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La pandemia todavía no alcanza su pico en América Latina, y es probable que dure varios meses más. Aparte de las pérdidas de vidas, el virus y los esfuerzos para combatirlo vía cuarentenas han golpeado las economías y llevado a la pobreza a decenas de millones de personas. El FMI proyecta que la economía de la región -incluido el Caribe- se contraerá 9.4% este año y tendrá una recuperación moderada el próximo.
Más difíciles de predecir son las implicancias políticas, pero si la historia es una guía, serán grandes. En los últimos cien años, América Latina ha visto recesiones de esta escala en dos ocasiones. La primera fue detonada por el crack de Wall Street de 1929. Para 1932, muchas economías de la región se habían encogido 20% -en Chile y Cuba, 40%-. Las exportaciones y la inversión colapsaron. En la mayoría de casos, la recuperación recién llegó en 1933.
La segunda ocurrió en la década de 1980, cuando una serie de países entró en default de sus deudas externas tras la fuerte alza de las tasas de interés internacionales. El PBI per cápita de la región cayó casi 10% entre 1981 y 1983. La recuperación fue mucho más lenta que en la crisis previa. Los años 80 son conocidos como “la década perdida” de América Latina.
En ambos periodos hubo convulsión política. Entre 1930 y 1933, las fuerzas armadas derrocaron gobiernos civiles y asumieron el poder en ocho países. En Chile sucedió lo contrario: una sublevación popular depuso al general Carlos Ibáñez en 1931. Durante 18 meses, este país sufrió nueve gobiernos sucesivos, dos huelgas generales y varios golpes de Estado, antes de asentarse bajo regímenes civiles los 40 años siguientes.
En los 80, la tendencia fue la opuesta. Entre 1982 y 1989, las dictaduras, que habían prevalecido en la región, cedieron su lugar a gobiernos democráticamente electos en ocho países.
Cuando el covid-19 llegó a América Latina, ya había tensiones políticas debido a varios años de lento crecimiento económico y descontento popular por la corrupción y deficientes servicios públicos. El enojo se manifestó con la derrota de los partidos en el poder en muchas elecciones recientes, el ascenso de populistas en Brasil y México el 2018, y una ola de protestas el año pasado, notablemente en Bolivia, Chile y Ecuador.
El efecto inmediato de la pandemia ha sido el fortalecimiento de presidentes en varios países. En general, el público ha aplaudido a los gobernantes que han intentado salvar vidas con las cuarentenas. Y estos confinamientos han hecho más difícil que los opositores contraataquen, ya sea en las calles o desde los congresos.
Cuando la pandemia amaine, pero sus consecuencias económicas perduren, es probable que el enojo resurja y que pueda estar dirigido contra los gobiernos. “Unirse alrededor de la bandera (nacional) es un efecto de muy corto plazo; en un par de años, la población no relacionará la crisis económica con el virus”, señala Daniela Campello, coautora de un próximo libro sobre los vínculos entre la volatilidad económica y la inestabilidad política en Sudamérica. “Es difícil anticipar algún equilibrio (político) o mantenimiento del statu quo”, agrega.
¿Qué dirección política tomará la ira popular? Una respuesta podría ser que engendrará más populismo. Es posible, pero podría no aplicar donde ya es el statu quo, y los populistas tienden a tener problemas cuando falta dinero. Los optimistas piensan que la lección principal del covid-19 es que los gobiernos democráticos, premunidos con ciencia y apertura, están haciendo un mejor trabajo que los populistas, y que los votantes los recompensarán.
Eso podría ser cierto en partes más ricas del mundo, pero en América Latina, es más probable que la tendencia sea la oposición a quienes están en el poder, ya sean populistas o demócratas. Si los 30 y los 80 sirven de guía, la actual recesión podría provocar un cambio de régimen. Luego de tres décadas mayormente democráticas, el riesgo es un retorno al autoritarismo. Algunos mandatarios, como Nayib Bukele en El Salvador y Jeanine Áñez en Bolivia, han usado la pandemia como pretexto para obtener poderes adicionales.
La mayor amenaza es que los militares vuelvan a ser actores políticos, como ya ocurre en Brasil con Jair Bolsonaro, en Venezuela con Nicolás Maduro y, en cierta medida, en México y Bolivia. Este riesgo se debe, en parte, a que la Policía podría tener dificultades para mantener el orden público frente al descontento popular.
También se debe a que la satisfacción con la democracia y sus instituciones, que ya es baja en muchos países, podría empeorar; y los autócratas en potencia, civiles o militares, podrían avistar una oportunidad. No es necesario que la historia se repita, pero los demócratas latinoamericanos tendrán una dura tarea.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2020