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El nuevo contralor, Édgar Alarcón, se hizo notar en sus primeras semanas al cuestionar importantes procesos de concesión, pero ahora ha solicitado al Congreso se le otorguen "garras" a la entidad para la lucha contra la corrupción.
La Contraloría General de la República ha enviado al Congreso un paquete de medidas, que incluye 12 iniciativas legislativas, para el fortalecimiento del control preventivo y la lucha contra la corrupción, pero que en síntesis dan más poder a la entidad.
Ya en una entrevista con Gestión (21.07.2016), el contralor había adelantado que solicitaría más poder al nuevo Congreso para la lucha contra la corrupción y ahora su pedido ha quedado en blanco y negro para el debate legislativo.
Las medidasEntre las medidas planteadas, la Contraloría busca desde poder suspender procesos de contratación del Estado hasta la intervención de entidades públicas o la inmovilización de documentación clave.
En el primer caso, se plantea que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) disponga la suspensión de los procedimientos de contratación a sola solicitud de la Contraloría cuando se identifiquen irregularidades.
"Dicha solicitud deberá estar debidamente sustentada y señalar los incumplimientos normativos y riesgos detectados, pudiendo la suspensión disponerse desde el requerimiento del área usuaria y hasta la culminación del contrato", anota el proyecto.
El incumplimiento de suspender el procedimiento de contratación por parte de los funcionarios de la entidad será considerado como infracción muy grave, según la iniciativa, y sancionado con la inhabilitación del ejercicio de la función pública por no menos de cuatro años.
El mismo proyecto plantea que los supervisores de obras reporten directamente a la Contraloría los incumplimientos que detecten en el desarrollo de sus funciones. Además se plantea que si bien la entidad contratará al supervisor de obra, será el órgano de control el encargado de la designación.
Intervención de entidadesEn otro proyecto, la Contraloría solicita poder intervenir de manera temporal entidades públicas si se evidencian hechos o situaciones que comprometan el correcto uso de los bienes o recursos del Estado o si se pone en riesgo las actividades de la entidad.
"La intervención temporal dispuesta por Contraloría determina la conformación de un equipo de auditoría que se acredita en la entidad para el ejercicio directo del control previo y/o simultáneo, con carácter selectivo, sobre las operaciones de tesorería de la entidad", dice el proyecto.
Entre las propuestas también se busca que la Contraloría tenga la facultad de inmovilizar y custodiar temporalmente los documentos de las entidades cuando estas no quieran facilitar el acceso, para lo cual, incluso, se podrá valer del apoyo policial.
En lo que refiere a proyectos de inversión, el paquete normativo establece que las modificaciones a los contratos de asociación público-privada (APP), sea autofinanciada o cofinanciada, deberán contar con opinión previa de la Contraloría.
Pero la iniciativa anota que siempre y cuando "se incremente el monto de inversión originalmente pactado, se introduzcan inversiones adicionales al proyecto u otros supuestos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado", precisa el proyecto.
CandadosLa Contraloría también busca poner candados a la ejecución de obras públicas por administración directa y establece que las entidades solo podrán utilizar este mecanismo cuando las realicen con su propio personal, infraestructura y equipamiento mínimo.
Ademán proponen que las entidades ejecuten de manera excepcional obras públicas por administración directa cuando se acredite la inexistencia de oferta privada para realizar estas actividades.
La modalidad de administración directa, para la Contraloría, carece de una regulación legal sistemática, que permita aplicar criterios elementales de moralidad, transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión y en la razonabilidad del gasto y, por el contrario, en determinados ámbitos y contextos, no representa un sistema transparente, eficiente y eficaz.
En el 2015 se ejecutaron unos S/ 3,726 millones por la modalidad de administración directa, lo que representó el 17.82% de la inversión total realizada en obras de infraestructura de ese año.
Acceso a base de datosOtra de las iniciativas enviadas al Congreso propone que la Contraloría tenga acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.
El sistema actual, según la Contraloría, limita la capacidad de control gubernamental para la vigilancia de las operaciones y procesos de las entidades y, por el contrario, permite que las entidades puedan ocultar o distorsionar información que entregan restringiendo la capacidad de la auditoría.
El paquete de medidas que plantea la Contraloría ahora deberá pasar los filtros del Congreso de la República, donde finalmente la bancada fujimorista tendrá la última palabra en la decisión de otorgarle más poderes a este órgano de control.
Plantea endurecer pena de cárcel a funcionarios por corrupciónEntre las medidas, la Contraloría también propone endurecer la pena de cárcel por delitos de corrupción, con el objetivo de que los funcionarios involucrados en estos malos manejos realmente sean privados de libertad.El proyecto enviado al Congreso eleva la pena privativa de libertad por delitos de colusión y peculado de tres a cinco años.
"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de seis años", precisa el proyecto.
En tanto, la iniciativa señala que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco años, ni mayor de ocho años.
De las 354 sentencias impuestas con pena efectiva por delito de colusión y peculado dadas entre el 2012 y 2015, solo 30 resultaron con prisión efectiva, el resto fueron suspendidas debido "a las fisuras del ordenamientos legal".
Para una mayor supervisión, la Contraloría plantea que todo funcionario o servidor público que gane S/ 3,950 al mes o más esté obligado a presentar su declaración jurada de bienes, ingresos y rentas, independientemente de su régimen contractual.
La Contraloría también busca proteger a sus funcionarios de acusaciones en el Poder Judicial, y plantea que antes de que el Ministerio Público acepte o archive una denuncia contra sus empleados, este órgano emitirá un informe técnico-jurídico.
Procuraduría. En el paquete normativo enviado al Congreso, también se busca que la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción dependa de la Contraloría General de la República, y establece medidas para asegurar su autonomía funcional y fortalecer la eficacia y eficiencia de su actuación en defensa de los intereses del Estado. El actual marco, según Contraloría, no asegura la independencia.