Finalmente, el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia 079-2020, mediante el cual se otorga un subsidio económico a los prestadores del servicio de transporte terrestre del ámbito provincial con el objetivo de que el servicio, dada la emergencia sanitaria, no se vea afectada por el COVID-19.
Por ello, Gestión.pe conversó con Luis Vilela, vocero de Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), quien explicó los pormenores de este subsidio y como se aplicará en Lima y Callao con el objetivo de mantener el distanciamiento social en las unidades de transporte público.
Vilela explicó que el subsidio está dirigido al servicio de transporte público tradicional, el cual utilizan un 87% de limeños y chalacos. Para ello se destinarán S/ 78 millones. El experto aclaró que en este subsidio no se incluyeron a los contratos por concesión como los corredores y el Metropolitano, pues estos manejan “mecanismos de remedio en situaciones excepcionales a través de sus propias cláusulas de contrato”.
Para que las empresas de transporte puedan recibir este subsidio, Vilela explicó que son necesarios que estas cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, deberán contar con títulos habilitantes autorizados, brindar el servicio a través de vehículos autorizados y no contar con sanción firme por incumplimiento a los protocolos sanitarios. Además, el requisito básico que permitirá el otorgamiento del subsidio es la instalación de un GPS para mantener un registro del kilometraje recorrido, el cual será utilizado en una fórmula polinómica que determinará el subsidio.
“El propio decreto de urgencia contempla la suspensión del subsidio económico en caso no se cumplan con las condiciones previstas. Sin embargo, sin perjuicio de lo que regula el DU, hay otras disposiciones que regulan el tema de distanciamiento o el tema de aforo. En caso de incumplimiento de los protocolos, el único remedio sería la suspensión del subsidio sin perjuicio de las sanciones generales por incumplimiento de protocolos y disposiciones sanitarias que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite”, señaló Vilela.
Además, explicó el subsidio está diseñado para adaptarse a los esquemas de negocio que se manejan en las empresas de transporte urbano. Esto es, también es viable un ‘reparto cascada’ del subsidio, a través de la empresa, en el caso de que los propietarios del vehículo sean terceras personas.
“Independientemente del esquema, es necesario señalar que únicamente se va a trabajar con empresas autorizadas. Lo que se ha previsto es que para aquellas empresas que sean propietarias de vehículos o que alcancen acuerdos con los propietarios de estos, así como con los conductores o cobradores, se va a realizar un pago por kilómetro recorrido según tipo de vehículo. Los montos se van a establecer en una norma que emitirá ATU. Para los propietarios que no alcancen un acuerdo con la empresa, lo que se está previendo es un esquema de cascada de pagos para el monto acumulado por el kilómetro recorrido, según la fórmula”, indicó Vilela.
Finalmente, señaló que el subsidio, con el decreto de urgencia emitido, está pensado solo para 30 días. Sin embargo, no se descarta su extensión dependiendo de la manera en que este se aplique y las condiciones existentes.
“En un principio está planteado por 30 días y obedece a que una vez verificado el kilometraje recorrido, la ATU va a emitir los pagos. (Una extensión) Sería cuestión de una evaluación posterior a efecto de cómo se mantienen las condiciones de aforo o distanciamiento vehicular. La idea, dada la naturaleza del servicio, es garantizar la continuidad del servicio. Este subsidio económico no busca cubrir temas de rentabilidad, sino cubrir costos operativos para garantizar que el servicio continúe”, señaló Vilela.