A finales de la semana pasada el Presidente del Consejo de Ministros presentó la Agenda del Ejecutivo hacia julio del 2021. Las propuestas económicas fueron muy concretas, en general positivas, pero de poco vuelo. Desafortunadamente, no incorporan las imprescindibles medidas en materia tributaria para ampliar la caja fiscal, ya que el artículo 74 de la Constitución señala explícitamente que los decretos de urgencia no pueden contener disposiciones en esa materia. Las reacciones de los grupos de poder económico y mediático, y los analistas alineados a estos han sido mayoritariamente negativas. Hay un evidente cargamontón. Todos ellos solo quieren más inversión pública especialmente a través de asociaciones público privadas tal como se establece en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad amañado o lo que les convenga del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, a nuestro juicio desenfocado, recientemente aprobado en el mes de julio.
Hay que reconocer que las propuestas económicas tienen un sesgo a favor de los ciudadanos. Lo anterior, quizás con la pretensión de contener las presiones y manifestaciones sociales al otro lado de la frontera de nuestros vecinos del norte y sur. La ampliación de la cobertura del sistema de aseguramiento universal en salud reconoce que circunscribirla a los pobres es insuficiente. El decreto a favor de que la población pueda adquirir más medicamentos genéricos de buena calidad a menor precio es positiva para la sociedad, pero no conviene a los intereses económicos de unos pocos. En la misma ruta se alinean el establecimiento de lineamientos o criterios para la modificación de la Remuneración mínima vital (RMV) y su ajuste en el primer trimestre de 2020; la revisión y ajuste de las pensiones mínimas y emitir la norma sobre control de fusiones empresariales que durmió en el Congreso hace más de cuatro meses.
Los grupos de poder locales no quieren entender la importancia de lo que viene ocurriendo en Chile. La mayor parte de los editoriales del decano de la prensa nacional y sus analistas insisten en un gobierno nacional acotado a su ideología e intereses particulares. Menos Estado y más espacio para los negocios que a su parecer conducirían siempre al bienestar social. La mejora de las condiciones de salud e ingresos de la población son para ellos irrelevantes. No hay criterios humanitarios y sociales que interesen. Perciben equivocadamente que esas manifestaciones sociales no podrían ocurrir en el Perú.
Ya hemos comentado que las condiciones de pobreza y desigualdad son mayores aquí en el Perú que en Chile. Es obvio que el poder de compra de la mayoría de la población se encuentra por debajo al de ellos. Que las condiciones de vida de la población rural, de las poblaciones andinas y amazónicas son más precarias que las de cualquier localidad apartada de nuestro vecino del sur. Ni que hablar de la situación de nuestras clases medias al borde de la pobreza sometida a una dinámica de precios a nivel internacional, cuando reciben ingresos reducidos acordes a la realidad peruana. Tampoco nuestros sistemas de salud, educación, transporte, vivienda y pensiones tienen algún elemento destacable o meritorio. Dejen de mirar al ombligo, ¡despierten!