Se alistan nuevas medidas para agilizar formalización de mineros

A más de siete años de iniciada la formalización de los mineros artesanales -que emprendió el Gobierno de Ollanta Humala y continuó el actual con algunos cambios que aplicó a la normativa anteriormente vigente-, el proceso aún marcha a paso lento, y -según supo Gestión- el Ministerio de Energía y Minas (MEM) evalúa dar nuevas medidas para acelerar dicho proceso.

Se estima que más de 300,000 personas dependen de la minería informal, y de las cuales, unas 70,000 son las que se han inscrito para acogerse al régimen temporal de formalización minera, que se abrió en febrero del 2017 y flexibilizó el esquema heredado del anterior Gobierno, que ya era criticado por no haber permitido mayor avance en la formalización.

El nuevo régimen les da plazo de tres años a los informales para adecuar su actividad al cumplimiento de normas de seguridad y de cuidado para no generar mayor impacto al ambiente.

Según fuentes del Ejecutivo, a un año de puesta en marcha la nueva normativa, que aplican los gobernadores regionales con el acompañamiento del MEM, se observa un proceso más dinámico de formalización en algunas regiones como Arequipa, La Libertad, Puno y Ayacucho, pero no se aprecia mayor avance en otras, particularmente Madre de Dios.

“En Madre de Dios, hay mineros que están pidiendo formalizarse, pero no pueden, y el Ejecutivo está revisando la legislación para determinar que en los casos donde la formalización no avanza, no por temas técnicos, sino políticos o por intereses económicos, ese proceso se haga viable ya no a través del gobierno regional sino del mismo MEM”, adelantaron.

En vista de que la transferencia de la facultad de asumir la supervisión de la pequeña minería y artesanal -y por extensión, de la formalización minera- se dio del MEM a las regiones en virtud de una ley, el retorno de esa facultad al ministerio tendría que darse también mediante otra ley, para lo cual se evalúa presentar un proyecto legislativo que iría al Congreso.

Otra normativa que se va a instituir es la obligación de que las plantas de fundición que acopian los minerales tengan que presentar liquidaciones de compra, que permitirán a las autoridades identificar qué mineros extraen y entregan el mineral que se les compra, y a quiénes se les vende el metal fundido.

“Esto forma parte del proceso de formalización de las plantas (fundidoras) y está ligado a la trazabilidad”, apuntaron.