo”.

Asimismo, las consultoras determinan que “quienes soportan la carga impositiva, no son los consumidores, sino los agentes que realizan la explotación de los juegos cuya actividad ya se encuentra gravada con el Impuesto a la Explotación a estos juegos y el IR. Y por lo tanto no se cumple con la finalidad extra fiscal de reducir la ludopatía, al no ser posible trasladar el impuesto a través del precio y con ello modificar las conductas consideradas perniciosas”

El asesor legal de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juego Tragamonedas del Perú (COT), Frank Apolaya, señaló que el MEF se ha extralimitado en la delegación de facultades conferidas mediante la Ley Nº 30823, además, no ha respetado los parámetros constitucionales establecidos por el Tribunal Constitucional y la propia Constitución.

“Se ha desnaturalizado jurídicamente al ISC; pues, se ha encubierto mediante el Decreto Legislativo Nº 1419 una imposición que no afecta a los consumidores por el contrario está dirigido al patrimonio de los operadores, reviviendo formulas tributarias que años anteriores han sido declaradas confiscatorias”, refirió.