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El derrame de más de 11,900 barriles de petróleo en el terminal 2 de la Refinería La Pampilla (Relapasa) de Repsol -emergencia ambiental que está próxima a cumplir un mes-, no es el único desastre ecológico vigente en el Perú. Al menos cinco casos más necesitan ser atendidos por el Gobierno pues, en parte, la falta de coherencia en la regulación de protección ambiental permitió que ocurrieran.
Sin minimizar las cuantiosas pérdidas económicas para los pescadores artesanales de 23 playas ubicadas entre Lima y el Callao debido al derrame de crudo, incluyendo la pérdida de fauna marina; las 180 toneladas de mercurio que se vierten a los ríos, cada año, producto de las actividades de minería ilegal e informal en regiones como Madre de Dios es otro desastre ecológico urgente de atender, manifiesta Tessy Torres, ex presidenta del consejo directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Hay muchas zonas del territorio que sin duda tienen una afectación ecológica de todo tipo, como en la Amazonía, no solo por los derrames asociados a las operaciones en los lotes petroleros que vienen de muchísimos años atrás, sino también por actividades de deforestación ilegal, por ejemplo”, refiere.
Cinco desastres ecológicos por atender
1. Tala ilegal: Según datos del Ministerio del Ambiente (Minam), entre el 2001 y 2019 el Perú perdió aproximadamente 2.4 millones de hectáreas de bosques, siendo la tala ilegal la amenaza principal hacia los ecosistemas forestales peruanos, ya afectados por el avance de la agricultura, la caza indiscriminada y el desarrollo de carreteras.
En el ranking de los departamentos que presentan mayor nivel de pérdida de bosques, Ucayali (38,377 hectáreas) ocupa el primer lugar, seguido por Loreto (23,140 hectáreas) y Madre de Dios (21,378 hectáreas).
“Existe el marco jurídico para legislar sobre materia ambiental pero hay congresistas que representan a la minería ilegal o grupos de poder que controlan la tala ilegal, incluyendo el narcotráfico. Por eso, se requiere de un Minam con técnicos que conozcan el rol del sector. Y además, es urgente que se designe a un nuevo presidente de la OEFA, la institución está sin una cabeza desde diciembre pasado”, señaló el abogado ambiental y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Cesar Ipenza.
2. Contaminación de ríos por aguas residuales: Además de la contaminación del agua por vertimientos de deshechos mineros y pesqueros -se ha identificado que las bahías de Huacho y Chancay son áreas de contaminación crítica, por ejemplo- lagos como el Titicaca, en Puno, están contaminados por la descarga de agua residual de las municipalidades.
Es esta situación en donde Torres se refiere a la incoherencia legal ambiental. “La OEFA puede verificar las descargas de muchas actividades, como el de pesquería o minería, para no afectar el caudal que luego sirve para la población; pero en ese mismo río las municipalidades descargan agua y desagüe sin el tratamiento porque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lo permitía a través de una norma”, enfatizó.
3. Minería ilegal e informal: Es otro de los desastres ambientales que Perú aún no logra frenar, “y es otro ejemplo de la incoherencia estatal”. ¿Por qué? En principio, porque permitiendo la prórroga de la formalización minera “el Estado contribuye a que continúe la informalidad”, refiere Torres.
Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó a fines del 2021 la ley que permite ampliar el proceso de formalización minera por tres años más. La gestión de Rubén Ramírez, ex ministro del Ambiente, se mostró en contra de la norma; sin embargo el Ministerio de Energía y Minas (Miem) tuvo un comentario a favor. A la fecha, el Ejecutivo no la ha promulgado.
Por su parte, Ipenza refiere que además del daño ambiental, por los más de 8,000 pasivos ambientales que deja la minería que no tuvo control, se debe incluir las pérdidas humanas por las operaciones inseguras.
4. Derrame de crudo en Loreto: Según estimaciones de la OEFA, en los últimos 20 años se han registrado más de 470 derrames petroleros en la Amazonía. Los reportes mencionan que la petrolera Pluspetrol Norte habría dejado 3,250 sitios impactados durante su actividad de explotación de hidrocarburos en los lotes 192 y 8 en Loreto. Y solo entre marzo del 2020 y julio del 2021, se registraron 45 derrames de hidrocarburos en la misma región.
“Aun cuando las empresas a cargo deben ser responsables del control, limpieza y remediación, en muchos sitios el daño permanece o incluso pretende ser trasladado al Estado, desconociendo las obligaciones legales que tiene dichas empresas, amparados en argucias y en debilidades regulatorias”, menciona Torres.
5. Cultivo ilegal de la hoja de coca: Ipenza también menciona que el incremento del cultivo ilegal de hoja de coca tiene un impacto ambiental grave por los insumos que utiliza y porque requiere destruir áreas de bosque para sembrar. De acuerdo al abogado laboralista, las zonas del país donde más se incrementa este cultivo es en Pasco, Junín y Huánuco.
“Se incrementa más porque no existe una política de erradicación con participación del gobierno central que además proteja a los líderes indígenas que están siendo asesinados porque se oponen a estos cultivos”, agregó.
¿Es necesario revisar las multas?
“Tras el caso de Repsol, cuya multa solo por contaminación ambiental ascendería a 3,000 UIT, recién te das cuenta que el tope es muy bajo. Así que sí es una tarea pendiente revisar las multas”, sostiene la expresidenta de la OEFA.
Ipenza comparte esta opinión, pues agrega que las sanciones y multas han quedado desfasadas. Aunque más allá de eso, lo que es urgente son las políticas y acciones de prevención.
Cabe recordar que, en el Perú, el castigo por quien resulte responsable de un desastre ambiental no solo está sujeto a una sanción administrativa, puede ser castigado de acuerdo al Código Penal con penas de hasta tres años de cárcel y de cuatro años si se comete el delito ambiental agravado.