Un equipo de investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) ha desarrollado un modelo matemático que podría cambiar la forma en que las aseguradoras gestionan sus inversiones y controlan el riesgo de quiebra. La propuesta introduce una nueva forma de tomar decisiones financieras que busca maximizar los beneficios sin comprometer la estabilidad del capital a lo largo del tiempo.

En el negocio de los seguros, las compañías enfrentan un equilibrio delicado pues deben invertir sus reservas para generar rentabilidad, al mismo tiempo, necesitan asegurar la liquidez suficiente para cubrir siniestros futuros. Un exceso de riesgo puede aumentar las ganancias en el corto plazo, aunque, eleva la probabilidad de quiebra. Por el contrario, una estrategia demasiado conservadora reduce el rendimiento.

Decisiones de forma continua

El modelo propuesto por el equipo liderado por el investigador José Cerda-Hernandez aborda este dilema desde un ángulo distinto al habitual. En lugar de enfocarse únicamente en el resultado final —es decir, cuánto capital tiene la empresa al cierre de un periodo—, la investigación plantea optimizar el desempeño financiero en cada momento del proceso. En términos simples, se trata de tomar mejores decisiones de inversión de forma continua, no solo al inicio o al final.

Este enfoque permite a las aseguradoras ajustar dinámicamente cuánto invertir en activos riesgosos y cuánto mantener en instrumentos seguros en función de su nivel de capital, en cada instante. Así, la estrategia se adapta a las condiciones cambiantes del mercado y del propio negocio en lugar de seguir reglas fijas.Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que las estrategias que maximizan este enfoque continuo de beneficios, también, tienden a reducir la probabilidad de quiebra.

En otras palabras, no se trata de elegir entre rentabilidad o seguridad, el modelo sugiere que es posible avanzar en ambos frentes al mismo tiempo si las decisiones se toman de manera óptima.

La validación Para validar sus resultados, los investigadores realizaron simulaciones que comparan escenarios con y sin la aplicación de esta estrategia.

Los resultados muestran que, bajo ciertas condiciones, las empresas que aplican el modelo, logran una mejor relación entre riesgo y retorno, manteniendo niveles de capital más estables frente a eventos adversos.

El aporte es especialmente relevante en un contexto donde las aseguradoras operan en entornos cada vez más volátiles con mercados financieros sujetos a shocks frecuentes y eventos inesperados. En este escenario, contar con herramientas que permitan ajustar las decisiones en tiempo real puede marcar la diferencia entre sostener la operación o enfrentar problemas de solvencia.

Aunque el modelo se desarrolla en un marco teórico, sus implicaciones prácticas son claras. Puede servir como base para el diseño de políticas de inversión más sofisticadas, así como, para sistemas automatizados de gestión de portafolios en compañías de seguros. Además, abre la puerta a nuevas aplicaciones en otros sectores financieros que enfrentan desafíos similares, como por ejemplo, fondos de pensiones o bancos.

Para el mercado peruano, este tipo de desarrollos también representa una señal de madurez en la producción académica aplicada a problemas reales del sector financiero. La conexión entre investigación y toma de decisiones empresariales sigue siendo un desafío, pero trabajos como este muestran que existe potencial para acortar esa brecha.

Tenemos un nudo que, por complejo que resulte, es imperativo desatar. La gobernabilidad de los próximos cinco años está en juego. El desafío es grande y demanda de todos y cada uno de nosotros, en particular de los líderes de instituciones, el mayor esfuerzo en busca de salidas que minimicen el daño al país.

Para complicar más el panorama, la pasada primera vuelta electoral nos muestra, a través de las opciones más votadas en las diferentes zonas geográficas, lo dividido que está el país, una vez más. En efecto, en parte del territorio se opta por propuestas extremas; sin embargo, mal haríamos en criticar esas preferencias sin escuchar y sin tratar de entender sus razones. Es innegable que subsiste un sentimiento de exclusión en muchos peruanos, principalmente en aquellos que viven en regiones del sur y en zonas alejada. Estos ciudadanos perciben que el desarrollo económico no ha llegado a ellos, pues es verdad que ahí las carencias de servicios básicos, la ausencia de sistemas de salud y de educación dignos, y de infraestructuras de transporte aceptables son endémicas.

Las causas de estas múltiples falencias son variadas; pero la que más destaca es la asociada al fracaso de un Estado que, a pesar de ser sustancialmente más rico de lo que fue a inicios de siglo, no ha logrado que el crecimiento se traduzca en mejores servicios. El dinero se diluye en ineficiencia, pago de favores, obras paralizadas y corrupción. Con los recursos que se han despilfarrado, el Perú habría cerrado su brecha en vivienda, agua y saneamiento. Es decir, cada peruano tendría hoy un hogar digno con agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Sin embargo, el dinero terminó en obras abandonadas o en bolsillos de funcionarios corruptos. Y es este el escenario en el que germina el voto de protesta, que no es más que el descontento capitalizado por un discurso que promete cambios propuestos a través de rutas equivocadas. De fórmulas que donde se han aplicado han generado más pobreza. Pero ¿por qué calan en zonas del Perú de hoy esas ideas? Quizás porque quienes creemos en las ideas de la libertad y de la promoción del desarrollo a través de la iniciativa privada no hemos hecho lo suficiente; o tal vez porque los promotores de las teorías fallidas están –comunicacionalmente– mejor organizados. Probablemente sea por un poco de las dos cosas.

Es imperativo construir plataformas políticas con propuestas y mensajes permanentes y de alcance nacional. Tenemos que fortalecer la defensa de las tesis correctas en todos los terrenos. La política no se puede hacer, solo durante seis meses, cada cinco años.

Jorge Zapata Ríos es presidente de la CONFIEP.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

La desconfianza de la población hacia los organismos electorales es cada vez mayor. A medida que avanzan los días, se conocen más y más irregularidades y se hace patente no solo la poca capacidad de los responsables de esas instituciones para manejar con prolijidad, profesionalismo y eficiencia los comicios, sino también la escasa capacidad autocrítica de ambos, la población mete en el mismo saco a todos y ya no le cree a ninguno.

La discusión sobre si lo ocurrido el 12 de abril fueron graves irregularidades o un fraude ha llevado no solo a los sectores políticos, sino también, para sorpresa de muchos, a los gremios empresariales, a un enfrentamiento público y abierto, como no se veía hace muchos años. La confrontación no ha sido suave ni se ha quedado en una simple exposición de posiciones. Y no es poco significativa, porque se trata de posiciones políticas alineadas con los bandos en pugna a nivel de candidatos y sectores políticos.

Y, precisamente, a nivel político, no se puede dejar de mencionar el enfrentamiento entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, que ya tiene varias jornadas, siendo la de anteayer una de las más duras. En ella, el candidato de Renovación Popular señaló que la candidata naranja va camino a una cuarta derrota a manos de un “panetón”.

Este hecho no es solo un exabrupto ni una frase dicha en medio de un mitin caldeado por la presión de los simpatizantes. Se trata de un reclamo público por lo que Rafael López Aliaga considera una escasa solidaridad o un insuficiente interés de Keiko Fujimori en respaldar sus gestiones contra lo que él considera un fraude.

Esto no dejaría de ser una rencilla política más si no estuviera de por medio la segunda vuelta, en la que la candidata de Fuerza Popular necesita todos los votos del sector de la derecha, además de los que pueda conseguir del centro, para enfrentar a Roberto Sánchez.

Tener a Rafael López Aliaga, y a una buena parte de sus más leales colaboradores y electores, como enemigos no es algo que le convenga a Keiko Fujimori. Y no solo porque no le favorece en términos políticos ni electorales, sino porque puede convertirse en un pasivo en la contabilidad de votos del 7 de junio. Y no porque esos electores vayan a las filas de Roberto Sánchez, sino porque podrían engrosar las cifras de votos blancos y viciados, al margen de la contrapropaganda que pueda derivarse de esta enemistad.

Pero mientras muchos están mirando con sumo detenimiento el tema del cómputo, las actas de cualquier numeración, las auditorías o peritajes, las impugnaciones, la presunta corrupción y los problemas entre la ONPE y el JNE, que parecen enfrascados en un concurso por ver quién se lava las manos y evade responsabilidades con mayor rapidez y menos vergüenza, hay otros asuntos que están ocurriendo, que son o podrían llegar a ser muy delicados y que muy pocos están viendo.

¿Por qué se insiste en la vacancia de José María Balcázar de la Presidencia a puertas de la entrega del poder al nuevo gobierno? Es algo que pocos podrían explicar, sobre todo cuando la crisis por la compra de los F-16 ya está casi superada, al menos hasta la llegada del nuevo gobierno. No pareciera tratarse de una secuela del caso de los aviones. Más bien, pareciera un intento de recuperar cuotas de poder perdidas, con todo lo que ello trae como “beneficios”, para raspar la olla en los últimos meses y/o dejar “sembrados” varios puestos y procesos para “cosechar” más adelante.

No son pocas las dependencias públicas que fueron parte de “cuoteos” entre los partidos políticos y las bancadas del Congreso durante la gestión de José Jerí y los inicios de esta administración. Pero, tras perder las elecciones tan estrepitosamente, podrían ser varias las bancadas y los políticos que se hayan quedado con sangre en el ojo y que quieran sacar el máximo provecho hasta el último día, o tratar de recuperar parte de lo invertido en la campaña.

Lo mismo puede ocurrir con las normas y leyes en el Congreso. Sabiéndose ya fuera del próximo gobierno y del Congreso bicameral, podrían ser muchos los congresistas que, por iniciativa propia o por presión de sus bancadas y partidos, presenten proyectos de ley de todo tipo y nivel, en una carrera contra el tiempo y en función de sus intereses.

Lo mismo puede ocurrir con el Ejecutivo, con este o cualquier otro presidente, en caso quieran vacar a José María Balcázar. Corren las versiones de que el hoy inquilino de Palacio estaría preparando la salida de Pedro Castillo y que por eso se vienen realizando movimientos en ciertas comisiones. Puede ser verdad o pueden ser solo rumores. Pero, de ser cierto, sería una jugada que le quitaría el peso de esa responsabilidad a Roberto Sánchez y la convertiría en un pasivo que recaería sobre este Congreso, que eligió a Balcázar, y en un activo para la campaña de Juntos por el Perú en sus zonas de influencia.

Por eso debemos mirar también lo que ocurre alrededor, y sobre todo aquello que sucede allí donde se mueven quienes perdieron y arrastran frustraciones recientes, heridas abiertas o sangre en el ojo.

Enrique Castillo es periodista y analista político.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

Hace cinco años, también hubo demoras en la apertura de mesas de votación, lo que originó largas colas y aglomeraciones (en plena pandemia). Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2021, entre los distritos que más demoras presentaron figuraron los incluidos en la llamada “Lima moderna”, como Miraflores, San Borja, San Isidro y Santago de Surco. Lo distinto, comparado con el 2026, es que no hubo denuncias de fraude en la primera vuelta, pero sí en la segunda –de parte de Fuerza Popular, pues su candidata, Keiko Fujimori, perdió frente a Pedro Castillo–.

En el actual proceso electoral, las denuncias de fraude surgieron desde la primera vuelta y han estado cargadas de una virulencia inusitada de parte del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que continúa tercero en el conteo de votos, y de sus seguidores. Hasta Fujimori ha sido víctima de su ira, porque no se ha plegado a los clamores de fraude. Y las irregularidades del 12 de abril (responsabilidad de la ONPE) y las fechas variables en el proceso electoral (de parte del JNE) están atizando la desconfianza y alimentando las teorías conspirativas propaladas por la extrema derecha.

Lo más preocupante es que un informe de la Contraloría, fechado el 29 de abril, advirtió el riesgo de alteraciones del cronograma de la segunda vuelta. Es que una posible demora en la revisión de actas y en la proclamación de las candidaturas que irán a segunda vuelta, retrasará las pruebas previas y la impresión de las cédulas de sufragio. Es obvio que sin conocerse oficialmente quién competirá con Fujimori, será complicado imprimir las cédulas y distribuirlas a tiempo en todo el país. Y pensar que en otros países sudamericanos, como Argentina y Brasil, el tiempo entre la primera y segunda vueltas es menos de un mes.

Las explicaciones son múltiples: las dudas sobre qué visión tendrá el gobierno entrante a partir del 28 de julio, la preocupación por la capacidad de nuestras instituciones de dar tranquilidad y confianza durante la transición, la presión de factores internacionales como los conflictos en el Medio Oriente y, también, la resaca de una década de inestabilidad política (con casi un presidente por año en ese periodo).

En el Perú, la incertidumbre se ha vuelto una mala costumbre. De hecho, pareciera, por cómo nuestra moneda se ha mantenido fuerte incluso con cambios repentinos de gobierno, que no supone un factor relevante en la conducción de nuestra economía. Pero la realidad es otra. A nivel global, por ejemplo, un estudio reciente de Oxford Economics para la Cámara de Comercio Internacional estima que la incertidumbre en términos de política económica eliminó o retrasó US$ 202 mil millones en inversión empresarial solo en el 2025 en las 10 economías analizadas (que representan alrededor del 70% del PBI mundial) –lo que condujo a que creciera apenas 0.4% frente a su potencial de 1.9%–. En el Perú, las cifras son consistentes con esta lógica: entre el 2001 y el 2016, con mayor estabilidad, el PBI creció en promedio 5.1% al año; entre el 2016 y el 2024 (periodo que incluye también el impacto del covid-19), apenas 2.3%. Aunque entraron a tallar otros factores además de la inestabilidad, no es descabellado asumir que explica parte importante del menor dinamismo.

Y conviene pensar cómo las personas lidiamos con realidades como esta, para entender dónde recae el verdadero impacto de esta situación en el Perú:

En el caso de aquellos con capacidad de ahorro e inversión, el miedo por lo que pueda pasar puede llevarlos a confundir volatilidad con riesgo y a mover su dinero de forma apresurada, llevando a más pérdidas que ganancias futuras. Pero este es, también, el grupo con más herramientas para enfrentar la situación. Si cuentan con experiencia y con asesoría de buena calidad –capaz de dar calma cuando el instinto inspira lo contrario–, pueden diversificar, rebalancear y, sobre todo, mantener una visión de largo plazo que les permita ver la turbulencia como lo que la historia ha demostrado que es: un momento más que una tendencia. En otras palabras, aquí la incertidumbre, aunque ralentiza y condiciona algunas decisiones, puede gestionarse.

Las circunstancias se agravan, más bien, cuando nos enfocamos en los peruanos que conducen pequeños negocios y en los que viven del día a día, para quienes su “portafolio” es su trabajo diario y su “diversificación”, el número de trabajos que puedan conseguir –algo que depende, en buena medida, de la capacidad de los emprendedores de proveérselos–. Y no saber cómo lucirán las reglas del juego mañana, o cómo se manejará la política económica, puede llevar a la mayoría de pymes y mypes (la principal fuente de trabajo en el país) a tomar medidas defensivas: se postergan compras grandes, se evita asumir nuevos costos fijos y se piensa dos veces antes de tomar un crédito o firmar un contrato de alquiler. Esto se traduce en maquinaria que no se compra, en empleados que no se contratan y en oportunidades que se pierden. La supervivencia termina pesando más que el crecimiento.

Y lo que a nivel individual es prudencia –completamente racional, cabe decir–, a nivel agregado es un freno. Estas decisiones, multiplicadas por miles, enfrían el consumo y limitan la capacidad de la economía de expandirse, sobre todo cuando la cautela también alcanza a los grandes inversionistas.

¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Nuestras instituciones, autoridades y aspirantes a la presidencia tienen la capacidad y la responsabilidad de apostar por la estabilidad, de ofrecerle garantías no solo a las empresas grandes que invierten millones y generan miles de puestos de trabajo, sino también a los emprendedores que sostienen la economía desde abajo. Reducir de una vez la incertidumbre a la que nos hemos acostumbrado, y que tanto nos cuesta, y lograr que el Perú sea un destino aún más atractivo de inversión y de negocios, es una precondición clave para crecer, combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos. Y el próximo gobierno debe tomar nota de esto e incorporar la estabilidad política como parte de su identidad.

Galantino Gallo es CEO de Credicorp Capital.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

En las últimas décadas, el Perú avanzó principalmente por la primera vía: el crecimiento económico generó empleo y oportunidades que, entre 1990 y el 2019, fueron determinantes para reducir la pobreza de cerca del 60% al 20%. El bolsillo izquierdo, en cambio, nunca se llenó como debía, ya que los servicios públicos siguen mostrando graves problemas de calidad.

Tengamos claro que la principal fuente de bienestar de Rosa y de millones de familias peruanas ha sido el crecimiento económico. Cuidémoslo.

A pesar de la mala política, hemos crecido. Pero no demos por hecho que siempre será así. La irresponsabilidad fiscal puede detener ese proceso.

Como ha reconocido el propio MEF, las finanzas públicas atraviesan su momento de mayor vulnerabilidad. El Consejo Fiscal ya había alertado sobre esta situación con anterioridad y destaca que el próximo gobierno tendrá que recortar gastos y posponer proyectos. Si, además, seguimos aprobando leyes sin financiamiento, el costo de la deuda subirá, la calificación crediticia se deteriorará, la inversión se retraerá y el empleo –principal fuente de bienestar para Rosa– se resentirá.

Así, la irresponsabilidad fiscal termina afectando los dos bolsillos: reduce las oportunidades de empleo y limita los recursos para mejores servicios.

Encima, existe una desconexión profunda entre el gasto fiscal y los servicios que brinda el Estado. El presupuesto público se ha multiplicado por cinco en treinta años. Sin embargo, la escuela de los hijos de Rosa sigue sin ofrecer una enseñanza adecuada, el hospital de su barrio carece de medicamentos y la inseguridad sigue marcando su día a día. Los recursos entran, se gastan en exceso, pero los servicios no llegan.

El problema no es que existan demandas sociales. El problema es convertir recursos de todos en beneficios para grupos específicos. El mecanismo más pernicioso consiste en transformar demandas particulares en leyes con costo fiscal permanente, aprobadas desde el Congreso bajo la ficción de que no se trata de gasto porque la factura se traslada a los presupuestos futuros.

Un ejemplo reciente lo ilustra. El Congreso aprobó una ley que otorga a los docentes cesantes y jubilados una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial. Los maestros, como todos los peruanos, merecen una pensión digna. Pero lo que corresponde discutir es si la respuesta adecuada es recrear, en la práctica, la lógica de la cédula viva: un régimen de privilegio que el país creyó haber superado y cuya eliminación fue clave para ordenar las finanzas públicas.

Según el Consejo Fiscal, esta medida costaría al menos 8,000 millones de soles anuales. Cada sol comprometido deja de estar disponible para otras urgencias, como reemplazar colegios en riesgo, mejorar los aprendizajes o fortalecer la seguridad. Se trata de ordenar prioridades en un Estado que debería servir mejor. Y no de mantener la desconexión entre gasto y servicio.

La Constitución es clara: el Congreso no puede crear ni aumentar el gasto público. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha abierto una rendija que hoy parece la entrada de una catedral: si el gasto no afecta al presupuesto de este año, sino al del año que viene, entonces la prohibición se relativiza.

Y quien más pierde es Rosa.

Hay que actuar. El MEF debe impugnar de manera sistemática toda norma que vulnere el artículo 79, y el Tribunal Constitucional debe corregir una interpretación que hoy debilita la sostenibilidad fiscal. Si el Ejecutivo no lo hace, la propia ciudadanía (colegios profesionales o grupos organizados) debe hacerlo.

Restablecer y hacer cumplir la prohibición de la iniciativa de gasto del Congreso no es un tecnicismo. En la actualidad, es la principal política económica, la principal política social y una de las reformas más urgentes del Estado. Cada ley irresponsable reduce el crecimiento, limita el empleo y posterga el bienestar de Rosa y de millones de peruanos.

La irresponsabilidad fiscal no la pagan los políticos que aprueban las leyes. La paga Rosa. Basta ya.

Elena Conterno es especialista en políticas públicas.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

De acuerdo con el reciente informe de PwC Global M&A Industry Outlook 2026, estos procesos buscan expandir clientes y mercados, y cada vez más se enfocan en adquirir activos estratégicos y generar eficiencias operativas. El 81% de los líderes encuestados indican que realizarán una adquisición en los próximos tres años, mientras que el 60% anticipa un crecimiento en el mercado impulsado por sectores como minería y energía.

Pero hay un punto que suele quedar fuera del análisis: estos procesos no solo integran negocios, integran personas, culturas y expectativas. Y ahí es donde se concentra hoy el principal riesgo.

Los procesos de compra e integración de empresas implican reorganizaciones, redefinición de funciones, ajustes en estructuras de compensación y, en muchos casos, procesos de salida. En un año electoral esto se vuelve crítico, porque cualquier decisión mal gestionada puede escalar rápidamente en términos sindicales, regulatorios y reputacionales.

El primer frente es la gestión del frente sindical y del clima laboral. En sectores donde se están concentrando las transacciones, como minería y energía, la presencia sindical y el impacto social son mayores. Un proceso de integración mal comunicado o percibido como unilateral puede activar conflictos colectivos, paralizaciones o una mayor intervención de las autoridades laborales. El riesgo no es solo legal; es operativo y puede afectar directamente la continuidad del negocio.

El segundo frente es la integración de estructuras y compensaciones. Muchas empresas estructuran sus operaciones con foco en sinergias y eficiencia, pero subestiman el impacto interno. Cambios en roles, duplicidades, rediseño de equipos y ajustes salariales requieren una gestión progresiva. La velocidad de la transacción no siempre es compatible con la capacidad de adaptación de las personas, y esa brecha suele traducirse en fricción, pérdida de foco y deterioro del clima interno.

El tercer frente es la capacidad del talento para sostener el nuevo modelo de negocio. Hoy, las empresas no solo compran activos, compran capacidades tecnológicas y eficiencia operativa. No es casualidad que más del 85% de las operaciones incorpore evaluaciones de ciberseguridad y tecnología en sus procesos de due diligence. Sin embargo, pocas evalúan con el mismo rigor si sus equipos están preparados para operar bajo esos nuevos estándares.

Frente a este escenario, la gestión laboral no puede ser una etapa posterior a la transacción. Tiene que formar parte del diseño desde el inicio. Esto implica incorporar el análisis laboral en el due diligence, anticipar riesgos sindicales y regulatorios, definir una estrategia clara de integración organizacional y diseñar una comunicación interna que reduzca incertidumbre.

Gestionar adecuadamente el riesgo laboral será determinante para capturar el valor de las operaciones en curso. Las empresas que logren anticipar estos impactos, integrar sus equipos con claridad y alinear sus capacidades al nuevo modelo de negocio estarán mejor posicionadas para ejecutar con éxito. En un año electoral, esto deja de ser un aspecto operativo y se convierte en una condición para que la transacción funcione.

Percy Alache es socio Líder de Servicios Laborales de PwC Perú.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

Hoy, el 25.7% de los peruanos permanece en situación de pobreza. Son más de 8.8 millones de personas. Pero quizá el dato más inquietante no sea ese, sino el crecimiento de la población vulnerable: más de 11 millones de peruanos que lograron salir estadísticamente de la pobreza, pero cuyos ingresos siguen siendo tan precarios que cualquier enfermedad, pérdida de empleo o crisis económica podría devolverlos rápidamente a esa condición.

El Perú no está consolidando una clase media sólida y el problema ya no es únicamente cuántos pobres tiene el país, sino cuántos peruanos viven permanentemente al borde de volver a serlo.

Además, nueve de cada diez trabajadores pobres son informales. El trabajador informal promedio gana S/ 1,226 mensuales, frente a los S/ 3,233 que recibe uno formal. La brecha revela una economía profundamente fragmentada, donde millones trabajan sin lograr estabilidad, ahorro ni perspectivas de progreso.

A ello se suma otro dato preocupante: el Perú sigue siendo uno de los pocos países de América Latina que todavía no logra retornar a los niveles de pobreza previos a la pandemia. Hoy existen 2.3 millones más de pobres que en el 2019. Y las estimaciones apuntan a que recuperar ese terreno podría tardar hasta el 2030, incluso bajo escenarios relativamente optimistas.

Sin embargo, pese a la magnitud del problema, la pobreza prácticamente estuvo ausente del debate electoral durante la primera etapa de la campaña. Los candidatos hablaron de confrontación política, seguridad o crisis institucional, pero casi ninguno presentó propuestas concretas y técnicamente sustentadas para reducir pobreza, formalizar empleo o mejorar productividad.

La segunda vuelta no puede mantener ese vacío. El próximo Gobierno recibirá un país menos pobre que hace un año, sí, pero también mucho más vulnerable y socialmente frágil. Por eso, los dos candidatos que se disputarán la presidencia deberían explicar con claridad qué harán para impulsar empleo formal, elevar ingresos rurales y evitar que millones de peruanos sigan atrapados en una economía donde trabajar ya no garantiza dejar de ser pobre.