ELECCIONES. La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia llega en un momento particularmente relevante para América Latina. No solo porque pone fin a cuatro años de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, sino porque ocurre en medio de un ciclo electoral que incluye a Colombia, Perú y Brasil, las tres economías más importantes de Sudamérica, descontando a Argentina.

Hace pocos meses, JPMorgan sostuvo que el 2026 podía convertirse en un punto de inflexión para la región. El banco observaba una preferencia creciente por candidatos asociados con inversión privada, disciplina fiscal y seguridad ciudadana. Colombia parece haber confirmado parte de esa hipótesis.

Los resultados ayudan a entender por qué. Aunque la diferencia fue menor a un punto porcentual, según cifras preliminares, la campaña estuvo dominada por temas distintos a los que marcaron la elección de Petro en el 2022. UBS destaca que la inseguridad, el narcotráfico y la expansión de grupos armados pasaron a ocupar el centro de la discusión pública. La economía también pesó. Y mucho.

Sin embargo, el resultado colombiano no debería interpretarse como una victoria sin matices de la derecha. Casi la mitad de los votantes respaldó a Iván Cepeda. El próximo presidente asumirá un país dividido. Fitch recuerda que el principal desafío será fiscal. El déficit supera el 6% del PBI y la estabilización de la deuda exigirá ajustes difíciles de ejecutar, independientemente del signo político del Gobierno.

La elección también tiene una lectura regional. El Wall Street Journal sostiene que Colombia se suma a una secuencia de cambios políticos observados en otros países latinoamericanos durante los últimos años. Pero consideramos que el elemento común no parece ser la ideología. Lo que surge una y otra vez en las urnas es la demanda de crecimiento, seguridad y capacidad de gestión.

Esa discusión coincide con un momento de cambios en la economía mundial. La competencia entre Estados Unidos y China, la transición energética y el desarrollo de infraestructura vinculada a la IA han aumentado el valor estratégico de recursos que abundan en América Latina. La pregunta es qué países ofrecerán las condiciones necesarias para captarlas.

Para el Perú, dados los resultados de la segunda vuelta, el resultado colombiano tiene una dimensión adicional. Ciertas declaraciones de Petro sobre el caso de Pedro Castillo y contra el Gobierno de Dina Boluarte derivaron en una crisis diplomática. La llegada de un nuevo Gobierno en ambos países –posiblemente afines– abre la posibilidad de normalizar una relación relevante para el comercio, la integración andina y la lucha contra el narcotráfico.

La elección colombiana ofrece una señal clara. Los mercados pueden celebrar el resultado, pero el verdadero examen comienza ahora. El nuevo Gobierno deberá demostrar que seguridad, inversión y disciplina fiscal pueden traducirse en resultados concretos.

Por Marian Buraschi, socia y directora de Libélula. El fenómeno de El Niño es un riesgo estructural y previsible que los escenarios climáticos para el periodo 2026-2027 han vuelto a poner en la agenda de gestión de riesgos de las empresas. El Enfen, el Senamhi y la NOAA mantienen un monitoreo permanente del Pacífico y coinciden en la necesidad de fortalecer la preparación frente a eventos extremos. Para las empresas, el reto actual es convertir esta preparación en una oportunidad para fortalecer la resiliencia económica del país.

El Perú conoce el costo de no estar preparado. El Niño de 1997-1998 generó pérdidas superiores a los US$ 3,200 millones (CAF), mientras que El Niño costero del 2017 ocasionó daños por US$ 3,124 millones (Macroconsult), afectando infraestructura, actividades productivas y miles de empresas.

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Sin embargo, ver estos eventos solo como pérdidas es un error estratégico. La prevención puede convertirse en una herramienta de generación de empleo y fortalecimiento territorial. Programas como Llamkasun Perú y otras obras de prevención movilizan mano de obra local y dinamizan economías regionales. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por cada S/ 100 millones invertidos se generan entre 1,500 y 2,000 empleos temporales directos. Bajo una inversión a mayor escala, el potencial alcanzaría entre 40,000 y 60,000 puestos de trabajo en las regiones más vulnerables.

El verdadero valor de estos empleos está en las capacidades instaladas. Con certificación de competencias, los trabajadores regresan al mercado con habilidades transferibles a diversos sectores productivos. Así, la prevención deja de ser un gasto y se convierte en una inversión en capital humano.

Para las empresas, esta agenda es una decisión de negocio. En sectores como minería, energía y agroindustria, la disponibilidad de agua y la conectividad logística son factores críticos. Una carretera interrumpida o una inundación se traducen en sobrecostos y pérdida de productividad. Prepararse es una estrategia para proteger inversiones y asegurar la continuidad operativa.

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La vulnerabilidad es aún mayor para las Mypes, que representan más del 99% de las empresas del país (Produce e INEI). Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), una pequeña empresa afectada por inundaciones o interrupciones de servicios puede perder entre el 40% y el 60% de su capital de trabajo mensual en apenas una semana. Fortalecer la prevención significa proteger proveedore, empleo y economías locales.

Las soluciones deben responder a la geografía. Mientras en el norte la prioridad está en drenajes y defensas ribereñas, en regiones como Puno, Cusco y Junín el foco debe estar en reservorios y siembra de agua para enfrentar el estrés hídrico.

La resiliencia no se improvisa durante la emergencia; se construye con visión de largo plazo. La inversión en prevención es hoy una estrategia capaz de transformar los riesgos climáticos en empleo, capacidades y continuidad operativa. La pregunta para las empresas ya no es si deben prepararse para un futuro más incierto, sino quiénes liderarán la agenda de resiliencia que definirá la competitividad del Perú en los próximos años.

Por José Deustua, director general de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la UTEC. En un país con más de 150 cuencas hidrográficas y miles de subcuencas y microcuencas, existen importantes vacíos de información. Cada vez que se discute sobre la disponibilidad de agua en el Perú, la conversación suele centrarse en lo que ocurre aguas abajo: reservorios, canales, plantas de tratamiento o conflictos por distribución. Sin embargo, el origen de esta historia se encuentra mucho más arriba, en las cabeceras de cuenca, los bofedales, las lagunas altoandinas, los glaciares y los ecosistemas de montaña que regulan el ciclo hídrico del país.

Estos ecosistemas cumplen una función silenciosa pero fundamental. Capturan, almacenan, infiltran y liberan agua de manera gradual hacia los ríos que abastecen ciudades, campos agrícolas e industrias. Son, en la práctica, una infraestructura natural de regulación hídrica de enorme valor económico.

El problema es que conocemos mucho menos de lo que deberíamos sobre lo que ocurre en estos territorios. En un país con más de 150 cuencas hidrográficas y miles de subcuencas y microcuencas, existen importantes vacíos de información sobre precipitaciones, humedad de suelos, caudales, temperatura, calidad de agua y estado de los ecosistemas. Pocas empresas operarían una planta industrial sin indicadores de producción ni gestionarían sus finanzas sin información actualizada. Sin embargo, cuando se trata del agua —uno de los recursos más críticos para la economía peruana— seguimos tomando decisiones sobre inversiones, expansión productiva y gestión del territorio con información limitada sobre los lugares donde este recurso se origina.

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Esta situación debería preocupar especialmente a sectores como la minería y la agricultura. En el caso de la minería, la disponibilidad de agua constituye un factor crítico para la continuidad operativa de muchas unidades mineras y para su relación con las comunidades del entorno. En un contexto de creciente variabilidad climática, contar con información confiable sobre las condiciones hidrológicas de las cabeceras de cuenca permitiría anticipar riesgos, mejorar la planificación y fortalecer la confianza en el territorio.

Lo mismo ocurre en la agricultura. Desde la agricultura familiar hasta la agroexportación, la competitividad depende cada vez más de la capacidad de gestionar eficientemente el recurso hídrico. Conocer mejor las condiciones de las cuencas permite optimizar decisiones de siembra y riego.

La buena noticia es que hoy contamos con tecnologías que permiten cerrar gran parte de esta brecha de información. Sensores remotos, sistemas satelitales, Internet de las Cosas, plataformas digitales e inteligencia artificial permiten monitorear ecosistemas de manera continua y a costos significativamente menores que hace una década.

Es por ello que el país debería plantearse una meta ambiciosa: desarrollar una infraestructura digital de ecosistemas andinos. Una red nacional que combine monitoreo en campo, información satelital, modelos hidrológicos y análisis predictivo para comprender en tiempo real el estado de las principales cabeceras de cuenca del país.

La lógica es similar a la de cualquier otra infraestructura estratégica. Así como construimos carreteras para transportar bienes o redes eléctricas para distribuir energía, necesitamos sistemas capaces de generar la información necesaria para gestionar uno de los recursos más importantes para nuestra economía: el agua.

Los beneficios serían múltiples: anticipar sequías e inundaciones, mejorar la planificación de inversiones y reducir la incertidumbre que hoy enfrentan quienes dependen del agua para operar. También permitiría medir con mayor precisión el impacto de proyectos de conservación, restauración e infraestructura natural, orientando mejor las inversiones públicas y privadas.

La necesidad de avanzar en esta dirección es cada vez más urgente. Los eventos asociados al Fenómeno de El Niño, el retroceso glaciar y otros efectos del cambio climático están modificando progresivamente el comportamiento de nuestras cuencas y aumentando la incertidumbre sobre la disponibilidad futura de agua.

Frente a este escenario, el liderazgo no debería recaer exclusivamente en el Estado. Las empresas mineras, agrícolas, energéticas y de agua tienen incentivos directos para invertir en conocimiento que reduzca riesgos y fortalezca la seguridad hídrica de los territorios donde operan. Las universidades pueden aportar las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para transformar datos en decisiones. Durante décadas hemos invertido en infraestructura para almacenar, transportar y distribuir agua. El próximo paso es invertir en infraestructura para entenderla. Porque el futuro del agua en el Perú se jugará menos en nuestra capacidad para reaccionar ante las crisis y más en nuestra capacidad para anticiparlas.

El titular del MEF, Rodolfo Acuña, dijo que el crédito suplementario no afectará las metas fiscales. Pero los bonos elevarán la deuda pública y, en el mediano y largo plazo, tendrán que ser pagados (más los respectivos intereses). Es decir, generarán un efecto negativo en las metas fiscales. Con respecto al canon y sobrecanon, Acuña atribuyó su aumento al “mayor dinamismo de la actividad económica, los precios internacionales y la mayor producción”. El canon equivale al 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas que extraen recursos naturales.

Y lo que ha estado más dinámico es la minería, debido al aumento récord de las cotizaciones de metales, lo que ha incidido positivamente en el valor de las exportaciones mineras peruanas, pese a que el volumen producido ha disminuido. En el caso de hidrocarburos, cuya producción está de capa caída, el alza de sus precios internacionales es perjudicial porque el Perú es importador neto de petróleo. En suma, el grueso del dinero adicionado al Presupuesto proviene de la minería formal. En los primeros cuatro meses de este año, este sector aportó al fisco S/ 15,272 millones (Gestión 18/06/2026).

No obstante, lo que genera más inquietud no son los ingresos sino los gastos del crédito suplementario. Aunque el 70% se destinará a inversión pública, según representantes de los gobiernos regionales, se ha obviado el financiamiento de obras de prevención ante El Niño. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) también ha alertado sobre la falta de presupuesto para dicho fin. Lo que no faltó, por supuesto, fue más dinero para cubrir gastos rígidos.

A pesar de El Niño, el BCR elevó de 3.2% a 3.4% su proyección de crecimiento del PBI para este año. Si bien agro, pesca y manufactura se verán afectados, calcula que el mejor desempeño del gasto privado y el alza de los términos de intercambio –que favorece a las exportaciones– servirán de contrapeso. De hecho, el BCR aumentó de 9.5% a 12.5% su proyección de aumento de la inversión privada. El dato desagradable es que espera una inflación de 3.8%.

La Resolución del Tribunal Fiscal N.° 02137-11-2026 constituye un pronunciamiento relevante en materia de crédito fiscal del IGV, al reafirmar que los incumplimientos formales vinculados al llevado electrónico de libros no generan automáticamente la pérdida de dicho derecho.

Siguiendo la línea establecida en las RTFs N.° 02470-8-2022 y 03521-3-2023, el Tribunal vuelve a enfatizar que la evaluación tributaria debe centrarse en la acreditación efectiva de las operaciones y no únicamente en la observancia de formalidades vinculadas al sistema de registro.

El caso surge a partir de una fiscalización en la que SUNAT desconoció el crédito fiscal correspondiente a junio de 2021 debido a que determinados comprobantes de pago no habían sido anotados en el Registro de Compras Electrónico. Sobre esa base, la Administración efectuó un reparo al IGV y emitió la respectiva sanción por la supuesta utilización indebida del crédito fiscal.

La discusión entre el incumplimiento formal y la realidad de la operación

La controversia no estaba relacionada con la inexistencia de los comprobantes ni con la falta de sustento documental de las adquisiciones. Por el contrario, el contribuyente acreditó que las operaciones habían sido registradas en un Registro de Compras legalizado desde el año 2009 y que dicha anotación se había realizado antes de que SUNAT requiriera la exhibición o presentación de dicho libro.

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Pese a ello, la Administración consideró que el registro carecía de efectos para fines del crédito fiscal debido a que el contribuyente se encontraba obligado a llevar sus libros de manera electrónica. Bajo esta interpretación, la ausencia de anotación en el PLE era suficiente para desconocer el beneficio tributario.

El problema de esta posición es que desplaza el análisis desde la existencia de la anotación hacia el medio utilizado para efectuarla, otorgando prevalencia absoluta a una formalidad sobre la realidad acreditada de las operaciones.

El criterio adoptado por el Tribunal Fiscal

El Tribunal recordó que el artículo 19 de la Ley del IGV exige que los comprobantes de pago sean anotados en el Registro de Compras para ejercer el derecho al crédito fiscal. Sin embargo, también destacó que la propia normativa establece expresamente que el incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso de los deberes formales relacionados con dicho registro no implica la pérdida automática de ese derecho.

En consecuencia, el análisis debía orientarse a verificar si existió anotación, si esta se realizó dentro de los plazos legalmente previstos y si ocurrió antes de que la Administración solicitara la presentación del registro.

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Luego de revisar la documentación obrante en el expediente, el Tribunal concluyó que los comprobantes observados sí se encontraban anotados en un Registro de Compras legalizado y que dicha anotación fue efectuada antes del requerimiento de SUNAT.

Por ello, determinó que el contribuyente tenía derecho a utilizar el crédito fiscal y dispuso dejar sin efecto tanto el reparo como la multa asociada.

Los límites del formalismo tributario

La relevancia de esta resolución radica en que reafirma un criterio de razonabilidad frente a interpretaciones excesivamente formalistas.

Si bien las obligaciones relacionadas con los libros electrónicos cumplen una función importante de control y fiscalización, ello no significa que cualquier incumplimiento de carácter formal deba traducirse automáticamente en la pérdida de derechos sustanciales.

La decisión del Tribunal reconoce que las formas son mecanismos destinados a facilitar la verificación tributaria, pero no pueden convertirse en un fin en sí mismas cuando la realidad económica de la operación se encuentra acreditada mediante documentación suficiente.

Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto donde la Administración cuenta con mayores herramientas tecnológicas para verificar la existencia y trazabilidad de las operaciones.

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Reflexión final

La RTF N.° 02137-11-2026 no elimina la obligación de llevar el Registro de Compras Electrónico ni relativiza la importancia del PLE dentro del sistema tributario. Lo que establece es que el análisis del crédito fiscal no puede agotarse en la sola constatación de una omisión formal cuando existen elementos objetivos que acreditan la anotación oportuna y la realidad de las operaciones.

Se trata de un criterio relevante para futuras fiscalizaciones del IGV y para la defensa de los contribuyentes frente a reparos sustentados exclusivamente en incumplimientos formales.

En definitiva, el Tribunal reafirma que la determinación de la obligación tributaria debe sustentarse en la realidad acreditada de los hechos y no únicamente en la observancia estricta de mecanismos formales de registro. Un gran avance del Tribunal en aras de una verdadera justicia tributaria.

Los riesgos no son menores. La posibilidad de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño exige prevención, inversión oportuna y una ejecución pública mucho más eficaz. A ello se suman conflictos sociales vinculados a actividades extractivas e ilegales-, inseguridad ciudadana y una presión constante por expandir el gasto sin fuentes claras de financiamiento. Las próximas elecciones regionales y municipales también pueden elevar la tentación de iniciativas populistas, fragmentadas y de corto plazo. El entorno externo tampoco ofrece comodidad. Una economía mundial más fragmentada, tensiones geopolíticas entre potencias, conflictos armados que alteran cadenas de suministro, volatilidad en precios de materias primas y eventuales episodios de desaceleración en socios comerciales relevantes configuran un escenario exigente. Para una economía abierta como la peruana, la política exterior, la defensa de los acuerdos comerciales, la atracción de inversión y la capacidad de posicionarse con seriedad en foros internacionales no son temas decorativos: son parte de la política económica.

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Por eso, la primera gran decisión económica del nuevo Parlamento no será necesariamente una ley, sino su arquitectura de poder. La conformación de las mesas directivas de ambas cámaras, la distribución de presidencias de comisiones y la elección de autoridades internas determinarán si el Congreso contribuye a la gobernabilidad o, por el contrario, se convierte en un factor adicional de incertidumbre. En un sistema bicameral, esta organización es todavía más importante, porque multiplica espacios de deliberación, negociación y eventual bloqueo. La bicameralidad puede mejorar la calidad legislativa, pero también puede encarecer y ralentizar decisiones si no existe un mínimo de coordinación política. La Comisión Bicameral de Presupuesto será una pieza central. Su conducción debería guardar coherencia con el mandato expresado en las urnas y con los objetivos generales del gobierno elegido. Ello no significa abdicar del control político ni debilitar la fiscalización parlamentaria. Significa reconocer que el presupuesto es el principal instrumento de política pública y que su fragmentación mediante iniciativas aisladas puede terminar desarmando cualquier estrategia de desarrollo antes de que empiece a ejecutarse.

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El Congreso debe fiscalizar, corregir y exigir resultados; pero no debería sustituir la programación presupuestal por una competencia de gastos sin sustento técnico.

El Congreso saliente deja una advertencia concreta. La aprobación de leyes que generan gasto permanente, beneficios sin evaluación suficiente y medidas con impacto fiscal acumulativo, sumadas al crédito suplementario por S/ 9.596 millones propuesto por el Ejecutivo, incrementan las presiones sobre las cuentas públicas. Aunque el Perú conserva fortalezas macroeconómicas importantes, la disciplina fiscal no es un activo inagotable. Se construye durante años y puede erosionarse rápidamente cuando el gasto corriente crece sin productividad, cuando se multiplican excepciones y cuando las decisiones fiscales responden más a incentivos políticos inmediatos que a prioridades nacionales.

La tarea del nuevo Congreso debería ser ordenar prioridades. Prevención frente a desastres naturales, cierre de obras avanzadas, seguridad ciudadana, infraestructura logística, educación, salud, agua y saneamiento ofrecen retornos económicos y sociales mayores que la expansión de planillas sin respaldo técnico o la proliferación de proyectos de baja calidad. La pregunta no puede ser solo cuánto gastar, sino cómo gastar mejor, qué gasto genera productividad, qué inversión reduce vulnerabilidades y qué intervenciones permiten cerrar brechas territoriales sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Pero la agenda económica del Congreso no termina en el presupuesto. Las comisiones vinculadas a economía, Constitución, justicia, etc. serán determinantes para el clima de inversión y la estabilidad institucional. En un mundo de tensiones comerciales, geopolíticas y competencia por inversiones, el Congreso deberá actuar con responsabilidad en la defensa de intereses soberanos en compromisos internacionales y el acompañamiento de una inserción inteligente del Perú en la economía global. También lo serán los procesos de nombramiento de altas autoridades. Designar funcionarios por mérito, experiencia y solvencia profesional, y no por cuotas partidarias, influirá directamente en la confianza de los ciudadanos, la independencia de las instituciones y la percepción de riesgo del país.

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La nueva composición parlamentaria obligará a negociar. Cada bancada tendrá representación y espacios de influencia. Eso es parte natural de la democracia. Lo importante es que la distribución de presidencias no responda únicamente a aritmética partidaria, sino a criterios de responsabilidad institucional. Habrá comisiones que puedan ser lideradas por distintas fuerzas políticas, pero aquellas con impacto directo sobre el presupuesto, la estabilidad macroeconómica, la institucionalidad y la inserción internacional deben estar en manos capaces de construir acuerdos sin poner en riesgo la economía. Antes de instalarse formalmente, las bancadas deberían empezar a conversar. Una suerte de junta de portavoces en la sombra permitiría ordenar expectativas, identificar coincidencias mínimas y evitar que la primera negociación del nuevo Congreso sea una disputa improvisada por cuotas de poder. La bicameralidad agregará valor solo si mejora la deliberación, fortalece los contrapesos y contiene las tentaciones del populismo fiscal e institucional. Si se convierte en doble trámite, doble reparto o doble bloqueo, será una oportunidad perdida de generar confianza desde la Política.

El país volvió a dividirse en dos grandes bloques electorales que reflejan dos realidades económicas distintas. Los distritos con mayores niveles de pobreza tendieron a respaldar a Juntos por el Perú, mientras que Fuerza Popular obtuvo mejores resultados en aquellos con menores niveles de pobreza y mayor desarrollo relativo. Más que un cuestionamiento al modelo económico, que sin duda ha generado mejoras sustanciales para el país, estos resultados parecen expresar el agotamiento de un Estado incapaz de transformar crecimiento en servicios públicos, infraestructura y oportunidades para todos, particularmente durante la última década.

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Por ello, el nuevo gobierno deberá enviar simultáneamente dos señales. La primera, dirigida a quienes respaldaron su propuesta: existe una agenda clara para recuperar el crecimiento económico. La segunda, dirigida a quienes votaron por la alternativa derrotada: los beneficios de ese crecimiento llegarán de manera más visible y rápida a quienes se han sentido rezagados. La legitimidad política de las reformas dependerá, en buena medida, de la capacidad de avanzar simultáneamente en ambos frentes.

La prioridad inmediata debe ser destrabar la inversión privada. El Perú posee una cartera de proyectos mineros superior a los US$60.000 millones, pero una parte importante permanece paralizada por procedimientos excesivamente largos, superposición de competencias e incertidumbre regulatoria. La permisología ha llegado a multiplicar varias veces los plazos originalmente previstos para que los proyectos avancen, provocando que muchos inversionistas opten por otros destinos. Mientras Chile simplifica autorizaciones y Argentina compite agresivamente por atraer capitales mediante esquemas especiales de estabilidad regulatoria, el Perú continúa perdiendo oportunidades en un contexto global particularmente favorable para la explotación de minerales estratégicos. Si no se responde rápidamente a esta problemática, las inversiones simplemente no llegarán y perderemos una oportunidad histórica de crecimiento. Poner en marcha esta cartera podría aportar hasta dos puntos porcentuales adicionales de crecimiento anual, con impactos sostenibles sobre el empleo y el desarrollo regional.

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Reducir la permisología no implica flexibilizar estándares ambientales ni sociales. Significa eliminar duplicidades, integrar procedimientos y establecer plazos claros para las entidades públicas. Pocas reformas podrían generar un impacto tan rápido sobre las expectativas de inversión. En esa misma línea, será indispensable revisar el sesgo excesivamente sancionador que han desarrollado diversas entidades públicas. Cuando la multa reemplaza a la facilitación, la inversión, la productividad y la formalización terminan pagando el costo.

El Estado también debe demostrar que puede funcionar. El principal problema de la inversión pública no es la falta de recursos, sino la incapacidad para convertirlos en obras terminadas. De casi 74 mil proyectos viables evaluados entre 2010 y 2025, apenas el 29,3% ha sido cerrado. Es decir, siete de cada diez proyectos permanecen inconclusos. Así, antes que seguir transfiriendo recursos a gobiernos subnacionales con limitada capacidad de gestión, el desafío pasa por mejorar la ejecución, simplificar procesos y fortalecer capacidades técnicas.

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A ello se suma una agenda de reformas más complejas, pero igualmente necesarias. Los elevados costos de contratación formal, la rigidez laboral y la complejidad regulatoria contribuyen a mantener una informalidad superior al 70% de la fuerza laboral. Resolver este problema exigirá consensos políticos amplios, pero resulta indispensable si se aspira a construir una economía más dinámica, productiva e inclusiva.

Sin embargo, las reformas estructurales toman tiempo y la impaciencia de muchos ciudadanos exige respuestas hoy. Por ello, la segunda dimensión de la estrategia económica debe enfocarse en quienes no han logrado beneficiarse plenamente del crecimiento. No se trata de sustituir el modelo económico ni de reemplazar la inversión privada por gasto público. Se trata de corregir una falla del Estado que ha sido incapaz de acompañar adecuadamente el desarrollo económico y cerrar brechas sociales persistentes.

Una expansión de programas como Juntos, acompañada de intervenciones en nutrición infantil, salud primaria, agua y saneamiento, podría acelerar la reducción de la pobreza mientras las reformas comienzan a rendir frutos. Duplicando el monto de las ayudas y ampliando la cobertura hacia toda la población en condición de pobreza, sería posible reducir la tasa de pobreza desde el actual 25,7% hasta niveles cercanos al 20% en aproximadamente año y medio. Pero estas medidas solo serán sostenibles si vienen acompañadas de más inversión, productividad y empleo formal. Sin crecimiento económico, cualquier esfuerzo redistributivo termina enfrentando rápidamente sus propios límites.

Las primeras decisiones del próximo gobierno serán determinantes. No solo porque permitirán reactivar inversiones y recuperar expectativas, sino porque marcarán el rumbo político de los próximos años. John Kingdon denominó a estos momentos una policy window: una ventana de oportunidad que se abre por un período limitado y permite impulsar transformaciones que luego se vuelven mucho más difíciles. Y es que hay oportunidades que, una vez perdidas, rara vez vuelven a aparecer.

David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

El Perú descentralizó el gasto, pero no el desarrollo.

Durante estas dos décadas se transfirieron recursos, competencias y responsabilidades a gobiernos regionales y locales. Sin embargo, los resultados distan de justificar el esfuerzo institucional realizado. Las brechas sociales siguen siendo profundas y, en muchos casos, las diferencias entre regiones se mantienen prácticamente intactas.

La pobreza es quizás el indicador más evidente. Mientras regiones como Ica, Moquegua o Madre de Dios registran algunos de los menores niveles de pobreza del país, otras como Cajamarca, Loreto o Puno continúan mostrando indicadores alarmantes. Si la descentralización tenía como objetivo generar oportunidades más equitativas, los resultados son, cuando menos, insuficientes.

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Lo mismo ocurre con la educación. Los mejores indicadores educativos continúan concentrándose en Lima y Callao. Las regiones siguen enfrentando dificultades para garantizar calidad, infraestructura adecuada y formación docente. Sin educación de calidad en todas las regiones se perpetúan las brechas. Y cuando las brechas se perpetúan, también se limita la capacidad del país para diversificar su economía, atraer inversiones sofisticadas o desarrollar industrias intensivas en conocimiento y tecnología.

La salud ofrece un panorama similar. El acceso a servicios especializados continúa altamente concentrado en Lima. Muchas regiones carecen de hospitales de alta complejidad, personal especializado y sistemas preventivos robustos. La salud pública, además, no se limita a construir hospitales; implica nutrición, prevención, agua segura, saneamiento y promoción de hábitos saludables. Son tareas que requieren liderazgo regional permanente y no únicamente inversiones aisladas.

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Parte del problema radica en que la descentralización se convirtió en una lógica de ejecución presupuestal antes que en una estrategia de desarrollo territorial.

Hace unos días, Paola Lazarte advertía que nuestro sistema de inversión pública incentiva proyectos atomizados y carece de una visión de integración territorial y productiva. La observación es pertinente. Demasiadas veces las obras responden a necesidades políticas inmediatas antes que a una visión de futuro.

A ello se suma una estructura institucional que merece revisión. El Instituto Peruano de Economía ha señalado que más de 1,200 municipios no cumplen siquiera con los criterios poblacionales establecidos para ser distritos. La proliferación de unidades administrativas no necesariamente ha significado mejor gestión ni mejores servicios para los ciudadanos.

El desafío para las nuevas autoridades será enorme. No se trata de recentralizar el país, sino de construir una descentralización madura, con mayores capacidades de gestión, mejor rendición de cuentas y una visión clara de desarrollo regional. El Congreso y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de impulsar esa discusión sin cálculos políticos de corto plazo.

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Las autoridades que concluyen su mandato deben dejar bases sólidas. Las que llegarán en 2027 deberán asumir que gobernar una región es mucho más que ejecutar presupuesto o inaugurar obras. Es liderar una visión de desarrollo.

Porque la verdadera descentralización no se mide por cuánto dinero se transfiere, sino por cuántas oportunidades se generan.