Después de casi siete meses, el dólar superó los S/ 3.52, para luego corregir con fuerza hacia S/ 3.43. Esto es, el mercado sobrerreaccionó. Corrigió, pero no eliminó la prima de riesgo. El factor electoral explica buena parte de esa prima, desde el 12 de abril, el sol acumuló una depreciación cercana al 4% frente al dólar, debido a una segunda vuelta polarizada donde la expectativa de cambio de modelo económico es un factor de riesgo.

En el Perú, el dólar opera como termómetro del miedo político, refleja temor, cobertura y especulación, y ese miedo puede ser producido por expectativas, mensajes mediáticos y compras preventivas de empresas, bancos, fondos y familias. No es señal de un colapso económico futuro, sino que el mercado se protege antes de saber qué ocurrirá. Para ello recordemos el 2021, donde tras la victoria de Pedro Castillo, el dólar llegó a niveles cercanos a S/ 4.00, pese a que ya había gobierno electo, gabinete y señales concretas. Hoy el mercado todavía descuenta posibilidades.

La Reserva Federal añade presión al cuadro. Si mantiene tasas altas por más tiempo, el dólar conserva atractivo. Si el conflicto energético modera el crecimiento y abre espacio para recortes, el dólar pierde fuerza. Esta ambigüedad explica que la moneda estadounidense suba por refugio y baje por expectativas de política monetaria futura. Localmente, el Banco Central aparece como amortiguador. El BCR puede suavizar la volatilidad, no puede borrar la incertidumbre política.

Con esta información, los escenarios hasta mediados de junio deben reconfigurarse. Ya no basta mirar petróleo y Fed. Hay que incorporar la segunda vuelta, las encuestas, el tono económico de los candidatos, la credibilidad de sus equipos técnicos y la reacción del mercado ante cualquier señal de cambio institucional.

Escenario base: volatilidad electoral controlada (S/ 3.42 – S/ 3.50 )

Este escenario asume que el conflicto externo no escala y que el petróleo se mantiene alto, pero sin nuevo salto. También supone que la campaña electoral no introduce señales económicas más agresivas. El mercado mantiene cobertura en dólares, pero sin pánico. El tipo de cambio se mueve cerca de S/ 3.45 y prueba nuevamente la zona de S/ 3.50 ante encuestas ajustadas o declaraciones poco claras. El BCR interviene de forma puntual y evita que el movimiento se desordene. Este es el escenario más razonable si la segunda vuelta sigue polarizada, pero sin ruptura de expectativas.

Escenario de presión política y externa: prima electoral elevada (S/ 3.50 – S/ 3.65 )

Este escenario se activa si coinciden tres eventos: mayor tensión en Medio Oriente, petróleo sostenido cerca o por encima de US$ 100 y encuestas que consoliden una victoria del candidato percibido por el mercado como más riesgoso. En ese caso, el nivel de S/ 3.50 deja de ser techo psicológico y pasa a operar como piso temporal. La demanda de dólares vendría de empresas, familias y portafolios institucionales. No sería solo especulación, sería cobertura preventiva ante dudas sobre política económica, composición del equipo técnico, relación con el Congreso y continuidad de reglas.

Escenario de estrés cambiario: ruptura de confianza (S/ 3.65 – S/ 3.85 )

Este escenario no es el más probable, pero debe estar sobre la mesa. Aparece si el resultado electoral se combina con señales económicas débiles, dudas sobre la futura autonomía del BCR, cuestionamientos al marco fiscal o nombramientos que el mercado lea como poco técnicos. En ese caso, el recuerdo del 2021 operaría con fuerza. El dólar podría acercarse a S/ 3.80, aunque no necesariamente permanecer allí si las instituciones contienen el choque.

Escenario de corrección cambiaria: despeje electoral y dólar global débil (S/ 3.35 – S/ 3.42 )

Este escenario exige una combinación favorable. El conflicto externo se modera, el petróleo retrocede, la Fed abre espacio a recortes futuros y el resultado electoral reduce el miedo del mercado. También puede darse si un candidato percibido como riesgoso modera su programa, presenta un equipo solvente y ofrece garantías creíbles sobre estabilidad monetaria y fiscal. En ese caso, parte de la demanda preventiva de dólares se revierte. El sol recupera terreno y vuelve hacia niveles más cercanos a las expectativas de cierre de año recogidas por el BCR, que se ubican entre S/ 3.34 y S/ 3.46.

Si la campaña reduce incertidumbre, el dólar puede corregir. Si la campaña la amplifica, el mercado no esperará al 7 de junio para reaccionar.

Luis Mendiola Contreras es profesor de Finanzas de ESAN University

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

En octubre de 1915, el barco Endurance quedó aplastado por el hielo antártico y comenzó a hundirse. Ernest Shackleton tenía 27 hombres a su cargo, estaban a miles de kilómetros de cualquier ser humano, y era matemáticamente imposible que todos sobrevivieran. Sobrevivieron todos.

Lo que hizo Shackleton en los meses siguientes –navegar 1,300 kilómetros en un bote abierto, cruzar montañas de hielo sin equipo, llegar a una isla deshabitada y volver a buscar a los que había dejado– es estudiado hoy en escuelas de negocios de todo el mundo. Pero hay un detalle que suelen omitir: los diarios de sus hombres revelan que ninguno sabía, en los peores momentos, cuán cerca estaban de morir. Shackleton lo sabía. Y se ocupó de que no se notara.

El historiador militar John Keegan llamó a esto la máscara del mando. Existe un yo privado que duda y teme. Y un yo público que debe proyectar certeza para que otros puedan funcionar. Liderar es administrar esa distancia.

No es un descubrimiento moderno. Santiago Posteguillo lo narra con precisión quirúrgica en Los tres mundos –su última novela sobre Julio César, que vale la pena leer–: el general que debe aparecer invencible ante sus legiones mientras Roma le tiende trampas por la espalda y la Galia lo quiere muerto. Churchill lo entendió en los peores meses del Blitz: su voz en la radio no describía la realidad. La construía.

En 1993, IBM perdía ocho mil millones de dólares y los analistas ya escribían su obituario. Lou Gerstner llegó sin saber nada de tecnología y en su primera conferencia de prensa dijo algo que escandalizó a todos: IBM no necesita una visión ahora mismo. Parecía una confesión de incompetencia. Era la máscara. Mientras proyectaba calma deliberada, estaba reestructurando en silencio. Cuatro años después, IBM era otra empresa.

La máscara no le miente al equipo sobre los hechos. Le miente, temporalmente, sobre el pánico. Esa es la diferencia entre liderazgo y teatro. Cuando desaparece esa distancia, el líder pierde su principal herramienta de calibración: el miedo. Y el miedo, bien procesado, es información.

El management moderno celebra la autenticidad como virtud cardinal y al mismo tiempo exige que los líderes inspiren en los peores momentos. La contradicción se resuelve con una distinción que los grandes siempre supieron: autenticidad no es la exhibición de cada estado interno. Es la coherencia entre los valores que uno profesa y las decisiones que toma.

Shackleton no les mintió a sus hombres sobre el Endurance. Les ocultó, durante el tiempo justo, su propio terror. Eso también es una forma de cuidarlos. Y cualquiera que haya ejercido un cargo exitoso de liderazgo sabe de esos temores que, muchas veces, tenemos que disfrazar temporalmente.

Leonie Roca es directora de empresas.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

En el caso de Fujimori, el debate mostró fortalezas y limitaciones. La candidata reiteró una propuesta económica relativamente coherente, basada en la defensa de la inversión privada, la seguridad jurídica, la autonomía del BCR y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Es decir, una agenda alineada con el modelo económico vigente y orientada a recuperar el crecimiento. Sin embargo, persisten dudas legítimas sobre la capacidad real del Estado para ejecutar muchas de las obras anunciadas.

Aun así, existe una diferencia importante respecto de su rival. En materia económica, es posible identificar con claridad cuál sería la orientación de un eventual Gobierno de Fuerza Popular. No hubo esa claridad durante los turnos de Roberto Sánchez y, en realidad, durante toda la campaña.

El candidato de Juntos por el Perú defendió un programa que proponía revisar tratados de libre comercio, eliminar contratos ley y promover cambios significativos y sumamente riesgosos en el modelo económico. Sin embargo, ayer ha presentado un nuevo documento que contradice su plan primigenio.

La búsqueda de consensos no es criticable. Lo preocupante es que el cambio no aparece como una evolución gradual, sino como una rectificación abrupta sobre aspectos centrales de su propuesta original. Una decisión así de repentina se ve también improvisada. Los electores tienen derecho a preguntarse cuál de los dos documentos refleja realmente el programa que pretende aplicar. Sobre todo si se toma en cuenta que este nuevo plan insiste en impulsar un cambio constitucional.

Sánchez sostiene que el nuevo texto recoge acuerdos con distintos sectores y que será la hoja de ruta de un eventual gobierno. Sin embargo, la explicación no elimina las dudas. Si las propuestas iniciales eran correctas, resulta difícil entender por qué fueron abandonadas. Y si las nuevas representan el verdadero camino, cabe preguntarse por qué los ciudadanos deberían ignorar aquello que se defendió durante meses.

La confianza no se construye con documentos sucesivos, sino con consistencia. El Perú necesita discutir cómo crecer más, cómo combatir la inseguridad y cómo reducir la pobreza. Pero antes de ello necesita algo más básico: saber con claridad cuáles serán las reglas de juego.

La autonomía del Banco Central y el liderazgo de Julio Velarde son parte de esa historia de éxito. Sin embargo, el mismo consenso no ha existido en el ámbito fiscal dónde además en el último quinquenio la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha debilitado aceleradamente. Las reglas fiscales se cambian con frecuencia, las exoneraciones tributarias se aprueban sin una evaluación rigurosa y los congresistas tienen iniciativa de gasto público.

Ha llegado el momento que las fuerzas políticas, principalmente las que acaban de obtener curules en el nuevo Congreso (Senado y Diputados), conjuntamente con quien salga elegido presidente o presidenta el próximo domingo 7 de junio, impulsen un acuerdo nacional que proteja tanto la estabilidad monetaria como la sostenibilidad fiscal.

En lugar de polarización los peruanos necesitamos construir consensos y para ello me permito proponer en esta columna un conjunto de ocho consensos indispensables en la dirección de fortalecer la estabilidad monetaria y la sostenibilidad fiscal. Estos son:

1. La ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) por un periodo gubernamental adicional. Velarde es un economista de prestigio mundial y conduciendo al mejor equipo de economistas del país ha cumplido con el objetivo único que la Constitución le asigna al BCR que es el control de la inflación. En la actualidad el Perú ostenta más de 28 años continuos con una tasa de inflación de un solo dígito, el cual es el periodo más largo en comparación con otros países de Sudamérica y México.

2. La aprobación de una Ley del Congreso para la renovación escalonada de los miembros del Directorio del BCR como lo tienen Chile, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Eurozona, Reino Unido y Canadá. La renovación escalonada (cada dos años, por ejemplo) evita que un solo Gobierno nombre a todos los miembros del directorio al mismo tiempo. Al independizar el nombramiento del directorio del ciclo político se fortalece la independencia y autonomía del Banco Central.

3. La rectificación inmediata de la Sentencia 984-2021 del Tribunal Constitucional que permite a los congresistas tener iniciativa de gasto, sentencia que es violatoria del artículo 79 de la Constitución. En adelante el Congreso no podrá aprobar leyes que incrementen el gasto público sin la opinión favorable del MEF, responsable de la conducción de la política fiscal.

4. La modificación del artículo tercer párrafo del artículo 79 de la Constitución para asegurar que las leyes de índole tributaria referidas a beneficios, exoneraciones o cualquier tipo de gasto tributario se aprueben siempre que exista informe previo favorable del MEF.

5. La elevación a rango constitucional de la parte correspondiente de la Norma VII del Código Tributario que establece que el plazo de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario no podrá exceder de tres años y que para la aprobación de una prórroga por un plazo adicional similar se requerirá necesariamente de la evaluación por parte del sector respectivo del impacto de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, así como el correspondiente costo fiscal. Las actuales exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios deberán pasar por esta evaluación para decidir si se eliminan o se extienden por un plazo final de 3 años.

6. La elaboración, aprobación e implementación de una Política Nacional contra el incumplimiento tributario. De acuerdo con estimaciones del MEF el incumplimiento generó una menor recaudación equivalente a 9.3% del PBI en el año 2024, lo que muestra la magnitud de la pérdida de ingresos fiscales por este factor, constituyéndose en la primera causa de la baja recaudación fiscal. Esta Política Nacional debe involucrar no solo a la Sunat y al MEF, al INEI, Sunarp, ministerios de los sectores productivos y a los gremios empresariales y universidades.

7. La creación, mediante una Ley del Congreso, de un Fondo Soberano de Riqueza (FSR) basado en ingresos fiscales y no en reservas internacionales. Estos fondos transforman ingresos temporales y volátiles, típicamente provenientes de recursos naturales (petróleo, gas, minerales) en riqueza financiera permanente y estable. Son fondos de ahorro intergeneracional porque las rentas de los recursos naturales se agotan al provenir de recursos naturales no renovables. El ejemplo más conocido de un FSR basado en excedentes fiscales es el “Petroleum Fund” de Noruega (antes “Government Pension Fund-Global”). El Fondo global fue creado en 1990 por la Asamblea Legislativa.

8. La modificación, mediante Ley del Congreso, de la Ley de Fortalecimiento de la Sunat (Ley 29816) para darle estabilidad por cinco años al Superintendente Nacional. El Superintendente solo debería ser removido por falta grave, corrupción, incapacidad permanente o condena judicial. Actualmente, de acuerdo con la Ley vigente, puede ser removido por pérdida de confianza y hemos tenido seis superintendentes en los últimos cinco años. Un segundo paso debería ser la creación de un directorio como los tiene las agencias tributarias de Canadá y Australia y probablemente la designación del Superintendente siguiendo el modelo del BCR con ratificación del Senado.

Nuestro país necesita consolidar un acuerdo nacional de este tipo que blinde la responsabilidad fiscal y monetaria mediante instituciones más fuertes, mandatos estables, decisiones basadas en evidencia y mecanismos de rendición de cuentas.

Luis Arias Minaya es economista.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

La discusión surge porque, a diferencia de una sociedad constituida en el país, la sucursal no posee personería jurídica independiente de su matriz extranjera, lo que genera cuestionamientos acerca de la existencia real de una distribución de utilidades susceptible de gravamen.

Desde una perspectiva societaria, la sucursal constituye únicamente un establecimiento secundario mediante el cual una empresa extranjera desarrolla actividades en territorio peruano. En consecuencia, no existe una separación patrimonial absoluta entre la casa matriz y la sucursal, pues ambas forman parte de un mismo sujeto jurídico. Esta característica resulta fundamental para comprender el debate tributario, debido a que, en términos estrictamente jurídicos, la sucursal no adopta acuerdos societarios de distribución de utilidades ni declara dividendos como sí ocurre en una sociedad domiciliada.

Sin embargo, el legislador peruano ha optado por otorgarle un tratamiento tributario particular. El segundo párrafo del literal e) del artículo 56° de la LIR señala que las utilidades obtenidas por sucursales de entidades constituidas en el exterior “se entenderán distribuidas” en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Ello implica que la obligación tributaria nace incluso cuando no existe una remesa efectiva de dinero ni una decisión formal de distribución.

Configuración de una distribución presunta de utilidades

La regulación descrita evidencia la construcción de una ficción jurídica. El ordenamiento presume que la utilidad generada por la sucursal ha sido distribuida automáticamente a favor de la matriz extranjera, aun cuando los recursos permanezcan en el Perú o sean reinvertidos en las operaciones locales. De esta manera, el sistema tributario no exige verificar una disposición material de fondos, sino únicamente la existencia de renta disponible.

La consecuencia práctica de este régimen es significativa. La sucursal asume primero la tasa corporativa del impuesto a la renta correspondiente a las actividades empresariales desarrolladas en el país y, adicionalmente, el 5 % aplicable a dividendos “presuntamente distribuidos”. En términos económicos, ello genera una carga fiscal total de 34,5%, situación que evidencia una política tributaria orientada a evitar que las utilidades generadas en el Perú queden sin afectación final cuando pertenecen a sujetos no domiciliados.

No obstante, la aplicación automática del 5% plantea diversas interrogantes. En principio, resulta discutible sostener que exista una verdadera distribución de dividendos cuando la sucursal y la matriz constituyen un mismo ente jurídico. A diferencia de las sociedades peruanas, donde la distribución supone una transferencia patrimonial entre sujetos distintos, en las sucursales no se configura necesariamente una alteración patrimonial autónoma.

Desafíos del régimen vigente y su impacto empresarial

Desde una perspectiva crítica, el régimen aplicable a las sucursales puede generar tensiones respecto a los principios de capacidad contributiva y razonabilidad tributaria.

Si bien el objetivo de asegurar la recaudación frente a rentas obtenidas por no domiciliados resulta legítimo, la imposición de una distribución ficta podría ocasionar escenarios en los que se tribute sobre utilidades que aún no han sido efectivamente percibidas por la matriz extranjera.

Además, esta regulación influye directamente en las decisiones de inversión y organización empresarial. Muchas compañías extranjeras evalúan si resulta más conveniente operar mediante sucursales o constituir subsidiarias en el Perú, considerando las diferencias en el momento de imposición y en la posibilidad de decidir cuándo distribuir utilidades.

En ese sentido, el régimen puede terminar desincentivando el uso de sucursales como mecanismo de expansión empresarial.

Reflexión final

El tratamiento tributario de las sucursales en el Perú evidencia cómo el legislador ha privilegiado un criterio de presunción legal para asegurar la imposición de utilidades obtenidas por entidades extranjeras.

La obligación de pagar el 5% nace en la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, independientemente de que exista o no una distribución efectiva de fondos.

Aunque esta regulación encuentra respaldo expreso en la LIR, su aplicación continúa generando debate doctrinario debido a la naturaleza jurídica de la sucursal y a la inexistencia de una verdadera distribución patrimonial.

Por ello, el régimen vigente no solo representa una obligación tributaria concreta, sino también un ejemplo de cómo las ficciones legales pueden producir efectos económicos relevantes dentro de la actividad empresarial internacional, aspecto que consideramos que debería revisarse para buscar una verdadera justicia tributaria.

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

Pero ninguna casa se sostiene sin buenos cimientos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años. Hoy tenemos 8.8 millones de peruanos en situación de pobreza y otros 11.1 millones en condición de vulnerabilidad. En otras palabras, cerca de dos de cada tres peruanos enfrentan dificultades para consolidar su bienestar. Al mismo tiempo, hemos normalizado un crecimiento económico de apenas 3% anual, cuando el país necesita expandirse por encima del 5% para generar más oportunidades.

Los cimientos de una casa son sus instituciones. Son las reglas de juego claras, la estabilidad y la confianza en que las normas se respetarán. No solo dependen del Poder Ejecutivo. También descansan sobre el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y la PNP. El BCR y su política monetaria suelen citarse como ejemplos de institucionalidad sólida. La pregunta es por qué no aspiramos a ese mismo estándar en el resto de las entidades que sostienen la vida democrática.

Pero una casa no solo necesita cimientos. También requiere paredes firmes. Y allí aparece uno de nuestros mayores desafíos: reducir la informalidad. Más del 70% de los trabajadores se desempeña en actividades informales. Esa realidad debilita la estructura del país, limita la productividad, reduce la recaudación y deja a millones de personas sin protección frente a cualquier crisis.

La casa también necesita puertas abiertas. Sin confianza no hay inversión y, sin inversión, no hay crecimiento sostenible. La experiencia entre el 2021 y 2023 demostró cómo la incertidumbre puede afectar las expectativas empresariales, frenar proyectos, deteriorar la generación de empleo formal y limitar las oportunidades.

Finalmente, toda casa requiere un techo que proteja a quienes viven en ella. Ese techo es la seguridad. La lucha contra la delincuencia exige instituciones fuertes, liderazgo, inteligencia y continuidad en las políticas públicas.

A ello se suma una amenaza aún más profunda: la minería ilegal. Según estimaciones, esta actividad movilizó alrededor de US$ 11,500 millones en el 2025 y cerca del 40% del oro exportado por el Perú tendría origen ilegal o informal. Ya no se trata únicamente de un problema ambiental o económico; se trata de una actividad que erosiona instituciones, captura espacios de poder y desafía la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Por eso, la decisión que tomaremos en las urnas va mucho más allá de elegir a un presidente. Decidiremos quién administrará esta casa llamada Perú y, sobre todo, qué tan comprometidos estaremos los ciudadanos con exigir que sus cimientos sean sólidos, sus paredes resistentes, sus puertas permanezcan abiertas al progreso y su techo proteja a todos por igual.

La verdadera pregunta no es quién ocupará la próxima habitación principal de la casa. La pregunta es si estamos dispuestos a reconstruirla y fortalecerla para que vuelva a ser un lugar donde las futuras generaciones vivan mejor que nosotros.

Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

Es extraño que se haya encargado esa tarea a una entidad que, como indica su nombre, supervisa el transporte público formal en la capital –al informal no lo supervisa nadie–. La ATU está adscrita al MTC, pero carece de experiencia para gestionar subsidios al transporte público de personas y carga a nivel nacional, exceptuando paradójicamente al ámbito que sí es de su competencia. El DU señala que la ATU posee capacidades institucionales y tecnológicas para la “validación digital de información del sector transporte”.

La reacción de los transportistas formales de pasajeros en la capital fue ratificar el paro que realizarán mañana martes. Incluso han advertido que podrían prolongar la protesta. Sus dirigentes señalan que, en abril, el Gobierno se comprometió a implementar un subsidio para que los transportistas puedan paliar el encarecimiento de combustibles y costos operativos. Como siempre, quienes sacarán provecho de la situación serán los informales (combis, colectivos, etc.).

Cabría preguntarse si el Gobierno aprobará un DU exclusivo para el transporte público formal de Lima y Callao, pues no parece lógico que haya sido dejado de lado. Además, la coyuntura es particular, dado que a puertas de la segunda vuelta, lo menos deseable es que los ánimos se sigan caldeando. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha alertado que los conflictos sociales que han surgido en diversos puntos del país pueden representar un riesgo para el desarrollo de la elección del próximo domingo.

El Gobierno ha intentado poner paños fríos al conflicto más serio, el paro de agricultores arroceros, que la semana pasada bloquearon carreteras en Lambayeque, Piura, San Martín y Ucayali. El viernes, el DU 005-2026 autorizó transferir S/ 120 millones para mitigar el alza del costo de producción del cereal y S/ 50 millones para mantenimiento de infraestructura de riego. Las tomas de universidades estatales también son un riesgo; muchas son locales de votación