:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/N4ZMGW75GFGN3NKSQNTROM4PYM.jpg)
Medidas como las anunciadas por Pedro Castillo, de nacionalizar o estatizar el gas de Camisea, es motivo de mucha preocupación por el solo simple hecho de que se pueda plantear romper con las reglas básicas de mercado y el Estado de Derecho desde lo más alto del Ejecutivo, incluso si no se llegan a materializar, señaló el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera.
Pedro Castillo instó al Congreso a trabajar en conjunto una ley sobre Camisea. “Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido”, sostuvo.
Macera mencionó que el “ruido” impacta rápido en variables financieras como el tipo de cambio - que se vuelve a acercar a los S/ 4 - y luego tiene impacto en perspectivas de inversión. “Este tipo de anuncios borran de un plumazo las ganancias en credibilidad y confianza que haya podido lograr el gobierno en semanas previas. Hoy es Camisea, ¿mañana a qué sector o actividad le puede tocar? Aquí hay una línea roja bien clara”, afirmó.
Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, indicó que la sugerencia de ir a algún esquema legal para proceder con estatizaciones (o nacionalizaciones) induce a una mayor incertidumbre. “Es un tema sensible porque tiene que ver con uno de los principios básicos de la economía de mercado, los derechos de propiedad. Para fomentar el crecimiento económico hay que dar garantía a los derechos de propiedad y promover la estabilidad política y económica”, manifestó.
Señaló que hoy los indicadores de confianza empresarial están en terreno pesimista y en mínimos similares a los de la crisis financiera del 2008-2009.
Asimismo, mencionó que este indicador antecede los movimientos en la inversión privada; es decir, si se está en el tramo pesimista la inversión se retrae. “Hoy la confianza no tendría que estar ahí. En este momento se requería más bien generar un mejor entorno, un mejor clima para los negocios y emprendimientos. Estos anuncios no ofrecen predictibilidad”, dijo.
Señaló que el BBVA Research no hará más proyecciones este año y que la siguiente será en enero del 2022. Cabe resaltar que, en su último reporte, corrigieron a la baja su proyección del 2022 pasando de 4.3% a 2.3% e indicaron que la inversión privada caería 9.7%. Esperemos que las condiciones sean mejores, en términos de confianza empresarial, pues sería un contexto en donde todos ganan.
Añadió que la trayectoria de los activos peruanos podría verse mermada tras este anuncio. “Cuando hacemos nuestra proyección asumimos ciertos supuestos, en donde hemos tomado que la confianza empresarial no se moverá mayormente del tramo negativo”.
Explicó que si hubiesen señales claras sobre el tipo de esquema de administración económica que se quiere implementar, probablemente se tendría una proyección más optimista y no tan conservadora. “Aún estamos a la espera de esos anuncios”, afirmó.
Por su parte, Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB, indicó que en las proyecciones para el siguiente año ya se están asumiendo niveles de confianza bajos, por lo que el anuncio de Castillo del lunes no cambia en gran medida las perspectivas.
“El cambio se llegaría a dar si se llega a concretar esta medida o una similar. No era esperado el mensaje, pero los niveles de confianza ya eran bajos”, afirmó.
Dijo que en el corto plazo es posible que los activos financieros, al ser más sensibles a este tipo de mensajes, se muevan, pero para que se traslade al sector real el hecho debe ser más contundente.
Calificaciones de riesgo
Perea señaló que las calificadoras tomarán una postura prudente respecto al hecho, pues esperan que los anuncios finalmente se consoliden. Sin embargo, igual están a la expectativa para anticipar lo que podría suceder más adelante.
“Las calificadoras quieren ver si el país es capaz de hacer políticas públicas adecuadas, por lo que cuando se pone en duda el respeto a los derechos de propiedad, por ejemplo, lo que se percibe es que no se crecerá tanto y, por lo tanto, sería más complicado cumplir con las obligaciones de pago, amenazando así el rating”, manifestó.
En el mismo sentido, Falen señaló que en el corto plazo no habrá algún anuncio por parte de las calificadoras. “Van a tomarse su tiempo antes de realizar algún comunicado. Probablemente esperen una acción concreta por parte del gobierno”, afirmó.