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Hay activos fijos del Estado, registrados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, que se encuentran sobreestimados, informó hoy la Contraloría General de la República. Principalmente por haber transferido dichos activos a las entidades beneficiarias o por aquellos activos en estado de inoperatividad.
Esta conclusión obedece al Informe de Auditoría Financiera a la Cuenta General de la República 2018, que presentó la Contraloría hoy en el Congreso. Aquí se detectaron errores y limitaciones en algunas cuentas de entidades públicas de los cinco niveles de gobierno y empresas del Estado. También se auditaron los estados de la Deuda y de Tesorería.
Los estados financieros están referidos a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en obras de infraestructura, regularización de pensiones, incremento de la deuda pública, gastos en planillas, inversiones, etc.; mientras que los estados presupuestarios se refieren a la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.
El informe toma en cuenta los resultados obtenidos en la recopilación de información proporcionada por 2,472 entidades integradas en el 2018.
Del total, el 11% de entidades (262) corresponden al Gobierno Nacional, el 1% (32) a Gobiernos Regionales, el 82% (2,048) a Gobiernos Locales, el 6% (157) a empresas del Estado y otras cinco formas organizativas que administren recursos públicos.
En el caso de los estados financieros, no se ha obtenido evidencia suficiente de diversas cuentas del activo de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Esto se debe a las limitaciones relacionadas con la falta de soporte documentario en activos fijos, proceso de revaluación de activos fijos, diferencias de conciliación no aclaradas y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal.
Otro hallazgo es que diversas cuentas del activo se encuentran subestimadas al no haberse registrado los activos concesionados y otras operaciones en los estados financieros.
Asimismo, los estados de situación financiera y estado de gestión consolidados presentan saldos por cuentas recíprocas no eliminadas en el proceso de consolidación, debido a la falta de sinceramiento de las cuentas entre entidades vinculadas.
Durante la presentación del informe, se dio a conocer que 32 entidades públicas fueron registradas como omisas a la presentación de información, lo que significó una reducción respecto a las 39 reportadas en el 2017.
Entre las omisas figuran ocho sociedades de beneficencia pública, un gobierno local, tres mancomunidades municipales y 20 empresas públicas (tres operativas, 12 no operativas y cinco en liquidación).