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Al hablar de las personas conviene poner especial énfasis en dos dimensiones: su saber y su querer. El saber comprende los conocimientos y capacidades que ya poseen, pero también los medios organizacionales que les permiten ponerlos al servicio de la transformación. Una persona puede saber qué debe hacer y, sin embargo, encontrarse atrapada en estructuras, procedimientos o sistemas que dificultan hacerlo. Por eso, transformar exige preguntarse qué capacidades tenemos, cuáles necesitaremos, cuáles faltan y cómo vamos a incorporarlas o desarrollarlas.

El querer plantea un desafío distinto y más profundo. Las personas son libres. Pueden comprender perfectamente el nuevo rumbo y disponer de las competencias necesarias y, aun así, decidir cuánto esfuerzo dedicarán, qué iniciativas asumirán y durante cuánto tiempo mantendrán ese esfuerzo. Allí aparece el compromiso. No como algo que pueda decretarse desde un comité de transformación, sino como una respuesta personal ante aquello que la organización propone y ante la manera en que sus directivos actúan.

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Surge entonces la pregunta decisiva: ¿cómo lograr que las personas hagan lo que el proceso de transformación necesita?

Una primera respuesta sería mediante el poder: objetivos, indicadores, incentivos, controles, consecuencias y sistemas de seguimiento. Todo ello es necesario. Una transformación que no se traduce en responsabilidades concretas corre el riesgo de quedarse en declaraciones. Pero el poder consigue, en el mejor de los casos, determinados comportamientos; difícilmente consigue por sí solo compromiso.

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La segunda respuesta pasa por convencer. Las personas necesitan entender qué está cambiando, por qué debe cambiar, hacia dónde se dirige la organización y qué se espera concretamente de ellas. No basta con informar: hay que conversar, escuchar, aclarar expectativas y ayudar a interpretar una realidad que muchas veces genera incertidumbre.

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Pero todavía falta algo. Para que una transformación arraigue, las personas necesitan descubrir un propósito: comprender para qué merece la pena realizar el esfuerzo que se les pide y qué contribución pueden hacer ellas al resultado colectivo. El propósito conecta la estrategia con el trabajo cotidiano y permite que el cambio deje de ser “el proyecto de la alta dirección” para convertirse progresivamente en una tarea compartida.

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Esto exige, además, coherencia. Pocas cosas debilitan más una transformación que pedir nuevos comportamientos mientras los sistemas siguen premiando los antiguos; hablar de colaboración mientras las áreas continúan compitiendo; proclamar confianza mientras se multiplica el control; o pedir iniciativa mientras se penaliza el error razonable. Las personas observan mucho más de lo que los directivos dicen. Observan qué decisiones toman, qué reconocen, qué toleran y cómo actúan cuando aparecen las dificultades.

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Por eso, toda transformación tiene también una dimensión de aprendizaje. Mientras cambia la organización, tienen que cambiar las capacidades y, en cierta medida, los hábitos de quienes la integran. Cada decisión durante el proceso enseña algo: qué es realmente importante, qué comportamientos son valorados y hasta qué punto se puede confiar en quienes conducen el cambio.

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La transformación organizacional no consiste, por tanto, solamente en pasar de una estructura, una tecnología o un modelo de negocio a otro. Consiste en conseguir que un conjunto de personas aprenda a trabajar de una manera diferente y quiera hacerlo suficientemente bien y durante suficiente tiempo para que el cambio se consolide.

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Los recursos hacen posible la transformación. La estrategia señala el rumbo. Los sistemas y estructuras proporcionan cauces. La tecnología puede acelerarla. Pero son las personas quienes interpretan, deciden, aprenden, cooperan y actúan.

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Por eso, cuando un alto directivo se pregunte dónde comienza realmente una transformación, quizá deba mirar menos el organigrama y más a las personas que tendrán que hacerla realidad. Y cuando se pregunte cuándo ha terminado, la respuesta tampoco estará en la fecha de cierre del proyecto, sino en el momento en que esas personas hayan incorporado una nueva manera de entender, decidir y actuar.

Mario Acosta Dávila es Profesor de Gobierno de Personas del PAD – Universidad de Piura

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Las personas viven y trabajan durante más años, mientras la tecnología transforma cada vez más rápido los puestos de trabajo y las capacidades que demandan las empresas. Según el estudio Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, la tasa de empleo de las personas entre 55 y 64 años pasó de 47.7% en el 2004 a 66.4% en el 2024. En Perú, según el INEI, en el 2025 el 68.2% de las personas entre 60 y 69 años formó parte de la población económicamente activa.

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Frente a este escenario, durante los últimos años hemos hablado mucho de convivencia generacional, transferencia de conocimiento, reskilling y del valor de la experiencia. Todo ello sigue siendo válido, pero quizás debamos dar un paso más.

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¿Qué pasa si dejamos de mirar una carrera extensa como una trayectoria que se acerca a su etapa final y comenzamos a verla como una experiencia profesional que aún puede transformarse? El cambio parece sencillo, pero modifica la forma de gestionar personas. Ya no se trata solo de reconocer cuánto conocimiento acumuló alguien, sino de identificar qué parte seguirá siendo útil, qué nuevas capacidades necesita incorporar y dónde podría generar mayor impacto en los próximos años.

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El punto de partida es hacer visible la experiencia antes de perderla. En muchas organizaciones existe conocimiento que nunca fue identificado porque siempre estuvo disponible: relaciones con clientes, experiencia técnica, conocimiento del negocio, memoria sobre determinadas decisiones o criterio para resolver situaciones complejas. Una pregunta revela mucho: si esta persona mañana no estuviera, ¿qué perderíamos realmente?

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Sin embargo, identificar ese valor no basta. Una carrera más larga tampoco puede sostenerse únicamente sobre lo aprendido. El siguiente desafío es actualizar antes que reemplazar. ¿Qué necesita aprender o actualizar para que su experiencia siga generando valor dentro de tres o cinco años? El avance de la inteligencia artificial hace que esta situación sea aún más relevante. No se trata de elegir entre experiencia y tecnología, sino de entender qué se puede lograr cuando ambas se combinan.

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Una vez identificadas y actualizadas estas capacidades, aparece una tercera posibilidad: evaluar una reubicación antes que un retiro. Una persona no tiene que permanecer en el mismo puesto para seguir aportando. También puede participar en proyectos, desarrollar negocios, transferir conocimiento o asumir nuevos retos. El objetivo no es prolongar artificialmente una posición, sino encontrar espacios donde su experiencia continúe generando valor.

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Esta mirada es adaptable a la realidad de cualquier organización y puede comenzar con tres preguntas: ¿qué experiencia no quiero perder?, ¿qué capacidades necesito actualizar? y ¿dónde podrían aportar más esas personas?

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Hemos avanzado en reconocer la importancia de la diversidad generacional, la experiencia y el aprendizaje continuo. Ahora el desafío es convertir todo ello en valor: no preguntarnos solo cuánto tiempo más puede permanecer una persona en la organización, sino dónde y cómo puede seguir aportando durante los próximos años.

Percy Alache es socio líder de Servicios Laborales de PwC Perú

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La presidenta Keiko Fujimori felicitó al mandatario electo y expresó su voluntad de fortalecer la alianza estratégica. Por su parte, ayer, el ministro de Agricultura, Marco Vinelli, identificó oportunidades para exportar papa, cebolla, ajo y quesos al mercado brasileño, especialmente desde las regiones andinas y amazónicas. También reconoció la necesidad de trabajar en los protocolos sanitarios y fitosanitarios. Son posibilidades que requieren acciones concretas, no solo declaraciones de buena voluntad.

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Un gobierno de Flávio Bolsonaro habría podido tener mayor afinidad ideológica con el peruano y una orientación más cercana a Washington. Lula, en cambio, antagoniza recurrentemente con Donald Trump. Sin embargo, la coincidencia política no garantiza mejores resultados. En el 2022, Jair Bolsonaro y Pedro Castillo, pese a sus evidentes diferencias, acordaron impulsar el aprovechamiento de la carretera Interoceánica y estudiar corredores multimodales, aunque queda pendiente saber si es que se avanzó en esa dirección. Lo dudamos.

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La oportunidad actual es mayor. Brasil busca conexiones competitivas con el Pacífico y el Perú cuenta con el puerto de Chancay, desarrollado con capital chino. En enero, ambos países acordaron impulsar la integración bioceánica y actualizar su alianza estratégica del 2003. En febrero se realizó un piloto de transporte de soya brasileña hacia Yurimaguas. Fue un paso simbólico. Su viabilidad dependerá de costos, infraestructura, financiamiento y demanda, no únicamente de afinidades geopolíticas.

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Según el Mincetur, el intercambio comercial bilateral se acercó a US$ 5,000 millones en el 2025. Brasil es el principal socio comercial peruano en América Latina. El reto consiste tanto en atraer mercancías brasileñas hacia nuestros puertos como en ampliar las exportaciones nacionales. El bicentenario de las relaciones diplomáticas, en febrero del 2027, debería encontrar una agenda con proyectos priorizados, plazos y responsables. Los intereses del Perú deben trascender a los gobiernos de turno.

Ese encuentro expresa una voluntad compartida: conectar proyectos y financiamiento para construir el Perú que podemos ser. Llevamos ventajas que debemos valorar: estabilidad macroeconómica, un Banco Central autónomo, apertura comercial y una trayectoria de integración a los mercados internacionales. Son fortalezas construidas durante más de treinta años, con esfuerzo y continuidad. Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. La competencia por atraer inversiones exige renovar capacidades. El capital tiene alternativas; nuestra tarea es ofrecer condiciones para que elija al Perú y contribuya a elevar la calidad de vida.

Para ello debemos mirar con mayor atención a las regiones. En las entrevistas que vengo realizando a empresarios para una investigación sobre desarrollo productivo regional, aparecen oportunidades diversas, pero también trabas persistentes. Tener recursos naturales, biodiversidad, potencialidad agrícola, recursos turísticos y culturas vivas, no basta para asegurar inversiones. Las ventajas comparativas necesitan infraestructura, servicios e instituciones que permitan convertirlas en productividad, empleo formal y mejores ingresos.

Una prioridad es el ordenamiento territorial. Necesitamos conocer las capacidades y restricciones de cada territorio, dar certeza sobre la propiedad y facilitar usos compatibles de la tierra. Esto requiere información, coordinación entre niveles de gobierno y participación de las comunidades. Planificar debe ayudar a conciliar actividades productivas, ciudades y conservación, anticipando conflictos. Una empresa necesita saber dónde puede instalarse y bajo qué condiciones podrá operar y crecer.

El agua merece un lugar central. Es indispensable para la población y para todas las industrias. Su disponibilidad no se resuelve únicamente con nuevas obras: exige gobernanza para gestionar cuencas, almacenar, mantener infraestructura, reducir pérdidas y promover tratamiento y reúso. La economía circular permite que lo que hoy se desperdicia vuelva a utilizarse. Asegurar agua en cantidad y calidad, con criterios de sostenibilidad, es una política social y una condición del desarrollo productivo.

También debemos pensar la energía desde la diversidad del Perú. Hidrocarburos, gas natural, recursos hídricos, sol, viento y biomasa ofrecen posibilidades distintas según la geografía. Podemos evaluar nuevas hidroeléctricas, sustituir combustibles donde resulte eficiente y aprovechar residuos para generar energía. Cada alternativa debe considerar costos, impactos ambientales y seguridad del suministro. Para una región, contar con energía confiable y competitiva puede definir la llegada de una industria.

Nada de ello avanzará al ritmo necesario sin cumplimiento de contratos y regulación que promueva inversión y competencia. Los proyectos requieren reglas previsibles desde su formulación hasta su operación. También necesitan redes e infraestructura que conecten la producción con los mercados. Atraer capital extranjero y desarrollar el mercado de capitales amplía las fuentes de financiamiento y puede aportar tecnología y conocimiento. Aprovecharlos exige proyectos viables y capacidad de ejecución.

En paralelo, urge eliminar barreras burocráticas. En las regiones, la superposición de competencias, los permisos repetidos y las decisiones sin plazos claros elevan costos y desalientan especialmente a las empresas pequeñas. Desregular exige revisar qué requisitos cumplen un propósito y cuáles solo añaden trámites. Necesitamos procedimientos simples, autoridades coordinadas y decisiones oportunas, preservando estándares ambientales y sociales. La demora tiene un costo en oportunidades perdidas.

El talento humano completa esta agenda. La robótica y la inteligencia artificial están transformando las tareas y las capacidades que demandan las empresas. La educación básica, la formación técnica y la actualización profesional deben preparar a las personas para aprovechar esos cambios. La salud es igualmente decisiva: aprender, trabajar y emprender requieren bienestar. Requerimos desarrollar talento y condiciones para vivir mejor.

Vamos a Nueva York con entusiasmo y con la convicción de que el Perú puede dar un salto en su desarrollo. Corresponde a nuestros dirigentes políticos construir acuerdos y sostener reformas que hagan competitivas a las regiones. La inversión nacional y extranjera puede financiar esa transformación, generar empleo y acercar oportunidades a más familias. Pensar en grande significa actuar en grande. El roadshow abre puertas; convertirlas en progreso requiere trabajo en el país. Nos toca a todos.

Mercedes Araoz es profesora investigadora de la Universidad del Pacífico.

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La Empresa Autónoma representa precisamente ese cambio de paradigma. No se trata simplemente de digitalizar procesos o incorporar nuevas herramientas, sino de integrar la inteligencia artificial dentro de la ejecución misma del negocio para que pueda comprender el contexto, coordinar procesos, proponer decisiones y ejecutar actividades de extremo a extremo dentro de límites claramente definidos.

Este modelo no describe una empresa sin personas. Describe una organización en la que los agentes ejecutan transacciones, proponen acciones y colaboran en la operación diaria, mientras que las personas deciden, supervisan y gobiernan. El rol humano no desaparece: evoluciona desde la operación transaccional hacia el criterio, la gestión de excepciones, la innovación y la responsabilidad sobre las decisiones.

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La IA en el corazón del negocio

La diferencia frente al software tradicional está en quién hace qué dentro del proceso. Los sistemas dejan de ser únicamente plataformas pasivas que esperan instrucciones. Con el contexto adecuado, asistentes y agentes pueden detectar eventos, analizar impactos, proponer cursos de acción y ejecutar tareas específicas, siempre dentro de los límites definidos por la organización.

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El potencial de la IA emerge cuando se conecta con el núcleo operativo de la empresa: sus datos transaccionales, procesos, reglas, autorizaciones e integraciones. Esa conexión permite pasar de mejoras de productividad individuales a capacidades que pueden fortalecer la ejecución de procesos, acelerar la toma de decisiones y generar valor de manera consistente en toda la organización.

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La parte visible de la inteligencia artificial son los modelos generativos, los asistentes y los agentes. Sin embargo, debajo se encuentran los elementos que permiten capturar valor: datos confiables, procesos estandarizados, un core empresarial integrado, reglas de negocio y mecanismos de gobierno.

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Por eso, el reto no consiste únicamente en implementar agentes. Consiste en preparar los fundamentos que permitan una ejecución autónoma confiable. Esto requiere datos consistentes, procesos simplificados y estandarizados, una arquitectura empresarial integrada y políticas de gobierno claras que permitan a los agentes operar de manera confiable, segura y escalable.

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Valor, fundamentos y gobierno

Para una empresa que busca avanzar hacia este modelo, el primer paso no es tecnológico. La pregunta no debería ser qué herramienta de IA comprar, sino en qué procesos existe una oportunidad concreta de aumentar ingresos, mejorar márgenes, reducir costos, incrementar la productividad, acelerar la respuesta al mercado o mitigar riesgos. La autonomía debe comenzar donde exista un caso de valor claro y medible.

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El segundo paso es asegurar los fundamentos: datos confiables, procesos estandarizados, integración y un core preparado. La organización también debe evaluar qué nivel de autonomía está dispuesta a otorgar a los agentes y, sobre todo, cuál es su apetito de riesgo. No todos los procesos tienen el mismo impacto ni todas las decisiones requieren el mismo nivel de supervisión. Por ello, cada organización debe definir qué riesgos está preparada para asumir, cuáles requieren controles adicionales y en qué ámbitos la intervención humana seguirá siendo indispensable.

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El tercer elemento, desde el día uno, es el gobierno. La empresa debe definir qué puede hacer un agente, qué decisiones requieren intervención humana, qué accesos tendrá, cómo se protegerá la información y quién monitoreará, auditará y responderá por sus acciones. La autonomía no elimina el control ni la responsabilidad; los vuelve más importantes. De hecho, mientras mayor sea la autonomía otorgada a los agentes, más robustos deberán ser los mecanismos de gobierno, trazabilidad y supervisión.

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La evolución hacia la Empresa Autónoma será progresiva. Las organizaciones probarán, ajustarán y ampliarán el alcance de los agentes a medida que construyan confianza.

Las empresas que actúen temprano, con foco en valor y con un gobierno sólido, podrán aprender antes y escalar con mayor confianza.

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Un nuevo modelo para generar valor

El objetivo final no es automatizar por automatizar. Es construir organizaciones más ágiles, resilientes e inteligentes, capaces de responder con mayor velocidad ante cambios en la demanda, riesgos operativos y nuevas oportunidades. La IA deja de ser una herramienta aislada y pasa a formar parte de los procesos clave del negocio.

¿Estamos preparados para gobernar una empresa donde los agentes ejecutan y las personas deciden?

José Antonio Freundt es director de Advisory de KPMG en el Perú

La historia muestra que El Niño puede ocasionar grandes pérdidas. Los episodios de 1983, 1998 y 2017 dañaron la producción. Dejaron una lección: prevenir cuesta menos que reconstruir. Sin embargo, prevenir daños no es lo mismo que ofrecer apoyos económicos para cuando llegue una emergencia.

Surge entonces una pregunta: ¿conviene anunciar un estímulo de esta magnitud cuando la economía aún crece y los precios de los minerales son favorables? La promesa de una ayuda futura podría influir desde hoy en las decisiones de gasto de algunas familias. Su efecto dependerá de la credibilidad del anuncio y de quiénes reciban los recursos.

Hay otro riesgo. Si El Niño reduce la oferta de alimentos y, al mismo tiempo, se impulsa la demanda, podrían aumentar las presiones sobre los precios. Eso complicaría la tarea del Banco Central. No es un desenlace inevitable, pero sí un escenario que debe evaluarse.

El desafío también es fiscal. El Perú tiene margen para endeudarse, pero no un cheque en blanco. Más que cuánto podemos conseguir hoy, importa cómo financiaremos nuestros compromisos mañana. La recaudación atraviesa un buen momento, favorecida en parte por los altos precios de los minerales. Sin embargo, la presión tributaria sigue siendo relativamente baja y la informalidad limita la generación de ingresos sostenibles. Superar estos problemas exige reformas y consensos que se espera lograr con las comisiones presidenciales.

El Ejecutivo plantea modificar la trayectoria del déficit fiscal, pero falta aclarar si también cambiarán las reglas que limitan el crecimiento del gasto público.

Tampoco podemos suponer que los buenos precios de los minerales durarán siempre. Una corrección internacional podría reducir las exportaciones y la recaudación y, si aumenta el riesgo, encarecer el financiamiento. ¿Qué margen quedaría para enfrentar otra crisis?

Estas advertencias no cuestionan la necesidad de actuar. Buscan que las decisiones sean oportunas, focalizadas y sostenibles. Es la misma reflexión que tendremos en Perspectivas Económicas 2027, el encuentro que Gestión realizará este martes 27 de octubre para analizar los desafíos del próximo año.Prepararse no es solo disponer de recursos, sino utilizarlos cuando realmente se necesiten, sin debilitar nuestra capacidad de respuesta futura.

Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.

Sin embargo, su aplicación quedó sujeta a la fecha de entrada en vigencia de una Resolución de Superintendencia, que hasta hoy nunca se ha promulgado.

Modificaciones al IGV

Con las modificaciones introducidas, los comprobantes, notas de débito, documentos emitidos por la SUNAT o el formulario donde consta el pago del IGV no domiciliados, deben haber sido anotados en el archivo digital u hoja del Registro de Compras de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley.

Además, esta modificación precisa que, el Registro de Compras, llevado de forma manual o computarizada, deberá legalizarse antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el Reglamento. En el caso del Registro de Compras Electrónico, no será exigible que se legalice por obvias razones.

En cuanto al referido artículo 37 de la Ley del IGV, este fue modificado completamente. Así, en primer lugar, se señala que el contribuyente del IGV estará obligado a llevar un Registro de Ventas e Ingresos (RVI) y un Registro de Compras (RC), donde deberá de anotar las operaciones realizadas o indicará que no tiene operaciones que anotar del periodo correspondiente en el sistema, módulo u otros medios, en los plazos de atraso aprobados para tal efecto, incluyendo el plazo para los ajustes posteriores.

De realizar operaciones de consignación, se debe de llevar un Registro de Consignaciones, donde se anoten los bienes entregados y recibidos en consignación.

Oportunidad de anotación

Recuérdese que como tema relevante y polémico, se modificó también el artículo 2 de la Ley 29215, referente a la oportunidad para anotar las operaciones en el RC y hacer uso así del ejercicio al crédito fiscal.

Esta modificación señala que, los comprobantes de pago, notas de débito y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19 de la Ley del IGV, deben ser anotados en el archivo digital u hoja del RC del periodo que corresponda al mes de su emisión o del pago del Impuesto, según sea el caso; o tratándose de comprobantes de pago y notas de débito que no fueran emitidas a través del SEE, hasta los 2 meses siguientes al mes de su emisión o del Pago del Impuesto según sea el caso, o tratándose de operaciones sujetas al SPOT, hasta los tres meses siguientes al de su emisión, debiendo ejercerse el crédito fiscal en el periodo al que corresponda el archivo digital u hoja donde se realizan las anotaciones.

Además, se precisa que no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los CP y documentos referidos por el artículo 19 inciso a), en las hojas de los meses que corresponden de acuerdo a lo anteriormente señalado, “se efectúa antes de que se requiera la exhibición y/o presentación del RC llevado de forma manual o computarizada”.

Conclusión

Como se desprende del Decreto Legislativo citado, lo relevante es que se ha modificado los tiempos para anotar los comprobantes de pago en el Registro de Compras.

Al respecto, la norma es precisa, señalando que ya no se permitiría el plazo de 12 meses para anotar los CP, sino que, en el caso de comprobantes electrónicos su anotación deberá ser en el mismo mes; en el caso de los no electrónicos, se contará con un plazo de 2 meses para anotarlo; y en el caso de los comprobantes sujetos a detracción, se contará con un plazo de 3 meses.

Es decir, de no anotar el comprobante electrónico dentro dichos plazos, se perdería el crédito fiscal, un aspecto sobre el cual corresponde tomar especial relevancia y que ha generado críticas diversas, porque un derecho no debería sujetarse a plazo alguno.

En tal sentido, dichas modificaciones constituyen un claro desacierto y una violación de principios como el de legalidad y el de seguridad jurídica, puesto que condicionan el derecho a ejercer el crédito fiscal a un requisito meramente formal, como lo es el “adecuado llevado de un Registro”, cuando en realidad, el mero pago del Impuesto a través de las operaciones de compras debería ser suficiente motivo para otorgar el derecho a utilizar dicho crédito fiscal en el IGV.

Si la norma entra en vigor, se avizoran futuras acciones de amparo, para evitar que se concrete un claro abuso del derecho.

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC.

¿Qué asegura que no habrá más prórrogas? Si ha habido tantas, será difícil para el Gobierno convencer que el Régimen de Consolidación culminará, de manera definitiva, en junio del 2028. Las presiones de mineros, en particular de quienes se autodefinen pequeños y artesanales sin serlo, así como de congresistas, podrían provocar una o más prórrogas. Para los nuevos y los ya formalizados, el proyecto de Ley Mape establece un régimen ordinario permanente, cuya normativa incluirá requisitos de información, trazabilidad y fiscalización, además de autorización sectorial y certificación ambiental.

A fin de que la normativa no termine en letra muerta, el Gobierno está apostando por la creación de una entidad que, en la práctica, asumirá funciones que actualmente desempeñan (o deberían desempeñar) los gobiernos regionales: el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), con autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Otra novedad es que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y Sunafil asumirían funciones de fiscalización y supervisión, aunque es extraño que se plantee que solamente durante cinco años.

Con respecto a la Sunat, el proyecto de ley mantiene su participación en el control de insumos y explosivos, pero no incide en un rol fiscalizador tributario más profundo. Esa y otras omisiones podrían subsanarse en el debate de la ley, aunque se desconoce la actitud que tomará el Congreso, sobre todo la oposición, que podría eliminar parte relevante de la normativa. En noviembre del 2024, el entonces titular del Minem, Rómulo Mucho, fue censurado por el Congreso –tras presentar un proyecto de Ley MAPE–. Una de las mociones de censura fue presentada por la bancada de Fuerza Popular.

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Y aquí viene el tema. Imagínense ustedes que el inversionista comprador es uno de los grupos económico-financieros más grandes del país, mientras que entre los accionistas minoritarios están los fondos de pensiones que administran los aportes de millones de trabajadores peruanos. Los primeros (compradores) querrán siempre pagar un precio bajo, ¿quién los culpa?, mientras que los segundos, obviamente, querrán que se les pague un precio alto o lo que ellos consideran justo. Hay muchos intereses en juego, pues el precio pagado al controlador no necesariamente, por diversas razones, se acerca al valor fundamental que tienen los accionistas minoritarios en mente.

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Eso por ello, que el regulador optó que sea un tercero, una EVI independiente, la que determine ese precio.

Y, por supuesto, la SMV determinó que lo más adecuado era que ellos mismos fueran los que seleccionasen a la EVI. Nombraron un comité de selección compuesto por ejecutivos de la misma entidad, publicaron bases y convocaron a diversos procesos de selección. En los últimos veinte años he visto buenas valorizaciones y he visto valorizaciones con gruesos errores. He visto que la SMV ha seleccionado a EVI muy destacadas, con años de experiencia, y he visto que ha seleccionado a empresas sin experiencia y sin reputación. He visto cómo ha seleccionado equipos de primer nivel y también cómo ha seleccionado a equipos de paupérrimo nivel. En muchos casos, la SMV seleccionó al más barato, no al mejor, olvidándose de que, la mayoría de las veces, lo barato sale caro.

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Dos lamentables anécdotas. Primera: hace un par de años, una EVI presentó una valorización en la que, en el balance general proyectado, la suma del pasivo más el patrimonio de cada año no era igual al activo. Siempre presento este caso en mis clases universitarias, como ejemplo de un trabajo mal hecho. Una valorización hecha sobre la base de un modelo con esos errores no tiene valor, valga la ironía.

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Segunda: la SMV seleccionó a una EVI creada meses antes y que nunca había valorizado un activo en su vida como persona jurídica. Ellos mismos, con mucha honestidad, consignaron que tenían cero experiencia como persona jurídica en su oferta técnica. Pero, como, según las bases, la experiencia como EVI solo pesa 5 puntos sobre 100, obtuvieron puntos en otros rubros y ganaron. En mi opinión, una entidad que nunca ha valorizado un activo en su vida ni siquiera debería poder presentarse al proceso de selección, por motivos obvios.

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Asumo que, producto del descontento del mercado, hace poco, la SMV decidió cambiar la normativa y adaptarla al modelo de referencia de otros países. Ahora, el mismo comprador, bajo la estricta supervisión de la SMV, selecciona a la EVI. Si la SMV ve algo que le llame la atención, puede intervenir (acordémonos de que el comprador siempre buscará pagar el precio más bajo posible). Con lo cual, prácticamente volvemos a lo mismo. La SMV tiene la última palabra. ¿Mejorarán las cosas con este proceso de selección? ¿Se seleccionarán EVI de mucha reputación y experiencia que puedan hacer frente a las presiones de compradores y vendedores en el mercado?

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Creo yo que, para las acciones que tienen liquidez, el mercado es el que mejor determina el precio que se debe pagar a los minoritarios. En general, el mercado sabe más que un valorizador, por más experto que sea. Los inversionistas evaluarán la compra de las acciones del controlador y la oferta y la demanda pueden determinar el precio para la OPA.

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Para las acciones que no tienen liquidez, sí debería ser necesaria una EVI. Pero opino que los encargados de seleccionar a la EVI no deben ser ni la SMV ni el comprador. Como una alternativa, se podría encomendar este importante proceso de selección a un comité de notables, una universidad o la CFA Society, para que, a través de un proceso idóneo, designen a una entidad independiente con experiencia en valorizaciones que se encargue del proceso. Otra alternativa es que estos mismos notables elaboren un registro peruano de entidades preseleccionadas que permita al ofertante de la OPA escoger a una EVI ya filtrada. Estos son solo ejemplos que pueden ayudar en estos procesos. La SMV no tiene expertise en valorizaciones (no tiene por qué tenerlo) y por tanto sus ejecutivos no saben mucho del tema (no tienen por qué saber) y cuando uno no sabe de un tema, tiende a cometer errores.

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En general, la SMV tiene como objetivo promover el desarrollo, la liquidez y la transparencia del mercado de valores y proteger, en el camino, los intereses de los inversionistas minoritarios. Creo que este tema puntual de las EVI y las OPA no ha estado bien manejado y tengo mis dudas sobre si la nueva norma permitirá mejorar la situación.

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Disclosure: Kallpa Securities SAB ha participado en varios de estos procesos de selección de EVI. Hemos ganado varios y perdido algunos. En los procesos en que fue seleccionada como EVI, no hubo cuestionamientos por parte del mercado, ni al proceso de selección, ni a la valorización per se.

Alberto Arispe es gerente general de Kallpa Securities SAB

La teoría del crecimiento es bastante clara. Una economía puede crecer porque incorpora más trabajadores, acumula más capital o porque utiliza mejor esos recursos. Esto último es productividad y, en el largo plazo, es fundamental para sostener aumentos del ingreso por habitante y de los salarios reales. Ahí tenemos una emergencia. Entre 2002 y 2008, la productividad total de factores (PTF) aportaba 3.7 puntos porcentuales al crecimiento potencial peruano; desde el 2016, su contribución pasó a ser negativa, reduciendo nuestra capacidad de crecer.

Cuando bajamos de la macroeconomía a las empresas, el problema es todavía más evidente. Las microempresas representan el 93.8% de las empresas formales y concentran el 71.1% del empleo privado. Sin embargo, la productividad laboral de una microempresa equivale apenas al 4.3% de la de una gran empresa. Dicho al revés, una gran empresa produce por trabajador más de 20 veces lo que produce una microempresa. Además, casi nueve de cada diez trabajadores de estas últimas son informales. Tenemos así buena parte del empleo concentrado precisamente en las unidades productivas con menor capacidad para generar valor, aumentar salarios y ofrecer protección social.

En economía existe un concepto útil para entenderlo: misallocation, o mala asignación de recursos. Cuando los impuestos, las regulaciones, las barreras burocráticas o los problemas de financiamiento impiden que las empresas más productivas crezcan, el capital y el trabajo permanecen atrapados en actividades menos productivas. Por eso formalización, regulación, tributación y productividad no son discusiones separadas. Eran centrales en el pedido de facultades y buena parte de esa agenda quedó fuera. El Senado sí preservó medidas importantes de simplificación administrativa e infraestructura, pero no las facultades específicas solicitadas para facilitar la formalización y el crecimiento de las mype y reformar elementos del régimen tributario que desincentivan su crecimiento.

Miremos también la inversión. El Perú tiene una cartera de proyectos mineros de alrededor de US$ 64 mil millones que, de destrabarse, podría elevar nuestro crecimiento potencial entre 0.5 y 1 punto porcentual. Es muchísimo para una economía cuya capacidad de crecimiento se ha reducido sustancialmente. Sin embargo, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar alrededor de 40 años desde el descubrimiento del yacimiento, frente a 28 años en promedio mundial. Aunque el Senado incorporó medidas para facilitar infraestructura, APP, predios y liberación de interferencias, la facultad específica para actualizar la regulación minera, simplificar sus procedimientos y fortalecer la seguridad jurídica para activar inversiones quedó fuera. ¿Eso tampoco es urgente?

Algo similar ocurre con los jóvenes. El 84.8% de los trabajadores entre 14 y 24 años trabaja informalmente y su tasa de desempleo prácticamente duplica el promedio nacional. Las facultades para promover empleo, empleabilidad y formación juvenil tampoco fueron incluidas. Estamos hablando de una generación cuya puerta de entrada al mercado laboral es, abrumadoramente, la informalidad. Y una mala inserción inicial puede dejar efectos persistentes sobre productividad, ingresos y trayectoria laboral.

Quizá el error más importante sea pensar que productividad es sinónimo de utilidades empresariales. No lo es. Productividad es bienestar. Un trabajador más productivo puede recibir un salario real mayor. Una empresa más productiva puede crecer, invertir y contratar formalmente. Una economía más productiva recauda más y puede financiar mejores servicios públicos. Y una economía que crece sostenidamente tiene mayor capacidad para reducir pobreza. Los peruanos nos beneficiamos de esa experiencia durante las primeras décadas de este siglo, cuando la pobreza y la desigualdad se redujeron drásticamente. Hoy, después de más de una década de crecimiento débil, nos cuesta seguir avanzando.

El Congreso debe exigir precisión y límites, pero una cosa es corregir reformas y otra eliminarlas. La aprobación del Senado rescató algunas medidas valiosas, pero no subsana el recorte: permanecen fuera reformas importantes de formalización, productividad, empleo e inversión que podrían contribuir a recuperar el crecimiento y acelerar la reducción de la pobreza. Queda entonces una pregunta que la oposición debería responder: si recuperar el crecimiento, elevar la productividad, formalizar el empleo y destrabar miles de millones de dólares de inversión no son asuntos urgentes, ¿qué lo es? Una oposición intransigente que no coloque la inversión privada y el crecimiento entre sus prioridades termina dándole la espalda al mismo ciudadano cuyos derechos dice defender.

David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.

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Después de esto, hay que mirar hacia adelante, y no porque no haya mucho que corregir de lo que ha pasado, sino justamente porque el futuro inmediato va a estar impregnado de las esquirlas que las últimas batallas han dejado.

Un primer tema es que, de aquí en adelante, la pelota ya está en la cancha del Ejecutivo. Tiene hasta 90 días para legislar y para enfrentar un enorme desafío, porque lo que le han aprobado es justamente lo que quería y decía necesitar para enfrentar los problemas más graves que tiene y que tendrá el país en los siguientes meses: la delincuencia y los efectos de un fenómeno de El Niño que ya está entre nosotros y cuyos efectos son realmente impredecibles, por más que se sospechen.

En poco tiempo, la población empezará a reclamarle resultados sobre la base de estas facultades, y, por lo menos en estos temas, esa población ya no aceptará justificaciones o postergaciones. La forma en que el Ejecutivo logró ese premio de consuelo luego de tanto desacierto hace que todos los ojos estén puestos ahora en lo que hará el Gobierno.

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Por eso, no parece ser una buena idea que tanto el presidente del Senado como el primer ministro sigan quejándose y atacando o adjetivando. En política, las cosas dan vueltas muy rápido, y lo que subió hoy baja mañana con mucha velocidad, a veces con solo una frase o un hecho inesperado.

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Para todos los demás temas que quedaron fuera, se utilizarán decretos de urgencia y proyectos de ley, como anunció el primer ministro anteayer, que es lo que muchos especialistas y políticos de todos los sectores le reclamaron al Ejecutivo desde el primer momento en que se iniciaron los debates en el Congreso sobre este asunto.

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Hay varias medidas que el Gobierno viene ejecutando en el norte del país, y otras que ha anunciado en las últimas horas, como el paquete fiscal de S/ 18,000 millones para tratar de mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, que no necesitaban de facultades legislativas. Por eso, es bueno concentrarse en lo que puede hacer rápida y eficazmente con lo que tiene, y así mostrar que no está esperando o que solo le queda rezar y decirle a la gente que se prepare para lo peor o que líe sus bártulos y se vaya a otro sitio.

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Lo que ha quedado por corregir y por analizar en el Congreso no es poca cosa. Y muy probablemente las facturas por cobrar recién estén por llegar.

Lo que sí ha quedado claro es que hay mucho por corregir en la relación entre diputados y senadores. En realidad, los que relegaron al Senado a ser prácticamente un notario, fueron quienes diseñaron este neobicameralismo y quienes redactaron los reglamentos, convirtiendo a ambas cámaras en compartimentos estancos, donde cada una hacía “su” trabajo sin retroalimentarse ni relacionarse.

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Por otra parte, todavía es muy pronto para tratar de reclasificar a las bancadas de diputados o de senadores como de derecha, de izquierda o de centro. Esta ha sido solo una votación en el Senado, en la que las bancadas se han dividido circunstancialmente y no sabemos por qué. Pero eso puede cambiar mañana o pasado mañana.

Hablar de un nuevo bloque oficialista o de un nuevo “fiel de la balanza” en bancadas que tienen congresistas que ni siquiera han podido justificar bien su voto o cuyos líderes han zigzagueado durante todo el proceso electoral de la primera y la segunda vuelta, es bastante apresurado.

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Y la prueba más palpable es que muchos alababan a la bancada de Buen Gobierno y ponderaban las cualidades de varios de sus congresistas, señalando que era el mejor “fiel de la balanza”, y ahora los insultan, les dicen “furgón de cola de Juntos por el Perú” y hasta los llaman “traidores a la patria”, a pesar de que la bancada de diputados de Buen Gobierno votó por otorgar las 20 facultades, a diferencia de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú, que no querían otorgar ninguna.

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¿Por qué Buen Gobierno se abstuvo al final y por qué dos congresistas votaron con los fujimoristas? Eso es algo que ellos tendrán que explicar, pero que muestra que no se puede etiquetar ni clasificar a las bancadas, por lo menos por ahora, como positivas, buenas, confiables, patriotas o sinceras. Varias bancadas actúan de acuerdo con cómo viene el viento.

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Ahora, quienes alabaron a Buen Gobierno alaban a Obras y los enaltecen, pero cuidado con esa balanza y su fiel, que vienen leyes bastante controversiales y ahí los queremos ver.

Otra cosa ha sido ver cómo los senadores de varias bancadas han votado de manera diferente y contra lo que votaron y defendieron los diputados del mismo partido. ¿Qué pasó en el camino? Tendrán que revisarlo y analizarlo, pero si no se ponen de acuerdo o si no establecen bien sus criterios, cada uno votará como mejor le parezca. Y no vengan con aquello de que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, porque una cosa es eso y otra es mandarse por la libre o “arreglar” con otros.

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Hay, por supuesto, muchas otras lecciones que deja este proceso de las facultades, pero lo importante es poner paños fríos, dejar la calentura y la piconería de lado, aprender las lecciones y mirar al futuro jugando ajedrez y no damas.

Enrique Castillo es periodista