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La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (Agesp) manifestó su preocupación y rechazo a la intención del Gobierno de adquirir la Refinería La Pampilla, de propiedad de la española Repsol, iniciativa que fue confirmada recientemente por el Presidente del Concejo de Ministros, Juan Jiménez.
Para los empresarios del rubro, la gestión de Ollanta Humala busca implementar políticas de regulación de precios disfrazadas bajo una participación estatal en el sector.
"Esta pretensión de ingresar a regular los precios sin duda detendrá el desarrollo que ha tenido el mercado de estaciones de servicio en los últimos 21 años", indicaron en un comunicado.
"No nos olvidemos la pésima situación en la que Petroperú, luego de 24 años de monopolio estatal, dejó a las 80 estaciones bajo su administración. Estas tuvieron que formar parte de un proceso de privatización en 1992", recordó la Agesp.
Si prospera esta iniciativa de intervención empresarial del Estado, se correría el riesgo de paralizar las inversiones privadas en la modernización de los grifos, señaló. "A la fecha, las casi 3,500 estaciones que hay en el país han invertido algo más de US$2,700 millones en su modernización e implementación de nuevas estaciones de GNV", comentó Rocío Zorrilla, presidente del citado gremio.
Para la Agesp, la compra por parte de Petroperú busca regular los precios de los combustibles derivados del petróleo. Los grifos de Repsol en Lima (cerca de 113) están ubicados en distritos de alto poder adquisitivo por lo que no se estaría destinando fondos del Estado para favorecer a los sectores sociales más necesitados.
La empresa estatal debería preocuparse en la modernización de la refinería de Talara, donde debería concentrar todos sus esfuerzos para producir combustibles más limpios.
El Estado destinaría no menos de US$2,000 millones para atender este capricho, dejando de invertir en los sectores que sí requieren de su intervención urgente como salud, educación, seguridad, e infraestructura.
Ene se sentido, la Asociación de Grifos sostuvo que la pretensión que tiene el Gobierno de comprar los grifos de Repsol es una flagrante violación del Artículo 60° de la Constitución, pues establece que sólo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial.
Indicó que la Ley 28840 del año 2006, llamada de fortalecimiento y modernización de Petroperú, es el sustento para que siga ejerciendo actividad empresarial no subsidiaria. Pero, ninguno de sus artículos, exonera a Petroperú para que abandone su rol subsidiario y entre a competir con los privados; lo único que hace es ampliar su objeto social para incluir actividades de petroquímica básica pero siempre manteniendo inalterable su rol subsidiario, anotó.