El presidente José María Balcázar insistió en que su rechazo a la compra de los aviones F-16 de Lockheed Martin correspondía a la necesidad de priorizar necesidades básicas de la población, además, cuestionó que se haya realizado la transacción con Estados Unidos “en secreto”.

“Hay bastantes críticas sobre ese tema. O sea, hay críticas en el sentido de que por qué se compró bajo la forma secreta, por qué se evitó que otros países como Alemania (luego fue corregido, ya que el otro postor era Francia) y Suecia pudieran seguir participando de una licitación abierta”, mencionó a Exitosa.

Según el mandatario interino, estos “detalles obviados” no pertenecen a la decisión de su Gobierno; por lo que instó a quien triunfe en la segunda vuelta electoral a “revisar y convalidar la negociación”.

“Es un monto demasiado alto. US$ 3,500 millones (...) Se ordenaba al MEF a ejecutar. Con o sin mi aprobación, el MEF tenía que pagar”, añadió.

Además, Balcázar reiteró que “se hablaba de que los F-16 no eran los aviones más modernos”, y recalcó que su prioridad está en “el estado de emergencia” para atender a la población en materia de salud y educación.

Balcázar a favor de promover su censura

Al ser cuestionado sobre la censura impulsada por Ilich López, el mandatario Balcázar señaló que “no tiene nada que criticar”.

“No me voy a oponer. Inclusive lo promocionaría a que siga sacando firmas. Soy un hombre demócrata y voy a responder en el momento que sea necesario”, dijo.

La Contraloría General de la República alertó inasistencia del personal médico en los servicios diurno y nocturno, así como equipos e insumos médicos inoperativos en tres establecimientos de salud en la región Callao.

Asimismo, en el distrito de Mi Perú, la comisión de control detectó que los alimentos son elaborados sin los implementos adecuados y y sin la conservación adecuada y protección, debido a que son apilados en el suelo.

En el caso de los establecimientos de salud Materno Infantil “Perú Corea” y Villa Los Reyes, los auditores de la CGR detectaron que la programación de guardias se viene aprobando fuera del plazo establecido, para el caso de abril se debieron aprobar el 19 de marzo de 2026; sin embargo, se aprobó el 14 de abril de 2026.

Además, se utilizan registros manuales para el control de asistencia del personal asistencias y administrativo; pese que a partir del 2014 se exigió para el sector salud la obligatoriedad de utilizar sistemas electrónicos mediante reloj biométrico.

Lo más alarmante en el centro de salud es que no se viene repartiendo raciones alimenticias al personal que realiza guardias hospitalarias y puérperas, lo que podría afectar la salud del personal y pacientes, así como se ha identificado equipos inoperativos como como las máquinas de rayos X, ascensores y grupo electrógeno (generador), lo que afecta la correcta prestación de los servicios.

Mientras tanto, en el establecimiento de salud Villa Los Reyes el ecógrafo no tiene el trasductor transvaginal esencial para las atenciones, así como la persona que opera el equipo no tiene la especialización.

El mismo panorama se visualizó en el hospital de Ventanilla se identificó que un técnico enfermero no asistió a su guardia programada para el 19 de abril de 2026 en el servicio de emergencia.

Más situaciones adversas se identificaron en el hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en Bellavista. Al respecto, durante las visitas de control realizadas el 19 y 20 de abril del año en curso se detectaron la ausencia de dos médicos de traumatología en el servicio diurno y nocturno, no se dota a personal médico de EPPs como guantes, mascarillas, jabón y los servicios que conforman el Servicio de Emergencia no cuentan con un suministro constante de útiles de escritorio, donde esta situación obliga a los médicos a comprar dichos útiles como sucede en el Servicio de Radiología, el que requiere con mayor prioridad estos insumos.

Para los pacientes que acuden para su atención el nosocomio sólo cuentan con tres camillas y dos sillas de rueda en uso, mientras que otras dos se encuentran inoperativas y es insuficiente para prestar un servicio adecuado. En el servicio de Shock Trauma UCE.

Incluso, los asistidos deben efectuar parte de sus exámenes en laboratorios particulares y en el servicio de traumatología registra se detectaron silla para personal asistencial en mal estado, una de dos camillas en mal estado, porta sueros pegado con esparadrapos para mantenerse en pie, lámpara cialitica no funciona. Mientras tanto en el servicio de cirugía registra similar condición como las dos lámparas cialiticas que poseen no funcionan, en el área de ginecología faltan insumos entre un 30 a 40% al día: hilos, anestésicos, aguja raquídea, electrocauterio y los medicamentos, parte de ello deben ser comprados por los familiares.

El Pleno del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley 14093/2025-CR, que declara de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao, infraestructura considerada clave para el desarrollo de la industria naval, la seguridad marítima y la competitividad logística del país.

Durante el debate, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, autor de la iniciativa, destacó que el Perú pierde aproximadamente US$ 180 millones al año por no contar con un dique que permita dar mantenimiento a los buques de gran tamaño que ya arriban al país.

“El Perú tiene que convertirse en un centro de atracción en el Pacífico Sur para este tipo de naves. La construcción de este dique pospanamax va a traer enormes ventajas para toda la población y, en particular, va a crear empleos de alta calidad”, afirmó.

Rospigliosi subrayó que la obra fortalecerá la soberanía marítima, reducirá la dependencia de servicios en el extranjero y permitirá formar capital humano especializado, generando oportunidades laborales para ingenieros, técnicos, electricistas y soldadores, además de impulsar proveedores locales y servicios especializados.

Asimismo, señaló que el proyecto se articula con el desarrollo del megapuerto de Chancay y la futura ampliación del puerto del Callao, lo que consolidará al Perú como un centro logístico y naval estratégico en la región.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz (bancada FP), explicó que la iniciativa permitirá brindar mantenimiento, reparación y construcción de embarcaciones de gran porte, contribuyendo a que el país aproveche su posición geoestratégica en el Pacífico Sur y responda al creciente tránsito de buques pospanamax.

En el debate los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP), Auristela Obando Mogan (bancada FP), Germán Tácuri Valdivia (bancada JP-VP-BM) y Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) se pronunciaron a favor de la iniciativa legislativa.

La propuesta legislativa fue exonerada de segunda votación con 94 votos a favor, con lo cual quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Beneficios

Según el dictamen, la construcción del dique seco pospanamax en el puerto del Callao tendrá un impacto social como es la generación de empleo digno y especializado.

“El proyecto demandará profesionales en soldadura especializada, ingeniería naval, operación de equipos de precisión, y tecnologías marítimas avanzadas, con remuneraciones considerablemente superiores al salario mínimo nacional”, señala el documento.

También impulsará la formación de capital humano nacional, al precisar que la construcción y operación del proyecto generará un ecosistema de transferencia tecnológica que capacitará a miles de trabajadores peruanos en técnicas navales de vanguardia mundial, convirtiendo al país en formador de mano de obra especializada para toda la región.

El dictamen también señala que, según la empresa estatal peruana Servicios Industriales de la Marina (SIMA), el proyecto dique seco, que se ejecutaría en la Base Naval del Callao, demandaría una inversión de US$ 450 millones.

La Contraloría reportó que el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 128 instituciones educativas de Lima no se realiza adecuadamente.

Esta situación afecta a 27,568 estudiantes de inicial y primaria en seis distritos de la capital: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurigancho, Los Olivos, Independencia y Carabayllo.

A detalle, la falta de prestación del servicio se registró en las modalidades “comida caliente” y “comida lista para el consumo” del PAE.

Desde el inicio del año escolar no se entregan alimentos en la modalidad de “comida caliente” a 12 instituciones educativas de Lima Norte (Carabayllo, Independencia y Los Olivos), lo que afecta a 3,391 estudiantes.

Estos colegios son Caudevilla y Sol Naciente (Carabayllo); Víctor Raúl Haya de la Torre y Virgen de la Medalla Milagrosa (Independencia); San Martín de Porres, San Antonio de Padua y Virgen de la Puerta (Los Olivos), entre otras.

Además, se interrumpió el suministro de comida lista para el consumo en 116 colegios de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurigancho en desmedro de 24,177 alumnos, a quienes no se les reparte pan y galletas sin bebidas para desayunar.

De esa manera, el PAE resolvió los contratos con las empresas proveedoras debido al incumplimiento del servicio o por causal no atribuible a las partes.

Sin embargo, la Contraloría advirtió que el marco normativo del programa no establece plazos específicos para la adopción de acciones ante eventualidades, como las ocurridas, que permitan garantizar la continuidad del servicio.

La Contraloría resaltó que en la modalidad de atención de “comida caliente” bajo la forma de concesión, la empresa adjudicada es responsable de la adquisición, almacenamiento y preparación diaria, así como de la distribución; mientras que en “lista para el consumo”, el reparto debe realizarse en envases individuales.

El Gobierno dispuso la incorporación de las personas con discapacidad en la emisión de la Alerta Amber para casos de desaparición, con el fin de garantizar una atención más rápida y efectiva de las denuncias, según norma publicada hoy en diario El Peruano.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 004-2026-IN, adecúa el marco normativo a lo establecido en la Ley Nº 32305, que ya había incluido a las personas con discapacidad dentro de los alcances de este sistema de alerta. Con ello, se busca asegurar la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP) y reforzar los mecanismos de búsqueda y difusión.

De acuerdo con el dispositivo legal, la Alerta Amber podrá activarse también en casos de desaparición de personas con discapacidad cuando exista una situación de alto riesgo.

Esta alerta permite la difusión masiva de información a través de radio, televisión, redes sociales, paneles publicitarios y otros medios, durante un máximo de 72 horas, con el objetivo de facilitar la ubicación de la persona desaparecida.

El reglamento actualizado precisa que la Policía debe coordinar la evaluación para activar la alerta en un plazo no mayor de tres horas desde recibida la denuncia.

Además, se establecen criterios específicos, como que la desaparición no supere las 48 horas y que la persona tenga condiciones que dificulten su comunicación o capacidad de pedir ayuda, como discapacidad intelectual, psicosocial o trastorno del espectro autista.

Asimismo, la norma incorpora una definición más amplia de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a quienes presentan discapacidad física, sensorial, mental o intelectual, y refuerza el enfoque de no discriminación y de igualdad de oportunidades en la atención de estos casos.

El decreto también reafirma que las denuncias por desaparición deben ser atendidas de manera inmediata, sin necesidad de esperar 24 horas, y que la Policía está obligada a registrar el caso, emitir la nota de alerta y realizar diligencias urgentes para la búsqueda.

Finalmente, se dispone que la implementación de estas medidas se financiará con los recursos ya asignados a las entidades involucradas, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

El presidente interino José María Balcázar informó que el Gobierno promoverá un crédito suplementario para financiar las Becas Bicentenario, mas enfatizó que se fijará una condición y compromiso: los beneficiados tienen que regresar al Perú.

“La única condición que estamos poniendo es que de acuerdo con los informes últimos, más del 90% de becarios que van al extranjero financiados por el Estado no regresan”, dijo a Exitosa.

El mandatario de transición sostuvo que el Gobierno impulsará el crédito suplementario para “cumplir con ese tipo de justificadísimas razones”.

Balcázar aseguró que es un “defensor de la creación de universidades” y reiteró que la educación es el único instrumento" que conducirá a “un verdadero desarrollo”.

En esa línea, recordó que el Congreso deberá darles el visto bueno para el presupuesto que se destinará al financiamiento de Beca Bicentenario y Beca 18.

Cabe añadir que el Pronabec descarta el cierre de Becas Bicentenario, pero este año no se realizará convocatoria.

En el marco del Foro Perspectivas Económicas 2026: Retos y Oportunidades en un Contexto Electoral, organizado por Diario Gestión, el politólogo Carlos Meléndez, profesor de la Universidad de Lisboa y fundador de 50+uno, y el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, conversaron con Omar Mariluz, conductor de Cuarto Poder, para analizar el panorama político y económico que enfrentaría el país tras la probable segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Mejores condiciones para Fujimori, pero sin garantías

Carlos Meléndez señaló que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “está en mejores condiciones esta vez, pero no necesariamente le garantiza una victoria (presidencial)”.

El analista político destacó que es “la primera vez que Fujimori no tiene un frente interno al momento de llevar adelante una campaña electoral”, a diferencia de elecciones anteriores donde enfrentaba tensiones con otros liderazgos fujimoristas, incluidos su padre, Alberto Fujimori y su hermano Kenji Fujimori.

“Estamos ante una campaña más experimentada y más completa, en el sentido de unida dentro del fujimorismo”, explicó Meléndez, quien agregó que el electorado peruano “se ha ido moviendo paulatinamente hacia la derecha” preocupado por temas de inseguridad pública, desorden e inestabilidad.

Sin embargo, el antifujimorismo sigue siendo una desventaja resaltó: “La tarea de Fujimori de cara a la segunda vuelta es convencer al antifujimorista de derecha. Y a ese electorado antifujimorista de derecha se le convence no necesariamente con identidades, sino se le convence con propuestas de políticas públicas”.

Ideología populista y riesgos democráticos

Sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, Meléndez afirmó de los riesgos que representa para la democracia.

“Recordemos que Juntos por el Perú es una coalición de varios partidos políticos; no solamente el partido Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, sino que está APU, el partido donde están Hernán Ceballos y Anahí Durán, están otros grupos políticos de izquierda e incluyendo a los etnocaceristas”, detalló Meléndez.

El académico explicó que lo que une a esta coalición es “un sentido común populista” donde “la soberanía popular está representada no por las normas, sino por la masa, donde el criterio de las masas es más importante que el criterio de la ley y del Estado de derecho. Esa es la ideología que une a este grupo de izquierda”.

“Este entendimiento populista de la soberanía choca con las instituciones y, obviamente, lamentablemente, al momento de chocarlas, sí puede poner en duda y puede resquebrajar la institucionalidad democrática del país. Por eso considero que sí es una amenaza”, cuestionó.

Escenario económico: diferencias con 2021

Desde una perspectiva económica, Luis Miguel Castilla identificó factores que diferencian el escenario actual del vivido hace cinco años. “Hay factores que diferencian lo que vivimos hace 5 años con lo que estamos viviendo ahora; hay incertidumbre en ambos”, afirmó el exministro.

Castilla destacó que “nuestra balanza comercial en los últimos 5 años se ha multiplicado por cuatro, de 10,000 millones de dólares a 40,000 millones de dólares”, lo que genera mayor capacidad de resistencia reflejada en reservas internacionales que hoy alcanzan aproximadamente 70,000 millones de dólares, frente a los 60,000 de hace cinco años.

“Tenemos ya la certeza y la experiencia de que el Senado, con 22 votos de Fuerza Popular, puede parar una Asamblea Constituyente y lo va a hacer. Antes había la duda”, señaló el economista, quien también mencionó que el Banco Central de Reserva ha intervenido con 5,800 millones de soles a través de swaps cambiarios “para mitigar la volatilidad excesiva”.

Roberto Sánchez: “mucho más peligroso” que Pedro Castillo

En cuanto a la posibilidad de que Roberto Sánchez modere su discurso, Castilla fue categórico: “Creo que es mucho más peligroso el señor Sánchez, porque lo hemos visto en acción. Lo hemos visto en su rol de ministro, lo hemos visto en el tipo de proyectos de ley que ha presentado en el Congreso y que sigue presentando (...) Entonces, creo que estaríamos en una situación más peligrosa con Sánchez, y creo que la población lo puede percibir así”.

El exministro describió a Sánchez como “una persona mucho más transaccional, mucho más hábil y muy peligroso”, y advirtió sobre el proyecto de ley expropiatorio impulsado por Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, que propone reducir a la mitad los plazos de concesiones mineras. “Esto lo que implicaría sería un daño muy grande a la seguridad jurídica del país en un momento muy complejo internacional”, alertó.

“Ya está tratando de implementar su plan de gobierno a través de sus congresistas, y en eso no hay que bajar la guardia. Creo que justamente ese tipo de políticas lo describen al personaje de pies a cabeza”, enfatizó el economista.

Alianzas legislativas

Sobre la gobernabilidad futura, Meléndez dijo que en el caso de Fujimori, “tiene los votos suficientes, el número mágico 22 en el Senado, para poder bloquear cualquier iniciativa de reforma constitucional y una vacancia. Es suficiente para protegerse, pero no es suficiente para gobernar”.

Para un eventual gobierno de Sánchez, el panorama es más complejo, dijo el profesor de la Universidad de Lisboa. “Es lamentablemente un escenario de gobernabilidad muy frágil, porque tendría que tender puentes con otros grupos de izquierda y, como lo sabemos, cuando la izquierda ha gobernado en el Perú y ha tenido que hacer coaliciones, lo ha hecho haciendo repartijas, lo ha hecho haciendo acuerdos con diferentes grupos para poder acceder al Estado y usufructuar de ese acceso al Estado”.

Castilla complementó destacando que “de las dos opciones, Fuerza Popular tiene la capacidad de reclutar de lejos al mejor equipo técnico”, mientras que por el otro lado “va a ser muy difícil que gente con credibilidad, respeto en el mercado y sensatez vaya a aceptar una posición” en un gobierno de Sánchez.

En otro momento, pese a la incertidumbre electoral, Castilla subrayó la fortaleza de la economía peruana: “Somos una economía muy resiliente, el primer trimestre de este año hemos seguido con una vida fuerte, el crecimiento del último trimestre del año pasado, y estamos en época preelectoral”.

El extitular del MEF identificó dos factores cruciales: Uno tiene que ver con el peso que tiene nuestro marco constitucional, el anclaje de nuestro modelo económico; y lo segundo es que somos un país abierto al mundo.

Sin embargo, mencionó sobre el peligro actual: “De acá al 28 de julio el daño puede ser muy grande por las leyes que están pasando por lo bajo en el Congreso; de gasto y todo tipo de legislación, especialmente impulsada por aquellos que ya salen, que han perdido”.

No avanzar en innovación le pasó factura al Perú. En 2025, el país se ubicó en el puesto 80 del Índice Global de Innovación y descendió al 91 en resultados. La caída es clara frente al 2024, cuando ocupaba el puesto 75 y alcanzaba la posición 85 en resultados, reflejando una brecha persistente: aunque se generan ideas y emprendimientos, estos no logran traducirse en nuevos mercados ni en industrias de mayor valor agregado. ¿Qué se espera para este año?

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina mantiene bajos niveles de innovación empresarial, lo que impacta directamente en la competitividad. En el caso peruano, el rezago se hace más evidente en sectores donde, pese al crecimiento de iniciativas tecnológicas, no se consolidan modelos de negocio escalables.

Para Giulio Marchena, profesor e investigador de Centrum PUCP, el problema no radica en la falta de ideas, sino en la capacidad de convertirlas en crecimiento económico. “Hoy el país tiene talento y acceso a tecnología, pero eso no se está convirtiendo en soluciones que escalen ni en mejoras sostenidas de productividad”, sostiene.

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¿Dónde se rompe la cadena?

Marchena identifica tres puntos críticos en los que el Perú pierde valor en el proceso de innovación:

• Validación comercial: muchas ideas no se prueban en el mercado real.
• Financiamiento para escalar: más del 80% de empresas dependen de recursos propios, lo que limita su crecimiento.
• Ejecución empresarial: falta capacidad para transformar innovación en productos competitivos.

“El país se queda en la fase de emprendimiento inicial, pero no logra dar el salto a empresas que crean industria”, menciona en entrevista a Gestión.

Esta desconexión también se refleja en los indicadores. Aunque el Perú muestra un mejor desempeño en insumos de innovación, cae significativamente en resultados, lo que evidencia dificultades para traducir capacidades en patentes, tecnologías o nuevos negocios.

Innovación sin escala

A diferencia de economías como Corea del Sur, Israel o Finlandia, donde la innovación está articulada entre universidad, empresa y Estado, en Perú los esfuerzos permanecen fragmentados. Además, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) es significativamente menor: entre 0.16% del PBI frente al 2%–4% de países líderes.

En ese contexto, Marchena advierte que uno de los principales errores es concebir la innovación como un proyecto aislado y no como un proceso orientado a la escalabilidad. “Se pierde el enfoque en objetivos concretos. Se debe considerar los objetivos concretos que persigue, métricas que evidencien el impacto de la innovación y estrategias para conseguir inversión para seguir escalando la innovación efectuada”, explica.

El cuello de botella: la comercialización

Desde la experiencia práctica, Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima, coincide en que el mayor problema no está en la generación de ideas, sino en su llegada al mercado.

“La mayor fricción ocurre en la etapa de comercialización”, señala. Según detalla, entre el 70% y 80% de proyectos logran avanzar hasta prototipos o MVP, pero solo un 20% consigue sus primeras ventas y apenas el 10% alcanza ventas recurrentes que aseguren sostenibilidad.

Este fenómeno se da en un contexto donde el 22% de la población adulta está involucrada en emprendimientos tempranos, según el Global Entrepreneurship Monitor de Perú. Sin embargo, el desafío es convertir esas iniciativas en tracción real.

Errores estructurales

Conde identifica dos fallas recurrentes en los emprendedores peruanos:

1. Falta de enfoque en el cliente: entre 60% y 70% de proyectos no validan adecuadamente las necesidades del mercado.
2. Sobreinversión temprana: hasta el 40% del presupuesto inicial se destina al desarrollo tecnológico antes de validar la demanda.

A esto se suma una débil aplicación de metodologías de validación. Aunque herramientas como Lean Startup o Design Thinking son conocidas, solo entre el 10% y 15% de emprendedores las aplica con rigurosidad.

Innovación aspiracional vs. necesaria

Otro problema es la desconexión entre lo que se innova y lo que el país realmente necesita. De acuerdo con Conde, entre el 70% y 80% de las principales startups se concentran en sectores como fintech, e-commerce o edtech, muchas veces por tendencia global más que por demanda local.

“Estamos en un espacio de innovación aspiracional versus innovación necesaria”, advierte.

En contraste, sectores como agro, logística o salud —donde el Perú tiene ventajas competitivas— presentan menores niveles de innovación, pese a su potencial para generar valor.

Las condiciones para escalar

Ambos especialistas coinciden en que transformar la innovación en crecimiento económico requiere un cambio estructural en la gestión. Entre las condiciones clave, Giulio Marchena destaca:

• Mercado validado.
• Acceso a financiamiento.
• Capacidad de gestión empresarial.
• Entorno regulatorio ágil.
• Redes y alianzas.

Asimismo, es fundamental articular a la universidad, la empresa y el Estado, fortalecer la investigación aplicada y facilitar la adopción tecnológica en el sector productivo.

Desde la academia, el rol también debe evolucionar. “Las universidades deben pasar de formar profesionales a crear soluciones con impacto real, integrando a las empresas desde el principio”, señala.

Por su parte, Conde enfatiza la importancia de conectar emprendimientos con corporativos, redes internacionales y capital, además de trabajar sobre problemas país que aseguren demanda.

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2026, entre el estancamiento y una recuperación gradual

De cara al 2026, el panorama para la innovación en el Perú apunta a una “continuidad del estancamiento e incluso a un leve deterioro en el corto plazo”. Según Giulio Marchena, esto responde en parte a la inercia institucional que arrastra el país. No obstante, existe una posibilidad de recuperación progresiva si se activan políticas como la implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) al 2030, orientada a elevar la inversión y la productividad.

El contexto político también jugará un rol determinante. El ciclo electoral y la incertidumbre asociada podrían impactar la innovación a través de tres canales. “Por la inversión privada que tiende a postergarse en estos contextos; por el gasto público en innovación que tiende a desacelerarse o fragmentarse por cambios de prioridades; y por empresas que decicen priorizar eficiencia operativa antes que innovación cuando el entorno es incierto”, remarca el especialista.

En el plano regional, el riesgo es que la brecha del Perú frente a países como Chile, Brasil o México se amplíe. Sin embargo, Marchena advierte que existe margen para revertir esta tendencia si se logra canalizar la fuerza emprendedora bajo condiciones más favorables, como mayor inversión en I+D, estabilidad regulatoria y políticas públicas que impulsen —en lugar de frenar— la innovación empresarial.

Gremios empresariales expresaron su preocupación y rechazo ante las “irregularidades públicamente evidenciadas” durante el proceso electoral, realizado el pasado 12 de abril, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como por las acciones adoptadas posteriormente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para ellos, las irregularidades vulneran el derecho constitucional al voto libre, máxima expresión de la democracia, y colocan al Perú en una situación de grave crisis institucional, generando un daño irreparable a la confianza ciudadana.

Entre los gremios firmantes están ADEX, SNI, AAP, CCL, Canatur, Perucámaras, Agap, Mipymes y Sociedad Agrícola de Arequipa.

En ese sentido, piden la contratación inmediata de una firma auditora de prestigio internacional que evalúe los sistemas de la ONPE y la integridad de todos los procesos involucrados.

Asimismo, el procesamiento y la sanción de los responsables que, por acción u omisión, hayan contribuido a que este proceso derive en una elección irregular.

También solicitan la implementación de un sistema de auditoría y monitoreo en línea de los procesos, la data y los sistemas informáticos, a fin de identificar cualquier uso indebido.

“El establecimiento de un control concurrente integral del sistema electoral, antes, durante y después de la elección, que garantice resultados fieles a la voluntad popular”, señalan.

Dicho esto, los gremios exhortan a los organismos electorales y a todas las entidades involucradas a actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad, a fin de restablecer el orden y la credibilidad del proceso electoral, asegurando el pleno respeto del voto ciudadano en el marco de la Constitución.

Por otra parte, la Confiep demandó a las autoridades electorales y a las instituciones competentes como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público a garantizar la máxima transparencia en la revisión y resolución de las actas impugnadas pendientes de contabilización.

Adicional a ello, a realizar auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales e informar con claridad y oportunidad las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta con plenas garantías para el ejercicio del voto y el correcto conteo de los resultados.

“Es indispensable que las instituciones electorales refuercen la confianza de la ciudadanía, garantizando que la segunda vuelta se desarrolle con total claridad, orden y respeto al Estado de derecho”, concluyó.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen para modificar la Ley 32348, con el objetivo de crear el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e implementar las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

La propuesta se sustentó en los proyectos de ley 13636/2025-CR y 14004/2025-CR, y fue aprobado con 13 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

La propuesta tiene como objetivo generar un efecto disuasorio inmediato, aumentar la percepción de justicia y reducir la impunidad mediante la aplicación de prisión preventiva inmediata y penas severas, lo que también buscaría disminuir la reincidencia.

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El presidente de la comisión, Flavio Cruz, de la bancada Perú Libre, explicó que la iniciativa busca combatir frontalmente el avance acelerado de la delincuencia, especialmente en delitos como la extorsión y el sicariato.

En tanto, la congresista Maricarmen Alva Prieto, de Acción Popular, propuso cambiar “supranacional” por “supraprovincial”, lo cual fue aceptado. En tanto Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, solicitó un mayor análisis de la propuesta para evitar conflictos entre órganos institucionales.

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Cabe precisar que el texto sustitutorio incorpora un segundo párrafo en los artículos 12 y 13, y modifica el artículo 15 de la Ley 32348.

El Gobierno peruano salió a aclarar las declaraciones del presidente José María Balcázar, luego de las críticas generadas por sus comentarios sobre el papel de la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, formulados durante el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

A través de un comunicado difundido este 29 de abril, el Despacho Presidencial señaló que las expresiones del mandatario hacían referencia al libro “Los enemigos del Comercio”, del autor Antonio Escohotado, y respondían a la interpretación del escritor sobre el desarrollo económico y comercial en Europa.

No obstante, el Ejecutivo reconoció que dichas declaraciones “generaron una percepción equívoca sobre el pueblo judío” en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que desató cuestionamientos tanto a nivel diplomático como de organizaciones locales.

En esa línea, el Gobierno subrayó que la posición del Estado peruano se ha mantenido firme a lo largo del tiempo: el conflicto bélico fue consecuencia del fanatismo nazi, responsable además del genocidio contra el pueblo judío. Asimismo, recordó que esta postura histórica llevó al Perú a respaldar la creación del Estado de Israel.

El presidente Balcázar, de acuerdo con el comunicado, expresó su “más enérgico rechazo” al Holocausto, reiteró su condena al antisemitismo y a cualquier forma de discriminación, y manifestó su solidaridad con las víctimas de dicho genocidio.

Rechazo internacional y de la comunidad judía

Las embajadas de Israel y de Alemania en Perú rechazaron las recientes declaraciones del presidente José Balcazar quien dijo que los judíos controlaban el comercio y el sistema bancario alemán y que, por ello, empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial.

Las embajadas calificaron estas afirmaciones como absurdas, históricamente insostenibles y ofensivas, debido a que distorsionan la historia y vulneran la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por el régimen nazi.

Recordaron que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939, impulsados ​​por una ideología racista y antisemita.

En la misma línea, la Asociación Judía del Perú expresó su rechazo a las declaraciones presidenciales, señalando que reproducen teorías antisemitas que responsabilizan a las víctimas del propio genocidio. La organización también solicitó una disculpa pública por parte del mandatario.

El estudio jurídico Arbizu & Gamarra asumió la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en las investigaciones fiscales por presunta colusión agravada y omisión de actos funcionales relacionados con las Elecciones 2026.

Mediante un comunicado en su cuenta en la red social X, el estudio expresó que su objetivo es resguardar los derechos fundamentales de Corvetto durante la investigación y garantizar el respeto de todas las garantías legales.

El nuevo equipo legal precisó que su trabajo será estrictamente técnico y estará enfocado en impedir que las medidas restrictivas requeridas por el Ministerio Público o la investigación judicial se conviertan en una condena anticipada sin sentencia firme.

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Este cambio de defensa se da después de la renuncia del anterior abogado, Ricardo Sánchez Carranza, por razones personales, y ocurre cuando el Poder Judicial (PJ) se prepara para evaluar una solicitud de 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto.

La nueva defensa de Arbizu & Gamarra afrontará su primera intervención en el caso este jueves 30 de abril, cuando la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción sustente el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses.

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El Ministerio Público argumentó este pedido en la existencia de un presunto riesgo de fuga, tras el hallazgo de documentos de viaje vigentes durante un allanamiento realizado el 24 de abril en la vivienda de Corvetto.

Las Elecciones General 2026 impresionaron por el número de partidos que participaron. Sin embargo, un escenario con mayor participación se estima que ocurra para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 (ERM), programadas a realizarse el 7 de octubre de 2025.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que 150 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, se encuentran aptas para participar en estos comicios.

“Se trata de 55 partidos políticos que ya están inscritos en el registro de organizaciones políticas tras haber cumplido los requisitos establecidos para ello y de 95 movimientos regionales que también han superado estas etapas ”, indicó el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Felipe Paredes San Román.

Para tener una idea, en las últimas Elecciones Municipales y Regionales del año 2022, en total participaron 12 partidos políticos (los que pasaron la valla electoral de las Elecciones Generales de 2021), 114 movimientos regionales y 1 alianza electoral, lo cual da 127 organizaciones políticas.

¿Por qué ocurre esto?

José Tello, presidente de Aklla Perú y especialista en temas electorales, indicó que, al juntar partidos y movimientos, el número de organizaciones políticas aptas para competir supera las 150, llegando a 162 organizaciones aproximadamente.

La presencia de estas organizaciones varía según la región, ya que algunas solo compiten partidos, en otras hay uno o dos movimientos regionales y en otras pueden existir hasta diez movimientos.

El origen de la cantidad de partidos para esta elección está en la reforma electoral de 2019, la cual se implementó parcialmente y modificó las reglas para facilitar la inscripción de partidos políticos.

El objetivo era que los partidos se inscribieran con mayor facilidad y, de la misma forma, pudieran salir del sistema bajo las mismas condiciones. La reforma también buscaba que los partidos se inscriban, compitan en elecciones primarias (abiertas, simultáneas y obligatorias) y luego participen en las elecciones generales o en las regionales y municipales.

“En partidos, en una carrera electoral, es un escenario totalmente atípico”, señaló Tello.

Con el modelo vigente, todos los partidos políticos inscritos debidamente en ROP están obligados a participar en las ERM. El esquema actual se basa en la “competitividad electoral”, que no permite que los partidos se reserven un periodo para trabajar políticamente, formar bases o consolidar estructuras sin ir obligatoriamente a la competencia.

Tello consideró que, a un plazo a futuro, se tendría que reformar este modelo para que los partidos puedan decidir no participar en al menos una o dos elecciones sin perder su inscripción. Eso permitiría un trabajo político más sostenido y una construcción de organización menos apurada.

Con todo esto, las ERM será una elección compleja, pero con una cantidad de opciones en la cédula será menor que en las elecciones generales, aunque igualmente elevada.

Cabe recordar que, en estas elecciones, el elector votará por varias categorías: fórmula regional (gobernador y vicegobernador), consejeros regionales, y en el ámbito municipal, por autoridades provinciales y distritales.

Asimismo, los partidos políticos que no pasaron la valla electoral en las Elecciones Generales de abril de 2026 podrán participar en las ERM debido a que la cancelación de sus inscripciones será efectiva recién el primer día hábil de enero de 2027, por lo que hasta entonces están formalmente vigentes.

A partir de ello, Tello introdujo, de manera metafórica, el concepto de “partidos zombis”, debido a que se trata de organizaciones que ya están “muertas” políticamente, pero que siguen “vivas” administrativamente en el registro hasta que llegue la fecha en que se cancela su inscripción.

Si estos partidos lograran ganar alguna alcaldía distrital, provincial o gobierno regional, Tello explicó que eso no impide que las autoridades asuman el cargo. Lo que ocurrirá es que la afiliación partidaria de alcaldes, regidores, consejeros regionales, gobernadores y vicegobernadores elegidos bajo esos partidos terminará cuando se produzca la cancelación del partido, es decir, el primer día de enero de 2027. Desde ese momento, las autoridades quedan como independientes desde el punto de vista formal.

El impacto en las instituciones y el elector

La reciente elección con 37 partidos mostró un fuerte impacto negativo por la fragmentación, la cual se representó en los votos de la ciudadanía.

La política suele girar alrededor de liderazgos más personalistas que propiamente partidarios, lo cual actualmente no se ve reflejado en el contexto político actual, salvo algunos casos específicos en gobiernos regionales o municipios provinciales y distritales,

Ante este escenario Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, advirtió que podría repetirse el fenómeno observado en las elecciones presidenciales, donde, pese a cierta concentración en unas pocas opciones, fueron alrededor de siete candidaturas las que obtuvieron la mayor cantidad de votos.

Esta tendencia, trasladada a elecciones regionales y municipales, significaría que muchas personas votarán por listas que no conseguirán regidores, consejeros regionales u otras posiciones, lo que se traducirá en una sensación de falta de representación efectiva.

“Eso evidentemente te siembra un problema no solo de la representación, sino porque también hemos visto que es muy común en los gobiernos regionales, y sobre todo en los municipios provinciales y distritales, hay intentos de vacancia al alcalde en algún momento. Entonces, si es un alcalde que ganó con 15%, es fácil pensar que ese alcalde puede terminar siendo traicionado, incluso por alguno de sus propios regidores”, señaló Albán.

Otro problema que podría presentarse, ante este panorama, es que la falta de representatividad podría derivar a procesos de vacancia o revocatoria de autoridades locales.

En elecciones pasadas la vacancia ha sido un problema frecuente, especialmente a partir del segundo año de gestión, cuando suelen comenzar a activarse estos procesos. Inclusive, cuando las normas municipales establecen que el alcalde ganador entra con la mayoría (50% + 1) de regidores, esto no garantiza cohesión interna, ya que muchos regidores no están fuertemente alineados con el partido por el que son elegidos.

“Posiblemente pase con pedidos de vacancia que se aprueban en primera instancia en el Consejo Municipal o en el Consejo Regional y en segunda instancia son ratificadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que verifica si la vacancia ha seguido el debido proceso, según la ley y todas las normas aplicables en cada jurisdicción. Eso es el camino más común. Revocatoria sí es un poco más difícil”, puntualizó Albán.

El Gobierno prorrogó por 60 días, a partir de hoy, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Además, habrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de Emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada, informará al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia y a su culminación.

El informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.

La prórroga del estado de emergencia fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, firmado por el presidente José María Balcázar, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, de Economía y Finanzas, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, y de Transportes y Comunicaciones.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la convocatoria al Concurso Público N° 001-2026-SN/JNJ para la selección y nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

El proceso está dirigido a profesionales interesados en asumir la conducción de la ONPE, entidad encargada de la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales del país.

La convocatoria se sustenta en lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y las leyes orgánicas de la JNJ y de la ONPE, que establecen el mecanismo de selección mediante concurso público.

El concurso contempla cuatro etapas de evaluación y su valoración: conocimientos (25%), evaluación curricular (20%), estudio de caso - presentación del plan de trabajo (20%) y entrevista personal (35%). Las etapas son de carácter eliminatorio y los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 70 sobre 100 en cada una de ellas.

Para participar, los postulantes deberán efectuar el pago por derecho de inscripción de S/ 430 en el Banco de la Nación (presencial) o mediante la plataforma digital págalo.pe, consignando su número de DNI. Posteriormente, deberán completar la ficha de inscripción a través de la extranet de la JNJ.

Las bases del concurso, aprobadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, contienen el detalle de los requisitos, cronograma, etapas del proceso, así como los mecanismos para la presentación de tachas y denuncias.

El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de determinados lotes de medicamentos tras detectar fallas que podrían comprometer la salud de los pacientes.

Uno de los productos observados corresponde al lote Z23-969 del antibiótico DUOCLAMOX 500 mg (amoxicilina con ácido clavulánico), en presentación de tabletas.

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De acuerdo con la Digemid, este medicamento no cumple con uno de los parámetros de control de calidad vinculados a uno de sus componentes, lo que podría afectar su eficacia terapéutica o generar riesgos en su consumo.

A ello se suma el retiro del lote 2124391A del fármaco NITROPRUCHYK 50 mg (nitroprusiato de sodio), empleado en solución inyectable para el tratamiento de la presión arterial. En este caso, se identificó la presencia de partículas visibles en el producto, situación que representa un potencial peligro para los pacientes.

Ante este escenario, el Indecopi recomendó a la ciudadanía revisar si cuenta con estos medicamentos y, de ser así, abstenerse de utilizarlos. Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

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Asimismo, la entidad recordó que los consumidores pueden reportar productos riesgosos mediante el portal del Sistema de Alertas de Consumo. Este mecanismo permite difundir advertencias sobre bienes que podrían implicar riesgos no previstos para la seguridad o salud, con información proporcionada por proveedores y autoridades competentes.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima incautó, durante una diligencia de allanamiento al domicilio de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, un pasaporte peruano vigente a su nombre, con caducidad el 10 de agosto de 2026.

Esto se convirtió en una pieza clave debido a que Corvetto ya había entregado antes dos pasaportes como muestra de colaboración, pero la existencia de este tercer documento vigente probaría que aún contaba con un medio formal de viaje.

Además, el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán sostuvo que la sola entrega de pasaportes no elimina el riesgo de fuga, ya que dentro de la región se puede viajar solo con DNI.

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un impedimento de salida del país por 18 meses para los investigados por presunta colusión agravada, medida que se apoya en las graves irregularidades detectadas en las Elecciones 2026 del 12 de abril y que alcanza a Corvetto y otros 6 funcionarios.

El requerimiento de arraigo alcanza a los investigados Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Banco.

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Según la hipótesis fiscal, presuntamente existiría una red de concertación entre altos mandos del organismo electoral y el sector privado, en la que los funcionarios José Edilberto Samamé y Juan Antonio Phang coordinaban con representantes de la empresa de servicios Galaga SAC para presuntos acuerdos ilícitos en servicios generales durante los comicios.

El pedido de 18 meses de impedimento de salida fue justificado en la necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante la etapa preliminar.

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Por ello, la ocultación del pasaporte vigente por parte de Corvetto incrementa, según la Fiscalía, el riesgo de que eluda la justicia, considerando también la doble nacionalidad y el acceso a documentos de viaje no declarados.

Las embajadas de Israel y de Alemania en Perú rechazaron las recientes declaraciones del presidente José Balcazar quien dijo que los judíos controlaban el comercio y el sistema bancario alemán y que, por ello, empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial.

Las embajadas calificaron estas afirmaciones como absurdas, históricamente insostenibles y ofensivas, debido a que distorsionan la historia y vulneran la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por el régimen nazi.

Recordaron que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939, impulsados ​​por una ideología racista y antisemita.

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“La ideología nazi, racista y antisemita, no solo discriminó a sus conciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de 6 millones judíos en campos de concentración. El Holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia”, se lee el pronunciamiento conjunto.

Finalmente, precisaron que esperan que el presidente Balcázar se retracte públicamente de sus declaraciones.

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Comunicado de la Asociación Judía del Perú

La Asociación Judía del Perú rechazó las recientes declaraciones del presidente José Balcazar, las cuales fueron pronunciadas en un evento en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima ante ministros, miembros del cuerpo diplomático y otros invitados.

A través de un comunicado, la asociación indicó que escuchó “con estupor” las palabras del mandatario, precisando que sus afirmaciones resultan especialmente graves.

En el pronunciamiento se precisó que el presidente habría retomado y difundido viejas teorías de corte antisemita que responsabilizan a los judíos de haber empujado a Alemania a la guerra.

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Estas teorías, según la asociación, se basan en la idea de que la comunidad judía habría controlado el comercio, la banca y practicado la usura, lo que, según ese relato, habría provocado el conflicto.

“Es increíble que en pleno siglo XXI, argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales, sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”; se lee en el pronunciamiento.

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Finalmente, la asociación exigió una pronta disculpa pública de parte de Balcázar, recordando que el jefe de Estado representa a todos los peruanos.

¿Qué fue lo que dijo Balcázar?

Como se recuerda, el presidente José Balcázar asistió al 138 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, evento donde dio estas declaraciones.

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“La historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se convirtió en comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional de Alemania, que fue empujada a la guerra también por culpa de parte de los judíos, de parte porque controlaba todos los bancos, todo el comercio y hacía usura”, dijo el mandatario.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) descartó el cierre de la Beca Generación del Bicentenario, aunque confirmó que no se abrirán nuevas convocatorias en 2026. La decisión responde a la necesidad de garantizar la continuidad de estudios de más de 60 mil beneficiarios actuales, tanto en el país como en el extranjero.

El director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon Yamasato, explicó mediante un comunicado que al asumir la actual gestión se enfrentó a una restricción presupuestal significativa. Para el 2026, el programa cuenta con un presupuesto de S/ 1,429 millones, equivalente al 67% de los S/ 2,123 millones solicitados durante la formulación. Esta diferencia, cercana a los S/ 700 millones, se originó en la programación presupuestal del 2025.

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A esta brecha se suma el anuncio de 20 mil nuevas becas realizado por la gestión anterior sin financiamiento completo, lo que —según el funcionario— obligó a priorizar el cumplimiento de los compromisos ya asumidos. “Existe el compromiso de asegurar la continuidad de los becarios vigentes”, indicó.

En ese contexto, la institución ha optado por no lanzar nuevas convocatorias de la Beca Generación del Bicentenario en el corto plazo. No obstante, el titular del programa subrayó que esto no implica el cierre del programa. Enfatizó en que se han adoptado acciones técnicas para cerrar la brecha con recursos propios y garantizar la estabilidad y continuidad de nuestros becarios en el país y en el extranjero.

En ese sentido, como parte de esta estrategia, el Pronabec informó que viene impulsando la difusión de oportunidades de estudio en el extranjero a través de becas ofrecidas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Asimismo, busca fortalecer sus convenios internacionales para ampliar las alternativas disponibles a los postulantes.

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El funcionario subrayó que la prioridad es proteger a los beneficiarios de las diversas becas del Pronabec, entre ellas Beca Generación del Bicentenario y Beca 18, así como fortalecer el sistema para financiar la educación de más peruanos en el futuro. “La nueva estrategia buscará alinear la formación financiada con las necesidades del país, la demanda del mercado laboral y las prioridades para el desarrollo futuro”, añadió.

Finalmente, Chon Yamasato indicó que la nueva gestión apunta a alinear la formación financiada con las necesidades del país y la demanda del mercado laboral, con miras a construir un sistema de becas sostenible que impulse el desarrollo del talento peruano.

El Indecopi sancionó a dos entidades del sistema financiero por establecer restricciones de edad en la oferta de sus productos crediticios sin acreditar una justificación objetiva y razonable, configurando un trato discriminatorio hacia ciertos usuarios.

En una de las resoluciones, la Sala Especializada en Protección al Consumidor multó con 8 UIT a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna tras verificar que su producto “Crédito Multioficios” solo podía ser solicitado por personas mayores de 20 años, sin sustento técnico que respalde dicha limitación. Esta condición restringía el acceso a potenciales clientes más jóvenes.

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En otro caso, la Sala impuso una multa de 5 UIT a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Serfinco por promocionar su “Crédito Personal” dirigido exclusivamente a personas entre 18 y 63 años. Según la autoridad, este criterio excluía injustificadamente a adultos mayores, desincentivando su acceso al producto.

El organismo precisó que las entidades financieras no deben fijar límites etarios como requisito de acceso a créditos si no cuentan con una base objetiva que lo justifique, ya que ello puede constituir una práctica discriminatoria, en línea con lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

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Asimismo, recordó que, si bien las empresas pueden evaluar el riesgo crediticio de los solicitantes, este análisis debe sustentarse en criterios verificables, como la capacidad de pago, y no en condiciones personales como la edad, que por sí sola no constituye un factor válido de exclusión.

Ambas decisiones corresponden a la segunda y última instancia administrativa, por lo que las resoluciones son definitivas en sede del Indecopi y se encuentran disponibles para consulta pública.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los avances del nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, una obra que integrará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

Durante la inspección, el burgomaestre informó que el proyecto se encuentra en su fase final y anunció el inicio de su operación progresiva en las próximas semanas.

“Ya se encuentra prácticamente al 90 por ciento de ejecución. Estamos calculando que en 60 días podemos iniciar ya una marcha blanca”, indicó.

El corredor, que contempla una extensión de 2.8 kilómetros, permitirá por primera vez la conexión directa entre la Estación Central del Metropolitano y la Línea 1, optimizando los desplazamientos en la ciudad.

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Gracias a esta interconexión, se estima que los ciudadanos podrán trasladarse desde Carabayllo hasta la Estación Grau en aproximadamente 30 minutos, reduciendo de manera significativa los tiempos de viaje.

A la fecha, se han ejecutado 46,000 m² de pavimento, 5,000 m² de veredas y 7,000 metros lineales de sardineles. Asimismo, se han implementado 500 árboles y 9,100 m² de áreas verdes, junto con la instalación de cercos, bolardos y señalización podotáctil.

En cuanto a la infraestructura, las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya cuentan con estructuras culminadas al 100 %, mientras se ultiman los acabados en pisos, techos, rampas, vidrios y señalización.

Investión de 115 millones de soles

El alcalde resaltó la inversión destinada al proyecto y su impacto en la ciudad. “Esta obra ha costado 115 millones de soles y, sin duda, es una gran infraestructura que fundamentalmente permitirá tener una adecuada transitabilidad en nuestra ciudad de Lima”, expresó.

El corredor también incorpora riego tecnificado y sistemas de seguridad, consolidándose como una infraestructura moderna que busca marcar un antes y un después en la movilidad urbana de la capital. La autoridad edil también destacó la incorporación de tecnología para mejorar la gestión del tránsito. “En esta obra vamos a tener un sistema de semaforización inteligente”, señaló.

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El proyecto incluye estaciones modernas con puertas con sensores y señalización integral, lo que permitirá un servicio más ordenado, seguro y eficiente. Asimismo, la intervención contempla la recuperación del entorno urbano a lo largo del corredor, espacios que durante años no habían sido intervenidos por las autoridades.

Durante la inspección, Renzo Reggiardo estuvo acompañado del gerente de EMAPE, Edgar Lara y el gerente de Movilidad Urbana, Alberto Peralta.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, pidió acudir al Congreso de la República para brindar detalles sobre el operativo militar realizado en Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), que dejó como saldo cinco fallecidos.

A través de un oficio remitido a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la congresista Karol Paredes, el titular del sector solicitó participar en la próxima sesión ordinaria junto a su equipo técnico. La finalidad es explicar las acciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas, así como los avances preliminares de las investigaciones en curso.

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El pedido se da en un contexto de cuestionamientos sobre cómo se desarrolló la intervención en una zona cercana al ámbito del Vraem, donde se intenta esclarecer el accionar de la patrulla militar.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar, por el presunto delito de homicidio calificado, contra ocho militares del Ejército y tres civiles, quienes habrían intervenido en el operativo vinculado a un supuesto caso de tráfico ilícito de drogas en la vía Colcabamba–Ayacucho.

De acuerdo con las primeras diligencias, los agentes habrían ordenado detener el vehículo en el que se trasladaban las víctimas y, ante una presunta negativa, dispararon. La fiscalía dispuso realizar pericias balísticas, pruebas de absorción atómica, así como la incautación de celulares y del vehículo involucrado. Además, se evalúan versiones que apuntan a una posible legítima defensa frente a denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Pedido desde el Congreso

Antes de esta solicitud, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, ya había requerido que el titular de Defensa se presente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre los hechos. Incluso, indicó que impulsó una moción para su citación ante el Pleno debido a la falta de claridad en torno al operativo.

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Según testimonios de pobladores, las víctimas no portaban armas ni trasladaban droga, y los militares habrían actuado vestidos de civil. También se reportaron versiones contradictorias, incluyendo la de un sobreviviente que se habría retractado tras denunciar presuntas amenazas.

Un total de 728 audiencias públicas sobre recuento de votos han sido realizadas desde el 20 de abril a la fecha por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) en el marco de las Elecciones Generales 2026, las cuales vienen siendo difundidas mediante la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dichos órganos electorales de primera instancia tienen como fecha límite el jueves 7 de mayo para que realicen tales audiencias, conforme al Acuerdo adoptado el 22 de abril por el Pleno del JNE, el cual se sustenta en la necesidad de asegurar el cumplimiento oportuno de las etapas posteriores del proceso electoral, tales como el registro de resultados, la proclamación de candidatos electos y la elaboración y entrega de credenciales.

Actas observadas

De acuerdo con un reporte de las 13:30 horas, los JEE han recibido de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) un total de 60,040 actas electorales observadas, correspondientes a las EG 2026. De esa suma, 2,659 actas fueron enviadas para recuento de votos.

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Asimismo, de las 60,040 actas observadas recibidas por los JEE, se han generado expedientes en 97.84% (58,746), y de ellas los JEE han emitido 20,432 pronunciamientos (34.78%).

Del total de actas con expedientes en los JEE, el 9.85% (5,784) corresponde a la elección presidencial; 26.32% (15,461) a senadores por Distrito Electoral Único, 20.57% (12,084) a senadores por Distrito Electoral Múltiple y 22.07% (12,964) a diputados y 21.20% (12,453) al Parlamento Andino.

Las audiencias de recuentos de votos son públicas y pueden ser seguidas en el portal web del JNE (www.jne.gob.pe), mediante los enlaces que se encuentran en el botón Recuento de votos EG 2026, así como a través del canal JNE Media (552 de Movistar).

Se denomina acta observada, al acta electoral que no puede ser contabilizada en el sistema de cómputo de la Oficinas de Procesos Electorales (ONPE) debido a errores materiales, como una equivocación numérica de votos, transcripción errónea de nombres o datos ilegibles.

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Las ODPE remiten las actas observadas a los JEE para ser resueltas. Esos resultados pueden ser apelados ante el JNE. Si la observación registrada en el reporte de la ODPE no puede ser subsanada a través del cotejo, el JEE dispondrá por única vez -en decisión inimpugnable- que se proceda al recuento de votos.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que acudirá a instancias internacionales debido a las irregularidades que se presentaron en la primera vuelta de las elecciones generales 2026.

Tal anuncio lo formuló durante una conferencia de prensa donde presentó una “investigación forense digital”, encargada por su agrupación política a una consultora internacional, y que, señaló, determina la existencia de “inconsistencias transversales” en 805 actas electorales, las cuales merecen ser investigadas.

“Entonces está en manos también del Congreso, dar una solución a este tema. Esto vamos a remitirlo al Congreso de la República, al presidente del Parlamento para que pueda también tomar acción“, afirmó, al tiempo de añadir que no existe voluntad del JNE de atender sus reclamos, entre ellos el de convocar a nuevas elecciones, razón por la cual también recurrirá a instancias internacionales, aunque no precisó a qué organismo supranacional.

“Vemos que aquí no hay ninguna voluntad de responder a nada, es hablar con una pared. Vamos a ir a otras instancias nacionales e internacionales, porque se está yendo contra el artículo 31 de la Constitución que protege el derecho a elegir y ser elegido, que es la base de la democracia“, expresó.

Nuevas elecciones

Asimismo, el aspirante presidencial de Renovación Popular afirmó que la falta de tiempo no puede ser una razón para no atender las demandas de su agrupación política. Al mismo tiempo, adelantó que seguirán convocando a protestas pacíficas para que sus peticiones sean atendidas.

“Que no diga nos falta tiempo, por falta de tiempo no se puede permitir un crimen, si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así. Hay un precedente que se aplicó con el presidente Paniagua, determinaron que eran fraudulentas las elecciones del año 2000 y se pasaron al 2001, y hubo un presidente interino“, señaló.

Rafael López Aliaga subrayó en la necesidad de que el JNE atienda sus reclamos. “Tiene que actuar, hay un muerto frente a la puerta del JNE“, expresó al tiempo de añadir que presentarán nueva documentación a dicho organismo electoral para sustentar sus pedidos.

Con el objetivo de mejorar la conectividad y optimizar los tiempos de viaje de miles de usuarios, nuevos buses entrarán en operación desde este lunes para cubrir la ruta que une el Callao con el Centro de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Las unidades, con sistema de gas natural, aceptan pagos mediante billeteras digitales y están equipadas con cámaras de seguridad conectadas al centro de monitoreo de la Municipalidad del Callao, lo que permitirá reforzar la vigilancia y contribuir a prevenir delitos como robos y extorsiones.

La nueva flota cubrirá un recorrido aproximado de 40 kilómetros. Su recorrido inicia en Mi Perú (Ventanilla), continúa por las avenidas Néstor Gambetta, Elmer Faucett y Colonial, luego conecta con Dos de Mayo, hasta llegar al Centro de Lima.

“Si nos ordenamos en un modelo donde las autoridades políticas respalden el trabajo técnico, se logran objetivos concretos como el ingreso de esta nueva flota. Hemos abierto el camino, a través de la entrega de títulos habilitantes, para que los operadores encuentren al fin la capacidad financiera respaldada por la banca, para sumar flota a sus rutas”, destacó David Hernández, durante la ceremonia de presentación.

Mejoras

La incorporación de esta flota se suma a las mejoras en infraestructura vial implementadas en la provincia del Callao, como la puesta en marcha del primer carril bus rosado, un sistema de carriles exclusivos para el transporte público que contribuye a optimizar la circulación, ordenar el flujo vehicular y reducir los tiempos de viaje.

Esta medida beneficia a usuarios de 57 rutas autorizadas que transitan por esta vía, las cuales ahora cuentan con un carril exclusivo, ubicado al lado derecho en ambos sentidos, permitiendo un desplazamiento más fluido, seguro y eficiente.

“Los carriles segregados permiten mejorar la velocidad comercial de los buses. Gracias a esta infraestructura, los tiempos de viaje se han reducido hasta en 45 minutos”, destacó el presidente ejecutivo de la ATU.

La cadena de centros comerciales Real Plaza aún no cuenta con permiso para demoler y construir un nuevo establecimiento en el mismo local en Trujillo, donde murieron seis personas tras la caída del techo del patio de comidas en febrero del 2025. Dicho establecimiento se encuentra cerrado desde esa fecha.

Así lo informó César Sánchez Caipo, gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), quien indicó que representantes de Real Plaza sí se han acercado a mesa de partes, pero solo para solicitar información con relación al proceso de demolición del centro comercial.

Los permisos

Sánchez Caipo indicó que cualquier administrado que desea hacer una construcción sobre un local existente, primero debe pedir la licencia de demolición, luego la licencia de construcción y finalmente la licencia de funcionamiento.

El funcionario indicó que cada licencia tiene sus propios filtros que se deben cumplir, como por ejemplo para la licencia de funcionamiento se necesita las autorizaciones de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y Desastres.

“Como tal, (Real Plaza) no ha pedido ninguna de las tres (licencias), lo que sí ha solicitado es información, que como cualquier administrado acude a la municipalidad”, dijo.

Nuevo centro comercial

Como se sabe, Hernán Malpartida, vicepresidente asuntos corporativos Real Plaza, anunció hace unos días que la compañía destinará más de S/ 500 millones para construir un nuevo centro comercial sobre el local de la tragedia, lo que calificó como la inversión más grande en el rubro en el país.

Indicó que su ejecución estará prevista en 2 años y permitirá la generación de más de 3,000 empleos directos y alrededor de 9,000 empleos indirectos, tanto en la etapa de construcción como en operación.

Mencionó que el proyecto contará con más de 83,000 metros cuadrados de área comercial, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 57% respecto al anterior.

Incluirá un segundo nivel, contará con 6 tiendas ancla, alrededor de 115 marcas y más de 1,500 estacionamientos, así como espacios enfocados especialmente para la comunidad.

Tendrá grandes áreas verdes de acceso libre. Se contempla un nuevo bulevar gastronómico con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas, zonas de servicios financieros, y una moderna clínica que contará con un ingreso independiente y atención de emergencia las 24 horas.

Situación legal

El alto directivo de la compañía aseveró que ya han llegado a acuerdos con casi todas las víctimas de la tragedia, a excepción de dos de ellas, que espera lograr en los próximos meses porque están en las etapas finales.

“La fiscalía aún no nos devuelve el patio de comidas, pero confiamos que eso se va a resolver pronto. Ya pasaron 15 meses y creemos que la fiscalía pronto va a poder presentar todos los informes, peritajes y devolvernos el patio de comidas, actualmente no hay ninguna razón para que eso no suceda”, manifestó.

Sin embargo, más allá de eso – continúo- se ha decidido hacer esta inversión para darle a Trujillo el centro comercial más moderno del país y contribuir con el desarrollo de la ciudad.

Este anunció se dio en un contexto donde emprendedores que tenían negocios alrededor del centro comercial piden la apertura del mismo, debido a que tras el cierre sus ventas han caído y los más pequeños simplemente tuvieron que cerrar por falta de clientes.

El mercado laboral peruano atraviesa una transformación acelerada marcada por la digitalización y la necesidad de talento especializado. En este contexto, los bootcamps, programas de formación intensiva de corta duración, han dejado de ser una opción marginal para posicionarse como una vía cada vez más relevante hacia la empleabilidad, especialmente en áreas tecnológicas. Sin embargo, su crecimiento también abre el debate sobre el rol de la educación universitaria tradicional y la necesidad de articular ambos modelos.

Desde la universidad, el fenómeno no pasa desapercibido. Desde ESAN, el auge de los bootcamps responde a una demanda concreta del mercado: la formación “justo a tiempo”.

“No se trata de un reemplazo de las carreras largas, sino de una especialización necesaria en un entorno que exige competencias técnicas inmediatas”, señala Eddy Morris, decano de la Facultad de Ingeniería de ESAN University.

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Presión del mercado por habilidades inmediatas

El crecimiento de estos programas se explica, en gran medida, por la brecha entre la velocidad de la demanda laboral y los tiempos de la educación tradicional. Según Desafío Latam, academia de formación de talento digital mediante bootcamps de alto rendimiento, la necesidad de desarrolladores de software y analistas de datos en sectores como banca, retail y minería supera ampliamente la oferta de egresados universitarios, dejando miles de vacantes sin cubrir.

En ese escenario, los bootcamps destacan por su capacidad de adaptación. A diferencia de los currículos tradicionales, que pueden tardar años en actualizarse, estos programas ajustan sus contenidos de forma constante, incluso trimestral, en función de las herramientas que demanda el mercado.

“El mercado ya no busca solo títulos, busca habilidades demostrables. Los bootcamps han demostrado que es posible reconvertir el perfil de un profesional en menos de un año, dotándolo de las competencias técnicas necesarias para ser productivo desde el primer día”, sostiene Diego Solís, director de marketing de la firma.

En esa línea, la llegada de Desafío Latam al Perú, con el inicio de operaciones previsto hacia el 2026, refleja esta tendencia. La academia chilena apunta a formar talento en áreas como desarrollo web, data science, automatización e inteligencia artficial, bajo una metodología centrada en el “aprender haciendo”.

Universidades: entre la adaptación y la advertencia

Desde la universidad, el avance de los bootcamps es visto con matices. Por un lado, valida la necesidad de modelos más ágiles; por otro, plantea riesgos si se prioriza únicamente la formación técnica de corto plazo.

Morris advierte que enfocarse exclusivamente en este tipo de programas puede derivar en una falta de profundidad analítica. “Los programas cortos suelen enfocarse en el ‘cómo’, pero no necesariamente en el ‘por qué’, lo que limita la capacidad del profesional para adaptarse cuando las herramientas tecnológicas cambian”, explica. A ello se suma la posible debilidad en habilidades blandas, pensamiento crítico y formación ética, aspectos que requieren procesos más largos de desarrollo.

No obstante, la respuesta de las universidades ya está en marcha. En ESAN, por ejemplo, se han implementado currículos modulares, certificaciones intermedias y una mayor integración de temas como inteligencia artificial en todas las carreras.

“El enfoque se ha desplazado hacia el desarrollo de competencias híbridas, donde se asegura que el estudiante domine las tecnologías vigentes mientras fortalece su capacidad de aprendizaje autónomo para enfrentar cambios futuros en el mercado laboral”, sostiene Morris.

Reconversión laboral y educación continua en auge

La demanda por formación corta también se refleja en la educación continua. En la Universidad Autónoma del Perú, el crecimiento de programas especializados evidencia una tendencia clara hacia la reconversión laboral.

“Cada vez más profesionales buscan cambiar de sector sin dejar de trabajar, optando por rutas formativas rápidas y orientadas a la empleabilidad”, indica Gina Fasanando, directora de Educación Continua de la mencionada casa de estudios. Las cifras lo respaldas: los programas especializados pasaron de 161 estudiantes en 2023 a 570 en 2025, con una oferta que se expande hacia diplomados y microcredenciales en 2026.

En cuanto a la demanda, las áreas más solicitadas han evolucionado rápidamente:

• 2023: gestión del talento humano y logística
• 2024: se suman marketing digital
• 2025: crece la demanda por IA generativa
• 2026: se incorporará ciberseguridad

Para Fasanando, este fenómeno también refleja un cambio en los criterios de contratación. “Hoy nos solo importa qué estudió una persona, sino qué sabe hacer, qué herramientas domina y qué resultados puede generar en el corto plazo”, señala.

¿Democratización o solución parcial?

Uno de los principales argumentos a favor de los bootcamps es su capacidad para democratizar el acceso a empleos mejor remunerados. Al reducir los tiempos de formación y enfocarse en habilidades concretas, estos programas permiten que más personas accedan a oportunidades en sectores tecnológicos.

Sin embargo, este impacto no es automático. “Los bootcamps amplían oportunidades, pero solo democratizan cuando están integrados a un ecosistema de empleabilidad”, advierte Fasanando. Esto implica acompañamiento, vinculación con las empresas y, en muchos casos, acceso a financiamiento o becas.

Bootcamps desde la formación técnica

Desde la educación técnica, los bootcamps son vistos como una respuesta directa a las nuevas dinámicas del mercado laboral. En IDAT, el interés por estos formatos ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsado por la reconversión laboral, la aceleración digital y la necesidad de adquirir habilidades específicas en menor tiempo.

“Esta demanda se hace visible sobre todo en sectores como tecnología, marketing digital, comercio electrónico, diseño, UX/UI, publicidad, contenidos digitales y producción audiovisual, donde las herramientas, los perfiles y las exigencias cambian con mucha rapidez”, explica Mónica Morales, subdirectora de la Facultad de Diseño y Comunicaciones. Según detalla, los bootcamps atraen principalmente a tres perfiles: jóvenes que buscan una inserción más ágil al mercado laboral, profesionales que necesitan actualizarse o especializarse en áreas digitales, y personas que están migrando de rubro.

Uno de los principales diferenciales de estos programas, añade, es su capacidad para traducir el aprendizaje en evidencia práctica. “En un periodo corto, el estudiante no solo se familiariza con herramientas y dinámicas vigentes del mercado, sino que también desarrolla proyectos, casos o entregables que fortalecen su portafolio y le permiten demostrar lo que sabe hacer”, señala. Este enfoque facilita una inserción laboral más ágil, especialmente en entornos donde las empresas valoran la capacidad de ejecución, adaptación y respuesta frente a retos reales.

En línea con esta tendencia, Morales sostiene que los procesos de selección están evolucionando. “Hoy, en muchos casos, las empresas están dando un peso cada vez mayor a la capacidad demostrable: qué sabe hacer la persona, cómo resuelve problemas y qué evidencia concreta puede mostrar”, indica, especialmente en roles como desarrollo web, UX/UI, marketing digital, análisis de datos, creación de contenidos y diseño gráfico.

No obstante, también reconoce desafíos. Entre ellos, la necesidad de complementar la formación intensiva con una mayor profundidad analítica y una mejor comprensión del contexto laboral y de negocio. A ello se suman competencias como comunicación, resolución de problemas, autogestión, trabajo colaborativo, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Además, señala que aún existen empleadores que, en ciertos entornos, continúan valorando más las rutas formativas tradicionales.

“Más que enseñar una herramienta de manera aislada, buscamos formar perfiles capaces de usarla de manera estratégica, ética y alineada con necesidades reales del entorno profesional”, concluye Morales.

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Hacia un modelo híbrido y más flexible

Lejos de una competencia directa, el consenso apunta a una convergencia. Los bootcamps aportan agilidad y especialización técnica, mientras que la universidad ofrece una formación integral orientada a la toma de decisiones y el liderazgo.

“La universidad no visualiza a los bootcamps como competencia directa porque los objetivos de aprendizaje difieren: el bootcamp busca la operatividad técnica, mientras que la universidad busca la formación integral y directiva. Combinarlos tiene sentido cuando un profesional con base estratégica necesita actualizarse en una herramienta disruptiva (como IA o Data Science) de forma rápida”, resume Morris, quien además sostiene que el reto para la educación superior de cara a los próximos años será transformarse en una plataforma de aprendizaje continuo.

En tanto, Fasanando considera que la incorporación de microcredenciales, formación híbrida y una mayor conexión con el sector empresarial para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, marcarán el camino para no quedar rezagada frente a modelos más flexibles.

La Fiscalía de la Nación exigió que se impida la salida del país, por 18 meses, para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.

El pedido se sustentará este jueves 30 de abril, y también alcanza a otros exfuncionarios del órgano electoral, entre ellos: José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.

Vale acotar que la Fiscalía investiga a estos funcionarios por el presunto delito de colusión agravada, considerando las irregularidades cometidas en las elecciones generales del 12 de abril.

En los últimos días, Corvetto y compañía han sido allanados por el Ministerio Público, a fin de buscar evidencias del presunto direccionamiento en el contrato con Galaga para el despliegue de materiales electorales.

Corvetto dio un paso al costado y aseguró que se someterá a las investigaciones correspondientes. Tras ello, subió al cargo de jefe Bernardo Pachas, aunque la Junta Nacional de Justicia aprobó realizar la convocatoria a concurso público para encontrar a quien tome las riendas de la ONPE.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su respaldo a la posibilidad de realizar elecciones complementarias en determinadas mesas, en medio del debate generado tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declararlas inviables.

Al ser consultada por las declaraciones de Rafael López Aliaga —quien planteó incluso realizar las elecciones el próximo año—, Fujimori indicó que su agrupación política apoyó inicialmente la propuesta de elecciones complementarias, aunque remarcó que respetarán lo que finalmente determinen las autoridades electorales.

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“Nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. También dijimos que somos respetuosos de lo que el JNE finalmente decida”, sostuvo. En esa línea, añadió que se debe esperar que tanto el JNE como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definan a los candidatos que pasarán a una eventual segunda vuelta.

Cuestionamientos al sistema electoral

Fujimori también se refirió a los señalamientos sobre un presunto accionar coordinado entre la ONPE y el JNE, recordando lo ocurrido en el proceso electoral del 2021. Según indicó, en ese entonces su agrupación presentó más de 700 solicitudes para revisar determinadas mesas, las cuales —afirmó— no fueron atendidas.

Asimismo, mencionó que solicitaron acceso al padrón electoral, proceso que derivó en una disputa judicial. De acuerdo con su versión, el Poder Judicial les dio la razón, pero posteriormente se establecieron condiciones que dificultaron el acceso a la información, incluyendo un pago elevado.

Pese a estas observaciones, la excandidata presidencial señaló que reconoció los resultados en su momento.

En relación al proceso actual, consideró que el JNE adoptó medidas como la ampliación de horarios de votación y la apertura de mesas en fechas posteriores, lo que —según dijo— contribuyó a atender contingencias.

En ese contexto, subrayó la importancia de que las autoridades electorales adopten correctivos de cara a una eventual segunda vuelta y no descartó la necesidad de una auditoría al sistema. “Los peruanos merecemos elecciones limpias y transparentes”, afirmó.

Sin alianzas políticas tradicionales

Respecto a la posibilidad de formar alianzas con otras agrupaciones tras la primera vuelta, Fujimori descartó acuerdos políticos tradicionales. Señaló que su eventual gobierno buscaría sostenerse en una relación directa con la ciudadanía.

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“He saludado a varios candidatos por su desempeño, pero nuestra alianza y cogobierno va a ser con la población”, indicó.

En cuanto a las recientes declaraciones de Roberto Sánchez sobre un eventual distanciamiento con Antauro Humala, evitó profundizar en el tema y sostuvo que la ciudadanía puede formarse su propia opinión a partir de los antecedentes políticos de ambos.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, indicó que el Gobierno evalúa entregar 2 mil millones de dólares a Petroperú.

Según el funcionario, esta medida dependerá de la estrategia que definan los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas para asegurar que la empresa continúe operando.

“Se está evaluando esto (desembolsar 2 mil millones de dólares), respecto al sector competente”, señaló a Canal N.

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Reyes precisó que el Gobierno no tiene entre sus planes privatizar Petroperú y que la gestión actual busca una reorganización interna para hacer más eficientes los procesos administrativos y operativos de la empresa estatal.

El ministro añadió que podrían realizarse nuevas inyecciones de capital, de acuerdo con los informes técnicos del sector, y que el análisis del desembolso de 2000 millones de dólares responde a la urgencia de estabilizar las finanzas de Petroperú en el corto plazo.

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Como se recuerda, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que, si la empresa estatal no recibe 2 mil millones de dólares en los próximos días, el país corre riesgo de verse más afectado por la crisis energética global.

La suspensión de la Beca Generación del Bicentenario mantiene en alerta a cientos de jóvenes que aspiraban a estudiar en el extranjero. Al respecto el presidente José María Balcázar anunció este martes que el Poder Ejecutivo se encuentra gestionando un crédito suplementario para asegurar la continuidad de la beca.

Elj efe de Estado reconoció que la omisión de estos recursos en el presupuesto aprobado por el Congreso ha generado una crisis que el gobierno busca mitigar con urgencia, informó RPP.

Balcázar así lo señaló, durante un discurso por el 138 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

¿Qué dice Pronabec?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) pidió serenidad a los postulantes y aseguró que viene evaluando alternativas para atender la situación.

El asesor de la Dirección Ejecutiva de Pronabec, Juan Antonio Silva, sostuvo que la entidad está enfocada en encontrar una salida basada en criterios técnicos y sostenibles.

“Espérennos. Estamos trabajando de la manera más técnica, seria y responsable posible, señaló.

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El funcionario también remarcó que la institución ha optado por asumir públicamente la situación, pese a que —según indicó— el origen del problema se remonta a decisiones previas que no contaban con respaldo financiero.

“Estamos haciendo algo que no se ha hecho en meses, que una institución, el Pronabec en este caso, dé la cara y asuma las consecuencias de un ofrecimiento que no tenía sustento presupuestario”, agregó a Exitosa, tras reconocer el impacto generado en los estudiantes.

Silva destacó además el rol de las becas en el desarrollo del país, subrayando la necesidad de invertir en capital humano con retorno social.

Brecha de financiamiento condiciona el programa

El representante de Pronabec fue enfático en señalar que la crisis no responde a un recorte presupuestal, sino a una asignación insuficiente desde el inicio del proceso.

Según detalló, la entidad solicitó S/ 2,123 millones en marzo del año pasado; sin embargo, el monto aprobado en la Ley de Presupuesto fue de apenas S/ 149 millones.

Esta diferencia, indicó, hizo inviable cumplir con la cantidad de becas anunciadas inicialmente.

“Se dice que se le ha quitado presupuesto a Pronabec, en realidad nunca se le asignó el presupuesto que costaba cumplir con las promesas que se lanzaron, sin ningún antecedente (...) Estos 149 millones de soles son el 40% de lo que se le entregó a Pronabec en 2024. Entonces no se puede hablar de reducción. Dentro del histórico hemos avanzado con responsabilidad”, explicó.

Asimismo, cuestionó la planificación de la gestión previa, al considerar que se proyectaron metas por encima de la capacidad operativa y financiera del programa.

“En algún momento del 2025, se estableció una promesa que rompía los antecedentes y la capacidad operativa de Pronabec. Y por eso las disculpas”, afirmó.

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Ausencia de la ministra en el Congreso

En paralelo, la ministra de Educación, María Cuadros, no acudió este martes 28 de abril a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, donde había sido convocada para explicar la crisis que atraviesa Pronabec.

La sesión, presidida por el congresista Segundo Montalvo Cubas, buscaba esclarecer el impacto de la suspensión de la Beca Bicentenario y otros problemas vinculados al financiamiento del programa, que afectan a estudiantes de bajos recursos.

La inasistencia se produce en medio de cuestionamientos al sector por la falta de claridad en la continuidad de las becas y el manejo presupuestal.

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que rechazó el pedido de detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La medida también alcanza a los exfuncionarios del organismo electoral José Edilberto Zamamé y Juan Antonio Fán Sánchez, así como a Juan Chávez Alvarado Fuyo, representante de la empresa Gálaga S.A.C., quienes son investigados por presuntas irregularidades registradas en los comicios del pasado 12 de abril.

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Según la Fiscalía, los involucrados habrían incurrido en los delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Argumentos en disputa

El pedido de detención preliminar por siete días fue formalizado el 21 de abril. No obstante, el juzgado declaró infundada la solicitud y optó únicamente por autorizar diligencias como el allanamiento e incautación de equipos electrónicos y documentos vinculados al caso.

La Fiscalía sostuvo que existía riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación, argumentando que la salida de Corvetto de la ONPE “no implica la desaparición automática” del riesgo procesal.

Sin embargo, el juez Manuel Chuyo consideró que, al no mantener vínculo laboral con la institución, los investigados no tendrían la capacidad de interferir en la recopilación de información por parte del Ministerio Público. Asimismo, concluyó que los elementos presentados no acreditaban de forma suficiente un riesgo concreto de fuga.

Renuncia abogado de Corvetto

En paralelo al avance del proceso, el abogado Ricardo Sánchez Carranza formalizó su renuncia a la defensa legal de Corvetto, alegando motivos personales.

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El documento fue remitido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, donde el letrado solicitó además dejar sin efecto su domicilio procesal y las casillas electrónicas consignadas en el expediente.

La salida de la defensa se produce en un contexto en el que la Fiscalía evalúa medidas adicionales contra el exfuncionario, como el impedimento de salida del país.

El trámite de la renuncia deberá seguir los plazos establecidos para garantizar que el investigado cuente con representación legal durante el desarrollo del proceso.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó archivar dos denuncias que recaían en la expresidenta Dina Boluarte.

Se registraron 9 votos a favor y 3 en contra durante la sesión realizada de manera virtual en la SAC.

Vale informar que las denuncias constitucionales la sindicaban de cometer infracciones a la Constitución y delitos de corrupción durante su periodo en la presidencia.

Dichas denuncias fueron presentadas por los legisladores Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular).

En cada una de las denuncias no solo se ponía bajo lupa a la exmandataria, sino también a sus funcionarios de confianza, como el expremier Gustavo Adrianzén, el exministro Raúl Pérez Reyes y César Sandoval.

Se estima que Dina Boluarte Zegarra tiene más de 30 denuncias en su contra, las cuales se vinculan a casos como Rolexgate, represión en protestas y hasta abandono de funciones.

El invierno en el Perú podría alejarse de sus características habituales este año. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), durante el segundo semestre se registraría un incremento de la temperatura del mar frente a la costa peruana, lo que se traduciría en estaciones más cálidas de lo normal.

Grinia Ávalos Roldán, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, explicó que las proyecciones actuales apuntan a que tanto el otoño como el invierno presenten temperaturas promedio hasta dos grados por encima de lo habitual.

Incertidumbre sobre El Niño

Pese a este escenario, la especialista subrayó que aún no es posible determinar con precisión si se desarrollará un evento de gran magnitud, como un “Super Fenómeno El Niño”.

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Indicó que, si bien existe consenso entre modelos internacionales sobre la continuidad de condiciones cálidas en el Pacífico Central, todavía se requiere mayor evidencia para definir la intensidad del fenómeno. “Necesitamos todavía, conocer más; tener más elementos para precisar mejor sobre el alcance y la magnitud de este evento”, sostuvo a Andina.

En esa línea, añadió que los modelos climáticos globales tienen limitaciones para estimar con exactitud eventos de gran escala, por lo que un pronunciamiento definitivo sería “prematuro”.

Calentamiento del mar en camino

El Senamhi proyecta que, a partir de junio, se consolide un proceso de calentamiento en el Pacífico Central, que también impactaría la zona oriental. Este comportamiento explicaría por qué el durante ese período, “tanto la parte central como oriental van a estar más cálidas de lo normal”.

“A partir de junio se va a saber la intensidad con más certeza (...) Lo que ahora sí podemos indicar es el consenso de los modelos de los centros internacionales del clima respecto a que hacia el segundo semestre, a partir de junio empieza un calentamiento en el Pacífico Central”, manifestó Ávalos.

Además, se mantiene vigente la alerta emitida por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) respecto a la presencia de un Niño Costero, el cual podría extenderse hasta enero de 2027.

“Vamos a tener condiciones más cálidas de lo normal en el otoño. El invierno no será muy frío porque estamos cerca de un mar que va a estar más cálido todavía, según las perspectivas del Enfen”, precisó Ávalos.

Este escenario podría tener efectos progresivos en sectores clave. El aumento de la temperatura podría alterar el desarrollo de cultivos importantes, así como modificar las condiciones de la pesca en el litoral peruano.

Lluvias: costa seca y sierra variable

En cuanto a las precipitaciones, el Senamhi descarta lluvias relevantes en la costa durante otoño e invierno, debido a que el calentamiento del mar no favorecería este tipo de eventos en dichas estaciones.

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Sin embargo, en la zona andina se anticipa un comportamiento más variable. Se prevé una primavera más seca de lo normal en regiones como Puno, Cusco y Arequipa, lo que podría retrasar el inicio de la temporada de lluvias.

Posteriormente, hacia diciembre o enero, las precipitaciones en la sierra podrían intensificarse por encima de sus niveles habituales, en un contexto asociado a un eventual Niño de alcance global.

Ante este panorama, la especialista instó a las autoridades a considerar estas proyecciones para anticipar medidas frente a posibles impactos climáticos.

Un total de seis municipalidades distritales en Lima Metropolitana no se encontrarían habilitadas para restringir la venta de bebidas alcohólicas desde las 11 de la noche.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó una serie de resoluciones que declaran barrera burocrática ilegal esta restricción.

Además, la entidad confirmó que regular los horarios para vender bebidas alcohólicas es una competencia exclusiva de las municipalidades provinciales.

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió, en segunda y última instancia administrativa, que varios municipios distritales de Lima Metropolitana se excedieron al imponer sus propias restricciones de horario.

Con ello, quedaron sin efecto las ordenanzas emitidas por las municipalidades de Villa El Salvador, San Luis, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Rímac y Ate.

Estas ordenanzas restringían el horario de venta o expendio de bebidas alcohólicas en bodegas, minimarkets y locales autorizados para consumo en el lugar, como restaurantes o bares, afectando el desarrollo de estas actividades comerciales.

Sin embargo, el Indecopi precisó que las municipalidades distritales mantienen sus facultades de fiscalización, por lo que podrán seguir supervisando que los establecimientos cumplan las normas vigentes dictadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la autoridad competente en este caso.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 28681, la facultad de fijar horarios corresponde solo a las municipalidades provinciales, por lo que los distritos no pueden establecer estos límites mediante sus propias ordenanzas.

El Indecopi ordenó que estas medidas sean inaplicables de manera general, por lo que las restricciones ya no podrán exigirse a ningún establecimiento ni ciudadano en los distritos mencionados.

El congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, presentó una moción para citar al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, al Pleno del Congreso, para que informe sobre los hechos ocurridos el 25 de abril en Colcabamba, región Huancavelica, donde murieron 5 personas y 2 resultaron heridas.

La moción tiene como objetivo que el ministro explique ante el Congreso qué medidas se han adoptado para esclarecer lo ocurrido y qué acciones se han implementado para evitar que un hecho similar vuelva a suceder.

El pedido será revisado en el Pleno del Congreso, donde se someterá a votación. Para ser aprobado requiere el respaldo de más de la mitad de los congresistas presentes en la sesión.

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Paralelo a ello y en relación con este caso, el Ministerio Público dispuso la liberación de 8 militares y 3 civiles detenidos el último domingo, investigados por el presunto delito de homicidio calificado tras una intervención vinculada a presunto tráfico de drogas y armas.

La Fiscalía concluyó que, por el momento, no existe evidencia suficiente para solicitar medidas adicionales contra los investigados debido a que faltan pericias balísticas, pruebas para identificar medidas a quienes efectuaron los disparos, homologación de armas y casquillos, e inspección técnica del vehículo intervenido.

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Como se recuerda, 5 personas murieron y 2 resultaron heridas durante una intervención militar en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

El Ejército inicialmente reportó el incidente como un enfrentamiento contra presuntos narcoterroristas, pero el caso continúa en investigación.

El 14 de abril, el Gobierno peruano, a través del diario oficial El Peruano, publicó el Decreto Supremo 003-2026-SA, en donde se aprueba el Reglamento de la ley 30102, la cual previene los efectos nocivos para la salud por exposición prolongada a la radiación solar.

El reglamento, tras más de una década de espera, finalmente fue aprobado con el objetivo de establecer medidas obligatorias que protegen la salud de los trabajadores que se encuentran expuestos al sol.

Esta norma impacta, tanto a los empleadores del sector público y privado cuyas actividades impliquen exposición al sol, así como también a las empresas y entidades.

Cabe recordar que en el 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que el Índice Ultravioleta (UV) se mantiene entre niveles “muy altos” y “extremadamente altos” en la costa, sierra y selva, con registros más intensos en Lima Metropolitana y zonas altoandinas, lo que expone a millones de personas a una radiación capaz de afectar la piel y la salud general.

La regulación introduce acciones como la educación en fotoprotección en instituciones educativas y centros laborales, así como la recomendación de evitar actividades al aire libre en horarios de mayor radiación, la implementación de señalización obligatoria en espacios expuestos, la promoción de áreas con sombra natural y la realización de evaluaciones médicas periódicas para trabajadores con exposición constante.

¿Qué se especifica?

El actual reglamente de la Ley 30102, establece las siguientes precisiones no desarrolladas antes en la ley, como:

Definir formalmente qué se entiende por exposición a radiación solar: Incluye la definición de radiación solar, distinguiéndola de la radiación ultravioletas solar UV natural, intensidad, duración y condiciones ambientales que incrementan el riesgo (altitud, superficies reflectantes, horarios críticos).

Establece criterios para identificar puestos expuestos: Aquí se deberá evaluar el tiempo efectivo de exposición, tareas, frecuencia, zonas geográficas y estaciones del año.

“Para el caso de trabajadores expuestos a RUV solar con riesgo la norma precisa que además de la franja horaria ya identificada en la ley, que se entiende aquellos desempeñan funciones habituales con exposición directa a la radiación UV solar. Cuando el índice UV es igual o superior a 6, en cualquier época del año, o cuando dicha exposición es igual o supera el 30% de la jornada laboral diaria o semanal, independientemente del índice de radiación ultravioleta”, señaló Tino Vargas, abogado especializado en derecho laboral de Compliance Laboral

Establece lineamientos mínimos de protección: Define la obligación de implementar medidas técnicas, administrativas y de protección personal que deben implementarse como estándar, como la rotación de personal, la realización de EMO direccionados a identificar los posibles riesgos o secuelas en el personal por la larga exposición a la radiación solar. Asimismo, se especifica que la entrega de EPP y bloqueadores solares no resulta como única medida a implementar.

Refuerza el rol del Comité o Supervisor de SST: Esta oficina deberá participar en la identificación de puestos expuestos, validación de medidas, seguimiento.

“Un punto clave de la norma es destacar que el otorgamiento de EPPs representa una medida complementaria y que no sustituye, en modo alguno, la ejecución de acciones de superior posición en la jerarquía de controles de SST”, indicó Lucía Tello Concha. asociada Senior en CPB Abogados

¿Qué nuevas obligaciones deben implementar los empleadores?

El Reglamento refuerza obligaciones dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), como:

• Incorporar la gestión del riesgo por RUV solar dentro del SGSST.
• Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos específicos por exposición a radiación solar.
• Implementar un sistema de trabajo seguro que incluya, como mínimo, evitar labores en horarios de mayor radiación (10:00 a.m. a 4:00 p.m.; en zona andina desde 9:00 a.m. a 4:00 p.m.), establecer rotación periódica del personal expuesto a riesgos altos e informar y capacitar permanentemente a los trabajadores.
• Reafirma la obligación establecida en la ley de proveer equipos de protección personal (EPP) adecuados según el puesto y nivel de riesgo.
• Realizar exámenes médicos ocupacionales, agregando evaluaciones dermatológicas y oftalmológicas si así lo requiera, dentro de la batería que el médico ocupacional de la empresa debe considerar en concordancia al Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad, aprobado por Resolución Ministerial Nº 312-2011-MINSA.

“La obligación de capacitar al personal sobre los riesgos a la largas exposición a la radiación solar. En función al tipo de posición esta capacitación podría muy bien formar parte de las 4 capacitaciones obligatorias de manera anual debe dictar el empleador”, señaló Tino Vargas.

Cabe resaltar que esta normativa se articula directamente con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, y otras normas de seguridad y salud en el trabajo asociados a sectores específicos como electricidad, minería, portuario, construcción etc., reforzando las obligaciones ya existentes y la incorporación del riesgo a la larga exposición a la radiación solar en como:

• Gestión de riesgos (IPER).
• Prevención de daños a la salud.
• Programas de capacitación, vigilancia médica y provisión de EPP.
• Medidas de control administrativo dentro de la organización (establecimiento de turnos de labores, rotación, etc.)

A su vez, en actividades con alta exposición, como en rubros como el de construcción, minería o agroindustria, las empresas ante esta normal deben priorizar:

• Entrega efectiva y control de uso de EPP.
• Organización de la jornada laboral, evitando exposición en horas críticas.
• Capacitación específica sobre riesgos de RUV y uso correcto de EPP.
• Difusión de información visible y permanente sobre los riesgos de la radiación solar.

“Aquí es determinante actuar bajo la premisa de que estamos frente a actividades de alta exposición al riesgo de radiación solar. Por tanto, es claro que el deber preventivo amerita articularse en consonancia al mayor riesgo, priorizando controles de ingeniería o administrativos, incrementando la frecuencia de la renovación de los EPPs y de las acciones de monitoreo”, precisó Tello Concha.

Políticas internas del centro laboral y la capacitación

En cuanto a la prevención, las políticas internas del centro laboral y la capacitación cumplen un rol fundamental en este aspecto, debido que:

• Permiten integrar la gestión del riesgo por radiación solar dentro de la cultura preventiva de la empresa.
• Garantizan que las medidas adoptadas no queden solo en el plano formal, sino que sean efectivamente aplicadas.
• Facilitan la concientización del trabajador, lo cual es clave para el uso adecuado de EPP y el cumplimiento de medidas organizativas (horarios, rotación, etc.).

Sin embargo, hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Para Tino Vargas, algunos puntos que podrían generar dificultades es respecto a la adecuación de horarios, la cual puede ser compleja en sectores con restricciones operativas o productivas.

Otro es la infraestructura de sombra en operaciones móviles conforme la tarea de sus funciones. Sectores como la construcción o minería siempre cambian constantemente, al igual que el agrario, lo cual variaría conforme va la operación de la industria.

Además, según explica Tello Concha, las principales normas técnicas en materia de SST representan un desafío para las empresas, debido a que precisarán incurrir en gastos adicionales para implementar las obligaciones desarrolladas en esta nueva norma.

Por ello, para medir y evaluar el riesgo, será necesario cuantificar la exposición a la radiación solar lo que demanda un criterio técnico especializado, que, desde la práctica empresarial, puede representar una dificultad.

“En ciertos sectores, precisamente de elevada exposición, la medida de evitar actividades en horarios de alta radiación puede resultar operativamente compleja como, por ejemplo, en el agro o la construcción”, puntualizó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó, de manera formal, a Rusia información urgente sobre la ubicación y el estado de salud los ciudadanos peruanos que “decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas” de dicho país.

Mediante un comunicado, la Cancillería señaló que este pedido se formuló tras una reunión en Lima con el encargado de negocios de la Embajada de Rusia, a quien se entregó una lista de peruanos registrados ante el consulado.

Esto se da luego de que haberse reportado varias denuncias sobre la presunta captación mediante engaños para participar en la guerra contra Ucrania.

📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.

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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 29, 2026

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“Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”, se lee en el pronunciamiento.

La entidad diplomática precisó que, en la reunión, los directores generales de Comunidades Peruanas en el Exterior y de Europa recordaron al representante ruso que, según la Constitución peruana, cualquier ciudadano necesita autorización previa de la Cancillería para integrarse a fuerzas armadas extranjeras.

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Paralelo a ello, la Cancillería precisó que el embajador peruano en Moscú ha sido instruido para intensificar las gestiones directas con las autoridades rusas, con el objetivo de abordar esta problemática.

Asimismo, ante la gravedad de las denuncias hechas por familiares en el país, la Cancillería anunció la creación de un Grupo de Trabajo ad hoc para dar seguimiento a cada caso dentro de sus atribuciones.

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Este grupo estará conformado por representantes del del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, el cual tiene como objetivo principal investigar los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes asociados al reclutamiento de ciudadanos peruanos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó la sanción impuesta a la organización política Juntos por el Perú según indicó, por irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña correspondiente a las Elecciones Generales 2021. La infracción está vinculada a la omisión de requisitos en la emisión de recibos por aportes privados. Como consecuencia, se estableció una multa equivalente a 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que asciende a S/88,000

El proceso se abrió durante la fiscalización de la segunda entrega de información financiera de campaña y la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios identificó inconsistencias en los comprobantes presentados por la organización, detalló Canal N.

La ONPE halló que en más de 80 recibos se consignaban la firma duplicada del tesorero de la agrupación, pero carecían de la firma de los aportantes. Dichas aportaciones correspondían a entregas en efectivo y en especie, lo que contraviene las exigencias formales previstas para el registro de financiamiento privado.

Cada recibo era por un monto de S/ 1,000.00, lo que representa un total de S/ 86,000.00 en recursos no validados correctamente conforme al artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). La norma exige que todo aporte privado cuente obligatoriamente con la rúbrica del donante para garantizar la transparencia del origen de los fondos, detalló Canal N.

La organización política sostuvo que la potestad sancionadora había prescrito; sin embargo, la ONPE determinó que se trataba de una infracción de carácter continuado, al haberse reiterado la misma conducta en múltiples oportunidades.

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“Se encuentra acreditado que (Juntos por el Perú) recibió 86 aportaciones provenientes de fuente privada (…), respecto de las cuales no emitió recibo conforme a los requisitos previstos en el artículo 30 de la LOP, pues en todas ellas se omitió el registro de las firmas de los aportantes", señaló la primera resolución.

Posteriormente, la agrupación presentó un recurso de reconsideración en el que cuestionó la calificación de la infracción y alegó ausencia de intención.

Sin embargo, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, rechazó la postura de la agrupación y precisó que la responsabilidad administrativa comprende la inobservancia de obligaciones legales, independientemente de la existencia de dolo.

“Se encuentra evidenciada la existencia de culpa en la comisión de la conducta infractora (…). Por tanto, no existe vulneración alguna del principio de culpabilidad", señaló.

De esta manera, la ONPE declaró infundado el recurso y mantuvo la sanción económica.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.

A través de un comunicado, la autoridad sostuvo que esta decisión dejaría sin participación a alrededor de un millón de electores lo que, consideró, compromete la legitimidad del proceso.

El alcalde también precisó que en la jornada electoral se habrían cometido irregularidades registradas las cuales, según indicó, no tendrían precedentes en procesos anteriores.

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Entre ellas mencionó la demora injustificada en la instalación y apertura de mesas de sufragio, la no instalación de algunas mesas, la falta de material electoral y la presunta desaparición de actas tanto en el extranjero como en diversos puntos de Lima.

“Estas circunstancias, independientemente de su naturaleza culposa o dolosa, afectan los principios de transparencia, legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima que deben regir todo proceso electoral”, se lee en su pronunciamiento.

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Por ello, ante este panorama, Reggiardo exhortó al JNE reconsidere su decisión y convoque a elecciones complementarias en el más breve plazo, teniendo en cuenta como precedentes como la ampliación del proceso electoral del 12 al 13 de abril

Asimismo, el alcalde advirtió que, de persistir la afectación de los derechos señalados, se interpondrán las acciones constitucionales correspondientes ante el Tribunal Constitucional (TC) para restituir el ejercicio pleno del derecho al voto.

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Según explicó, estas acciones buscarán revisar las acciones atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), convalidadas por el JNE.

“Exhorto a las autoridades, actores políticos, al sector empresarial y a la ciudadanía en general a resguardar el orden constitucional, la institucionalidad democrática y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, pilares sobre los cuales se sustenta el Estado de Derecho”, finalizó el comunicado.

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que se presentarán 4 recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vinculados a diferentes modalidades de presunto fraude detectadas por su equipo en las Elecciones 2026.

El candidato explicó que contrató una empresa auditora forense electoral internacional que lleva varios días analizando la data pública, identificando presuntas firmas falsas, patrones estadísticos imposibles y otros indicios de presunta manipulación de resultados.

“Son 800 (actas) las que tienen un patrón atípico, son 500 las que tienen firma falsa, Lo vamos a presentar por escrito, toda la documentación”, señaló en conferencia de prensa.

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Tras haber recopilado pruebas del presunto fraude, López Aliaga indicó que el JNE podría realizar una auditoría parcial de estas actas y de la base de datos.

“Vamos a seguir ingresando (los recursos). Las estrategias legales no las puedo decir porque son temas ya de estrategia de litigio”, añadió.

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Protesta pacífica

En otro momento, López Aliaga anunció que convocarán a una protesta pacífica en los exteriores de la sede del JNE.

“Vamos a anunciar por redes sociales ya exactamente la fecha de esta protesta porque ya nos va abrumando”, acotó.

El candidato señaló que, si el JNE no reacciona ni investiga, recurrirán a instancias nacionales e internacionales para “obtener justicia para el Perú”.

El proceso electoral entra en su etapa más decisiva. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), muy cerca de culminar el conteo de actas, ha trasladado el foco hacia la revisión de incidencias, mientras miles de actas observadas ya se encuentran en evaluación por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

En el momento de su pronunciamiento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó un total de 27,227 actas observadas ( ahora ya superan las 28 mil) que ya fueron remitidas por la ONPE a los JEE, como parte de un universo que supera las 65 mil actas con inconsistencias detectadas durante el cómputo oficial. El resto continúa en proceso de envío progresivo.

Con el avance del conteo, el proceso se concentra ahora en la revisión de actas con inconsistencias —como errores aritméticos o discrepancias entre número de votantes y votos emitidos— y en la evaluación de votos impugnados.

En el tablero de seguimiento habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se detalla el avance en el procesamiento de actas observadas según tipo de elección. Dentro de este universo, las actas presidenciales corresponden exclusivamente a los votos emitidos para elegir presidente y vicepresidentes, y se analizan de forma independiente a las actas del Congreso y del Parlamento Andino. Su revisión es especialmente relevante en esta etapa.

Hasta el momento, 57,422 actas ya han sido enviadas por la ONPE a los JEE. De estas, 55,642 se encuentran procesadas (96.90%) y 1,780 se encuentran sin procesar (3.10%). En tanto, 2,609 actas fueron enviadas a recuento de votos.

Revisa AQUÍ cómo avanza la revisión de actas observadas en tiempo real

EN VIVO: Así avanza la revisión de actas observadas y votos impugnados:

Actas presidenciales en revisión: 5780 procesadas hasta el momento.

Actas presidenciales en revisión: 5502 procesadas hasta el momento.

Actas presidenciales en revisión: 5428 procesadas hasta el momento.

Actas presidenciales en revisión: 5189 procesadas hasta el momento.

Actas presidenciales en revisión: 5185 procesadas hasta el momento.

Actas presidenciales en revisión: 5180 procesadas hasta el momento.

Actas observadas y votos en evaluación

Este grupo de actas implica una cantidad significativa de votos en evaluación, considerando que cada mesa de sufragio agrupa en promedio a unos 300 electores.

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“El proceso no se resolverá en uno o dos días. Hay que pedirle paciencia a la ciudadanía”, advirtió la abogada especialista en derecho electoral Silvia Guevara.

La revisión implica el traslado de las actas desde las oficinas descentralizadas hacia los JEE, donde se realiza el cotejo de información para corregir errores materiales, como inconsistencias aritméticas o discrepancias entre número de votantes y votos emitidos. Estos organismos cuentan con un plazo de hasta cinco días calendario para resolver cada caso, salvo situaciones más complejas.

Recuento de votos marca la diferencia

Una de las principales novedades de este proceso es el cambio en el tratamiento de las actas que no pueden ser subsanadas. A diferencia de elecciones anteriores, donde estas eran anuladas, ahora se dispone el recuento de votos como mecanismo para resolver las inconsistencias.

“Cuando no se pueda levantar la observación, lo que se dispone es el recuento de votos, en una decisión inimpugnable”, explicó Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El procedimiento se activa cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) determina que la observación no puede corregirse con la revisión del acta. En ese caso, solicita a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) el envío del sobre lacrado que contiene las cédulas de votación no impugnadas.

Una vez recibido este material, el JEE convoca a una audiencia pública en la que se realiza el recuento voto a voto, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Este resultado reemplaza al consignado inicialmente en el acta observada.

Audiencias en marcha y seguimiento en tiempo real

Las audiencias de recuento se desarrollan de manera pública y son transmitidas en tiempo real a través de las plataformas digitales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte de las medidas de transparencia del proceso.

Además, el organismo electoral ha habilitado un tablero interactivo que permite a la ciudadanía seguir el avance en el procesamiento de actas observadas, así como el estado de los expedientes y los casos que pasan a recuento, facilitando un monitoreo continuo del desarrollo electoral.

Resultados finales se proyectan para mayo

Debido a estos procedimientos pendientes, la definición del resultado oficial al 100% no será inmediata. Especialistas coinciden en que el cierre total del conteo podría extenderse hasta la primera o segunda semana de mayo.

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La experiencia del proceso electoral de 2021 refuerza este escenario: en esa oportunidad, los resultados oficiales fueron proclamados 37 días después de la primera vuelta.

En ese contexto, aunque el cierre del conteo de actas representa un avance clave, el proceso electoral entra ahora en su fase más sensible, donde cada voto observado o impugnado podría resultar determinante para la configuración final de los resultados.

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed) aprobó la solicitud del Banco de Crédito del Perú (BCP) para abrir una sucursal bancaria en la ciudad de Miami, Florida, con licencia estatal de Coral Gables, según una orden emitida el 24 de abril de 2026.

La autorización se otorgó luego de un proceso de evaluación bajo la Ley de Banca Internacional y la Regulación K, marcos normativos que se exigen para que bancos extranjeros operen directamente en Estados Unidos.

El ente regulador estadounidense señaló que la solicitud del BCP cumple con los requisitos aplicables a bancos extranjeros, además de que no hubo objeciones durante el período de comentarios públicos, el cual fue publicado en el diario The Miami Herald.

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Actualmente el BCP opera en Miami como agencia, una figura que no puede recibir depósitos de fuentes estadounidenses. Por ello, al convertirse en sucursal internacional, podrá ampliar sus operaciones y captar depósitos mayoristas en Estados Unidos, sobre todo de empresas vinculadas a sus clientes.

La entidad reguladora indicó que la nueva oficina dará continuidad y ampliará el negocio de la agencia actual en Miami, manteniendo el enfoque en cuentas corporativas.

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Cabe recalcar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la encargada de supervisar al BCP en el Perú.

La Reserva Federal concluyó que el banco está sujeto a una supervisión consolidada integral, lo que significa que la SBS tiene acceso suficiente a información sobre sus operaciones globales para evaluar su solidez y cumplimiento de la normativa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar inviable la convocatoria a elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales de Perú de 2026, tras un análisis técnico y jurídico de las incidencias registradas durante la jornada electoral de abril.

La decisión fue adoptada por unanimidad del pleno, luego de evaluar informes elaborados por sus áreas técnicas, en los que se concluye que no existen fundamentos suficientes —ni jurídicos ni operativos— para realizar una nueva votación.

Limitaciones legales y alcance de la figura

Uno de los principales argumentos del JNE es que las elecciones complementarias no están contempladas para comicios generales, sino únicamente para procesos municipales y en supuestos específicos.

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En ese sentido, el organismo advierte que aplicar esta figura al actual proceso "implicaría una indebida extensión de figuras jurídicas a un ámbito no previsto por el legislador".

Problemas logísticos, pero con medidas correctivas

El análisis reconoce que existieron deficiencias en la organización del proceso, principalmente vinculadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Entre ellas, destacan retrasos en la entrega de material electoral en 256 locales de votación —prinicipalmente en Lima Sur— y demoras en la instalación de mesas de sufragio.

Pese a ello, el proceso continuó con medidas excepcionales, como la ampliación del horario de votación, lo que permitió garantizar el sufragio de miles de ciudadanos. Según el balance, se instalaron 187 mesas y más de 59,000 electores pudieron emitir su voto gracias a estas disposiciones.

Ausentismo: un fenómeno multicausal

El JNE también abordó el impacto de estas incidencias en la participación electoral. Si bien identificó una relación entre el retraso en la instalación de mesas y el ausentismo, concluyó que su efecto es limitado.

De acuerdo con el análisis estadístico, cada hora de retraso habría incidido en apenas 0.86 puntos porcentuales en la participación, lo que evidencia que el ausentismo responde a múltiples factores y no puede atribuirse exclusivamente a fallas logísticas.

Bajo esta premisa, el organismo descartó que las incidencias registradas justifiquen desconocer los resultados del proceso.

Riesgos para el cronograma y la institucionalidad

Otro elemento clave en la decisión es el principio de preclusión, que rige los procesos electorales y establece que cada etapa es definitiva.

El JNE advirtió que introducir una elección complementaria implicaría alterar el cronograma electoral, considerado inamovible, y podría interferir con hitos clave como la segunda vuelta presidencial y la transferencia de mando.

Además, alertó que una nueva votación se desarrollaría en un contexto distinto, con resultados parciales ya conocidos, lo que podría afectar la igualdad del voto y la libertad de elección de los ciudadanos.

Falta de condiciones operativas y de seguridad

En el plano práctico, el organismo también concluyó que no existen condiciones materiales ni de seguridad para organizar una nueva jornada electoral en el corto plazo.

Según el JNE, ello no solo responde a limitaciones en la capacidad operativa del sistema electoral, sino también a la necesidad de garantizar un entorno de paz social que evite conflictos entre actores políticos y ciudadanos.

“Este análisis, no solo debe obedecer a un planteamiento numérico o presupuestal, es más, debe estar amparado en la ley, debe orientarse a poder asegurar condiciones de seguridad para la ciudadanía en su conjunto al amparo del Estado de derecho y salvaguardar la voluntad popular en su conjunto”, se menciona en el acuerdo.

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Proceso continúa en curso

Finalmente, el ente electoral precisó que el proceso aún no ha concluido. En esa línea, continuará con la revisión de actas observadas y la resolución de eventuales solicitudes de nulidad, tanto en los Jurados Electorales Especiales como en el pleno del organismo.

El JNE reafirmó que sus decisiones se adoptan conforme al marco constitucional, bajo principios de legalidad, independencia y neutralidad, y dispuso la publicación oficial de la resolución que formaliza la inviabilidad de las elecciones complementarias.

Dos camionetas quedaron atrapadas en la mañana de hoy martes 28 de abril tras un deslizamiento de lodo a causa de las intensas lluvias que se registran en el distrito de Santa Teresa, ubicado en la provincia cusqueña de La Convención, se informó.

Los conductores de las unidades circulaban por el sector “Santa Rosa” de la carretera vía Santa María-Santa Teresa, vía alterna de ingreso a la ruta amazónica del parque arqueológico de Machu Picchu, cuando de pronto se activó una pequeña quebrada.

Los ocupantes de ambos vehículos pick up, salieron ilesos, e intentaron retirarlos con cuerdas; no obstante, se esperó la llegada de maquinaria pesada para el retiro del lodo de tierra y piedra, para el rescate.

Este tramo continúa bloqueado con transportistas de carga y pasajeros varados en ambos extremos.

La vía Santa María-Santa Teresa registra en las últimas semanas constantes deslizamientos de rocas, piedras, lodo y vegetación a causa de las intensas precipitaciones. Las autoridades locales recomiendan tomar precauciones para evitar emergencias.

Durante la primera jornada, los afiliados de las organizaciones políticas seleccionarán directamente a sus candidatos para los distintos cargos de elección popular, conforme a lo establecido en la normativa vigente y en los reglamentos electorales correspondientes.

Las organizaciones políticas también podrán optar por la modalidad en la que, afiliados y no afiliados, previamente inscritos como electores, participarán en la selección de sus postulantes.

En la misma fecha también se desarrollará la elección de delegados, quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de definir las candidaturas de sus respectivas organizaciones políticas.

De acuerdo con el cronograma electoral, el 24 de mayo se realizará la elección de aspirantes por parte de sus delegados, etapa que forma parte del mecanismo contemplado en la Ley de Organizaciones Políticas, informó la Agencia Andina.

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Asistencia técnica y fiscalización

Estas fases forman parte del proceso de elecciones internas supervisadas por el sistema electoral, cuyo objetivo es garantizar la transparencia y la participación democrática en la selección de candidaturas.

Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que los organismos electorales brindan asistencia técnica y fiscalización a fin de asegurar que las organizaciones políticas cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Fechas clave de las elecciones

De otro lado, el 1 de junio es la fecha límite para la proclamación de resultados de las elecciones primarias, procedimiento que estará a cargo del JNE, conforme a las competencias que le otorga la legislación electoral.

Cabe subrayar que la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas regionales y municipales es el próximo 16 de junio.

En tanto, el 5 de septiembre deben quedar correctamente inscritas, con miras a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 4 de octubre próximo.

La Contraloría registró deficiencias respecto al uso de equipos biomédicos comprados en 2021 por el Gobierno Regional del Callao para la Dirección Regional de Salud (Diresa) de la provincia constitucional.

En total se adquirieron 46 equipos biomédicos por un monto contractual de S/ 1 millón 705,109 en el 2021, y pese a haber sido distribuidos en noviembre de 2025, al menos 24 permanecen almacenados sin uso y 22 en funcionamiento sin cumplir con los procedimientos formales.

Los centros médicos con la demora en la transferencia de estos equipos son: las redes de salud Bonilla-La Punta, Bepecay Ventanilla, así como la Dirección de Laboratorio de Salud Pública y la Sanidad Aérea Internacional.

Según la Contraloría, estos bienes, al permanecer guardados, no contribuyen a mejorar la capacidad diagnóstica de los servicios de salud.

Entre los equipos biomédicos hay cabinas PCR utilizadas para el procesamiento seguro de muestras, cámaras de flujo laminar que garantizan ambientes estériles, congeladoras y también refrigeradoras para conservar reactivos, equipos automatizados para la extracción de ácidos nucleicos, microcentrífugas para separar componentes de muestras y unidades UPS que aseguran el suministro eléctrico continuo.

Aparte, se detectó que algunos centros de salud utilizan equipos biomédicos sin que haya culminado el proceso formal de transferencia para su operatividad.

“Uno de los casos más críticos se identificó en la red de salud Bepeca, donde el establecimiento de salud Altamar, categorizado como nivel I-2, mantiene almacenada una cabina PCR pese a no contar con laboratorio ni brindar el servicio de patología clínica”, señalaron.