Una interrupción logística puede reducir ventas. Una planta paralizada golpea producción y márgenes. La afectación de un proveedor crítico puede trasladar mayores costos a toda la cadena. Un activo expuesto puede perder valor o exigir nuevas inversiones. El riesgo físico termina convirtiéndose en riesgo financiero.

Esto no es una relación teórica. Según S&P Global (2025), los riesgos climáticos físicos podrían generar US$ 1.2 billones en costos anuales hacia la década del 2050 para las empresas que integran el S&P Global 1200, en ausencia de medidas de adaptación. Para abordar este desafío, algunas empresas ya están avanzando en identificar su exposición: en el sector eléctrico, el 94% de las compañías evaluadas incorpora riesgos físicos agudos en sus evaluaciones climáticas. Sin embargo, solo el 62% ha dado el siguiente paso de identificar su potencial impacto financiero.

El problema es que muchas empresas todavía gestionan esas piezas por separado. Pueden contar con mapas de amenazas, mediciones de emisiones o planes de continuidad, sin saber qué porcentaje de sus ingresos depende de operaciones vulnerables, qué activos concentran mayor exposición o cuánto resistiría la caja ante una interrupción.

Esa brecha empieza a hacerse visible en los estándares financieros. La NIIF S2 requiere que las empresas conecten los riesgos y oportunidades climáticos con sus posibles efectos sobre los flujos de efectivo, acceso al financiamiento y costo de capital. A partir del 2029, inicialmente las empresas que cotizan en bolsa, entidades financieras y empresas no reguladas con ingresos anuales iguales o mayores a 2,300 UIT deberán reportar información climática y de sostenibilidad bajo las NIIF S1 y S2.

Los avances tampoco son uniformes. En la autoevaluación peruana del Ranking LACADI 2025, “metas y métricas” alcanzó 52%, mientras que “gestión de riesgos” llegó a 34%. La brecha es reveladora: medir y reportar puede estar avanzando más rápido que incorporar el clima a la forma en que se identifican, evalúan y administran los riesgos del negocio.

Por eso, el siguiente paso consiste en traducir la exposición en información financiera útil para decidir: porcentaje de activos vulnerables, ingresos dependientes de una operación, sensibilidad de márgenes, días de interrupción tolerables o inversiones capaces de reducir una pérdida futura.

Cuando esa información existe, el clima deja de ser un asunto exclusivo del área de sostenibilidad. Entra en conversaciones de operaciones, riesgos, finanzas, inversión y directorio.

El Niño hace visible la urgencia, pero el desafío es permanente. Sequías, inundaciones, olas de calor y otros eventos seguirán afectando operaciones y mercados. La pregunta empresarial es sencilla de formular y difícil de responder: si el clima puede mover los resultados del negocio, ¿sabemos cuánto tenemos realmente en riesgo?

Marian Buraschi es socia y directora de Libélula.

El Comunicado N.° 13 del ENFEN ya no describe un evento débil: proyecta magnitud fuerte y no descarta que hacia fin de año escale a extraordinaria –la categoría más severa de la escala, con 33% de probabilidad para el verano–, y se extendería hasta abril del 2027. Y conviene una precisión que casi nadie hace: cuando el ENFEN dice “fuerte”, se refiere al índice de temperatura del mar, no a un pronóstico de lluvias. El vector que más se subestima este año no es la lluvia, es el calor. El Senamhi prevé para este invierno temperaturas del aire hasta 5 °C por encima de lo normal en la costa norte y central. Y el calor daña donde menos se mira: reduce la floración y el cuajado de los cultivos, y ese daño se incuba en el invierno, no en el verano de las lluvias.

Aquí aparece la lección más incómoda. En el 2023, pese a la emergencia, el arándano peruano ganó más, no menos: el volumen cayó cerca de 23% pero el valor creció alrededor de 29%, porque el precio se disparó (Fresh Fruit). Para un exportador, un evento climático global no es un shock de volumen, sino de precio relativo. La producción cae para todos; lo que separa a las empresas es la asimetría: que el golpe lo reciba usted y no su competidor. Y corta en dos sentidos: la empresa bien posicionada, que sostiene el flujo mientras otros tropiezan, no solo se defiende: gana participación de mercado. Para un directorio, la pregunta no es cuánto caerá el mercado, sino quién saldrá con más posición que antes.

¿Dónde se rompe entonces la cadena de frío? No en los metros cúbicos. Una cámara llena sin ruta de salida verificada no es resiliencia: es pérdida, con costo de energía encima. El cuello de botella real son los puntos de conexión eléctrica y el respaldo de generación; un contenedor sin electricidad es solo una caja, y lo que corta caminos también corta energía.

La exposición es transversal. En agroexportación, el calor golpea la floración y el corte de la carretera Panamericana bloquea la salida en la ventana de agosto a noviembre, que concentra cerca del 60% del año comercial. En la lechería, la ruta es la única salida: en el 2017 la cuenca de Cajamarca perdió unos S/ 3 millones en ventas por vías cortadas. En farma, la cadena de vacunas y biológicos –que exige entre 2 °C y 8 °C de la fábrica al paciente– se rompe en el punto de conexión, no en el almacén. Y en pesca, el golpe es a la materia prima misma: la cuota de anchoveta de este 2026 quedó en 1.9 millones de toneladas, la más baja en una década, y en años de El Niño la captura mediana cae 48% en la primera temporada y 67% en la segunda (IPE). La diferencia de fondo: los tres primeros se gestionan; la pesca, no –su riesgo se administra antes, con cobertura y diversificación–.

El calendario ya corre, y no por la lluvia: el calor ya está generando impactos este invierno y el pico comercial arranca este mes; el corte de rutas viene luego. El comunicado del ENFEN fue del 14 de agosto: el directorio tiene semanas, no meses, y cuatro decisiones por tomar. Primero, disparadores predefinidos: qué comunicado activa qué acción y quién la autoriza sin convocar a sesión. Segundo, reposicionar antes del corte: mover el inventario crítico al sur de los puntos de falla de la Panamericana, con una ruta alterna verificada. Tercero, energía antes que cámara: auditar los puntos de conexión y el respaldo de generación. Y cuarta, la más silenciosa: vigilar las horas de calor sobre el umbral del cultivo en floración, no solo milímetros de lluvia.

El Niño no es, para un directorio, un problema meteorológico: es un examen de sus decisiones anticipadas, y ya empezó. La pregunta no es cuánto lloverá, sino si su empresa vigila el termómetro como vigila el pluviómetro, y cuántas de sus decisiones están tomadas hoy y cuántas las tomará la emergencia por usted. Porque no ganará quien predijo mejor, sino quien decidió antes.

Fernando Pérez Lizano es director del área de Operaciones, Transformación Digital y Emprendimiento del PAD – Escuela de Dirección

Aunque lo dicho por los ministros no son señales del todo contradictorias, que reajustar el aparato estatal es importante y lo dicho puede tratarse de una idea preliminar, el episodio muestra una vez más a un Gabinete que anuncia antes de ordenarse.

La experiencia aconseja prudencia. Javier Milei redujo en Argentina los ministerios de 18 a 9, pero el ajuste fiscal principal provino sobre todo de jubilaciones, obra pública, subsidios y transferencias. En Ecuador, Daniel Noboa pasó de 20 a 14 carteras y luego a 10, sin comprobarse aún mejores servicios. En Estados Unidos, DOGE proclamó enormes ahorros que los órganos de control no pudieron verificar y su verdadera eficacia y utilidad ha sido cuestionada. Así, estas reformas no son decisiones técnicas neutras pues pueden priorizar unas políticas públicas y prácticamente eliminar otras. Deben hacerse con bisturí.

De cualquier forma, reducir ministerios no es una panacea. Hecho de mala manera, tiene más valor como señal política e ideológica de austeridad que como reforma seria. Y es que, al eliminarse los puestos, las funciones no dejan de existir o de ser necesarias. Sin prudencia, se corre el riesgo de afectar programas o de simplemente hacer cambios cosméticos. Una reforma seria debe identificar duplicidades, estimar el ahorro y medir sus efectos sobre los servicios.

Un problema mucho más urgente es la burocracia creciente. Según Servir, los servidores públicos aumentaron 20.2% entre 2017 y 2025, hasta 1.6 millones. La planilla llegó a S/ 85,260 millones: 76% más. Además, representa aproximadamente un tercio del presupuesto público. Allí debe concentrarse la reforma, reduciendo la planilla con metas, evaluación, planificación y cautela.

Hoy las urgencias son la inseguridad y el inminente impacto del fenómeno de El Niño. Sería más útil que el MEF concrete su anuncio de impugnar ante el TC cuatro leyes del Congreso anterior: Cuba advierte que, sin corregirlas, el déficit podría subir a 3% del PBI durante cinco años. Antes que recortar ministerios, es prioritario contener obligaciones permanentes y cuidar los servicios esenciales que se verán amenazados en los próximos meses.

En este artículo vamos a generar un listado de aspectos que deberían ser motivo de una exhaustiva revisión, bajo lo que llamaremos una “reingeniería tributaria”, en aras de esa imposición bajo la esfera de la equidad.

¿Borrador incompleto?

Como sabemos, en el Borrador del reciente Proyecto de Ley de pedido de facultades delegadas, se ha mencionado una supuesta simplificación de los Regímenes Tributarios, pero en donde al generarse un pago del Impuesto a la Renta (IR) bajo utilidades y tramos de tasas progresivas según dichas ganancias, muchas empresas que, por ejemplo, antes pagaban un 1.5% de sus ventas -bajo el Régimen Especial de Renta (RER)-, ahora podrían pagar en un futuro cercano bajo mayor carga impositiva, a través ahora de un porcentajes de las utilidades tributarias. Y ante ello, muchos de estos emprendimientos Mype probablemente tengan que cerrar. Nos preguntamos: ¿No sería conveniente que se hagan tramos con topes máximos de pago, como paliativo ante una posible mayor tributación frente al RER?.

Además, se está promoviendo en dicho Borrador el gasto por capacitaciones y el crédito por contratación de jóvenes, aminorando así el IR empresarial, permitiéndose además la deducción de pérdidas en los Instrumentos Financieros Derivados o IFD. Pero esta lista de temas al parecer es incompleta.

Sugerencia de cambios necesarios

Consideramos que el listado de problemas sin solución o inequidades, son más que estos temas propuestos en el Borrador antes indicado; veamos estas sugerencias, que son un clamor de los contribuyentes, desde hace ya muchos años:

• Debe enseñarse nuevamente el Curso de Educación Cívica en los colegios, donde en él se explique la Teoría general de los tributos y la importancia de abonar nuestros impuestos, para así fomentar la conciencia tributaria y el cumplimiento del pago.
• Se debería de incluir -como detonante del nacimiento del abono del IGV- el pago y no dejar que nazca la obligación con la emisión de la factura o la entrega del bien, lo que ocurra primero. Así se evitaría que muchas veces el impuesto no se genere bajo el traslado de la carga tributaria, convirtiéndose en directo.
• La lista actual de “Convenios para evitar la Doble Imposición” (CDIs) debería de incrementarse sustantivamente, para evitar el doble gravamen e incentivar así las inversiones extranjeras.
• Las propuestas dentro de la figura de los “Acuerdos Anticipados de Precios” (APAs) en Precios de Transferencia, deberían resolverse en un tiempo más célere y no esperar tres años para ello.
• La subcapitalización debería solo de aplicarse en los casos de empresas vinculadas, tal como lo sugiere la OCDE, ya que la lógica es que entre vinculadas se pueden generar connivencias.
• Se debe iniciar una legislación tributaria sobre “tributos verdes” -que sigue pendiente-, para efecto de cuidar eficazmente nuestro medio ambiente.
• Se debe de gravar con el IR las rentas de empresas no domiciliadas, que dan servicios que se prestan y utilizan económicamente en el Perú, bajo plataformas electrónicas (equiparando así lo que ya se ha realizado con el llamado “Netflix Tax” en el IGV).
• Se debe de evitar que las fiscalizaciones se extiendan -por la calificación de que existiría una supuesta “complejidad de la fiscalización”-, pasando de un año inicial de revisión a dos años, ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica, que es un principio implícito en la Constitución.
• En igual lógica se debería de eliminar la aplicación de una revisión por base presunta al detectar una supuesta “complejidad en la fiscalización”, lo cual es claramente subjetivo y es determinado por el mismo auditor de turno.
• Se debe de eliminar la prohibición que las grandes empresas no puedan fraccionar el IR de regularización.
• Se debe de corregir -en la figura del “Sujeto sin capacidad operativa (SSCO)”-, el hecho de que la aplicación de ello se retrotraiga a operaciones desde marzo de 2022, ya que con ello se violaría el “principio de irretroactividad”; además, en esta temática de los SSCO se debe de eliminar el hecho de que si el comprador no pide una revisión de las facturas del proveedor y SUNAT emite un valor, no se pueda presentar prueba en contrario, y para reclamar de tal valor se deba de pagar antes (aplicación y renacimiento de la nefasta figura del “Solve et repete”).
• Debería de crearse un “Estatuto del contribuyente”, donde aparezcan claramente establecidos los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos, para defenderlos así de posibles atropellos, espacialmente en las fiscalizaciones, mejorando paralelamente las funciones y eficacia de la Defensoría del Contribuyente.
• Para efectos de evitar contingencias, se debería de señalarse qué pruebas mínimas sustentan las compras de bienes y el uso de servicios, para respetar el principio de certeza.
• Debería de volverse a la figura del “Recargo por reclamación inoficiosa”, a efectos de evitar que algunos malos contribuyentes simplemente reclamen para evitar cobranzas coactivas.

Esperemos que estas sugerencias sean recogidas, para respetar así los principios tributarios constitucionalizados bajo el artículo 74° de la Carta Magna, que es la piedra angular de nuestro sistema jurídico impositivo.

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y Director de la Maestría en Tributación de la UPC.

El factoring ofrece una respuesta concreta e inmediata. Permite que una empresa transfiera su factura por cobrar a una entidad de financiamiento y obtenga liquidez sin esperar el vencimiento, a cambio de un descuento. A diferencia de un crédito tradicional, la evaluación se concentra principalmente en la calidad del pagador. Así, una pequeña empresa que no cuenta con garantías suficientes ni con un extenso historial crediticio puede financiarse gracias a la solidez de su cliente.

Esta semana celebramos desde Cavali los diez años de Factrack, la plataforma que registra las facturas negociables y les proporciona seguridad, trazabilidad y mérito ejecutivo. Su interconexión con la Sunat permite verificar la validez de las facturas, reducir el riesgo de duplicidad y facilitar su negociación. Una innovación regulatoria, respaldada por infraestructura tecnológica y participación privada, se convirtió en una herramienta efectiva de inclusión financiera. Ahora debemos llevarla a una escala mucho mayor.

Las cifras demuestran que el factoring ya dejó de ser una alternativa marginal. El mercado pasó de movilizar S/ 629 millones en el 2016 a más de S/ 52 mil millones en el 2025, mediante más de dos millones de facturas. Sólo durante el 2025, más de 30 mil empresas proveedoras utilizaron este mecanismo y más de 10 mil lo hicieron por primera vez. Al primer semestre de este 2026 se habían registrado operaciones por S/ 27.280 millones. Además, muchas facturas negociadas son por montos menores de S/ 10,000. Esto confirma que el factoring puede atender a empresas pequeñas y que su potencial está lejos de haberse agotado. Su aporte trasciende el financiamiento. El factoring reduce la dependencia del crédito bancario convencional, fortalece el capital de trabajo y permite planificar pagos, compras y producción. También promueve la formalización: exige facturas electrónicas, deja trazabilidad y genera información sobre el comportamiento de proveedores y pagadores. Esa información, utilizada responsablemente, puede mejorar la evaluación del riesgo, aumentar la competencia y reducir los costos financieros.

Sin embargo, la primera década también expone una deuda pendiente. El mercado continúa concentrado en Lima y Callao y depende en gran medida de facturas cuyos pagadores son grandes empresas. No podemos considerar consolidado un sistema que todavía no llega con suficiente fuerza a las mype ni a las regiones. La inclusión financiera no puede medirse solo por el crecimiento del monto negociado; debe medirse por cuántas empresas nuevas acceden a liquidez, en cuántos territorios y a qué costo. Para cerrar esa brecha se necesita actuar con urgencia. Debemos mejorar la información disponible, ampliar la educación financiera, incorporar más entidades participantes y diversificar las fuentes de fondeo. El nuevo sistema de scoring de facturas desarrollado por Cavali, sobre una base que supera los 74 mil adquirentes, puede ser decisivo para evaluar el riesgo con mayor precisión y no únicamente por el tamaño o la reputación del pagador.

El Estado debe asumir un papel central. No basta con que regule, promueva o anuncie el factoring: debe incorporarse plenamente como comprador y pagador. Las compras públicas superan los S/ 70 mil millones anuales, pero las facturas vinculadas al Estado todavía representan una fracción muy pequeña del mercado. El Estado tiene la capacidad de convertirse en la principal ancla de confianza y liquidez para miles de mype que abastecen a ministerios, municipios, gobiernos regionales y otras entidades públicas.

Cada día de retraso en la conformidad o el pago de una factura pública tiene un costo directo para un proveedor pequeño. Obliga a buscar financiamiento más caro, reduce su capacidad de contratar personal, limita sus compras y puede expulsarlo del mercado. Por eso, incorporar al Estado al factoring no es un asunto técnico ni una medida secundaria: es una política urgente de desarrollo productivo y de protección de la cadena de proveedores. Para lograrlo, se deben integrar adecuadamente los sistemas de contratación, conformidad y pago con el SIAF, el Banco de la Nación y el registro de facturas negociables. La conformidad debe ser oportuna, trazable y predecible.

Una factura contra el Estado solo será atractiva para los financiadores si existe certeza sobre su reconocimiento y fecha de pago. La disciplina estatal reduciría el costo financiero de sus proveedores, fortalecería la competencia y mejoraría la calidad de las compras públicas. La prioridad debe ser que una MYPE de cualquier región pueda venderle al Estado, registrar su factura y obtener liquidez en condiciones competitivas sin depender de contactos, garantías imposibles o trámites interminables. Para ello también se requiere fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, estandarizar procesos y establecer indicadores públicos de cumplimiento.

El último miércoles, representantes del sector público y privado suscribimos “La Ruta del Factoring”, una declaración con diez compromisos para profundizar este mercado. La agenda incluye ampliar su presencia regional y entre las mype, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la interoperabilidad de la información, acelerar la transformación digital, diversificar el fondeo e integrar efectivamente las facturas de las compras públicas. El compromiso será valioso solo si se traduce en decisiones concretas, responsables identificados, plazos definidos e indicadores verificables. La primera década convirtió una factura pendiente en una fuente de liquidez. La segunda debe convertir el factoring en una infraestructura nacional de inclusión financiera, formalización y crecimiento productivo.

Mercedes Araoz es profesora investigadora de la Universidad del Pacífico.

La transformación digital ha modificado radicalmente la forma en que las empresas documentan sus operaciones.

En la actualidad, gran parte de las negociaciones, coordinaciones y aprobaciones se realizan mediante correos electrónicos, lo que ha llevado a muchos contribuyentes a considerar que estos mensajes constituyen una prueba suficiente para acreditar la realidad de un gasto frente a la SUNAT. Sin embargo, la jurisprudencia reciente del Tribunal Fiscal demuestra que esta percepción es incompleta. El correo electrónico posee valor probatorio, pero su eficacia depende del contexto documental que lo acompaña.

El reconocimiento del correo electrónico como medio probatorio

La discusión sobre la validez de los correos electrónicos quedó superada hace varios años. El Tribunal Fiscal ha reconocido que estos documentos pueden ser utilizados para acreditar la existencia de relaciones comerciales, coordinaciones entre las partes y la realización de determinadas gestiones vinculadas a una operación económica.

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Así, en resoluciones como la RTF N.° 11329-3-2016 y la RTF N.° 01307-5-2015, se ha admitido la relevancia de los correos electrónicos como elementos de prueba, descartándose objeciones basadas únicamente en su naturaleza digital, en que constituyan copias simples o incluso en que se encuentren redactados en un idioma distinto al español. Este criterio resulta coherente con la realidad empresarial contemporánea, donde la comunicación electrónica constituye una herramienta esencial para el desarrollo de los negocios.

No obstante, reconocer valor probatorio a un correo electrónico no implica atribuirle capacidad automática para demostrar la fehaciencia de un gasto. Precisamente en este punto surge la principal controversia.

La diferencia entre “acreditar coordinaciones” y “acreditar la prestación del servicio”

Uno de los errores más frecuentes consiste en confundir la existencia de comunicaciones con la efectiva ejecución de una prestación.

Un intercambio de correos puede demostrar que las partes negociaron, coordinaron reuniones o discutieron aspectos de un proyecto, pero ello no necesariamente acredita que el servicio contratado se haya realizado en los términos pactados.

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La RTF N.° 00890-12-2025 constituye un pronunciamiento particularmente relevante en este aspecto. En dicho caso, el Tribunal analizó abundante documentación presentada por el contribuyente para sustentar diversos servicios. Entre los medios ofrecidos se encontraban correos electrónicos, reportes, actas y documentación interna. Sin embargo, se concluyó que tales elementos no resultaban suficientes para demostrar la efectiva prestación de los servicios cuando carecían de contenido técnico verificable o no permitían identificar concretamente las actividades ejecutadas.

La decisión evidencia que la Administración y el Tribunal no evalúan únicamente la existencia formal del documento, sino su capacidad para acreditar hechos concretos. Un correo genérico que se limita a señalar un “servicio aprobado” o que tiene “adjunto un informe” aporta escaso valor si no permite reconstruir la ejecución real de la operación.

La exigencia de evidencia material y verificable

La jurisprudencia mantiene una línea constante respecto de la fehaciencia. No basta con exhibir contratos, comprobantes de pago o registros contables; es indispensable aportar elementos adicionales que acrediten que la operación efectivamente ocurrió. La propia RTF N.° 00890-12-2025 recuerda que los contratos únicamente evidencian el acuerdo de voluntades y no constituyen prueba suficiente de la ejecución del servicio.

Bajo esta lógica, los correos electrónicos adquieren verdadera fuerza probatoria cuando contienen observaciones técnicas, versiones de documentos con cambios identificables, instrucciones específicas, cronogramas de trabajo, entregas parciales o cualquier evidencia que permita verificar la participación efectiva del proveedor. Cuanto mayor sea el nivel de detalle y trazabilidad de la información, mayor será su capacidad para acreditar la realidad económica de la operación.

Por el contrario, cuando los mensajes carecen de contenido sustancial o se limitan a formalidades administrativas, difícilmente podrán superar un cuestionamiento de la SUNAT.

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Reflexión final

La evolución tecnológica ha ampliado las formas de acreditar operaciones económicas, pero no ha eliminado la necesidad de demostrar su realidad.

Los correos electrónicos poseen indudable valor probatorio y constituyen una herramienta relevante para sustentar gastos y créditos fiscales. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal confirma que no tienen un efecto mágico ni reemplazan la necesidad de contar con evidencia material de la prestación realizada.

En términos prácticos, el correo electrónico representa el inicio de la prueba, no su culminación. La verdadera fortaleza de una defensa tributaria surge cuando las comunicaciones digitales se encuentran respaldadas por documentación técnica, contractual y financiera que permita acreditar, de manera objetiva y verificable, que el servicio fue efectivamente prestado.

En un escenario de fiscalización cada vez más exigente, confiar exclusivamente en el contenido de una bandeja de entrada puede resultar insuficiente para proteger la deducción de un gasto legítimo. ¡A tomar nota!

El Poder Ejecutivo anunció un paquete de S/ 800 millones: S/ 450 millones para intervenir 380 puntos críticos y S/ 350 millones para enfrentar la sequía y la escasez hídrica. Hasta ahora, sin embargo, solo se han formalizado S/ 179.46 millones para 70 intervenciones. Más de S/ 620 millones continúan pendientes de las normas que permitan asignarlos y ejecutarlos.

El problema no es únicamente presupuestal. También falta saber cuál es el plan. El Gobierno ha mencionado 536, 540 y, más recientemente, 380 puntos críticos. ¿Son etapas distintas, universos diferentes o una nueva priorización? Sin una explicación pública, las cifras generan más confusión que certeza.

Cada punto debería tener una ficha con cinco datos elementales: riesgo, solución, presupuesto, responsable y fecha de culminación. Esa matriz permitiría conocer qué puede terminarse antes de las lluvias, qué quedará como preparación para responder a la emergencia y qué requiere una solución estructural. También mostraría dónde puede intervenir el sector privado.

Las empresas y los gremios se han puesto a disposición, pero estar disponibles no equivale todavía a estar movilizados. No existe una oferta consolidada de maquinaria, logística, transporte, almacenamiento, financiamiento o capacidad técnica. Algunas compañías actúan por cuenta propia, con recursos propios y buena voluntad, pero sin una estrategia territorial común. La desarticulación también alcanza al empresariado.

El “OxI Express” puede ayudar, siempre que pase pronto del anuncio a la operación. Necesita reglas, proyectos viables, responsables y plazos abreviados. De lo contrario, será una buena marca para un mecanismo que llegó después de la emergencia.

También está Servicios por Impuestos. El mecanismo no es nuevo y Carlos Neuhaus lo ha vuelto a colocar en la discusión frente a El Niño. Podría canalizar capacidades privadas para descolmatación, maquinaria, logística o provisión temporal de agua. Pero, nuevamente, primero se necesita una cartera clara de servicios y territorios.

Reuniones, comisiones y declaratorias son necesarias, pero no protegen por sí mismas a la población. Lo hacen los cauces limpiados, las defensas concluidas, las quebradas protegidas y los sistemas de agua preparados.

La pregunta para las próximas semanas no es cuánto se anunció, sino cuánto se formalizó, cuánto se ejecutó y cuántas personas quedaron efectivamente protegidas. El Niño no evaluará nuestras intenciones. Pondrá a prueba nuestros resultados.

Víctor Melgarejo es director periodístico (e)

Sin embargo, es complicado establecer diferencias claras entre las tres actividades, puesto que la ilícita –que ostenta enorme poder económico y también político– se aprovecha del marco legal, o de su ausencia, para hacerse pasar por artesanal o informal. Por ejemplo, ha estado detrás de las múltiples prórrogas del plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La Ley 32537, aprobada por el anterior Congreso y promulgada por José Jerí el pasado 27 de diciembre, amplió el plazo hasta el próximo 31 de diciembre, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

Pero la Ley MAPE y su reglamento no existen, pese a los anuncios de los sucesivos titulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de que se estaba trabajando en el respectivo proyecto de ley. Por ende, dos de los grandes desafíos del titular del Minem, Guillermo Shinno, serán frenar una nueva ampliación del Reinfo y poner a debate un proyecto de Ley MAPE que pueda ser aplicable. En su agenda también figura “reestructurar” el canon minero para que una parte se transfiera directamente a las comunidades vecinas a las minas (formales). Esta propuesta no es novedosa, pero si es bien implementada, podría servir para contrarrestar el mensaje hostil de los antimineros, que curiosamente, no atacan a la minería ilegal.

Por supuesto, también habrá que lidiar con el Congreso, en particular con la obstrucción de Juntos por el Perú (JP). En diputados, la Comisión de Energía y Minas será presidida por Jenifer Paredes, carente de experiencia pero que ya anunció que representa “la voz de los pueblos”, un eufemismo que los dos anteriores congresos usaban para legislar a favor de grupos de interés. En este caso, uno que el 2025 provocó pérdidas fiscales por S/ 7,800 millones, porque no paga impuestos.