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El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Ed Fast, fue tajante hoy al afirmar que el arbitraje anunciado por Bear Creek contra el Estado por la cancelación de sus derechos de explotación del proyecto Santa Ana (Puno), no afectará las buenas relaciones entre Perú y Canadá, informó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El ministro participó en la clausura del II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias que organizó el IIMP.
Según este instituto, Fast sostuvo que dicho proceso legal, del cual se excusó en hacer mayores comentarios por estar en curso, no debe perturbar los proyectos y programas bilaterales a favor del progreso de ambas naciones.
"Confío en que Perú y Canadá continuarán desarrollando sus relaciones comerciales y de cooperación. Nadie debe pensar que este arbitraje va a socavar el buen entendimiento entre nuestros países que, por el contrario, es cada vez más sólido", manifestó.
Igualmente, señaló que el Perú es un país prioritario en el Plan de Acción Mundial de Canadá y se encuentra entre las 25 naciones a donde se dirigen sus principales proyectos de apoyo.
"Hemos establecido una relación de confianza mutua porque ambos países somos respetuosos de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente, e impulsamos un comercio justo", detalló.
De otro lado, el ministro destacó los programas de desarrollo sostenible que emprenden las compañías mineras canadienses que operan en nuestro país. Citó el caso de Barrick Gold que de manera conjunta con World Vision desarrollan programas de nutrición y salud a favor de los pobladores de los distritos de Quiruvilca en La Libertad.
También resaltó la labor que realiza HudBay en Chumbivilcas (Cusco) donde ha implementado una serie de proyectos de salud, electrificación rural y educación, entre otros, en la zona de influencia del proyecto Constancia.Conclusiones
Por su parte, el presidente del II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, Nino Coppero, sostuvo que luego de los tres días de análisis resulta evidente que se debe dar prioridad a los compromisos asumidos con las personas que viven cerca de las zonas que albergan las operaciones del sector extractivo, marcando necesariamente una diferencia positiva y duradera en beneficio del país.
"De hecho, somos conscientes más que nunca que tenemos que dialogar, escuchar y alcanzar acuerdos con nuestras audiencias de interés para entender sus necesidades y así construir comunidades sostenibles", remarcó.