Los puestos de libre designación y remoción denominados cargos de confianza superan el 70% en las instituciones públicas del país, según observó Andrés Corrales Angulo, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la .

Las designaciones por confianza no proceden de concursos meritocráticos, y por ello no garantizan, necesariamente, la incorporación de profesionales competentes para la gestión pública, consideró, y advirtió que, si además no cumplen con el perfil del puesto, pueden ser un caldo de cultivo para la corrupción.

En muchas ocasiones -indicó Corrales- este tipo de designaciones son funcionales para el "clientelismo" político, y que el directivo -que le debe el puesto a la autoridad- consciente de su falta de mérito "le responde con lealtad incondicional, incluso en actos irregulares”.

A ello le sumó que los puestos de confianza suelen cambiar, casi en su totalidad, cuando se nombra un nuevo ministro o ministra, gobernador regional o alcalde, lo que, acotó, genera serias consecuencias.

“Cuando cambia la autoridad, cambian casi todos. Ingresan nuevos directivos con nuevas prioridades, se inicia una nueva curva de aprendizaje, se vuelve a coordinar con stakeholders, se pierde memoria institucional. En varios aspectos se empieza de cero”, puntualizó.

Ante esta situación, y basado en información de , el docente de la de la Universidad Continental planteó que, si bien es cierto la confianza no es mala en sí misma, sí requiere ser limitada en número y exigente en el cumplimiento del perfil del puesto.

“Por ello, y en contexto de reformas institucionales, urge la necesidad de respaldar un cambio en la gestión de recursos humanos del Estado que impulsa SERVIR, a través de la implementación de la con el propósito de contar con un servicio civil profesional meritocrático en el que solo el 20% de los directivos sean de confianza”, propuso.

De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Función Pública y con la OCDE, contar con un servicio civil profesional meritocrático es una condición para el desarrollo. También es una garantía para la ciudadanía de mayor eficiencia, eficacia, integridad y vocación de servicio”, remarcó Corrales.