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La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) señaló que la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, miente cuando dice que más del 90% de trabajadores del sector agroexportador son informales.
“Las primeras semanas de enero vamos a plantear una estrategia. Vamos a enfocarnos en 1.2 millones de trabajadores que están bajo un esquema de labores ya identificados y son informales, pero trabajan en empresa formales. La mayoría son del sector agroexportador”, señaló la funcionaria en diálogo con RPP.
“Uno de los grandes beneficios que ha traído la agroexportación al país es precisamente la formalidad. La ministra atribuye falsamente al sector agroexportador la informalidad que ocurre desde hace mucho tiempo por responsabilidad completa del Estado Peruano”, respondió el gremio.
AGAP aclaró que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) más del 77% del empleo es informal en el Perú, sin derechos humanos ni laborales, y no solo ocurre en el sector agrario.
“La PEA Agraria es de cerca de 4 millones de personas. Según la información de Sunat cerca de 900,000 personas en el sector agrario son formales, de los cuales cerca de 300,000 son empleos directos y 600,000 indirectos. En el mes pico de la agroexportación se tiene más de 400,000 trabajadores formales, por lo que es imposible que más del 90% sea informal”, anotó.
Las empresas agroexportadoras son supervisadas permanentemente por la Sunafil y además cuentan con certificaciones laborales y sociales hechas por auditoras internacionales, tales como GRASP, SMETA, Fair for Life, etc.
“Los mercados nos exigen ser 100% formales sino simplemente no podríamos exportar. Afirmaciones incorrectas y ligeras que provienen de la máxima autoridad de trabajo peruana generan serias dudas y preocupación en nuestros clientes, poniendo gravemente en riesgo el trabajo y reputación construida durante décadas por las empresas peruanas junto con el Mincetur, Promperú, Senasa y Cancillería”, agregó.
“Exhortamos a la ministra de Trabajo a rectificar y dar información cierta, ya que la desinformación proveniente del Estado en contra de la actividad formal puede afectar los mercados y la inversión, generar desempleo, motivar el caos, lo que finalmente puede derivar en situaciones de violencia social”, puntualizó AGAP.