La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional () sostiene que el Gobierno debe convertir en política de Estado la instalación de infraestructura de en propiedades públicas.

Al igual que Estados Unidos y México, el Perú debería tener una regulación que permita la y otros equipos de telecomunicaciones en edificios, propiedades y terrenos de entidades del Gobierno Central.

"Eso facilitaría y aceleraría el cierre de la en el , ocasionado por las severas trabas que enfrentan las empresas para desplegar redes (…) Mejoraría entonces los niveles de calidad y cobertura del servicio y generaría importantes ingresos al Estado provenientes de los alquileres de los espacios en los que se instale la y equipos", señaló la entidad gremial.

En su reporte, AFIN recordó que existe un en el ámbito nacional, lo que se traduce en US$ 2,100 millones no invertidos en la última década, según cálculos del .