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Una de las propuestas planteadas en el plan de los 100 primeros días de Gobierno de Pedro Castillo, de Perú Libre, en materia económica es la del otorgar “créditos accesibles para promover el agro y a las pymes, a través del Banco de la Nación, Cajas Municipales y Agrobanco con su amplía red en todo el país”.
Este ofrecimiento -específicamente el referido al Banco de la Nación-, ¿es posible concretarse en 100 días? Al respecto el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Juan José Marthans, explicó a Gestión que para cumplir está medida se requiere -primero- un cambio constitucional.
“Se tendría que buscar -como primer punto- una reforma constitucional para permitir que el Banco de la Nación pueda competir abiertamente con el sistema microfinanciero del país. El rol subsidiario del Estado está claramente establecido en el artículo 60 de la actual Constitución política”, argumentó.
En la misma se establece -cabe recordar- “que solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia social”.
En concreto, este artículo prohíbe que el Estado participe en actividades empresariales que pueden ser provistos por privados para enfocarse en aquellos aspectos esenciales para el bienestar social.
A esta situación se suma, sostiene el economista, que históricamente se ha demostrado “el rol funesto del Estado” en la asignación de recursos financieros a favor de sectores productivos.
“Recordemos la historia del Banco Minero, Agrario e Industrial que se constituyeron básicamente en un emporio de pérdidas y en una suerte de canal, a través del cual, se expandía abiertamente los niveles de emisión primaria por parte del Banco Central de Reserva (BCR). En concreto tuvimos un conjunto de entidades de origen estatal, que en lugar de canalizar y potenciar el desarrollo del sector emprendedor del país, se dedicaron a otorgar créditos que nunca se recuperaron, las que fueron asumidas por estas entidades lo que generó la liquidación de estas entidades”, subrayó.
Para el especialista, este es el riesgo que correría el Banco de la Nación en caso que los préstamos otorgados no se recuperen, lo que genere pérdidas por encima de sus activos, que terminen con su liquidación. Un hecho parecido ocurrió con el Banco Minero, que fue fundados en 1940 durante el gobierno de Manuel Prado para fomentar la pequeña minería.
En 1992 se inició su proceso de liquidación debido a que sus pasivos superaban a sus activos en más de S/ 124 millones, declarándose extinguido en el 2008.
-Falta de preparación-
Marthans acotó que -además- que no está permitido por la Constitución y que se corre el riesgo de pérdidas, se añade que el Banco de la Nación no está preparado para otorgar créditos a sectores productivos como el agro y a pymes, y para una adecuada administración.
“El Banco de la Nación es un agente financiero del Estado que puede otorgar pequeños créditos a los funcionarios del sector público, pero no dentro de la naturaleza que requiere el frente microempresarial, que es una tecnología asociada a las microfinanzas. No dispone ni de infraestructura física, operativa, técnica tampoco informática. Asimismo no cuenta con el personal calificado”, puntualizó.
En ese sentido, dijo que la propuesta requeriría de precisiones de este grupo político, a efectos de evaluar hasta qué punto se está incumpliendo la Constitución y hasta qué punto existe posibilidades operativas de transitar a este objetivo con éxito mediano. “Son más los riesgos que se puedan dar”, finalizó.
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