La inseguridad no se resolverá con un nuevo nombre para un plan nacional ni con el relevo de ministros o comandantes. Se resolverá cuando cada institución cumpla su papel y actúe de manera coordinada. Hoy esa cadena está rota.

El primer eslabón es la Policía Nacional. El Perú cuenta con alrededor de 135 mil efectivos, una cifra que equivale a cerca de 394 policías por cada 100 mil habitantes. Más que discutir únicamente si hacen falta más policías, la pregunta es cómo aprovechar mejor la capacidad existente. Inteligencia, investigación criminal, tecnología y presencia en los territorios donde operan las organizaciones delictivas deberían pesar más que la simple presencia de uniformados en las calles.

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En esa lógica, recurrir a las Fuerzas Armadas como respuesta permanente tampoco resuelve el problema. Los militares fueron formados para la defensa nacional, mientras que la seguridad interna corresponde a la Policía.

El segundo eslabón es el sistema de justicia. De poco sirve capturar a un delincuente si las investigaciones fracasan, los procesos se dilatan o las decisiones terminan debilitando el trabajo policial. Cada vez que eso ocurre, no solo pierde una institución; pierde la confianza de los ciudadanos en el Estado.

El tercer eslabón es el financiamiento de las organizaciones criminales. Seguir la ruta del dinero es tan importante como detener a quienes cometen los delitos. La coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía y el Ministerio Público debe fortalecerse para identificar, congelar y decomisar los recursos que sostienen las economías ilegales.

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En este punto, la minería ilegal merece especial atención. La prolongación del Reinfo ha sido ampliamente cuestionada porque ha permitido que parte del oro extraído ilegalmente encuentre mecanismos para ingresar a los circuitos formales. Ese dinero no solo alimenta una actividad ilícita; también fortalece redes criminales vinculadas al lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y otras economías ilegales.

Paradójicamente, mientras el Estado trabaja por compartimentos, el crimen organizado sí opera como un sistema integrado. Comparte información, financiamiento, logística y protección. Esa diferencia explica, en parte, por qué ha logrado expandirse.

La delincuencia y la extorsión también encarecen el costo de hacer empresa, obligan a miles de pequeños negocios a destinar recursos a su propia protección, desalientan nuevas inversiones y afectan la competitividad del país. La inseguridad se ha convertido en un freno para el crecimiento y la generación de empleo formal.

El próximo Gobierno será evaluado por su capacidad para reconstruir la cadena institucional que hoy está fracturada. Porque mientras un solo eslabón falle, el crimen seguirá avanzando.

La inseguridad no es únicamente un problema de recursos. Es, sobre todo, un problema de instituciones. Y si el Estado no logra actuar como un solo cuerpo, el crimen organizado seguirá imponiéndose. Recuperar la seguridad no solo significa devolver la tranquilidad a las familias; significa también crear las condiciones para que en el Perú se vuelva a invertir, producir y crecer con confianza.

El Incore 2026 adquiere mayor relevancia debido a que dentro de dos semanas asumirá un nuevo Gobierno, cuyas candidaturas presidenciales y congresales recibieron escaso apoyo relativo en el interior del país, de modo que necesita estar adecuadamente informado de los lastres que enfrentan los departamentos y entender que, en muchos casos, las promesas de campaña electoral no calzan con los problemas de la población. Por ejemplo, la incidencia del embarazo adolescente en la selva no se aborda con millones de soles en obras. La presidenta electa, Keiko Fujimori, ya se reunió con las autoridades de Puno, pero tendría que hacer lo mismo con las del resto de departamentos.

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En octubre habrá elecciones para elegir gobiernos regionales y municipales, y el Incore 2026 plantea seis recomendaciones para orientar el debate de esos comicios. La primera es generar condiciones para la inversión privada, pues se traducen en mayor competitividad y menor pobreza. La prueba es Apurímac: desde el inicio de operaciones de la minería formal de gran escala, el 2016, su PBI ha crecido 12.3% promedio anual (frente al 2.3% nacional) y su pobreza monetaria bajó de 38.2% a 20.9%. En el Incore 2019, Apurímac ocupaba el puesto 20 (3.4 puntos); ahora se ubica en el 12 (5.4 puntos).

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Las recomendaciones también incluyen el uso de esquemas de inversión público-privada (APP) para cerrar brechas de infraestructura; mejorar la capacidad instalada y las acciones de prevención en salud; reforzar el aprendizaje y mejorar la infraestructura educativa y el desempeño docente; ejecución eficiente y transparente del presupuesto y reducción trámites; y poner énfasis en prevención, control territorial y respuesta oportuna en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La competitividad no surge de milagro. Ya no se puede perder más tiempo.

Por décadas, el debate sobre bienestar en el país giró casi exclusivamente en torno a la pobreza monetaria; esta nueva data muestra que esa mirada dejaba fuera a una parte considerable de peruanos que hoy sabemos que pasan hambre.

El nuevo módulo, FIES, permite estimar la incidencia de la inseguridad alimentaria moderada –donde las familias se ven forzadas a sacrificar la calidad y/o la cantidad de lo que comen– y la severa, que describe las formas más extremas de privación, cuando las familias se ven obligadas a saltarse alguna comida o incluso a pasar días enteros sin ingerir alimentos por falta de recursos.

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Una de las lecciones que nos arrojan estos nuevos datos es que la inseguridad alimentaria no es un reflejo fiel de la pobreza monetaria. Si bien el 50% de quienes están en pobreza extrema la sufren, la escala FIES muestra que el fenómeno también se observa en los sectores más acomodados, alcanzando al 15% de los estratos A/B. Esto sugiere que el acceso a alimentos de calidad depende de factores que van más allá del ingreso inmediato.

Este no es solo un problema de bienestar social: también es un problema de productividad. La amplia evidencia sobre el costo económico de la desnutrición infantil en el Perú ya advertía que sus efectos –en escolaridad, capacidad cognitiva y productividad laboral futura– equivalen a varios puntos del PBI. Se trata de una fuerza laboral –presente y futura– que rendirá por debajo de su potencial porque no tiene garantizada su alimentación diaria. Para el sector privado, esto tiene implicancias directas: menor productividad, mayor ausentismo y rotación, y un capital humano que llega mermado al mercado de trabajo. Postergar la respuesta a esta cifra no es solo una omisión ética; es también una decisión económica costosa.

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La mirada regional también desafía nuestras preconcepciones. La Amazonía peruana se sitúa hoy en el epicentro de la crisis: regiones como Loreto (47%), Ucayali (37%) y Madre de Dios (34%) figuran entre las que registran los niveles más altos de inseguridad alimentaria. El caso de Madre de Dios es particularmente revelador: a pesar de ser una de las regiones con menor pobreza monetaria, sus habitantes sufren niveles críticos de inseguridad alimentaria, lo que refuerza la idea de que el problema alimentario no es solo un asunto de recursos económicos. En contraste, Cajamarca, la región con la mayor tasa de pobreza monetaria, ocupa el noveno lugar en inseguridad alimentaria con un 32%.

Asimismo, la dinámica urbano-rural nos ofrece matices importantes. Aunque la inseguridad alimentaria moderada o severa es mayor en el campo (35%) que en las ciudades (29%), la severa es más aguda en las zonas urbanas. Mientras que en el mundo rural puede haber mayor pobreza, también parece haber una menor incidencia de personas que quedan sin nada que comer en comparación con el entorno urbano.

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Tener esta evidencia no sirve de nada si se queda en el diagnóstico. El primer paso es usar el FIES como criterio de focalización: hoy Qali Warma, Juntos y los programas alimentarios se reparten con criterios de pobreza monetaria que, como muestran estos datos, dejan fuera a buena parte de quienes pasan hambre. El segundo es cruzar esta información con los padrones sociales existentes para identificar dónde la brecha entre pobreza e inseguridad alimentaria es mayor y dirigir ahí una oferta diferenciada. El tercero es que el Ejecutivo y el Congreso adopten una meta explícita, medible y con plazo, vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (“Hambre Cero”), de modo que el módulo del INEI deje de ser solo un termómetro y se convierta en un instrumento de rendición de cuentas.

El Perú ya tiene el diagnóstico más preciso de su historia sobre el hambre; lo que falta ahora es la voluntad de actuar sobre él.

Carolina Trivelli es i nvestigadora principal del IEP.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.