Se anotará en registros públicos los activos de empresas corruptas

Hoy la comisiones de Economía y Justicia en sesión conjunta y extraordinaria debatirán el Dictamen del proyecto de Ley N° 2408 que busca aprobar las medidas que aseguren el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivar la colaboración eficaz y evitar la paralización de las obras. La norma reemplazaría al Decreto de Urgencia 003-2017.

Gestión tuvo acceso a un borrador de la iniciativa legal consensuada y que ha significado para el consenso introducir quince cambios propuestos por los congresistas (Ver cuadro).

Así, la congresista Ursula Letona de Fuerza Popular propuso que toda venta requerirá de aprobación del Ministerio de Justicia; y para ello se dispone la anotación en registros públicos de los activos de las empresas obligadas a constituir fideicomisos y reparar al estado por actos de corrupción.

Asimismo, planteó la retención de pagos del Estado y del precio de venta de los activos de la empresa que incumpla la obligación de la constitución de fideicomiso y los desembolsos.

De otro lado, el congresista Miguel Torres, también de Fuerza Popular formuló incluir no solo a las empresa que se adjudicó el proyecto, dentro del grupo de las consorciadas o asociadas, a las empresas involucradas en actos de corrupción; sino también a aquellas que participaron durante la vida del proyecto en caso se determine corrupción con posterioridad a la adjudicación, es decir, mediante adendas.

Además los congresistas Letona y Torres, propusieron que el Ministerio de Justicia informe al Congreso anualmente los avances de la implementación de la ley.

Por su parte la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo, recomendó que la fiscalía, a pedido de la empresa, tenga acceso a las instalaciones previa autorización judicial.

Acuerdos multipartidarios
Entre las modificaciones también se incorporaron cambios propuestos por grupos de distintas bancadas como la eliminación del silencio administrativo positivo, para la autorización de las transferencias en el exterior.

Ello con la finalidad de que no se presuma por aprobadas si no existe un pronunciamiento del Estado.La iniciativa de este cambio fue planteada por los congresistas Yhony Lescano de Acción Popular, y Letona, Torres y Mario Mantilla, de la bancada de Fuerza Popular.

Otro cambio, también consensuado en más de una bancada, busca evitar los conflictos de intereses para el proceso de veeduría y la contratación de asesores que fue planteado Lescano con el respaldado de los parlamentarios Letona, Torres, Aramayo, Mantilla.

Lescano también propuso incluir de manera expresa que las decisiones que adopte el Ministerio de Justicia se deben realizar dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Esta iniciativa recibió el respaldo de los congresistas Letona y Torres.

Finalmente, los congresistas Lescano y Torres plantearon que se precise en la ley que la colaboración eficaz de la empresa no excluye la obligación de reparación civil a favor del Estado.

Los asesores de la bancada de Nuevo Perú, formularon que en caso de que una empresa (socia o investigada) confiese o sea sentenciada, pasa automáticamente a la aplicación de la ley, salvo que acceda a la colaboración eficaz.