(Foto: GEC)

- PERSONAS CAMINANDO USANDO SUS CELULARES.
(Foto: GEC) - PERSONAS CAMINANDO USANDO SUS CELULARES.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del parlamento aprobó un dictamen favorable de un proyecto de ley que permitiría la acumulación de los minutos para llamadas de telefonía móvil o fija, mensajes de texto y megas en el servicio de internet, que no hayan sido utilizados por los usuarios en un periodo de facturación para su uso en los meses siguientes.

En opinión de la Asociación para al Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) de aprobarse esta iniciativa se tendrá cinco efectos inmediatos. Los cuales son:

1.- Se afectará calidad del servicio y habrá aumento de tarifas

AFIN explica que las redes de telecomunicaciones tienen determinada capacidad en términos de tráfico. “Las operadoras ofertan su servicio, asegurándose que su red puede cubrir el tráfico esperado, garantizando de esta forma la calidad del servicio”, sostiene.

Para que se entienda, a modo de ejemplo, si consideramos que una empresa cuenta que con una red con capacidad de 100 megas mensuales y una oferta de 90 clientes con planes de 1 mega mensual. La operadora es consciente que su red está en capacidad de recibir 90 megas mensuales.

Si los consumidores no usan la capacidad contratada en el primer mes, llegando a usar solo el 50% -es decir- 45 megas. Al siguiente mes, considerando lo dispuesto por esta propuesta, los consumidores no solo podrán utilizar la contratada en el mes (90 megas) sino que podrán usar la capacidad restante que no usó el mes anterior (45 megas). ¿Qué pasará? la red tendría que soportar 135 megas de tráfico por lo que colapsará al verse sobredimensionada para un máximo de 100 megas mensuales”, advierte.

Ante esta situación -refiere- los consumidores no tendrían un buen servicio y se verían afectados; las empresas tendrán que hacer inversiones adicionales incrementando sus tarifas, pese a que es probable que el ciclo se vuelve a repetir y las tarifas se sigan incrementando.

Los clientes tendrán que asumir el costo por el sobredimensionado de la red, producto de una mala decisión legal”.

2.- No guarda lógica con la razonabilidad del empaquetamiento de planes

AFIN afirma que las operadoras a través del pago de una renta o cargo fijo le otorgar a sus clientes determinada capacidad de uso de su red por un periodo especifico (que generalmente es por un mes), la que se traduce en la posibilidad de usar determinada cantidad de tráfico de datos o voz (megas o minutos) en dicho periodo.

Lo que implica que por el pago de un cargo fijo mensual, el cliente tiene derecho a usar una parte de la red de la empresa de telefonía por 30 días (recibir y realidad llamada, navegar, etc) La cantidad de red usada por el usuario dependerá del plan que haya contratado”, dice.

Desde esa perspectiva, lo que pretende la propuesta -asegura- es que ese derecho de uso de la red, por un periodo determinado, se vuelva indefinido.

“Si lo comparamos con el uso de un estacionamiento,sería que si el consumidor no pudo usar por 10 días el estacionamiento porque su auto estuvo en el taller, exija a la persona o empresa que se lo alquila, usar esos 10 días en cualquier otro momento. Es decir, el derecho de uso mensual que otorgó la persona o la empresa proveedora del estacionamiento de su propiedad privada a cambio de una retribución, se vuelve indefinido por una disposición legal que limita el uso y disfrute de su propiedad. Lo mismo que ocurriría en el mercado de las telecomunicaciones”, afirma.

3.- Se destruirá el crecimiento de la oferta de banda ancha

AFIN sostiene que considerando las necesidades de los usuarios, tanto actuales como futuras, de un mayor consumo, las operadoras han aumentado periódicamente la cantidad de datos que entregan por la renta mensual, con la finalidad de atraer clientes.

Lo que permite a los usuarios navegar con mayor libertad sin el riesgo de que le facturen consumos adicionales. De esta forma, se ven favorecidos con un precio más reducido por cada mega consumido y más tiempo de navegación. Inclusive, ante el incremento del consumo, las operadoras han mejorado aún más sus productos, lanzando planes con minutos y datos ilimitado.

No obstante, de aprobarse este proyecto de ley, se destruirá este esquema de beneficio mutuo entre los operadores y los usuarios, debido a que las primeras no tendrán los incentivos para incrementar la cantidad de megas de los planes, al tener que provisionar los saldos no consumidos para los siguientes periodos, generándose mayores costos e inversiones que deberán asumir.

Por el contrario, se generará el lanzamiento de planes tarifarios con menos megas y, probablemente, estancará o eliminará las ofertas con tráfico ilimitado, por lo que los usuarios deberán controlar más su uso de datos”, sostiene el gremio.

4.- Vulnera la Constitución

Para AFIN la propuesta legislativa vulnera el derecho de propiedad reconocido en el artículo 70° de la Constitución, al imponer a los operadores la obligación de dotar a los usuarios de un uso indefinido de su propiedad -la red de telecomunicaciones-, más allá del plazo contratado. Lo que limita su uso y disfrute.

También vulnera -dice- la libertad de empresa, de contratar y la iniciativa privada, al imponer un modelo de negocio distinto y perjudicial para los agentes económicos y los consumidores, modificando las condiciones contractuales a las que arribaron de común acuerdo.

5.- Aparta de las recomendaciones de la OCDE sobre el procso de emisión de nuevas regulaciones

AFIN dice que pese a que el Perú está realizando esfuerzos para acceder a OCDE, el proyecto de ley no sigue ninguna de sus recomendaciones en materia de análisis y calidad de impacto regulatorio. “El dictamen que lo aprueba, no contiene un examen de alternativas, impacto en eficiencia, proporcionalidad, razonabilidad o un verdadero análisis de costo-beneficio. Solo se limita a establecer que no se generará gastos al tesoro público y que beneficiará a los usuarios sin un sustento cuantitativo de por medio”.

“No se puede exigir a los reguladores cumplir con las recomendaciones de la OCDE cuando las propuestas de intervención legal no lo hacen”, alerta.