Aciertos y posibles mejoras de las medidas del Gobierno contra covid-19, según Thorne & Associates

Si bien no hay evidencias de un aumento sostenido de los casos, tampoco las hay de una disminución de estos. Fue por ello que considerando los riesgos sanitarios que habría representado el levantamiento de la cuarentena, el Ejecutivo decidió extenderla hasta el 10 de mayo.

Hasta ahora el Perú es el segundo país con mayor número de casos a nivel de América Latina, solo por detrás de Brasil. No obstante, al mismo tiempo, es uno de los países que hace más pruebas por millón de habitantes, después de Chile. Sin embargo, según distintos profesionales, aún no hemos llegado al pico de contagios.

-Las medidas-

Además de la cuarentena, un reporte de Thorne & Associates señaló que entre las medidas del Gobierno se destacan la propuesta para implementar un bono universal para 6.8 millones de familias peruanas sin miembros en la planilla electrónica (75% del total). Se estima que el costo que implica el bono universal para el Estado es de S/ 5,168 millones, alrededor de 0.7% del PBI

También se estableció que las clases escolares sean a distancia durante todo el año y se anuncio un restablecimiento parcial, progresivo y limitado de algunas actividades económicas a partir del lunes 4 de mayo. “En vista de ello, es de esperar que se promulguen nuevas políticas de contención en materia económica y, a su vez, se amplíe el alcance y la efectividad de las actuales”, refiere.

Por ejemplo, las modificaciones al programa Reactiva Perú han tenido resultados satisfactorios, según el reporte. De hecho, se destacó los resultados de las dos subastas de tasas de interés para clientes finales, con una tasa de fondeo fija por parte del BCR.

Incluso se aprobó un Decreto Supremo que -entre otros- menciona la suspensión perfecta de labores como medida para aliviar los costos fijos de las empresas afectadas por el coronavirus, recordó la consultora.

Así también, el Gobierno aprobó un Decreto de Urgencia que otorga un alivio a las mipymes. Así, se brinda a las empresas de factoring, que compran facturas a las mipymes, un acceso a las garantías y líneas de crédito de COFIDE, con recursos del Fondo Crecer. El monto de cobertura es de 90%, y la línea de crédito es por hasta 200% del capital social de la firma.

-Se requieren mejoras-

Según la consultora, por ejemplo, la medida implementada para las mimypes -acceso a garantías y líneas de crédito- genera un menor riesgo para las empresas de factoring, pero que no necesariamente implicará una mayor celeridad en el desembolso. El proceso de evaluación crediticia de las mipymes por parte de las firmas de factoring se mantendría, con lo cual las necesidades de liquidez de estas últimas no serían atendidas rápidamente.

Una mejor opción para brindar liquidez a las mipymes podría haber sido la compra directa de facturas por parte de Cofide, menciona el reporte. “Esto les permitiría a las mipymes una inyección de liquidez inmediata, pues se reducirían los cerca de 70 días que toma en cobrar las facturas. El costo para Cofide hubiese sido el costo del crédito de estos 70 días, que se lo podría pasar a la mipyme o asumir como subsidio”, remarcó.

Por otro lado, si bien los recursos asignados por nivel de gobierno muestran que los mayores esfuerzos provendrán del Gobierno Nacional, persiste el rezago de los gobiernos regionales, que mantienen un bajo nivel de ejecución. Por ello, dice en el reporte, el reto está en que las autoridades subregionales ejecuten los fondos dispuestos a combatir el coronavirus.

Otro punto que menciona la consultora es la decisión del Ejecutivo de solicitar la delegación de facultades en materia tributaria y financiera; en línea con ello, el Gobierno anunció que se evaluará la norma para un “impuesto solidario”, que gravará a los individuos con mayor riqueza y será de carácter temporal.

Thorne & Associates consideró que no es el momento de recurrir a nuevos impuestos para financiar los costos de las medidas de contención, pues el Gobierno arriesga la recuperación de la economía y convendría esperar hasta que la economía esté en un proceso sólido proceso de recuperación para definir la nueva estrategia tributaria. “También hay que recordar que, a diferencia de muchos otros países, Perú ha acumulado ahorros fiscales que le permiten financiar estas medidas de contención económica”, detalló.

-¿Un impuesto solidario o atacar la evasión?-

Si bien aún no hay mayores detalles sobre las disposiciones con respecto a este impuesto, el presidente de la República no ha descartado que pueda tratarse de un impuesto al patrimonio o un aumento a las tasas impositivas para personas naturales.

En el primer caso, explicó la consultora, el Congreso ya había propuesto el Proyecto de Ley N° 4887, que proponía un impuesto a las grandes fortunas. Justamente, la forma como fue planteada esta propuesta muestra que un impuesto de este tipo grava no solo a las rentas del trabajo, sino también a la tenencia de activos inmobiliarios a partir de S/ 1 millón. “Es decir, no hay una definición clara ni una base tributaria para la riqueza, por lo que el riesgo de este tipo de propuestas es que podría estar mal enfocada. Asimismo, supondría otro riesgo mayor: desincentivar la inversión, con las consecuencias económicas que ello acarrearía”, remarca el texto.

En cuanto al segundo caso, refiere, sería una mejor alternativa, siempre y cuando se defina adecuadamente la recaudación potencial de la medida. De hecho, habría que evaluar cuántas personas reciben rentas muy altas, cuál sería la tasa que se aplicaría a estas personas y cuánto se recaudaría con esto. El riesgo es que esta medida no sea suficiente para generar nuevos ingresos de manera significativa.

Ante el cuestionamiento sobre el “impuesto solidario”, Thorne & Associates expresó que conviene recordar que el principal problema del Perú en materia tributaria proviene de los altos índices de incumplimiento. Así, sugiere, la manera más sencilla de incrementar la recaudación sería cerrar estas brechas de incumplimiento y reducir las exoneraciones tributarias.

-Las cifras-

La consultora proyectó que la economía caería en marzo 5.5%, en línea con una actividad económica restringida solo por la mitad del mes y considerando un crecimiento real de 15% en el gasto corriente del Gobierno General. Esto situaría al PBI del primer trimestre con un crecimiento de solo 0.2% anual y 8.6% trimestral desestacionalizado y anualizado.

Por el contrario, en abril la caída será mayor (de -19.1% anual según los cálculos preliminares) al haber primado el aislamiento social durante todo el mes. Además, los efectos de la ampliación de la cuarentena hasta los primeros días de mayo se reflejarán fundamentalmente en las cifras del segundo trimestre.