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Unión Bancaria: lo mejor, enemigo de lo bueno

Por Santiago Fernández de LisEconomista Jefe de Sistemas Financieros y Regulación del BBVA Research

viene reaccionando a la crisis a trompicones, de cumbre en cumbre, con avances y retrocesos que han venido muy condicionados por la presión de los mercados financieros, de manera que los avances se han producido, en general, en situaciones de tensión, y los retrocesos en momentos de calma. Parece que ahora estamos ante un posible retroceso. Las discusiones de estos días se centran en la Directiva de Recuperación y Resolución de bancos (RRD) y el Mecanismo Único de Resolución (SRM).

Aunque suenan parecidas, ambas piezas tienen un ámbito muy distinto, ya que la primera establece reglas de gestión de crisis bancarias para los 27 y la segunda plantea cómo se deben resolver o liquidar los bancos en crisis dentro de la Eurozona, una vez que sea el supervisor único.

La RRD establece la absorción de pérdidas por parte de los acreedores de los bancos, en lugar de los contribuyentes (el llamado "bail-in"). Sólo de manera subsidiaria podrán utilizarse los Fondos de Resolución, que estarán dotados por los propios bancos. Respecto al Mecanismo Único de Resolución, se trata de una consecuencia lógica de la unificación de la supervisión bancaria en el BCE.

Riesgos enormesLa coexistencia de un supervisor único europeo con unos mecanismos de resolución nacionales entraña riesgos enormes, ya que el BCE, si detecta problemas en una entidad bancaria, debe trasladarlos a una autoridad nacional, sobre la que en última instancia recaería la responsabilidad y eventualmente el coste de la crisis. En otras palabras: yo elijo el vino y tú pagas.

La idea original era establecer una autoridad genuinamente europea con acceso a fondos comunes, pero y han presentado una propuesta mucho menos ambiciosa, que consiste en una red de autoridades nacionales coordinadas de manera bastante laxa y sin puesta en común de recursos.

, en cambio, plantea crear una Autoridad de Resolución Europea bajo la órbita de la propia Comisión, con acceso a un Fondo Europeo de Resolución. La cuestión de dónde alojar esta autoridad está resultando controvertida, porque el BCE tiene un conflicto de intereses claro, pero la Comisión también, y la creación de una institución nueva exige una reforma del Tratado.

Los que abogan por mantener la resolución en el ámbito nacional parecen tener una confianza desproporcionada en que el marco del "bail-in" (la absorción de pérdidas por los acreedores) solucionará todos los problemas. Pero este marco requiere de la existencia de un respaldo público para ser creíble.

Y si este respaldo se mantiene a nivel nacional, el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano de cada país se acentuará, con lo que no se cumpliría el objetivo principal de la unión bancaria.

Por la unión fiscalDetrás de esta discusión está la difícil cuestión de la . Si el diagnóstico de la crisis del euro es que una unión monetaria no puede hacerse sin ciertos elementos de unión fiscal, entonces debemos afrontar tarde o temprano una reforma del Tratado en profundidad.

Algunas voces críticas de la señalan que es un intento de alcanzar la unión fiscal por la puerta de atrás. Y no les falta razón: en un mundo ideal quizá se hubiera debido empezar por la unión fiscal (y política) y la reforma del Tratado, siguiendo por un Fondo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de resolución comunes y terminando por un supervisor único. El diseño actual es exactamente el contrario.

Pero lo mejor es enemigo de lo bueno. La reforma del Tratado en las condiciones actuales es poco realista y en todo caso será un proceso lento, en tanto que la fragmentación de la Eurozona requiere una solución urgente.

Hay que huir de los planteamientos maximalistas. Ya existen en la Eurozona mecanismos comunes de resolución de crisis bancarias, a través del papel del MEDE en la recapitalización directa de bancos, otra de las piezas actualmente en discusión, que debería reforzarse.

Lo que Europa necesita son soluciones pragmáticas a problemas acuciantes; pero no rehuyamos el debate sobre las importantes cuestiones de fondo que conciernen a la unión fiscal y política, que deben plantearse además con la legitimidad democrática que requieren estos temas.