Las restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas son una de las herramientas más utilizadas por las municipalidades en busca de prevenir hechos de violencia, reducir el ruido y preservar el orden público. Sin embargo, ¿basta con que un gobierno local fije un horario de cierre o debe demostrar técnicamente por qué esa medida es necesaria?

Esa fue una de las principales cuestiones que analizó recientemente la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi al revisar las limitaciones impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para la comercialización de bebidas alcohólicas.

La controversia surgió tras una denuncia presentada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que cuestionó como barreras burocráticas los horarios fijados por la MML para la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima y el resto de Lima Metropolitana. Como parte del mismo procedimiento, también se analizaron las restricciones para el funcionamiento de discotecas, salones de baile y establecimientos similares en el Cercado de Lima.

Al resolver el caso, la Sala reconoció que las municipalidades cuentan con competencias para regular estas materias. Sin embargo, precisó que esto no las exime de justificar las restricciones que imponen.

En ese sentido, concluyó que la MML no acreditó cuál era la problemática concreta que pretendía solucionar con los horarios establecidos ni presentó evidencia objetiva que demostrara que dichas limitaciones eran necesarias, razonables y proporcionales.

Ese análisis alcanzó tanto a las restricciones para la venta y expendio de bebidas alcohólicas como a las referidas al funcionamiento de discotecas y establecimientos similares.

En consecuencia, el Indecopi confirmó la resolución emitida en primera instancia y declaró como barreras burocráticas carentes de razonabilidad todas estas restricciones horarias.

No obstante, la sala precisó que su decisión no elimina la facultad de las municipalidades para regular estas actividades. Lo que exige es que cualquier restricción esté debidamente sustentada en evidencia objetiva y cumpla con los criterios de razonabilidad previstos en la normativa vigente.

Un criterio que obliga a justificar las restricciones

Para Jesús Espinoza, exdirector del Indecopi y socio del estudio Muñiz, el principal aporte de la resolución no radicó en el resultado del caso, sino en el estándar que fijó para las futuras regulaciones municipales.

Explicó que, a diferencia de la mayoría de procedimientos sobre barreras burocráticas, el Indecopi no cuestionó la competencia de la MML para regular horarios, sino la falta de un análisis que demostrara que las restricciones respondían a un problema público real.

En esa línea, sostuvo que las municipalidades ya no podrán sustentar este tipo de medidas únicamente en argumentos generales sobre seguridad o tranquilidad pública. Ahora deberán acreditar, con evidencia objetiva, estadísticas, reportes o estudios, que existe un problema concreto y que la restricción resulta necesaria para solucionarlo.

Alfredo Lindley-Russo, socio fundador de GLR Abogados, coincidió en que este criterio obliga a fortalecer el proceso de elaboración de las ordenanzas. En su opinión, las restricciones deberán demostrar que son idóneas, proporcionales y que no existe una alternativa menos gravosa para alcanzar el mismo objetivo.

El debate ahora se traslada a las municipalidades distritales

Tras este pronunciamiento, la discusión podría extenderse a las restricciones impuestas por otros gobiernos locales. Lindley-Russo explicó que el criterio desarrollado por el Indecopi puede ser invocado para cuestionar medidas similares, aunque aclaró que la resolución solo produce efectos sobre las ordenanzas analizadas en este procedimiento.

El abogado añadió una diferencia importante: mientras las municipalidades distritales pueden regular los horarios de funcionamiento de determinados establecimientos, consideró que la fijación de horarios para la comercialización de bebidas alcohólicas corresponde a las municipalidades provinciales.

Por ello, sostuvo que los distritos únicamente deberían fiscalizar el cumplimiento de esas disposiciones y no establecer horarios propios.

Espinoza agregó que, si existen restricciones distritales similares, estas deberán ser cuestionadas mediante nuevos procedimientos ante el Indecopi. A su juicio, la decisión representó “un gran primer paso” y podría servir como referencia para revisar ordenanzas de otros distritos.

No todos los negocios podrán ampliar sus horarios de venta

Aunque el pronunciamiento podría beneficiar a algunos establecimientos, su efecto práctico dependerá de cada caso. Espinoza indicó que muchos restaurantes, bares y otros negocios tienen licencias de funcionamiento cuyo horario máximo coincide con el límite para vender bebidas alcohólicas. En esos supuestos, la resolución no modifica su operación, pues igualmente deberán cerrar a la hora autorizada.

El escenario es distinto para bodegas, minimarkets, supermercados o licorerías que cuentan con horarios de funcionamiento más amplios y cuya principal limitación era el horario para comercializar bebidas alcohólicas. En esos casos, el criterio podría representar un beneficio concreto, aunque el especialista insistió en que primero deberá revisarse la licencia otorgada por la municipalidad.

Revisar la licencia antes de extender la venta de alcohol

Antes de modificar sus horarios de atención, los especialistas recomendaron verificar las condiciones de la licencia de funcionamiento.

Espinoza advirtió que algunas autorizaciones incorporan restricciones específicas para la venta de bebidas alcohólicas, por lo que podría ser necesario solicitar una actualización para evitar observaciones o sanciones durante una fiscalización.

Lindley-Russo añadió que también será necesario identificar cuál es la norma que origina la restricción.

Si proviene de una ordenanza de la MML alcanzada por esta resolución, el escenario será distinto al de aquellas impuestas por municipalidades distritales, que continuarán vigentes mientras no sean cuestionadas y declaradas ilegales o carentes de razonabilidad.

Beijing, China.- Nuestro país aparece con mayor frecuencia como un referente global en la producción de uva. Esta vez, China reconoció su liderazgo y resaltó que el modelo de viticultura del Perú es competitivo gracias a su geografía, clima y capacidad de abastecer al mundo en contraestación. Sin embargo, el aplauso vino acompañado de una advertencia: mantener esa ventaja exigirá una revolución de estrategia en los campos.

El gigante asiático expresó sus argumentos durante el Seminario sobre Gestión y Tecnología Agrícola para Perú, evento a cargo del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China y en el cual participó este diario.

Las fortalezas en el mapa nacional

Wang Xiaoyue, viceinvestigadora de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales de Beijing, enfatizó que la costa desértica de Perú posee abundante luz solar y una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, lo cual es “muy ventajoso” para que la uva obtenga un excelente sabor.

El calor también permite una maduración temprana; con ello, los niveles de producción alcanzan hasta 45 toneladas por hectárea, una cifra que representa el doble de la producción de China.

Además, en regiones como Ica y Lima, los suelos son arenosos y cuentan con un drenaje que facilita el manejo del cultivo. Y, si bien ambas zonas se mantienen como el pilar de la exportación, la vocera destacó que la altitud y la fuerte radiación ultravioleta del sur (en Arequipa y Tacna) favorecen a las uvas rojas: les da una estructura rica en taninos.

Este escenario alienta la producción de vinos de alta gama, sobre todo con las variedades Malbec, Syrah y Torontel.

Asimismo, una fortaleza medular en la sierra es el acceso al agua proveniente de los glaciares de los Andes: es pura y rica en minerales.

Sumado a ello, la temporada de cosecha en Perú coincide con el invierno y la primavera del hemisferio norte, lo que permite abastecer el mercado cuando no hay producción propia. En esa línea, las uvas peruanas cumplen con estrictos estándares internacionales, un requisito para su posicionamiento.

“Creemos que podemos relatar una historia de marca única de las uvas de Perú; por ejemplo, con marcas etiquetadas con la altitud del Perú o con el sol de los Andes”, comentó Xiaoyue. En suma, “profundizar la comprensión del terruño”.

La revolución: el manejo integral

Pero las ventajas naturales son solo el punto de partida, la verdadera “revolución” es la transición de una agricultura tradicional a una agricultura de precisión, aseguró Xiaoyue. ¿De qué se trata?

Para empezar, la fertilización, además de basarse en “la experiencia de los campesinos”, debe regirse bajo un análisis científico de los componentes del suelo. Es decir, debe emplearse una combinación exacta de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos, según la necesidad detectada.

Intervenir la planta desde sus primeros años con el objetivo de darle una estructura permanente es, para la vocera, el paso más decisivo: cuidar hacia dónde crecerán las ramas, qué ramas conservar, cuáles eliminar y cómo distribuir la planta sobre la estructura de soporte. Esto garantiza una arquitectura ordenada durante toda su vida productiva.

En ese contexto, en lugar de depender solo de químicos, promueve el uso de depredadores naturales contra la araña roja, por ejemplo, y de plántulas certificadas antivirus para el control de enfermedades.

Xiaoyue incluyó en su explicación tanto a la poda de verano como a la poda de invierno. “La poda de invierno establece la estructura y define el número de ramas fructíferas para el próximo año”, mencionó.

En cambio, la poda de verano busca manejar el crecimiento de la planta durante la campaña, de tal manera que se controle el exceso de crecimiento vegetativo, se mejore la ventilación del viñedo y permita una mayor entrada de luz hacia las hojas y racimos.

La poda, por tanto, no es una labor de mantenimiento: es una herramienta para dirigir la energía de la planta hacia una producción más eficiente.

Por último, con la finalidad de que la uva llegue en condiciones óptimas a mercados lejanos como China, se deben fortalecer los procesos de preenfriamiento, las clasificación automatizada y una logística de cadena de frío rigurosa para extender la vida útil del producto.

El diálogo con la agricultura inteligente

En resumen, la “nueva revolución” que plantea China para la uva no pasa necesariamente por ampliar la frontera agrícola ni por incorporar nuevas variedades: está más relacionada con producir mejor.

La agricultura inteligente propone justamente eso, expresó por su parte Li Qifeng, investigador de Ciencias Agrícolas y Forestales de Beijing, en otra intervención: utilizar monitoreo en tiempo real, automatización, maquinaria de precisión y análisis de datos para optimizar cada decisión en el campo y elevar la eficiencia sin incrementar el uso de recursos.

En la práctica, eso significa que un viñedo podría regarse no por calendario, sino cuando los sensores detecten que la planta realmente lo necesita. Los fertilizantes dejarían de aplicarse de manera uniforme y pasarían a dosificarse según las condiciones específicas del suelo y del cultivo. Incluso labores como el control de plagas o la pulverización podrían ejecutarse con equipos capaces de identificar qué zonas del viñedo requieren tratamiento y cuáles no.

En el fondo, la propuesta china busca que el viñedo deje de “reaccionar” y empiece a anticiparse.

Diversos gremios del sector salud advirtieron que miles de familias del Perú enfrentan demoras prolongadas, de hasta 155 días, para una cita en algunas especialidades. A esto se suman los episodios recurrentes de desabastecimiento de medicamentos.

El impacto, aseguraron, es especialmente grave para los pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, pacientes en diálisis y aquellos cuyos tratamientos no admiten interrupción.

En este contexto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) y la Asociación de Exportadores (ADEX) manifestaron su preocupación.

La urgencia de los proveedores disponibles

Mediante un comunicado, los gremios subrayaron el alcance de la entidad: hoy se atiende a más de 12 millones de asegurados en el Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Hacemos un llamado tanto a su actual conducción como al equipo de transferencia del nuevo Gobierno para que, cada uno en su ámbito, aseguren la continuidad del abastecimiento de medicamentos”, sostuvieron.

Añadieron: “Entendemos que esta situación responde, en buena parte, a un problema estructural y no a una decisión reciente. Su origen está en el incumplimiento acumulado de obligaciones de pago con los proveedores —que alcanzaría cerca de S/400 millones— y en la reciente delegación de las compras y los pagos a las redes asistenciales”.

Este último cambio, al eliminar la previsibilidad de los volúmenes de compra y sumarse a un régimen estricto de penalidades, dificulta que los proveedores formales planifiquen producción, inventarios y financiamiento. Precisaron que una variación no anticipada en los pedidos puede derivar en incumplimientos involuntarios.

“Esta situación adquiere mayor urgencia ante la mayor demanda sanitaria asociada al Fenómeno El Niño, que intensifica enfermedades infecciosas y hace indispensable contar con proveedores disponibles para atender las necesidades de la población”, analizaron.

Medidas en el radar

Con ánimo constructivo, propusieron dos medidas concretas y de rápida adopción. Primero, un cronograma de pago vinculante de las acreencias ya reconocidas, que restablezca la confianza y la continuidad del suministro.

Segundo, la instalación de una mesa técnica entre EsSalud y los gremios, con un sistema de alertas tempranas de desabastecimiento y soporte para los riesgos inminentes del Fenómeno de El Niño.

“Los gremios firmantes reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a aportar información, capacidad técnica y propuestas, para que ninguna interrupción en la cadena de abastecimiento afecte la atención de los pacientes”, concluyeron.

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) realizó la inspección y certificación del primer embarque nacional de exportación de vieiras (conchas de abanico) hacia Paraguay,

La Sanipes, entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), destacó que con ese envío el Perú está marcando un hito para las exportaciones acuícolas peruanas.

La Sanipes verificó que el lote de 4.78 toneladas métricas de conchas de abanico valorizadas aproximadamente en US$ 66,000 FOB cumpla con las normativas sanitarias y de inocuidad exigidas por el mercado paraguayo.

Certificación a fuentes de producción

Asimismo, esa entidad dio cuenta que certificó que la zona de producción y la planta de procesamiento de conchas de abanico opera bajo los más altos estándares internacionales de calidad e inocuidad, dando paso al despacho de los productos hidrobiológicos hacia Paraguay.

La Sanipes refirió que fiscaliza la producción y procesamiento de productos hidrobiológicos, como la concha de abanico, para garantizar su sanidad e inocuidad.

Asimismo, señaló que lo hace con el fin de proteger la salud pública, asegurando que estos alimentos no transmitan enfermedades y cumplan con los estándares exigidos para su comercialización nacional y exportación.

Exportaciones en primer trimestre

La institución refirió que, en los primeros tres meses del presente año se exportaron conchas de abanico por un valor de US$ 77 millones FOB, cuyos principales destinos fueron Estados Unidos, Francia y España.

Durante el 2025, recordó, las exportaciones peruanas de concha de abanico alcanzaron un valor superior a US$ 188 millones FOB, siendo los principales destinos Estados Unidos, Francia y España. En dicho periodo, se consolidó como uno de los principales productos acuícolas exportados.

A puertas del cambio de Gobierno—que será presidido por Keiko Fujimori—, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha identificado una serie de quehaceres para defender los intereses del sector empresarial en un Perú que, según afirmó, debería crecer más del 3% anual.

Así lo resaltó Raúl Barrios, presidente del gremio, durante un encuentro con la prensa en el que también participó este diario.

Temáticas transversales

La postura de la CCL es que el Perú no debe trabajar simplemente para igualar o acercarse a sus competidores, sino para ser superior a ellos. El objetivo, según informó Carlos Posada, director institucional del gremio, debe ser compartido por el sector privado, el público y la academia.

Señaló que el nivel de productividad en el Perú, en la relación hora-hombre, no es de los más altos y está por debajo de otros países de la región.

Para mitigarlo, la CCL colocó bajo la lupa cinco tareas. Primero, cerrar la brecha de infraestructura; es decir, invertir prioritariamente en transporte, energía, agua y conectividad digital. Tanto Barrios como Posada fueron enfáticos al mencionar que mucho proyectos están detenidos por burocracia y malas decisiones de financiamiento, más que por falta de recursos.

Recordaron, en esa línea, que el 70% del presupuesto recientemente aprobado se ha destinado a pagar gasto corriente; es decir, sueldos en el Estado, en lugar de financiar proyectos estratégicos como el viaducto Santa Rosa.

El segundo punto es simplificar y destrabar proyectos. El diagnóstico apunta a que el Perú está “extremadamente sobrerregulado”, lo que empuja a inversionistas a operar desde países vecinos

Se plantea, así, una “cruzada” para simplificar procesos y eliminar normas anacrónicas que ya no cumplen una finalidad real.

La tercera urgencia es generar confianza y predictibilidad, lo que implica garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los contratos. “Los empresarios requieren reglas claras que no cambien a mitad del camino para poder tomar decisiones de inversión a largo plazo”, dijo Posada.

El penúltimo punto es impulsar la productividad y la formalización. Para ello, el gremio propone conciliar la oferta académica con las necesidades del sector privado y darle así mayor valor a las carreras técnicas.

Finalmente, es medular respetar las obligaciones del Estado. La CCL critica que el Estado exija puntualidad al sector privado mientras mantiene deudas millonarias con diferentes proveedores, como en los sectores de salud y energía (Petroperú).

• El dato:

La CCL adelantó que lidera una iniciativa, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, para investigar a los exministros de los últimos años. El objetivo es detectar quiénes, con sus decisiones en materia económica, profundizaron las brechas que hoy existen en el Perú.

Mar Pacífico Export Import encontró en la ova de pez volador el negocio con el que busca dar el siguiente salto en su crecimiento. Mientras la pota continúa siendo su principal producto por volumen, la empresa apuesta por fortalecer un segmento de mayor valor para escalar posiciones entre los exportadores peruanos. ¿Cómo planea lograrlo?

Mar Pacífico proyecta elevar de 13 a cerca de 20 contenedores sus exportaciones de ova de pez volador, conocido como el “caviar peruano” en la próxima campaña, que se desarrolla entre octubre y marzo de cada año.

Su objetivo es seguir escalando posiciones entre los principales exportadores peruanos de este producto, cuyos embarques alcanzan un valor cercano a US$500,000 por contenedor.

“Hoy, en el ranking de exportaciones de ova, según Adex, estamos en el quinto o sexto lugar. Escalando a 20 contenedores podemos llegar hasta el cuarto lugar”, señaló Brenner Gaitán, gerente general de Mar Pacífico Export Import, a Gestión.

En esa línea, la compañía también apunta a fortalecer su capacidad financiera. Tras exportar alrededor de US$40 millones el año pasado, inició conversaciones con entidades bancarias para acceder a nuevas líneas de financiamiento que le permitan ampliar su producción y sostener el crecimiento de sus exportaciones.

Financiamiento y logística sostienen la expansión de Mar Pacífico

Tras consolidar sus primeros años de operación, Mar Pacífico inició negociaciones con entidades financieras para acceder a líneas de crédito pre y postembarque, además de ampliar el uso de factoring (adelanto del cobro de facturas) y cartas de crédito (garantía bancaria de pago en operaciones de comercio exterior).

Estas herramientas serán clave para incrementar su capacidad de producción y acompañar los planes de expansión de la empresa.

“Nosotros proyectamos duplicar las ventas cada año y para ello es importante tener el apalancamiento de los bancos”, explicó Gaitán. “Este año recién podemos estar en reuniones con algunos bancos para tener algunas líneas e incrementar el nivel de producción y exportación.”

En paralelo, la exportadora apuesta por acelerar la rotación de sus recursos mediante una estrategia logística enfocada en reducir los tiempos de tránsito hacia China. En ese contexto, prioriza embarques en rutas marítimas de entre 22 y 30 días, lo que le permite acortar los plazos de cobranza y disponer nuevamente de capital para financiar nuevas operaciones.

Asimismo, la empresa procura cerrar las ventas antes o durante el proceso de producción. Sin embargo, cuando la volatilidad del mercado lo exige, espera tener alrededor del 50% del contenedor ya procesado antes de pactar el precio con sus clientes, con el objetivo de reducir la exposición a las variaciones en el costo de la materia prima.

“No nos conviene tener el producto almacenado porque es un dinero que está ahí sin dar vueltas. Tratamos de exportar lo más rápido posible”, añadió.

Mar Pacífico diversifica su oferta para fortalecer las exportaciones

Actualmente, entre el 90% y el 95% de las exportaciones de Mar Pacífico tienen como destino Asia. De ese total, alrededor del 80% se dirige a China, mientras que el resto se distribuye principalmente entre Tailandia y Corea del Sur. La empresa también realiza envíos puntuales a España y Estados Unidos, aunque mantiene la mirada puesta en nuevos mercados conforme amplía su portafolio.

En ese camino, la compañía prevé impulsar la exportación de productos como pulpo, perico, bonito y otros recursos pelágicos, aprovechando una mayor disponibilidad esperada de estas especies durante este año.

Asimismo, evalúa desarrollar proyectos vinculados a langostinos, conchas de abanico, además de productos congelados y enlatados tanto para exportación como para el mercado local.

“Necesitamos diversificar nuestra oferta exportable, nuestros mercados y básicamente mantenernos siempre al día con las tendencias del mercado, los tratados de libre comercio y algunos requerimientos de algunos países”, sostuvo Gaitán.

No obstante, el ejecutivo reconoció que el acceso a determinados destinos aún depende de las habilitaciones sanitarias de las plantas donde tercerizan el procesamiento. En algunos casos, explicó, los permisos deben ser otorgados por las autoridades del país importador, lo que limita el ingreso a mercados como Panamá o Rusia, pese al interés comercial existente.

Además, advirtió que Europa ha perdido relevancia para las exportaciones peruanas de pota debido al avance de la oferta china, que ha ganado competitividad en precio y calidad.

Aun así, consideró que Perú mantiene ventajas competitivas gracias a la calidad de su materia prima y a la experiencia acumulada por la industria en el procesamiento de productos hidrobiológicos, factores que —afirmó— siguen marcando diferencias frente a otros proveedores internacionales.

Con nueve años de operaciones en Perú, la cadena chilena de belleza Pichara, especializada en productos de belleza y cuidado capilar, acelera su apuesta por el mercado local. La compañía, que cuenta con más de 110 tiendas en Chile y cinco en Perú, acaba de inaugurar su sexto punto de venta, el primero con formato de tienda puerta de calle (Surco). La apertura responde a una estrategia para fortalecer su presencia en un mercado donde la categoría de belleza mantiene un crecimiento anual de entre 5% y 6%. ¿Cuáles son los planes del retailer para 2026 y 2027?

Ericka Orrego, country manager de Pichara Perú, explicó que la reciente apertura marca una nueva etapa para la empresa. “Estamos en un momento de cambios. Hemos relanzado las tiendas y ampliado el surtido. Todo el 2025 nos hemos dedicado a fortalecer nuestro portafolio y ahora nos estamos consolidando con la apertura de esta primera tienda como nuestra flagship”, sostuvo.

El cambio de formato, agregó la ejecutiva, responde a la necesidad de captar un nuevo perfil de consumidor. “Principalmente es para llegar a un nuevo público. Esta es nuestra segunda incursión en Lima Moderna este año, pero la primera con puerta de calle. Lo que queremos lograr es llegar a otro público“, comentó. El nuevo local también marca el debut de Pichara en el formato de tienda puerta a calle, ya que hasta ahora sus cinco establecimientos en Perú operan al interior de centros comerciales.

En esa línea, precisó que el foco está en consumidores con mayor conocimiento sobre el cuidado capilar y una mayor demanda por productos especializados. “Queremos llegar a un público más exigente, que busca comprar productos profesionales y está más informado. Con esta tienda queremos posicionarnos como nuestra tienda ancla de productos profesionales”, afirmó.

En términos de resultados, durante el primer semestre de 2026, Pichara registró un crecimiento de doble dígito en Perú respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque la compañía no revela sus cifras por políticas internas, la alta directiva expresó que el avance superó el 10% y confió en mantener ese desempeño durante la segunda mitad del año.

“Con la apertura de la tienda en Surco, podemos seguir cumpliendo ese ritmo en el segundo semestre”, afirmó. Este resultado responde principalmente a dos factores: una mayor inversión en posicionamiento de marca y la ampliación del portafolio de productos.

A ello se suma una estrategia de expansión de la oferta, siempre enfocada en el segmento de cuidado capilar profesional. “El segundo motor del crecimiento ha sido toda la ampliación del portafolio que hemos venido realizando”, añadió.

Más marcas y nuevos SKU: que viene en 2026

Como parte de esa estrategia, la compañía incorporó durante el último año 12 marcas locales de cuidado capilar y amplió su oferta en categorías complementarias como esmaltes y cuidado corporal. Sin embargo, Orrego recalcó que el foco del negocio seguirá siendo el segmento profesional.

“Nuestro enfoque continúa siendo el cuidado capilar profesional. Sabemos que las clientas también buscan productos complementarios y aprovechamos esa oportunidad para ofrecerles un surtido más amplio”, alegó.

En ese contexto, adelantó que durante este año Pichara continuará ampliando su portafolio con nuevas líneas de las marcas que ya comercializa. Entre ellas figura el relanzamiento de LinkD, una línea de la marca Elgon, que pasará de cuatro a 15 SKUs y será lanzada durante el tercer trimestre. Además, la empresa incorporará nuevos productos de la marca Mood, con lo que el portafolio sumará alrededor de 30 nuevos SKUs este año.

“Además, estamos ampliando otras marcas enfocadas en el segmento profesional”, relató Orrego. Asimismo, refirió que para el próximo año la compañía incorporará nuevas marcas de terceros, cuya distribución exclusiva en el mercado peruano estará a cargo de Pichara.

En concreto, la compañía ya cerró acuerdos para sumar dos marcas de terceros, de las que será distribuidor exclusivo en el mercado peruano. Si bien, la vocera evitó precisar el número de SKUs que llegará con cada una, estimó que cada marca podría incorporar hasta 100 SKUs.

La ejecutiva mencionó que las nuevas incorporaciones responderán a una demanda creciente por productos especializados. Como ejemplo, destacó la ampliación de la línea Mood, cuyos productos identifican de forma más clara la necesidad que atienden, como hidratación, reparación o caída del cabello.

Pichara mira provincias y el canal B2B

En paralelo, la cadena continuará con su expansión en tiendas. Tras inaugurar su primera tienda a puerta de calle en Surco, la empresa evalúa nuevas aperturas principalmente en distritos de Lima Moderna e incluso proyecta iniciar su ingreso a provincias en 2027.

Entre las ciudades que evalúa figuran Arequipa, Trujillo y Piura. Respecto al formato de los próximos locales, Orrego sostuvo que la decisión dependerá de las oportunidades que ofrezca el mercado inmobiliario. “Estamos en contacto con los centros comerciales, pero también tenemos una agencia que nos busca locales puerta de calle”, comentó.

La alta directiva agregó que la empresa espera mantener durante el segundo semestre el crecimiento de doble dígito registrado en la primera mitad del año.

En cuanto a la experiencia de compra, Orrego sostuvo que la principal diferencia frente a otros retailers del sector radica en la asesoría especializada. “Tenemos asesoría personalizada con un capilógrafo que realiza un diagnóstico capilar y recomienda los productos que realmente necesita el cliente. No nos interesa que compre una marca determinada, sino que encuentre la solución adecuada para su cabello”, anotó.

Por último, adelantó que la compañía también evalúa desarrollar el canal profesional en Perú. Aunque hoy el negocio está enfocado en el consumidor final, Pichara tiene un plan de mediano plazo para atender a estilistas y salones de belleza. “Hoy estamos enfocados en el cliente final, pero tenemos un plan para llegar al estilista y centros de belleza. Probablemente incorporemos una persona especializada en desarrollar el canal B2B”, indicó.

Aunque el proyecto aún no tiene una fecha definida, la ejecutiva estimó que podría concretarse entre 2027 y 2028, una vez que la marca consolide su posicionamiento en el mercado peruano. Además, la empresa analiza replicar en el país las academias de formación para estilistas que opera en Chile, un proyecto que, según la ejecutiva, forma parte de sus planes de mediano plazo.

La Compañía de Minas Buenaventura presentó su reporte de producción y volumen de ventas del segundo trimestre del 2026, mostrando así un desempeño positivo en el negocio de la plata y proyecciones superadas en varias de sus unidades mineras. Conozca los detalles.

Durante ese período, la producción de plata de operaciones directas de la empresa alcanzó los 3.6 millones de onzas, mientras que en el acumulado del primer semestre llegó a 7.5 millones de onzas. La unidad Yumpag (Pasco) lideró el aporte con 2.3 millones de onzas en el trimestre.

La minera detalló que la producción de plata en Yumpag superó las proyecciones, impulsada por leyes superiores a las esperadas. Por ese desempeño, la compañía actualizó al alza su estimado de plata para el 2026, que ahora se ubica entre 14.7 y 16.1 millones de onzas en operaciones directas.

A ese resultado, se suma un dato relevante para el segundo semestre: luego del cierre del trimestre pasado, ya en el tercer trimestre de este año, Buenaventura recibió aprobación para incrementar el ritmo de minado en Yumpag de 1,000 a 1,200 toneladas por día.

San Gabriel avanza en su puesta en marcha pese a desafíos en gestión de relaves

En su reporte a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Buenaventura indicó que la producción de oro de operaciones directas fue de 30,543 onzas en el segundo trimestre y de 60,547 onzas en el semestre. Orcopampa (Arequipa) fue la principal unidad aurífera (oro) con mejor desempeño del trimestre, con 13,981 onzas, superando ligeramente las proyecciones por un mayor volumen de mineral procesado.

Por su parte, la unidad minera de oro y plata San Gabriel (Moquegua) continuó su etapa de puesta en marcha durante el segundo trimestre, con un tonelaje procesado limitado por desafíos en la gestión de relaves, particularmente en la planta de filtrado de relaves, mientras la compañía continuó avanzando en iniciativas para mejorar las recuperaciones metalúrgicas.

Los estimados de dicha unidad para 2026 fueron actualizados para reflejar las restricciones asociadas con la gestión de relaves y las tasas actuales de recuperación metalúrgica. Sin embargo, la mina comenzó a registrar volúmenes vendidos en el segundo trimestre.

En cobre, la producción de operaciones directas fue de 13,475 toneladas métricas (TM) en el trimestre, concentrada en El Brocal (Pasco). En plomo, alcanzó 3,642 TM y en zinc 7,360 TM, ambos liderados por Uchucchacua (Lima).

Por otro lado, los precios registrados del trimestre reflejaron un entorno favorable: el oro promedió US$ 4,342 por onza y la plata US$ 89.52 por onza.

Buenaventura alista El Algarrobo en Piura con inversión de hasta US$ 759 millones

En mayo pasado, el presidente del directorio de Buenaventura, Roque Benavides, comentó a Gestión que la compañía venía enfocándose en la transición de yacimientos auríferos hacia proyectos cupríferos en Cajamarca, aprovechando que muchos yacimientos de oro del norte terminan convirtiéndose en cobre en sus zonas más profundas.

En esa línea, Coimolache avanza a través del proyecto Coimolache Sulfuros, una futura operación de cobre de unas 20,000 toneladas por día, mientras que en La Zanja se ha identificado mineralización de cobre, molibdeno y oro tipo pórfido. A esos yacimientos, se suma El Algarrobo (Piura), un proyecto polimetálico de cobre, zinc y plata que demandaría una inversión inicial cercana a US$ 480 millones, monto que podría elevarse hasta US$ 759 millones conforme avance su desarrollo.

Benavides también advirtió que uno de los principales desafíos del sector es la excesiva burocracia para operar formalmente. Como ejemplo, señaló que mientras en Canadá un permiso de exploración puede obtenerse en tres semanas, en el Perú el mismo proceso puede tardar más de un año, y consideró que la simplificación administrativa debe convertirse en una prioridad nacional.

El currículum ya no es el único documento que habla de un candidato. Antes incluso de la primera entrevista, cada vez más empresas revisan la presencia digital de los postulantes para conocer cómo se presentan, cómo interactúan en espacios públicos y si existe coherencia entre la trayectoria que declaran y la imagen que proyectan en internet.

Esta revisión puede incluir desde el perfil de LinkedIn hasta una búsqueda en Google o la consulta de otras redes sociales de acceso público. El objetivo, explican los especialistas consultados por Gestión, no es invadir la privacidad de las personas, sino obtener una visión más completa del profesional que aspira al puesto.

Pedro Córdova Piscoya, docente de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), sostiene que la denominada “huella digital” ha cambiado la manera en que las personas deben gestionar su reputación profesional.

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“Todo lo que hagamos en las redes queda registrado. Todos hemos cometido errores en algún momento, pero hoy existe la posibilidad de que alguien los recuerde mediante una captura de pantalla. Esos errores pueden convertirse en un problema porque quienes reclutan también observan la parte personal. No solo importa lo profesional; también la persona”, advierte.

No todas las empresas revisan igual

La revisión de redes sociales no es una práctica uniforme en todos los procesos de selección. Daniela Venero, Senior Manager de Michael Page, explica que esta evaluación es mucho más frecuente cuando se trata de posiciones de liderazgo, cargos de confianza, manejo de información sensible o funciones vinculadas con la reputación corporativa.

Marcella Gonzales, Executive Manager de la firma de reclutamiento, agrega que la revisión de la huella digital ha dejado de ser una simple curiosidad para convertirse en un elemento del proceso de evaluación, aunque su profundidad dependerá del sector y del tipo de cargo.

Según señala, un estudio citado de Harvard Business Review indica que alrededor del 70% de las empresas investiga a los candidatos en redes sociales y un 54% ha descartado perfiles por información encontrada durante esa revisión. En cargos de mediana y alta gerencia, precisa, la evaluación suele ser más exhaustiva.

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Más que revisar el CV, buscan confirmar quién es el candidato

Los especialistas coinciden en que la revisión de la presencia digital no pretende reemplazar al currículum, sino complementarlo.

Para Daniela Venero, uno de los principales objetivos consiste en verificar que exista coherencia entre lo que el postulante declara y lo que puede observarse públicamente. Además de validar fechas, empresas o cargos, también se analizan señales relacionadas con la actualización profesional, la participación en comunidades de la industria, certificaciones, publicaciones y la manera en que la persona se comunica.

Marcella Gonzales añade que también se busca identificar aspectos vinculados al comportamiento, el ajuste cultural y la capacidad de integrarse a un equipo. Los perfiles que más destacan, afirma, son aquellos que evidencian aprendizaje continuo, participación en eventos del sector, análisis de valor sobre su industria y recomendaciones de terceros, como exjefes o clientes.

Por el contrario, las inconsistencias entre las fechas del CV y los perfiles digitales, la exageración de responsabilidades, la filtración de información confidencial o un lenguaje hostil en espacios públicos constituyen señales de alerta para los reclutadores.

LinkedIn sigue liderando, pero ya no es el único escaparate

Aunque LinkedIn continúa siendo la principal plataforma utilizada durante los procesos de selección, ya no es la única fuente de consulta.

Venero señala que esta red permite validar experiencia, certificaciones, recomendaciones y trayectoria profesional. Sin embargo, sostiene que el concepto de reputación digital hoy es mucho más amplio.

En esa misma línea, Gonzales explica que Instagram, TikTok e incluso una búsqueda general en Google también pueden aportar información relevante, dependiendo del perfil evaluado. En el caso de profesionales jóvenes o de áreas como marketing, comunicación o industrias creativas, estas plataformas pueden mostrar habilidades relacionadas con creatividad, autenticidad o dominio de distintos formatos.

Para Pedro Córdova, limitar la marca personal únicamente a LinkedIn resulta insuficiente.

“Creo firmemente en una estrategia 360. La proyección de una marca personal sólida debe partir de la coherencia entre lo que la persona dice ser y lo que muestran todas sus redes, incluso aquellas consideradas personales. Esos escaparates digitales exigen criterio, responsabilidad y sentido común”, afirma.

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Las publicaciones que más preocupan

No se trata de tener una vida personal perfecta, sino de demostrar criterio. Entre los contenidos que más afectan una postulación aparecen las críticas públicas constantes contra exjefes o antiguos empleadores, los discursos agresivos, discriminatorios o de odio, la difusión de información confidencial y las inconsistencias sobre la trayectoria profesional.

Daniela Venero explica que las organizaciones suelen diferenciar entre la libertad de expresión y aquellas conductas que representan un riesgo para el entorno laboral o la reputación corporativa.

Compartir actividades personales, viajes, aficiones o intereses, sostiene, normalmente no constituye un problema. La situación cambia cuando las publicaciones evidencian comportamientos agresivos, ataques constantes, incumplimiento de normas éticas o exposición de información sensible.

En opinión de Marcella Gonzales, la huella digital permite anticipar posibles riesgos de comportamiento dentro de una organización.

“La libertad de expresión comprende opiniones personales y debates respetuosos. Sin embargo, cuando el contenido evidencia hostilidad, discriminación, agresión o vulneración de la confidencialidad, deja de ser únicamente una opinión y puede convertirse en un factor de descarte”, sostiene.

Pedro Córdova resume esta idea con una regla sencilla: “Lo que no haría en el mundo offline tampoco tendría que hacerlo en el mundo online”.

La inteligencia artificial también entra en escena

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial está modificando la forma en que las organizaciones revisan la información de los candidatos.

Según Daniela Venero, estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos e identificar con mayor rapidez patrones o discrepancias entre currículums, perfiles profesionales y otras fuentes de información pública.

Marcella Gonzales añade que algunas empresas ya utilizan plataformas de inteligencia artificial para gestionar procesos de reclutamiento masivo, evaluar perfiles digitales, realizar filtros de candidatos y apoyar el proceso de búsqueda de talento.

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¿Qué revisar antes de enviar el CV?

Los especialistas recomiendan realizar una auditoría de la presencia digital antes de iniciar cualquier proceso de selección.

Entre las principales acciones destacan:

• Buscar el propio nombre en Google y revisar qué información aparece.
• Verificar que el CV y LinkedIn presenten fechas, cargos y experiencias consistentes.
• Actualizar el perfil de LinkedIn con información completa y vigente.
• Revisar la configuración de privacidad de las distintas redes sociales.Decidir conscientemente qué plataformas serán su vitrina profesional (abiertas) y cuáles serán estrictamente personales (cerradas y protegidas).
• Evaluar si las publicaciones públicas reflejan la imagen profesional que se desea proyectar.

Para Pedro Córdova, basta hacerse una pregunta antes de postular: “Si yo viera un perfil similar, ¿contrataría realmente a esa persona?”. La respuesta, afirma, puede ser el mejor punto de partida para gestionar la propia reputación digital.

Más allá de culminar los accesos al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y poner en marcha el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, el plan del Gobierno de Keiko Fujimori pone sobre la mesa una ampliación de la infraestructura aeroportuaria del Perú hasta con seis nuevos terminales regionales.

A pocos días de que Fujimori asuma la presidencia, Gestión revisó la propuesta que, según indica, busca la construcción de nuevos aeropuertos en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica y Huancayo.

Estos proyectos se sumarían al terminal en marcha en Tingo María y a la idea de habilitar plenamente el aeropuerto de Pisco para recibir vuelos comerciales regulares, así como a la modernización de los 17 aeropuertos concesionados del país.

Pero, ¿qué tan viable resulta ampliar la red aeroportuaria del país? Aunque esta conectividad sigue siendo una de las principales brechas para impulsar el turismo y el desarrollo en las regiones, no solo basta con construir aeropuertos.

Para la extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, un punto importante antes de impulsar la creación de nuevos aeropuertos es determinar qué necesidades busca atender cada proyecto.

“Parece interesante porque se está hablando de ciudades que tienen potencial turístico que no están conectadas, actualmente, con el transporte aéreo. Se deben hacer los estudios de demanda para dimensionar cuáles son los tamaños y sobre todo también hacer las conexiones con el sector aeronáutico, o sea, con las líneas aéreas. Lo importante es resaltar que toda la infraestructura de transporte debe tener un fin, debe responder a necesidades o promover actividades o industrias como las turísticas, agroexportadoras o logísticas”, comentó a Gestión.

En esa línea, el presidente de Proturismo, Tito Alegría, coincidió en que la conectividad es indispensable para el crecimiento del turismo, pero advirtió que una nueva infraestructura aeroportuaria no asegura, por sí sola, la llegada de vuelos comerciales y turistas.

“El aeropuerto no resuelve todos los problemas. No solo se debe ver la viabilidad técnica y geográfica, sino que también es vital la demanda y la cadena de valor para poder entender que antes de desarrollar un aeropuerto se tiene que hablar con las aerolíneas, con los stakeholders del turismo, con las autoridades locales”, refirió.

Para ambos especialistas, el caso del aeropuerto de Pisco deja una de las principales lecciones para los nuevos proyectos. Alegría recordó que la infraestructura fue construida sin contar con estudios suficientes sobre demanda y conectividad, por lo que hoy no ha logrado consolidar operaciones comerciales regulares.

Según indicó, esto ocurrió porque no se evaluaron previamente variables como el potencial turístico, la actividad económica y la demanda efectiva de pasajeros.

Por ello, Proturismo propuso que el próximo Gobierno instale una mesa de trabajo descentralizada para evaluar cada proyecto de manera integral.

“Un proyecto de aeropuerto puede ser una inversión o puede ser un gran gasto. Tiene que trabajarse muy bien el expediente de factibilidad para que realmente dinamice el desarrollo de cada región”, agregó.

¿Qué proyectos tendrían mayor potencial?

Sobre la lista de nuevos aeropuertos planteados por el gobierno electo, los especialistas consideraron que no todos presentan el mismo potencial. Para ambos, Oxapampa destaca dentro de la lista debido a su potencial turístico.

Alegría recordó que hoy el viaje por carretera desde Lima -principal emisor de turistas internos- puede tomar más de 10 horas debido al tránsito en la Carretera Central.

“Aplaudimos la iniciativa de hacer un aeropuerto en Oxapampa. Sería importante no solamente por un tema turístico, sino porque se ha generado un destino de desarrollo inmobiliario importante para muchas familias. Si usted quiere ir a Oxapampa desde Lima es bien complicado porque debe pasar por Ticlio, por la Carretera Central donde hay mucho tráfico y, en épocas de invierno, hemos visto que puede terminar parándose uno en la carretera y tener que pernoctar con las heladas”, indicó.

Pese a las complicaciones de acceso, al 2025, las cifras de ocupación hotelera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicaron que Oxapampa recibe alrededor de 293,915 arribos nacionales y 2,462 extranjeros al año. Los números podrían impulsarse con un terminal aéreo.

De hecho, Lazarte señaló que, si bien los estudios para los nuevos terminales deben partir de la demanda actual, también deben considerar que una infraestructura de este tipo, acompañada de otras inversiones, puede impulsar nuevas actividades económicas y aumentar el flujo de pasajeros con el tiempo.

“En la medida que hagan programas territoriales de inversión sobre infraestructura crítica, como los aeropuertos, generas industrias y sectores productivos que van a hacer que esa demanda se incremente. El aeropuerto solo no te va a traer necesariamente el flujo, lo que necesitas es tener intervenciones o inversiones claves en esas regiones para promover más turismo y desarrollo económico”, explicó.

Lazarte añadió que otros con potencial para priorizar los terminales son Huancayo y Tingo María -que se encuentra en proceso con una pista de aterrizaje ya entregada a Corpac a inicios de 2026, acorde con el MTC- debido al impacto económico que pueden generar.

“(Junto a Oxapampa) son los que tienen un turismo por consolidarse para poder, sobre eso, generar industria y más crecimiento económico. No descarto que los otros terminales se puedan hacer, pero es importante una base de estudios. Al día de hoy probablemente no te va a dar la demanda para hacer un aeropuerto. Se debe hacer una intervención estratégica sobre la base de encontrar estos sectores económicos que te generan demanda”, agregó la exministra.

Respecto a Puno, recordó que ya cuenta con un contrato suscrito para mejorar su terminal en Juliaca, por lo que el reto pasa más por acelerar su ejecución.

Por su lado, el presidente de Proturismo consideró que, en otros casos como el de Chimbote, por ahora, no hay un sustento claro para construir un aeropuerto, teniendo en cuenta que la actividad productiva de la zona ya utiliza, principalmente, la infraestructura portuaria para movilizar su carga.

Asimismo, resaltó que antes de construir nuevos aeropuertos el Estado debería fortalecerse la conectividad de terminales que ya existen y promover más rutas entre ciudades del país, como Chiclayo-Cusco o Trujillo-Iquitos, sin pasar por Lima.

El reto de concretar los proyectos

Más allá de su viabilidad, Lazarte recordó que el desarrollo de un aeropuerto es un proceso que toma varios años. La ex titular del MTC explicó que primero deben elaborarse los estudios, definir el mecanismo mediante el cual se ejecutará el proyecto y luego iniciar el proceso para seleccionar al encargado de diseñarlo, construirlo y operarlo.

En paralelo, indicó, será necesario fortalecer la capacidad técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad del MTC encargada de aspectos regulatorios y técnicos vinculados a este tipo de infraestructura.

Entonces, ¿cuánto tiempo demorarían en estar listos estos aeropuertos? Según estimó Lazarte, estructurar y adjudicar un proyecto de este tipo suele tomar entre dos años y medio y tres años. Si esos procesos comienzan al inicio del nuevo Gobierno y avanzan sin retrasos, las primeras obras podrían empezar antes de que concluya el siguiente quinquenio.

El mercado automotor peruano atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras la ligera contracción de 2024, el sector cerró 2025 con un alza superior al 24% y mantiene el impulso en lo que va del año. En ese escenario, Mitsui Automotriz —concesionario de las marcas Toyota, Lexus e Hino— proyecta colocar unas 10,000 unidades (solo de Toyota) en 2026 y anticipa que el mercado podría alcanzar un récord histórico de ventas de 240,000 vehículos nuevos.

“Si comparamos mayo del año pasado contra mayo de este año, como mercado estamos vendiendo 30% más”, comentó a Gestión Bernd Grahammer, gerente general de Mitsui Automotriz.

El ejecutivo precisó que la industria pasó de un promedio de 13,000 unidades mensuales a 16,000, y que este año las ventas superan las 20,000 unidades nuevas al mes.

La firma se define como el concesionario líder de Toyota, marca que encabeza el mercado peruano desde hace 34 años. Toyota concentra alrededor del 20% del total y, de ese volumen, Mitsui maneja poco más del 21%. De hecho, sumadas a las ventas de Lexus —donde es distribuidor exclusivo— e Hino, la concesionaria se acerca al 5% de todos los vehículos vendidos en el país.

Con cifras oficiales a abril, el mercado colocó unas 82,000 unidades, de las cuales Toyota vendió cerca de 15,000. Para el cierre del primer semestre, Grahammer estimó que la marca llegará a unas 21,000 unidades, mientras que Mitsui superará las 4,500 unidades.

La inversiones de Mitsui Automotriz y un récord en Lexus

El crecimiento de Mitsui se sostiene en varios factores. “No hay una razón única”, señaló el ejecutivo, quien mencionó los buenos precios de los minerales, la reducción de las tasas de interés, la estabilidad del tipo de cambio y la recuperación del empleo formal como elementos que se han combinado para dinamizar la demanda.

De cara al cierre del año, Mitsui proyecta que Toyota colocará entre 45,000 y 50,000 unidades —desde la concesionaria unas 10,000 unidades— , y que Lexus alcanzará las 500 unidades, un récord para la marca de lujo, que ya escaló al cuarto puesto del ranking del segmento con un crecimiento cercano al 50% frente a las 350 unidades de 2025.

En paralelo, la empresa avanza con su plan de modernización de tiendas. Este año abrió un local en Miraflores, y reinauguró el área de ventas de La Molina; en lo que resta de 2026 prevé renovar sus sedes de la av. Canadá (La Victoría) y Arequipa. “Ya hemos invertido más de US$ 1 millón en los dos locales mencionados, y este año destinaremos cerca de US$ 1.5 millones”, detalló Grahammer, quien adelantó que en 2027 la inversión, de magnitud similar, se concentrará en la renovación integral en la posventa de los cuatro locales Toyota.

En el caso de Lexus, a mediados del año pasado inauguraron un local en la zona de Miraflores, que complementa con la sede de La Molina. “Estamos proyectando entre 2027 y 2028, tal vez expandirnos o tener una cobertura en Arequipa”, adelantó.

Mientras tanto, en su tienda Hino ubicada en Santa Anita, la concesionaria ya inició obras de remodelación con miras a incorporar también la venta de Toyota. “Al final vamos a terminar el año con cuatro puntos de venta en Lima y uno en Arequipa para la marca”, precisó el ejecutivo, agregando que este año esperan colocar 350 unidades de la marca Hino.

Mitsui Automotriz y su apuesta por los híbridos

En electrificación, Toyota mantiene un rol pionero: lanzó el Prius en el Perú hace unos 15 años. La estrategia de la marca, sin embargo, es “multivía”.

“Para países como el Perú, la solución más adecuada son los vehículos híbridos”, afirmó el ejecutivo, al destacar los full hybrid, que ofrecen entre 30% y 40% de autonomía adicional y no requieren enchufarse.

En 2025 se vendieron unos 10,000 vehículos electrificados en el país, de los cuales el 34% correspondió a Toyota; Mitsui colocó cerca del 30% de ese total. Para este año, la empresa anticipa un crecimiento de entre 40% y 50% en el segmento, impulsado por modelos como el Yaris Cross, el Corolla Cross y el RAV4 híbridos, además de la gama híbrida de Lexus (LBX, NX y RX).

Grahammer atribuyó la baja penetración de los vehículos 100% eléctricos a la falta de infraestructura de carga, que no solo abarca las estaciones, sino también la red domiciliaria. Por ello, estos modelos seguirán siendo un complemento para segmentos específicos. El ejecutivo advirtió, además, que un eventual cambio en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) iría en contra del objetivo de migrar hacia una matriz menos contaminante.

Más allá de la venta de unidades, la concesionaria refuerza su concepto de movilidad con la marca Kinto, que ofrece esquemas de leasing operativo y Kinto One Fleet, junto con programas de mantenimiento prepagado y una operación de seminuevos en expansión. El financiamiento, de la mano de su socio Mitsui Auto Finance, es otra palanca clave: “Es una de las cosas que está permitiendo que el mercado de vehículos nuevos crezca tanto”, apuntó.

Si bien reconoció que el contexto electoral genera cierta cautela, el ejecutivo consideró que las proyecciones se mantienen sólidas. Incluso, identificó una oportunidad en el segmento de camiones ante los eventuales trabajos de prevención frente al Fenómeno de El Niño, orientados a mitigar posibles daños antes de que se concreten.

DATO CLAVE.

• Red. Mitsui Automotriz opera cuatro tiendas Toyota (tres en Lima y una en Arequipa), una de Hino y dos de Lexus, ambas en Lima.

Más allá del oro y el cobre, el Perú también capta el interés de inversionistas extranjeros por el desarrollo de proyectos de minerales no metálicos. El país produce más de 30 tipos de estos recursos, entre ellos caliza, fosfatos, sal, arcilla y arena gruesa. En ese contexto, la francesa Imerys, a través de su filial Imerys Minerales Perú, impulsa la explotación de diatomitas dentro de la concesión minera Ixchell (Ica). ¿Cómo avanza esta iniciativa?

El último viernes, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto, con el objetivo de que sea clasificado ambientalmente como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Categoría I, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

De acuerdo con la documentación presentada, la concesión minera Ixchell abarca una superficie de 100 hectáreas y se encuentra inscrita en los registros públicos correspondientes. El proyecto se ejecutará sobre un área efectiva de 161,241 metros cuadrados (m²), de los cuales 131,272 m² corresponderán a las actividades mineras y 29,984 m² al área de uso minero.

¿Qué características tendrá el proyecto?

Según la EVAP presentada ante el Senace, el proyecto contempla una producción de 24,000 toneladas de diatomita al año, equivalente a unas 2,000 toneladas mensuales, mediante una operación de minería no metálica a cielo abierto. La iniciativa demandará una inversión aproximada de US$ 200,000 y tendrá una vida útil de 10 años.

La explotación se desarrollará en cuatro etapas: planificación, construcción, operación y cierre. En una primera fase se realizarán trabajos de limpieza y acondicionamiento del terreno, para luego construir vías internas, habilitar los componentes principales e instalar la infraestructura auxiliar requerida para la operación.

Entre los principales componentes del proyecto figura una cantera de diatomita de 74,813 m² y un depósito de material estéril de 27,237 m². La extracción se realizará mediante minería a cielo abierto, utilizando bancos de hasta seis metros de altura y una profundidad máxima de entre seis y 18 metros.

Asimismo, el proyecto incluirá oficinas de soporte, puestos de vigilancia, servicios higiénicos portátiles, un área para el manejo de residuos sólidos, una zona de recarga de combustible y una red de 1.7 kilómetros de vías internas.

La empresa indicó que el área de intervención no presenta cobertura vegetal significativa, por lo que no será necesario efectuar actividades de tala o remoción de especies. Además, precisó que no almacenará combustibles de forma permanente en la operación, ya que el abastecimiento de diésel y gasolina se realizará mediante proveedores externos.

En cuanto a los servicios básicos, la operación no requerirá conexión a redes de agua, alcantarillado, electricidad ni gas natural. El agua para el control de polvo y el consumo humano será suministrada por terceros autorizados, mientras que la energía para las actividades administrativas provendrá de grupos electrógenos cuando sea necesario.

Respecto al componente ambiental, el estudio identifica impactos asociados principalmente a la generación de polvo, emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones por el uso de maquinaria. Sin embargo, sostiene que estos efectos podrán ser mitigados mediante medidas de manejo ambiental, monitoreo, gestión de residuos y acciones de estabilización del terreno durante el cierre de la operación.

Aunque las amenazas cibernéticas evolucionan cada año, muchas empresas peruanas siguen siendo vulnerables por un problema complejo. Es que según la data de ESET, Perú concentró un importante número de detecciones de malware para robar credenciales de acceso a nivel de Latinoamérica, alcanzando así la mayor participación entre los países de la región. ¿Qué está fallando?

Para la firma de ciberseguridad, la respuesta está en una deuda tecnológica que persiste en numerosas organizaciones, las cuales continúan utilizando infraestructura con vulnerabilidades conocidas hace varios años. “Del total de detecciones de este tipo de códigos maliciosos en Latinoamérica, cerca del 18% están en Perú. Hay una gran concentración de estas amenazas en el país”, señaló Camilo Gutiérrez, Field CISO de ESET Latinoamérica, a Gestión.

El especialista explicó que estos programas maliciosos suelen distribuirse mediante campañas de phishing que suplantan la identidad de bancos, entidades públicas, comercios o billeteras digitales para engañar a los usuarios y obtener sus credenciales. Una vez robada esa información, puede utilizarse para acceder a sistemas corporativos o comercializarse entre grupos criminales para ejecutar ataques más sofisticados.

"Se estima que, en lo que va de este año, se pueden haber robado alrededor de 2.6 millones de credenciales“, agregó Gutiérrez, al advertir sobre la magnitud que ha alcanzado este tipo de amenazas en Latinoamérica.

La deuda tecnológica abre la puerta a los ataques

La alta incidencia de este tipo de malware, sostiene Gutiérrez, no responde únicamente a que los atacantes sean más sofisticados, sino también a que muchas empresas siguen dejando abiertas vulnerabilidades conocidas hace años.

La propia telemetría de ESET muestra que casi el 10% de las detecciones registradas en Perú aprovechan estas vulnerabilidades conocidas desde 2017, pese a que desde hace años existen actualizaciones para corregirlas. "Si seguimos viendo que los atacantes intentan explotar vulnerabilidades de hace siete u ocho años es porque todavía existen empresas que mantienen esa tecnología“, afirmó Gutiérrez.

A juicio del ejecutivo, esto evidencia una deuda tecnológica derivada de la postergación de inversiones para renovar infraestructura o actualizar sistemas, situación que amplía la superficie de ataque y facilita el trabajo de los ciberdelincuentes.

Más que incorporar nuevas herramientas, consideró que las empresas deben identificar qué vulnerabilidades están siendo más utilizadas por los atacantes para priorizar las inversiones que realmente reduzcan el riesgo.

La IA multiplica el alcance de los ataques

Sobre esa infraestructura rezagada ahora actúa un nuevo acelerador: la inteligencia artificial. Para Gutiérrez, la IA no está creando amenazas completamente nuevas, sino haciendo mucho más eficientes las ya conocidas. Su principal aporte para los ciberdelincuentes es permitir campañas de phishing mejor redactadas, mensajes personalizados, automatización de ataques y la creación de deepfakes de voz, imagen y video.

De hecho, más del 45% de las detecciones registradas por ESET hasta mayo estuvieron vinculadas a campañas de ingeniería social, phishing, scripts maliciosos y downloaders.

“Antes era relativamente sencillo identificar un correo fraudulento por errores de redacción. Hoy la inteligencia artificial permite elaborar mensajes mucho más convincentes y adaptados al contexto de cada usuario”, explicó.

Además de aumentar la credibilidad de los engaños, según Gutiérrez, esta tecnología reduce significativamente el tiempo necesario para diseñar campañas masivas y adaptarlas a distintos idiomas, sectores económicos o perfiles de víctimas.

En paralelo, Gutiérrez señaló que ESET viene destinando US$ 40 millones al desarrollo de modelos propios de inteligencia artificial orientados exclusivamente a ciberseguridad. Explicó que el objetivo es contar con herramientas entrenadas específicamente para detectar amenazas, en lugar de depender de modelos de inteligencia artificial de propósito general.

A ello se suma el avance del ciberespionaje. Según Gutiérrez, ESET identificó un incremento de al menos 50% en la actividad de grupos patrocinados por Estados en Latinoamérica entre el segundo semestre del 2025 y el primer semestre del 2026, una tendencia que refuerza el carácter estratégico que ha adquirido la región para este tipo de actores.

Por ello, recomendó verificar siempre la autenticidad de solicitudes recibidas por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o redes sociales antes de compartir información sensible o realizar transacciones.

El nuevo blanco son los proveedores

El especialista también advirtió un cambio en la estrategia de los atacantes. Cada vez es más frecuente que, en lugar de intentar vulnerar directamente a grandes corporaciones, busquen comprometer a pequeñas y medianas empresas que forman parte de su cadena de proveedores. Estas organizaciones suelen contar con menores recursos para invertir en ciberseguridad y, al mismo tiempo, mantienen conexiones con clientes de mayor tamaño.

“Muchas veces los atacantes no van contra la empresa grande porque está mejor protegida. Van contra un proveedor que tiene acceso a sus sistemas y desde allí logran ingresar”, indicó.

Esta modalidad, conocida como ataque a la cadena de suministro, se ha convertido en una vía cada vez más utilizada para acceder indirectamente a organizaciones con mayores niveles de protección.

Gutiérrez añadió que las pymes también suelen enfrentar menores exigencias regulatorias que sectores como el financiero o el público, lo que contribuye a que mantengan niveles de protección más bajos.

Frente a este escenario, estimó que una empresa mediana debería destinar entre 10% y 15% de su presupuesto de tecnologías de información (TI) a ciberseguridad. Sin embargo, subrayó que esa inversión no debe concentrarse únicamente en tecnología, sino también en fortalecer procesos internos y capacitar a los colaboradores.

“Cuando hablamos de ciberseguridad no hablamos solo de tecnología. También hablamos de procesos y de personas. Esos tres pilares son los que finalmente permiten responder mejor frente a un incidente”, concluyó.

En opinión de Gutiérrez, el desafío ya no pasa únicamente por incorporar nuevas herramientas de seguridad, sino por reducir la deuda tecnológica acumulada durante años. En un escenario donde la inteligencia artificial acelera la sofisticación de los ataques y los proveedores se convierten en una nueva puerta de entrada para los ciberdelincuentes, mantener los sistemas actualizados deja de ser únicamente una decisión tecnológica para convertirse en un factor clave para la continuidad del negocio.

El auge inmobiliario en Lima está generando un efecto que va mucho más allá de la venta de departamentos. Cada nuevo proyecto residencial no solo incorpora cientos de nuevos vecinos a un distrito, sino que también se ha convertido en una señal estratégica para empresas, franquicias e inversionistas que buscan identificar dónde estará la próxima oportunidad de negocio.

En un contexto en el que el desarrollo vertical continúa expandiéndose en distritos tradicionales y emergentes, el sector empresarial ha comenzado a mirar el mercado inmobiliario como un indicador adelantado de demanda.

“Hoy las empresas no buscan únicamente dónde hay población, sino dónde habrá crecimiento”, afirma Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Según explica, el desarrollo inmobiliario se ha convertido en una variable clave para anticipar la demanda futura y reducir el riesgo de inversión.

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El edificio como señal de inversión

Para las empresas que evalúan expandirse o franquiciar operaciones, la construcción de nuevos proyectos residenciales representa mucho más que un aumento de habitantes.

Mier y Terán sostiene que las compañías analizan factores como el crecimiento poblacional, el poder adquisitivo de los residentes, la conectividad, el flujo peatonal y vehicular, la competencia existente, la seguridad y el potencial de valorización de la zona.

“Hoy las empresas no buscan únicamente dónde hay población, sino dónde habrá crecimiento”, afirma a Gestión.

En esa misma línea, Pedro Sevilla Almeida, director de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN, señala que uno de los principales indicadores para anticipar oportunidades comerciales es la cantidad de proyectos inmobiliarios y licencias aprobadas en una determinada zona.

“Cuando una zona concentra varios proyectos residenciales, es posible estimar cuántas nuevas familias llegarán en los siguientes años”, explica.

Otro elemento relevante es la velocidad de venta de los inmuebles. Si las unidades se comercializan rápidamente, indica que existe una demanda sostenida por vivir en ese distrito, lo que incrementa el atractivo para nuevas inversiones comerciales.

A ello se suman las inversiones públicas y privadas en infraestructura, como nuevas vías, colegios, hospitales o centros comerciales, capaces de acelerar la consolidación urbana.

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El comercio evoluciona junto con la vivienda

Los especialistas coinciden en que el desarrollo comercial suele seguir un patrón relativamente predecible.

En una primera etapa, cuando comienza a consolidarse una masa crítica de viviendas ocupadas, aparecen negocios de conveniencia y servicios básicos, como bodegas, farmacias, cafeterías, lavanderías, ferreterías y restaurantes de formato sencillo.

Posteriormente, conforme se mantiene el crecimiento residencial y se incrementa el valor del suelo, ingresan supermercados, bancos, gimnasios, centros médicos y colegios.

Finalmente, cuando la población se consolida, mejora la infraestructura y aumenta el poder adquisitivo, llegan franquicias, grandes cadenas, clínicas privadas, centros comerciales y propuestas de entretenimiento.

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“El desarrollo residencial actúa como el principal detonante del crecimiento comercial”, sostiene Mier y Terán. Este proceso, añade, genera un círculo virtuoso entre valorización inmobiliaria, inversión privada y dinamización económica.

Pedro Sevilla afirma que la densificación residencial incrementa la concentración de consumidores en un área determinada, haciendo económicamente viable servicios que antes no tenían suficiente demanda.

El especialista pone como ejemplo el caso de Santa Beatriz, donde inicialmente surgieron bodegas, farmacias y lavanderías, para posteriormente dar paso a cafeterías especializadas, coworkings, gimnasios y centros de belleza.

Qué negocios tienen mayor potencial

La llegada de nuevos residentes genera oportunidades inmediatas para diversos sectores.

Israel Ubierna, gerente comercial de Tale Inmobiliaria, señala que los primeros rubros en beneficiarse son aquellos vinculados al consumo cotidiano: minimarkets, restaurantes, cafeterías, farmacias, lavanderías, gimnasios, delivery y servicios para el hogar.

Sin embargo, advierte que no todas las zonas responden a la misma lógica comercial.

“Los proyectos familiares suelen demandar servicios educativos, recreativos y de conveniencia; mientras que los orientados a jóvenes profesionales activan más cafeterías, gimnasios, coworkings o servicios de delivery”, explica.

Pedro Sevilla coincide en que el perfil socioeconómico de los futuros residentes es uno de los principales factores que debe evaluar un inversionista. Mientras los nuevos desarrollos en distritos como Miraflores suelen atraer a jóvenes profesionales y hogares pequeños, impulsando la demanda por coworkings y servicios de conveniencia, proyectos orientados a familias generan oportunidades en educación, salud, supermercados y servicios vinculados al hogar.

Para los especialistas, identificar las brechas de oferta resulta tan importante como analizar la cantidad de viviendas que ingresarán al mercado. Si una zona incorpora nuevos habitantes, pero aún cuenta con pocos restaurantes, gimnasios o guarderías, puede existir una oportunidad para posicionarse antes que la competencia.

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Asimismo, el crecimiento de la denominada economía “pet friendly” abre oportunidades para servicios especializados dirigidos a mascotas.

Nichos para empresarios e inversionistas

Más allá de los formatos tradicionales, el crecimiento de los edificios multifamiliares también está impulsando modelos de negocio especializados, impulsados por cambios en los hábitos de consumo.

Alexis López, jefe académico de Negocios e Innovación de Toulouse Lautrec, sostiene que la reducción del tamaño promedio de los departamentos y la creciente búsqueda de conveniencia están generando nuevas oportunidades empresariales.

Asimismo, identifica tendencias de consumo asociadas a los nuevos residentes —principalmente millennials y generación Z— que podrían generar oportunidades en los próximos años.

Destacan negocios vinculados al self-storage o mini almacenes, lavanderías bajo suscripción, alimentación saludable lista para consumir, entrenamiento personalizado, organización de espacios reducidos, reciclaje residencial y mantenimiento de dispositivos para hogares inteligentes.

El especialista señala que la principal ventaja radica en la hiperproximidad: la concentración de cientos de potenciales clientes en pocos metros reduce significativamente los costos de captación y facilita la fidelización.

“La oportunidad está en identificar necesidades insatisfechas antes que la competencia y validar el mercado antes de invertir”, sostiene.

Las zonas que concentran las oportunidades

El mapa comercial de Lima continúa transformándose. De acuerdo con la CCL, Lima Moderna —particularmente Jesús María, Magdalena, San Miguel y Surquillo— seguirá concentrando oportunidades gracias a su conectividad, demanda de alquileres y perfil de consumidores de ingresos medios y altos.

También destacan distritos de Lima Este, como Ate y Santa Anita; zonas de Lima Norte, como Los Olivos e Independencia; así como Chorrillos y el Callao, impulsado por el desarrollo logístico vinculado al Puerto de Chancay y el aeropuerto.

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Sevilla coincide en que las mejores oportunidades suelen encontrarse en zonas de transición, donde la población crece más rápido que la oferta comercial existente.

“Ahí es donde los inversionistas pueden identificar necesidades insatisfechas y posicionarse antes de que el mercado alcance un mayor nivel de madurez”, afirma.

Para los especialistas, la principal lección es que en el mercado actual, el éxito no depende únicamente de elegir una buena ubicación. La clave está en anticiparse al crecimiento urbano y llegar antes de que el mercado se sature.

Las exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en el siglo XXI, según precisó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), quien sostuvo que este desempeño del comercio exterior evidencia la fortaleza de la economía y la estabilidad macroeconómica alcanzada.

Velarde recordó que en el 2000 Argentina exportaba cuatro veces más que el Perú y Colombia cerca de 80% más, pero que el año pasado el país exportó más que Argentina y más del doble que Colombia.

El presidente del BCR afirmó que este resultado es parte del crecimiento económico de las últimas décadas y señaló que, en lo que va de este siglo, el Perú es el país que más ha crecido en Sudamérica.

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Asimismo, resaltó que el Perú ha tenido la inflación más baja de América Latina en el siglo XXI, incluyendo el periodo de inflación baja más prolongado de los últimos 50 años en el país.

Velarde indicó que los indicadores de corto plazo siguen siendo favorables para el país. La balanza comercial llegó a USD 40,000 millones en mayo y podría alcanzar LOS USD 50,000 millones. Además, mientras el IGV crece a tasas de dos dígitos, las importaciones de bienes de capital avanzan 27% y el empleo privado aumenta 5.1%.

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Sin embargo, advirtió que el fenómeno de El Niño ya está afectando la actividad económica, sobre todo en pesca y agricultura, y explicó que, aunque la economía creció 3.6% entre enero y abril, en mayo el crecimiento se redujo a 1.8% por la caída en los mencionados sectores.

“El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo”, mencionó Velarde durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional.

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Según el Reporte de Inflación de junio de 2026 del BCR, la economía peruana crecería 3.4% este año, por encima del 3.2% previsto anteriormente, impulsada por un mayor dinamismo de los sectores no primarios y del gasto privado.

El banco central explicó que esta revisión al alza se basa en una mejor perspectiva para la inversión privada, especialmente la no residencial, y en el fortalecimiento del consumo privado gracias al mercado laboral y a mejores términos de intercambio.

La surcoreana LIG Defense & Aerospace (LIG D&A), fabricante de armamento y productos aeroespaciales, inauguró en Lima su oficina regional para América Latina, una apuesta que convierte al Perú en plataforma de expansión de la industria de defensa coreana en la región y que llega en pleno desarrollo del programa de modernización de la Marina de Guerra del Perú.

En detalle, la oficina de Lima operará junto con la sede que la empresa ya tiene en Colombia y funcionará como centro de operaciones para atender la creciente demanda de defensa en la región, con foco en relacionamiento con clientes locales, marketing y soporte técnico.

“La apertura de la oficina de representación en Latinoamérica es una promesa de compartir de cerca las inquietudes de nuestros clientes”, afirmó Shin Ick-hyun, director ejecutivo de LIG D&A.

LIG D&A ya cuenta con presencia en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Malasia y Europa, y este año lanzó su primera filial en Estados Unidos, LIG Defense US, orientada a estrechar vínculos con la Armada estadounidense.

Fabricante surcoreano elige a Lima para conquistar el mercado de defensa regional

La decisión de la firma surcoreana de abrir una oficina en la capital no es casual. En noviembre del 2024, LIG D&A firmó un contrato para suministrar sistemas embarcados —gestión de combate, guerra electrónica y enlaces de datos— destinados a las fragatas de 3,400 toneladas y a los patrulleros oceánicos de 2,200 toneladas que construye la Marina peruana. La compañía busca consolidarse como socio clave del programa de modernización naval junto a HD Hyundai Heavy Industries.

En abril, la empresa participó en SITDEF 2025, la mayor feria de defensa de Latinoamérica, donde exhibió sistemas de combate naval, radares multifuncionales y armamento guiado como el CIWS-II, el Haegung y el Pigung, además de misiles anticarro terrestres y vehículos de superficie no tripulados.

Con la nueva sede, LIG D&A apunta a culminar el proyecto de sistemas de combate naval en curso y, en paralelo, diversificar su portafolio de exportación hacia armas guiadas de precisión y sistemas de comunicación, identificando en tiempo real los requerimientos de las fuerzas armadas en Perú.

“Más allá de la simple venta de sistemas de armas, nuestro objetivo es convertirnos en un verdadero socio para los países latinoamericanos a través de un apoyo logístico integral, una estrecha cooperación técnica y el crecimiento junto con las empresas locales”, sostuvo el ejecutivo.

Además, un vocero de la compañía agregó que la oficina peruana será “el motor que acelerará la expansión del mercado latinoamericano”, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada país.

En los últimos años, el sector asegurador peruano ha ampliado su alcance hacia nuevos servicios relacionados con la protección integral de las personas y sus familias. En este escenario, la multinacional Mapfre ha desarrollado un modelo de negocio diversificado que, además de sus operaciones de seguros de vida y generales, incluye servicios de salud, funerarias y camposantos propios. En detalle, ¿qué estrategia tiene para expandir su unidad de Funerarias y Camposantos y qué oportunidades identifica en este segmento?

María Amalia De la Jara, directora de la unidad de Funerarias y Camposantos de Mapfre, explicó a Gestión que el negocio se sustenta en un modelo de integración vertical, en el que los seguros de sepelio son el punto de partida y se complementan con la operación de funerarias y camposantos propios para ofrecer un servicio integral.

Para ello, la compañía ha integrado toda la cadena de valor. “Los seguros de sepelio son el origen de nuestro modelo de negocio, pero la diferenciación y la calidad del servicio se sustentan en nuestros cementerios y en las funerarias Agustín Merino y Finisterre, que forman parte de Mapfre. Tener toda la cadena integrada nos permite ofrecer un servicio integral“, subrayó.

Actualmente, la empresa opera seis camposantos en el país: uno en Lima (Huachipa), dos en el norte (Piura y Chiclayo) y tres en el sur (Chincha, Pisco e Ica). Además, el camposanto de Lima cumplirá 20 años de operaciones el próximo año. Respecto al desempeño del negocio, De la Jara indicó que la unidad registró un crecimiento de 8% durante la primera mitad del año, en línea con las proyecciones de la empresa.

La ejecutiva destacó que el mayor dinamismo proviene de los productos de prevención. “Estamos creciendo 20% en la venta de productos de necesidad futura”, argumentó. Estos corresponden a contratos adquiridos de manera anticipada para la compra de sepulturas y otros servicios asociados a los camposantos, antes de que ocurra el fallecimiento.

Asimismo, resaltó el desempeño de las operaciones fuera de Lima. “En provincias estamos creciendo 14%“, comentó. Así, uno de los mercados con mayor avance es Chiclayo, donde Mapfre inauguró un camposanto en 2023. “Ese camposanto viene posicionándose de manera sólida y consistente. A mayo, los productos vinculados a esa sede crecen 43% respecto al mismo periodo del año anterior”, resaltó.

De la Jara añadió que la compañía ha desarrollado un portafolio de soluciones para atender las distintas necesidades de las familias frente al fallecimiento de un ser querido. Este incluye seguros de sepelio, pólizas individuales, planes de compra anticipada de sepulturas —conocidos como productos de necesidad futura— y servicios para casos de necesidad inmediata, dirigidos a personas que no contrataron una cobertura previamente y requieren atención a través de las funerarias y camposantos de la empresa.

Expectativas de Mapfre para el 2026

De cara al cierre del 2026, la ejecutiva señaló que la empresa mantiene su proyección de crecer 8% en el año, aunque no descarta superar esa meta si se mantiene el desempeño registrado durante el primer semestre.

La compañía opera, agregó, con un esquema de distribución multicanal que combina fuerzas de venta propias, atención en los camposantos, un canal digital y otros mecanismos comerciales. Sobre las perspectivas del negocio, De la Jara afirmó que el mayor potencial de crecimiento se concentra en los productos de prevención, entre ellos los planes de necesidad futura, debido a la baja penetración de los seguros en el Perú.

“Vemos un mercado muy grande. La penetración de seguros en el Perú sigue siendo baja y el sepelio es una necesidad tangible; todos vamos a enfrentar esa situación en algún momento, aunque no sabemos cuándo. Por eso trabajamos para llegar a más familias con productos que les permitan cubrir el impacto económico de ese momento”, esbozó.

En cuanto a los canales de venta, destacó el avance de la estrategia digital, aunque este tipo de productos aún requiere acompañamiento especializado. “El canal digital está creciendo bastante bien, pero es una venta que requiere asesoría. Por eso nuestro modelo combina la atención digital con asesoría personalizada, porque los clientes necesitan orientación antes de tomar una decisión”, manifestó.

Asimismo, Mapfre viene ampliando su estrategia de distribución mediante alianzas con entidades financieras e instituciones para comercializar productos de menor costo y llegar a un mayor número de clientes.

La ejecutiva agregó que la empresa continuará ampliando este tipo de acuerdos. “Siempre buscamos sumar más aliados. Cuantos más tengamos, mayor será nuestra capacidad de distribución y podremos llegar a más familias peruanas”, alegó.

Las nuevas inversiones de Mapfre

Como parte de su estrategia de expansión, Mapfre proyecta desarrollar dos nuevos camposantos ecológicos en los próximos tres años. Uno estará ubicado en Lima Norte y el otro en Arequipa. “Son nuestros principales proyectos de mediano plazo“, adelantó De la Jara.

La alta directiva anotó que estas inversiones responden a una estrategia de crecimiento geográfico orientada a fortalecer la red que respalda los seguros de sepelio de la compañía. No obstante, precisó que, por tratarse de proyectos de gran envergadura, su ejecución dependerá de la obtención de permisos y autorizaciones.

La selección de las nuevas ubicaciones responde tanto a la concentración de asegurados como al potencial de demanda. Actualmente, Mapfre cuenta con 140,000 pólizas de seguros de sepelio que agrupan a 528,000 asegurados en todo el país. “Buscamos ubicaciones estratégicas donde exista una cartera importante de asegurados y una masa poblacional que justifique la inversión. Hacia allí seguiremos apuntando”, sostuvo.

Mientras avanza la expansión, la aseguradora continuará fortaleciendo su infraestructura actual. En detalle, este año ejecuta la ampliación de su camposanto de Huachipa (Lima) con la incorporación de alrededor de 100,000 nuevos niveles de sepultura, distribuidos en tres etapas. “Es una inversión importante que nos permitirá ampliar la capacidad del camposanto, ofrecer una mayor variedad de productos y darle sostenibilidad a la operación“, específico. La primera etapa estará lista antes de que concluya julio de este año, la segunda se entregará durante el segundo semestre del 2026 y la tercera en el primer trimestre del 2027.

Las obras incluyen además un nuevo módulo de nichos en Chiclayo, cuya inauguración está prevista para los próximos meses, en respuesta a la demanda de ese mercado, así como el relanzamiento del crematorio de Piura durante el último trimestre del año. “Los camposantos son operaciones dinámicas. Permanentemente realizamos inversiones para mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad. En Chiclayo identificamos una mayor demanda por nichos y adecuamos nuestra oferta a esa necesidad”, esbozó.

La estrategia también contempla inversiones permanentes en la operación funeraria. Durante el año pasado, la compañía renovó parte de su flota con la incorporación de seis carrozas híbridas Mercedes-Benz y evalúa continuar con ese proceso en los próximos años. “Tenemos un plan permanente de renovación de flota”, indicó.

Sobre nuevas aperturas de funerarias, la ejecutiva descartó que existan planes inmediatos, al considerar que la cobertura actual es suficiente. “Contamos con diez agencias de Finisterre a nivel nacional, además de Agustín Merino en Lima. En las ciudades donde no tenemos presencia trabajamos con alianzas estratégicas con funerarias locales, lo que nos permite atender a nuestros asegurados en todo el país“, contó.

Hacia adelante, la compañía continuará enfocada en ampliar su presencia geográfica y fortalecer la oferta de productos de prevención. “Vamos a seguir impulsando nuestra estrategia de expansión en ciudades estratégicas y desarrollando productos que se adapten a las necesidades, hábitos de consumo y capacidad adquisitiva de las familias, siempre respaldados por nuestra red de camposantos y funerarias“, concluyó.

El último jueves, y luego de más de un año de espera, la Municipalidad Provincial de Huaral (MPH) aprobó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del distrito que alberga el megapuerto de Chancay en su sesión de consejo municipal.

A raíz de ello, Gestión conversó con Juan Álvarez, alcalde de Chancay, quien detalló los pasos en adelante ahora que ya se cuenta con este instrumento vital para la organización territorial de la localidad.

Con el PDU listo, ¿qué empresas podrían llegar primero y cuáles otras necesidades tiene Chancay para atraer más inversiones? Aquí las respuestas.

Ya hay inversiones avanzadas

Álvarez recordó que la necesidad de que Chancay cuente con un PDU, incluso, trasciende al inicio de operaciones del puerto de Chancay. El funcionario, que fue alcalde también antes de la pandemia, sostuvo que en 2018 fue cuando se empezó a hablar de este documento.

Ante la falta de recursos, la municipalidad acudió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que elaboró el PDU de Chancay, junto al PDU de Aucallama y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de Huaral. Todos se entregaron en diciembre del 2024 a la municipalidad de Huaral para su validación y no fue hasta pocos días que se consiguió aprobar los tres.

Con este escollo superado, Álvarez fue claro. Si bien contar con el PDU previo a que aparezca el terminal de Cosco Shipping era clave, lo cierto es que ya se tuvo acercamiento con algunos inversionistas para empezar a impulsar determinados negocios en la localidad.

Precisó el alcalde que, por ejemplo, una empresa química ya adquirió 11 hectáreas en un exfundo en Chancay y respetará el deseo del propietario original para mantener una casona como un complejo turístico. Aparte de ello, hay acercamientos con hoteles y universidades que ahora, con el PDU, podrán avanzar con mayor seguridad.

“Tenemos clínicas de alto nivel que ya compraron terrenos también y están construyendo. Grandes hoteles de cinco estrellas nos han visitado y quieren instalarse aquí. La Universidad de Lima ya adquirió hectáreas también”, listó.

Álvarez comentó que, la semana pasada, su consejo municipal también aprobó cederle en uso cinco mil metros cuadrados a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para construir una sucursal en el distrito. Con el PDU, esperan concretar otros acuerdos similares pronto.

“En estos años, diversas entidades se han acercado, vinculadas a grandes industrias que pretenden instalarse en Chancay. Con el PDU aprobado, podrán hacerse con más garantías”, anticipó.

Una de ellas podría ser la esperada Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay que, luego de la aprobación de la ley y reglamento pertinente está lista para existir como una de estas áreas industriales con beneficios tributarios.

Todo está en manos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Álvarez dijo que la municipalidad está lista para apoyar en lo que se requiera para concretar la inversión.

¿Vía clave en Chancay ya definida?

Si algo llama la atención de la historia de este PDU es que la municipalidad de Huaral la aprobó por unanimidad, luego de haberse opuesto a lo que planteaba este instrumento técnico, que fija zonificaciones y una ruta de crecimiento para Chancay hasta el 2034, en torno a una vía clave.

Como reportó Gestión en anteriores oportunidades, no existía acuerdo entre el MVCS y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el trazo definitivo de la Vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo que, como dice su nombre busca evitar que la carga que entra y sale del puerto cruce zona urbana.

En el PDU, el MVCS planteó que la autopista vaya por detrás del Cerro Pampa Libre a fin de liberar la costa de Chancay y así permitir el desarrollo de inversiones turísticas. El MVCS, incluso, comparaba la idea con la Costa Verde, visión que respaldaba Álvarez y su municipalidad.

Pero el MTC, con el aval de la MPH, tenía otra idea: que la vía cruce, con tres intercambios viales y nueve pasos a desnivel, la playa de Chancay. Previo al cambio de Gobierno entre Dina Boluarte y José Jerí, la Autoridad Nacional Autónoma de Chancay (ANA Chancay) comentó que el MTC, para limar asperezas, presentaría una nueva propuesta de trazo.

¿Cómo entender entonces que ahora Huaral apruebe el PDU por unanimidad y qué pasará finalmente con la Vía de Evitamiento? Según Álvarez, quedó la propuesta original: aquella que el MVCS planteó en el PDU desde diciembre del 2024.

“El MTC mantiene su propuesta (nueva) en carpeta, pero en el PDU quedó establecida la línea punteada original. Esperamos que el MTC la sepa respetar”, refirió con vista al nuevo Gobierno.

De acuerdo con el alcalde de Chancay, desde que el MVCS entregó el instrumento técnico, la MPH también solicitó al distrito absolver diversas observaciones en las diversas instancias previas al consejo provincial, lo que también dilató su aprobación. “Un año antes ya había aprobado el PAT de Huaral y el PDU de Aucallama. El único que faltaba era el de Chancay”, afirmó.

Pedidos de Chancay a nuevas autoridades

A espera de que se publique el PDU en el Diario Oficial El Peruano, Álvarez también detalló qué otros aspectos desde Chancay necesitan para seguir impulsando inversiones cerca al puerto de Cosco Shipping.

Entre los puntos más destacados está solicitar un cambio al reglamento del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay. Esta norma salió del Congreso y permite que el 20% de las rentas de aduanas del terminal se recauden para realizar obras que reduzcan la brecha social local.

“Enfrentamos una burocracia tremenda para poder hacer esas obras pequeñas porque se le entrega primero al Gobierno nacional. Lo conversamos antes, pero no entendieron la figura. Debería ir directamente al gobierno local porque es un presupuesto pequeño y manejable para nosotros”, remarcó.

Otro pedido al Congreso apunta a pedir una excepción para que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay (Emapa Chancay) no pase a ser administrada por la MPH, como sugiere el MVCS, y se mantenga en el distrito.

Además, Alvárez indicó que espera que el Ejecutivo entregue recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para iniciar las 21 obras estratégicas que identificó por S/ 821.6 millones para el área de influencia del puerto. Punto aparte merece el problema en Chancay en torno a la venta de acciones y derechos sobre propiedades.

“Un propietario vende un lote subdividido a 100 personas, sin pasar por la habilitación urbana ni aportar a la municipalidad. Son terrenos sin agua, luz o veredas, venden y dejan un desorden total. El Gobierno o el Congreso deberían sacar una normativa para corregir esto”, advirtió Alvárez.

Aunque las grandes corporaciones cuentan, en su mayoría, con programas de seguros, el país tiene importantes brechas de protección frente a un cada vez más probable fenómeno de El Niño de gran intensidad.

El problema no solo radica en la baja proporción de pequeñas y medianas empresas que tienen un seguro ante tales anomalías, sino también en que muchas compañías y entidades públicas pueden estar aseguradas pero por montos insuficientes para enfrentarlas, sostuvo Giulio Valz Gen, gerente general de la corredora de seguros Howden Perú.

“Lo que me preocupa no es únicamente que estén asegurados, sino que estén adecuadamente asegurados”, manifestó a Gestión.

Así, explicó que muchas empresas podrían encontrarse en una situación de “infraseguro”, es decir, haber declarado valores de sus activos inferiores al costo real de reposición de los mismos o contratar pólizas con límites pensados para pérdidas individuales, como las ocasionadas por un incendio.

La preocupación también alcanza al sector público, pues si bien la infraestructura concesionada cuenta con seguros por obligación contractual, es necesario revisar si hospitales, colegios, carreteras, puentes y sistemas de agua administrados por el Estado tienen la cobertura adecuada para responder ante un desastre natural de gran magnitud, indicó el ejecutivo.

En ambos ámbitos, privado y público, en muchos casos no se considera que un Niño severo o un terremoto pueden afectar varias sedes, almacenes o plantas de producción, simultáneamente.

Tamaño de empresas

Valz Gen detalló que las empresas de minería, petróleo y gas, energía, banca, finanzas y telecomunicaciones presentan los mayores niveles de cobertura con pólizas.

“Más del 90% de las grandes empresas están aseguradas y cuentan con programas robustos de gestión de riesgos”, afirmó. Ello responde a que suelen acceder tanto al mercado asegurador local como al internacional, donde obtienen capacidades adicionales mediante reaseguradores especializados, acotó.

Sin embargo, la realidad cambia conforme disminuye el tamaño de las empresas. Solo el 30% de las medianas empresas dispone de seguros, mientras que en las pequeñas el porcentaje apenas llegaría al 20%, según el gerente de Howden.

Esta situación responde en gran medida a una escasa cultura de transferencia de riesgos, pues muchas empresas consideran que un desastre natural es poco probable o contratan coberturas de seguros limitadas con la perspectiva de que un evento extremo difícilmente ocurrirá, sostuvo.

“La experiencia demuestra que estos riesgos no pueden ser asumidos por las propias empresas y deben ser transferidos mediante seguros”, enfatizó.

Estimaciones

Conforme avanza el año, las estimaciones son más acuciantes. Senamhi asigna una probabilidad de 99% de un Niño fuerte o muy fuerte en el primer trimestre del 2027, y NOAA, de EE.UU., calcula una probabilidad de 81% de un fenómeno muy fuerte entre octubre y diciembre próximo en el Pacífico central.

David Rey, director de riesgos generales de Mapfre Perú, expresó, ante los graves daños esperados por El Niño, preocupación, en general, por la baja penetración del mercado asegurador en el país, pues representa alrededor del 2% del PBI.

“Los seguros, en general, se han mantenido. No es que hayan llegado (por el riesgo de El Niño), empresas de una actividad económica específica a buscar coberturas en masa. Nosotros (en Mapfre) hemos sentido que los mismos (clientes) que han adquirido seguros durante mucho tiempo siguen con las coberturas. Entonces, nos llama la atención que no se haya incrementado tanto el nivel de protección”, manifestó.

Lo anterior significa que muchas compañías en el país están vulnerables al impacto del inminente fenómeno de El Niño, reconoció.

Oferta

Pese al incremento del riesgo climático, Valz Gen aseveró que el mercado internacional de reaseguros atraviesa por una etapa favorable para los demandantes.

Hay una mayor oferta por parte de los reaseguradores, lo que mantiene las primas en niveles competitivos, dijo. No obstante, advirtió que esta situación podría cambiar rápidamente si ocurriera un desastre natural de gran magnitud, como el previsto Niño.

Cuando empiezan eventos catastróficos, parte de la capacidad aseguradora internacional se reduce, algunos participantes se retiran del mercado y los precios se elevan, añadió.

Por ello, recomendó a las empresas no esperar a que el riesgo sea extremo para contratar seguros, ya que una vez que El Niño se declara resulta más difícil obtener coberturas, por ejemplo, en el sector agrícola.

Las empresas deben actualizar sus planes de continuidad del negocio e incorporar escenarios de interrupción de operaciones, junto con estudios de riesgo climático y estimaciones de pérdidas máximas, para fortalecer su capacidad de respuesta, sugirió.

Limitada capacidad en agro

Las plantaciones continúan siendo uno de los activos menos protegidos debido al elevado costo de los seguros agrícolas y a la limitada capacidad que ofrecen las aseguradoras frente a este tipo de riesgos, refirió Valz Gen.

Las inundaciones, lluvias intensas, sequías y golpes de calor asociados al Fenómeno de El Niño pueden afectar directamente la producción agrícola al reducir la floración y el rendimiento de cultivos como mango, uva o caña de azúcar, indicó.

Además, mencionó riesgos importantes en la pesca debido al impacto del calentamiento del mar sobre la anchoveta, así como en infraestructura vial y energética, puertos y sistemas de agua y saneamiento.

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de las entidades públicas comienza a abrir un nuevo frente de debate jurídico en el Perú. Si bien estas tecnologías prometen agilizar el análisis de grandes volúmenes de información y optimizar la labor de las autoridades, surge una interrogante cuando intervienen en procedimientos administrativos sancionadores: ¿el marco legal vigente permite su utilización?

La discusión cobró fuerza tras la emisión del Informe N.° D000006-2026-PCM-SSPRD-AST, elaborado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El documento concluyó que, actualmente, no existe una disposición con rango de ley que autorice expresamente a las entidades públicas a utilizar herramientas de inteligencia artificial en procedimientos administrativos sancionadores, aunque también precisa que no existe una prohibición general para emplearlas como mecanismo de apoyo en funciones administrativas.

Al respecto, especialistas consultados por Gestión discreparon sobre el alcance de dicha conclusión y, particularmente, sobre el uso que entidades como el Indecopi pueden dar a estas tecnologías.

Indecopi: la IA solo se utiliza como herramienta de apoyo

Contactados por Gestión, desde el Indecopi evitaron pronunciarse sobre el informe de la secretaría de la PCM, al señalar que dicho documento “respondería a una consulta particular”.

"No corresponde al Indecopi pronunciarse sobre el mencionado documento, el mismo que respondería a una consulta particular. Correspondería al medio de comunicación evaluar la realización de esta consulta ante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM“, indicó la entidad.

Respecto al uso de inteligencia artificial, precisó que, en algunos casos de público conocimiento, se han empleado estas herramientas como apoyo, con el propósito de ejecutar un trabajo eficiente al servicio de los consumidores.

"Estas herramientas de apoyo no reemplazan el análisis legal ni las decisiones de fondo, sino que asisten al personal especializado garantizando la revisión y validación humana. No se usan para valorar, ni generar pruebas“, señaló.

Esto se realiza conforme al Decreto Legislativo N.° 1033, el cual establece que las Secretarías Técnicas del Indecopi cuentan con facultades de investigación y de actuación de medios probatorios dentro de los procedimientos que tramitan.

"En ejercicio de dichas facultades legales, pueden apoyarse en diversas herramientas“, agregó.

Consultado sobre si las herramientas de IA participan en la generación o valoración de medios probatorios, Indecopi reiteró que “han sido utilizadas únicamente como apoyo”.

Finalmente, respecto a si el marco normativo vigente resulta suficiente o sería necesaria una regulación específica, la institución respondió que “como en todos los casos, el Indecopi aplica la normativa correspondiente vigente, para tener los elementos probatorios que le permitan adoptar una decisión acorde al debido procedimiento”.

El principio de legalidad, el centro del debate

Para Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados, la respuesta es clara: mientras no exista una ley que autorice expresamente el uso de IA para generar o valorar pruebas dentro de procedimientos administrativos sancionadores, las entidades públicas no pueden utilizarlas.

El abogado explicó que esto responde al principio de legalidad que rige a toda la administración pública. A diferencia de los particulares, quienes pueden realizar todo aquello que la ley no prohíbe, las entidades estatales únicamente pueden ejercer las facultades que una norma les atribuye expresamente.

“Los privados pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe. El Estado, en cambio, solo puede hacer aquello que la ley le autoriza”, señaló.

Desde esa perspectiva, sostiene que ni la Ley N.° 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial, ni su reglamento, ni la Ley del Procedimiento Administrativo General contienen una habilitación para utilizar IA en la generación o valoración de pruebas dentro de procedimientos sancionadores.

Incluso, recordó que la propia Ley del Procedimiento Administrativo General prohíbe delegar funciones esenciales de la autoridad administrativa, entre ellas aquellas relacionadas con la valoración de las pruebas y la determinación de responsabilidades.

La IA sí puede utilizarse, pero solo como herramienta de apoyo

Una interpretación distinta planteó Fabricio Sánchez Concha, socio del área de Competencia y Propiedad Intelectual de Benites, Vargas & Ugaz (BVU).

El especialista consideró que el informe de la PCM no prohíbe el uso de la IA, sino que reconoce la ausencia de una habilitación legal expresa, permitiendo su utilización como apoyo en las funciones administrativas siempre que se respete el marco jurídico vigente.

A su juicio, el límite está en que la IA no sustituya el criterio de la autoridad. “La inteligencia artificial no puede ser utilizada para resolver y concluir una contienda administrativa. Debe servir para dotar de herramientas o elementos que permitan al funcionario adoptar la decisión”, anotó.

En ese sentido, consideró válido que procese grandes volúmenes de información o identifique patrones, siempre que la valoración jurídica y la decisión final continúen siendo responsabilidad exclusiva de la autoridad administrativa.

Transparencia y trazabilidad

Pese a sostener posiciones distintas sobre la necesidad de una habilitación legal expresa, ambos especialistas coincidieron en que el uso de la IA dentro de procedimientos administrativos requiere importantes garantías.

Sánchez Concha sostuvo que toda entidad debe informar cuándo utiliza IA, explicar para qué la emplea, cuál es la metodología utilizada y cómo se obtiene el resultado final.

“La clave es la transparencia y la trazabilidad”, resumió

Esto permitiría que los administrados puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa y cuestionar, de ser el caso, el funcionamiento o los resultados obtenidos mediante estas herramientas.

Stucchi coincidió en la necesidad de contar con estándares elevados de transparencia, aunque consideró que esas garantías solo podrían operar una vez que exista una ley que autorice expresamente su utilización en procedimientos sancionadores.

El caso de Indecopi

Las diferencias entre ambos especialistas también se reflejan en el uso que Indecopi ha dado a la IA en algunas investigaciones.

Stucchi cuestionó que la entidad haya empleado estas herramientas para procesar llamadas, transcribir audios y seleccionar muestras, para luego extrapolar esos resultados al universo de comunicaciones investigadas.

A su juicio, ello implica que parte de la generación y selección de pruebas habría sido realizada mediante IA, sin una habilitación legal expresa y sin que la autoridad verificara directamente todos los elementos probatorios, por lo que una eventual sanción solo debería sustentarse en las pruebas constatadas por el funcionario competente.

Sánchez Concha, en cambio, señaló que, en los casos en los que ha participado, el Indecopi informó cuándo utilizó IA y explicó la metodología empleada. Consideró que, mientras la IA se limite al procesamiento de información y no sustituya el análisis jurídico de la autoridad, su utilización es compatible con el marco normativo vigente.

¿Hace falta una ley?

Pese a la discrepancia sobre la interpretación del marco vigente, ambos especialistas coincidieron en que el uso de la IA en procedimientos administrativos sancionadores requiere reglas claras y garantías para proteger los derechos de los administrados.

Para Stucchi, corresponde al Congreso aprobar una ley que establezca expresamente en qué supuestos podrá utilizarse esta tecnología, bajo qué límites y con qué mecanismos de control, incorporando principios como la supervisión humana, la transparencia, la trazabilidad y el respeto del debido procedimiento.

No obstante, el abogado aclaró que esto no implica oponerse al avance tecnológico. “Bienvenida la innovación, bienvenida la inteligencia artificial, pero con autorización y parámetros legales que preserven el debido proceso y la presunción de inocencia”, sostuvo.

En tanto, Sánchez Concha mencionó que el marco jurídico vigente ya permite utilizar la IA como una herramienta de apoyo, siempre que no sustituya el juicio de la autoridad administrativa y que su uso sea transparente, trazable y compatible con las garantías del procedimiento.

De esta manera, el debate ya no gira únicamente en torno a si la IA debe incorporarse a la administración pública, sino a cómo hacerlo sin afectar los derechos de los ciudadanos y bajo qué reglas deberá operar en el futuro.

El puerto de Chancay mueve carga y también un debate sobre los límites de la intervención del Estado; en especial del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La preocupación de fondo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es el impacto que esta eventual “competencia” podría tener sobre el dinero previsto para una segunda etapa de inversión. ¿Cuál es el argumento?

¿Seguridad jurídica en juego?

En detalle, Raúl Barrios, presidente del gremio, y Carlos Posada, director institucional, enfatizaron que el puerto de Chancay es una inversión privada y no una concesión del Estado. Es decir, a diferencia de otros puertos que operan bajo contratos de concesión que requieren de la vigilancia del Ositrán, la megaobra fue edificada con capital propio.

Al respecto, señalaron que interferir debilitaría la seguridad jurídica del Perú a nivel internacional.

“No sé qué va a supervisar [el Ositrán] porque como es un puerto privado, ellos pueden invertir en lo que deseen; y si quieren, invierten más. Los precios son libres para el puerto de Chancay”, indicó Barrios.

“El puerto de Chancay tiene las máquinas de rayos X para ver lo que llega y lo que sale. O sea, para que no haya drogas o armas, que no lo tiene el puerto de Callao. Está más controlado”, añadió.

Posada, por su parte, aclaró que la Cámara no se opone a la presencia del Estado, sino a que este dicte cómo manejar el negocio. Además, recordó que el Estado sí está presente a través de instituciones como Aduanas, Sunat y Senasa, por ejemplo, pero por la naturaleza de su actividad.

Disputa en el radar

Los voceros de la CCL también pusieron sobre la mesa el hecho de que este intento de intervención se perciba como un “maltrato al inversor”, lo que podría poner en riesgo la segunda etapa de inversión (CIFRA).

“Hay preocupación porque hace que los chinos no quieran seguir con la inversión de la segunda parte. Han invertido US$ 1,500 millones y falta la segunda parte, que son US$ 1,500 millones más. Hay un maltrato al inversor”, señaló Barrios.

El gremio también contó que, en una reciente reunión, le ha solicitado a la Embajada China una reducción en las tarifas de manipulación de contenedores. Actualmente, precisó, se registran en US$ 800, una cifra superior a los US$ 400 de Chile o Ecuador.

La falta de una decisión inmediata del Gobierno sobre la implementación de los combustibles Euro 6 podría generar problemas en el abastecimiento de vehículos nuevos en el país.

Así lo advirtió la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que exhortó al Ejecutivo a emitir, a la brevedad, el decreto supremo que prorrogue la entrada en vigencia de la obligación de comercializar gasolinas y gasoholes con un contenido de azufre no mayor de 10 partes por millón (ppm).

El gremio señaló que respalda la adopción de combustibles más limpios y la transición hacia estándares ambientales más exigentes. Sin embargo, sostuvo que este proceso debe implementarse en función de la capacidad real de abastecimiento del mercado.

De acuerdo con la AAP, si bien la mayoría de productores e importadores de combustibles ya se encuentra en condiciones de suministrar combustibles Euro 6, Petroperú ha reconocido que no podrá cumplir con el cronograma previsto. Esta situación, afirmó, dificulta la aplicación del marco regulatorio vigente y genera incertidumbre para el sector automotor.

El gremio explicó que las casas matrices asignan y producen vehículos considerando la normativa ambiental vigente en cada mercado.

En ese sentido, advirtió que, si el Estado no brinda una señal regulatoria clara e inmediata, el Perú podría enfrentar un desabastecimiento de vehículos nuevos durante el 2027, lo que afectaría la renovación del parque automotor, las inversiones del sector y la disponibilidad de unidades.

Asimismo, la AAP indicó que el debate no debería limitarse únicamente a una eventual prórroga.

A su juicio, el país requiere una hoja de ruta que permita asegurar que Petroperú adapte su producción o garantice la importación de combustibles Euro 6, evitando que la transición hacia combustibles más limpios continúe postergándose por problemas de abastecimiento.

Finalmente, el gremio consideró que el Gobierno aún está a tiempo de evitar una crisis en el mercado automotor, siempre que adopte una decisión en el corto plazo que otorgue previsibilidad a la industria y garantice el suministro de combustibles compatibles con los nuevos estándares ambientales.

Siderperu, empresa nacional de la industria siderúrgica, se pronunció respecto a la reciente decisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecop)i de imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos de acero provenientes de China.

“Como empresa que forma parte de la industria nacional y que participó en esta investigación, reconocemos que esta medida es un avance importante que restablece y promueve la justa y leal competencia en el mercado peruano“, indicaron en un comunicado.

La empresa recordó que el propio Indecopi determinó que los productos chinos de este tipo ingresaron a Perú con precios dumping. “Generaron distorsiones en el mercado, por lo que se dispuso la aplicación de medidas correctivas por un periodo de cinco años”, recalcó Siderperu.

Como se recuerda, esta decisión se hizo pública el pasado 16 de julio. Según la resolución del Indecopi, empresas chinas, como Jinzhuoyi, exportaron tubos de acero al Perú a precios inferiores a su valor normal. La investigación identificó márgenes de dumping de entre 8.3% y 32.1%.

Asimismo, se encontró que, entre enero del 2021 y junio del 2024, -tiempo en el que se hizo el análisis del Indecopi- las importaciones de tubos de acero procedentes de China aumentaron en 94.7%.

Con este ingreso de productos a precios muy bajos, los precios de venta interna de la rama de producción nacional de tubos de acero cayeron hasta en 16.5%, mientras que también se observaron resultados desfavorables en la participación de mercado, el margen de beneficios, la utilidad operativa y los inventarios con relación a las ventas totales de la producción local.

El lunes 20 de julio, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, mientras los inversionistas permanecen atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y al contexto geopolítico internacional.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.403. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.41 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.16% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.362 y se vende a S/ 3.442, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.415 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los analistas señalan que la moneda estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango acotado, apoyada por la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, aunque los inversionistas permanecen atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y al contexto geopolítico internacional.

En el ámbito regional, las principales bolsas latinoamericanas comenzaron la semana con un comportamiento mixto, en un escenario marcado por la cautela de los mercados globales.

Los inversionistas siguen de cerca la evolución de los precios del petróleo, las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de interés en Estados Unidos, factores que han incrementado la volatilidad en los mercados financieros internacionales durante las últimas semanas.

Para tomar las decisiones más acertadas de inversión, manténgase diariamente bien informado sobre el desempeño de las acciones de la plaza bursátil, de la variación de las principales variables del mercado financiero, así como de la evolución de los precios de los commodities. La cotización en el mercado de Londres el Oro terminó en alza y la Plata terminó a la baja.

Banco1 20-07-2026 by Diario Gestion

Banco2 20-07-2026 by Diario Gestion

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El 2026 tiene 16 feriados calendario, días festivos de descanso para trabajadores tanto del sector público como privado. Sigue con atención la presente información para planificar tus vacaciones u otras actividades durante este nuevo año.

En estas fechas, los trabajadores tienen el derecho a un día de descanso remunerado.

Es fundamental que tanto trabajadores como empresas conozcan los feriados con anticipación. Esto permite a los empleadores planificar de manera más eficiente las actividades laborales, evitando que la paralización afecte la productividad.

¿Cuáles son los feriados del 2026?

Feriados de Enero:

Jueves 1° de enero: Año Nuevo.

Feriados de Abril:

Jueves 2 de abril (Jueves Santo).

Viernes 3 de abril (Viernes Santo).

Feriados de Mayo:

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo.

Feriados de Junio:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Feriados de Julio:

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Feriados de Agosto:

• Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
• Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Feriados de Octubre:

• Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Feriados de Noviembre:

• Domingo 1° de noviembre: Día de Todos los Santos.

Feriados de Diciembre:

• Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
• Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
• Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuánto es la remuneración durante un feriado?

La remuneración en un feriado depende de si el trabajador labora o no ese día.

Si no trabaja en el feriado, recibe su remuneración ordinaria por ese día, proporcional a los días trabajados durante la semana.

En cambio, si realiza trabajo en un día feriado, sin contar con un descanso sustitutorio, recibirá el pago correspondiente al feriado más la remuneración por el día laborado, con un adicional del 100% de la tarifa habitual.

La campaña de Fiestas Patrias 2026 movería entre US$ 240 millones y US$ 250 millones en el turismo interno, impulsada por un mayor flujo de viajeros y un incremento del gasto de los hogares, según estimó la presidenta del Gremio Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Gabriela Fiorini. La proyección considera que el país superará los 1.9 millones de turistas nacionales durante el feriado largo.

El gremio explicó que, de mantenerse un crecimiento similar al registrado en la campaña de 2025, cuando el turismo interno avanzó 7.2%, el número de viajeros incluso podría superar los 2 millones durante las celebraciones de este año. En ese escenario, el movimiento económico alcanzaría hasta US$ 250 millones, por encima de los US$ 223 millones generados el año pasado.

Uno de los principales factores que impulsarán la campaña será la mejora del empleo formal privado, que en los últimos cinco meses registró un crecimiento promedio de 5.3%, favoreciendo una mayor capacidad de gasto de las familias. A ello se suma la posibilidad de contar con hasta cinco días consecutivos de descanso por Fiestas Patrias, lo que incentivaría la realización de viajes dentro del país.

Destinos con mayor dinamismo

En esa línea, la CCL prevé que los turistas nacionales continúen siendo los principales dinamizadores del sector durante estas fechas. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este segmento representa cerca del 89.9% del total de viajeros durante Fiestas Patrias, mientras que los visitantes extranjeros concentran el 10.1%.

Respecto a los destinos con mayor dinamismo, el gremio proyectó que San Martín, Junín, Loreto, Ica, Lima Provincias, Arequipa, Ayacucho y Áncash concentrarán buena parte de la demanda turística durante la campaña. Estas regiones ya mostraron un desempeño destacado en la edición anterior, tanto por sus niveles de ocupación hotelera como por el crecimiento de la actividad turística.

En cuanto a los principales atractivos, Machu Picchu mantendría su posición como el destino más demandado durante Fiestas Patrias. La CCL proyectó un crecimiento de 8.3% en el número de visitantes respecto a julio de 2025 y señaló que los turistas extranjeros representarían alrededor del 76.13% del total de ingresos al santuario.

La CCL añadió que el mayor número de días de descanso también favorecerá la diversificación de destinos fuera del tradicional circuito Lima-Cusco. En ese contexto, las campañas de promoción de Mincetur y Promperú continuarían impulsando regiones con buena conectividad y oferta de alojamiento, especialmente aquellas vinculadas al turismo de naturaleza, cultura y aventura.

Ticket promedio y cautela por Fenómeno El Niño

Otro indicador que reflejaría el mayor dinamismo de la campaña será el gasto promedio por turista. Según las estimaciones del gremio, este ascendería a S/503 por persona, un incremento de 13% frente a los aproximadamente S/445 registrados durante los cuatro días feriados de 2025. Este desembolso contempla conceptos como transporte, hospedaje, alimentación y otras actividades turísticas.

No obstante, el gremio consideró necesario fortalecer la gestión del principal atractivo turístico del país mediante una venta de entradas completamente digital y una mejor articulación entre las entidades públicas involucradas en la atención al visitante, con el objetivo de preservar la competitividad del destino y mejorar la experiencia de los turistas.

Pese al panorama favorable para Fiestas Patrias, la CCL advirtió que un eventual Fenómeno de El Niño en el segundo semestre podría afectar la infraestructura vial y reducir el flujo de viajeros nacionales y extranjeros. Según el gremio, en episodios climáticos severos la actividad turística disminuye entre 30% y 35%, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención.

Las tarifas del transporte marítimo internacional arrancaron la segunda mitad del año enfrentando una fuerte alza. Por ejemplo, al inicio de julio se evidenció que los fletes para carga seca acumularon un encarecimiento de 104.7% respecto al cierre de 2025, según un reporte del Banco Central de Reserva (BCRP), con información de la consultora Drewry.

De esta manera, el costo promedio de enviar un contenedor de 40 pies se duplicó pasando de los US$ 2,213 que registraba a fines del 2025 a unos US$ 4,530 a inicios de julio.

Solo en el mes previo al inicio del segundo semestre, el Índice Mundial de Contenedores (WCI) analizado por Drewry avanzó 32%, marcando la aceleración del encarecimiento del transporte marítimo.

Ahora, la última actualización al 16 de julio indicó que los fletes para transportar un contenedor de 40 pies asciende a US$ 4,547. Aunque se moderó ligeramente frente a días previos, se prevé que las tarifas para este tipo de mercancía no perecible se mantendrán estables durante la próxima semana.

El alza de fletes, indicó el análisis del BCRP, no se dio solo por las tensiones en Medio Oriente -que ya venían presionando los precios desde inicios de año debido al aumento de la cotización del petróleo- sino también por un adelanto de la temporada alta de exportaciones hacia Estados Unidos y Europa ante un temor por eventuales cambios en la política arancelaria.

Hace unas semanas, Estados Unidos inició una investigación relacionada con las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Los resultados preliminares plantean una tasa de 12.5% para 54 economías, entre las que figura el Perú, y otra de 10% para seis países que ya cuentan con medidas consideradas insuficientes, precisó Daniel Bazán, especialista en comercio exterior de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Bazán consideró que el adelanto de compras podría tener un efecto temporal durante julio y posteriormente entre agosto y septiembre, cuando aumentan los pedidos relacionados con la campaña navideña. Si las actuales condiciones negativas persisten, agregó, será difícil observar una normalización hacia el cierre del año.

“Esto es altamente volátil. Una vez que culmine el tema del anticipo de compras, que hace que el flete se suba, lo normal es que se esperaría que en los próximos meses, exceptuando los demás factores geopolíticos, se normalicen. Pero si los demás factores geopolíticos persisten, no vamos a ver una caída del flete”, comentó a Gestión.

Por el momento, a nivel global, los fletes de carga seca se encuentran en niveles que no se veían desde septiembre del 2024. Bazán recordó que las tarifas descendieron entre diciembre y febrero, pero volvieron a aumentar desde el anuncio de los aranceles recíprocos y el agravamiento de las tensiones internacionales.

¿Cuál es el impacto en el Perú?

La evolución de los fletes a nivel nacional depende del tipo de carga y del destino de las mercancías, indicó Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El tipo de carga que evalúa el índice de Dewry es la que enfrentaría el mayor impacto en el Perú debido a conflictos geopolíticos, aunque no en la misma magnitud que el promedio nivel global.

“Lo que ha subido más es la carga seca, principalmente la que va por el Mediterráneo y tiene que pasar por Ormuz, pues además las navieras asumen riesgos. Las compañías de seguro les suben las primas de seguros por el riesgo de la guerra. (Para el Perú) la carga que se va a Europa o a Estados Unidos o Centroamérica no ha sido mayormente afectada, si bien han subido, no hemos llegado a subir un 100%”, comentó.

La situación es ligeramente diferente para la exportación de perecibles que se envían congelados. Ego Aguirre aclaró que en el Perú el incremento para carga refrigerada y congelada ha sido menor, situándose entre un 10% y 20%, desde enero, para algunos envíos a Asia, Europa, Estados Unidos y Centroamérica, afectando los envíos de agro y pesca.

Hace un mes, el Portal de Rutas Marítimas de Promperú indicó que un contenedor de 40 pies refrigerado enviado desde el Puerto del Callao hasta Rotterdam (Países Bajos) tenía una tarifa de US$ 5,973. Si se observa ahora el portal, a mediados de julio, el precio de envío del contenedor no ha variado.

El impacto también depende de la modalidad bajo la cual las empresas contratan el transporte. Bazán explicó que las grandes compañías suelen trabajar con contratos de largo plazo que establecen tarifas fijas, por lo que están parcialmente protegidas frente a las variaciones semanales del mercado.

“Los importadores medianos o pequeños que están sujetos a tarifas spot momentáneas son los más perjudicados. Cuando el flete sube, se incrementan sus costos totales y, por una decisión comercial, podrían terminar trasladándolos al consumidor final, porque tampoco importan para perder”, indicó.

Otros factores que afectan el comercio exterior

Más allá de los fletes externos, Bazán apuntó que el Perú enfrenta retos logísticos propios, como la congestión en las vías de acceso al puerto del Callao y la falta de infraestructura complementaria, como el antepuerto, cuya ejecución se encuentra pendiente y se esperaría que recién esté listo entre 2029 y 2030.

Respecto al puerto de Chancay, Bazán aclaró que aún no se ha evaluado una reducción de los costos logísticos como consecuencia de sus operaciones.

Al haber muchas empresas instaladas en Lima o el Callao, estas deben asumir un traslado adicional para recoger sus mercancías en Chancay, pero se esperaría que con la instalación progresiva de operadores logísticos en la zona se podría reducir los costos locales en el mediano y largo plazo, siempre que se resuelven los problemas de acceso terrestre al terminal.

La cotización del cobre y el oro, que registra alzas sostenidas entre 45% y 160% en cada caso en los últimos cinco años, se refleja en continuos crecimientos récord en la recaudación a la minería en el Perú, a pesar de que la producción de esa industria en general parece acusar un freno.

Según data preliminar del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en mayo último, la producción declinó en cinco de los ocho principales metales que exporta el Perú.

Así, mientras la explotación de cobre en dicho mes creció en 3.3%, la de hierro en 181.1% y la de estaño en 15%, retrocedió en la de oro (5.6%), zinc (13.6%), plata (11.3%), plomo (11.1%) y molibdeno (6.2).

PBI metálico en retroceso

De esa forma, en los primeros cinco meses del 2026, la extracción de cobre sumó 1.1 millones de toneladas, un alza de 3.3% versus igual lapso del 2025; pero la de oro, que llegó a 41.6 millones de gramos finos, acumuló una merma de 4.4%.

En ese mismo periodo acumulado, la producción de zinc se redujo en 13.6%, la de plata en 1.9%, plomo en 8.6% y molibdeno en 6.2%. Sin embargo, se incrementó la de hierro (17.7%) y estaño (5.2%).

Como un reflejo de esa contracción, el PBI minero metálico, según data del Minem a abril, mostró una tendencia sostenida de declinación. Si bien en enero de este año creció en 3.59%, en febrero se frenó, con un crecimiento de apenas el 0.13%. Posteriormente, continuó su tendencia: creció en marzo solo 0.11% y cayó en abril en 0.32%.

Exportaciones al alza

Pese a esa contracción productiva, en abril, las exportaciones del sector sumaron US$7,227 millones, un crecimiento interanual del 76.6%.

Asimismo, de enero a abril, los envíos al exterior de la industria minera alcanzaron los US$ 28,653 millones, valor superior en 61.7% en comparación con los US$ 17,716 millones de igual lapso acumulado del 2025.

Sin embargo, el volumen exportado en ese mismo periodo acumulado fue mucho menor: el de cobre y el oro crecieron sólo en 4.6% en cada caso, de acuerdo con información del Minem.

Recaudación se dispara

A pesar del freno en la producción, la data del Minem mostró que, en mayo último, la recaudación proveniente del sector minero alcanzó los S/ 3,900 millones, un incremento sustancial de 111.7% con respecto a los S/1,842 millones alcanzados en igual mes del año pasado.

Con ese resultado, de enero a mayo, el fisco recaudó S/ 19,172 millones de esa industria extractiva, un 70.8% más que igual periodo acumulado del 2025. Esto también representó que, en sólo cinco meses, superó ya todo lo recaudado a esa actividad en 2024 (S/ 18,384 millones) y en 2023 (S/ 16,112 millones).

En el periodo acumulado, lo que más creció fue la recaudación proveniente del Gravamen Especial a la Minería que trepó en 218.5%, seguido de las regalías mineras en 114.7% y por el cobro adicional de regalías mineras que dispone la Ley 29788, en 86.9%.

Resultado de altos precios

Consultado sobre el tema por Gestión, Miguel Alzamora, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), concluyó que estos resultados positivos, en buena parte, están asociados a los precios de exportación de nuestros principales minerales registrados meses atrás, a pesar de que no se ven avances en su producción.

Detalló que la recaudación a la minería por conceptos de Impuesto a la Renta (IR) e IGV, entre abril y junio, han crecido en cerca del 100%. “Son tres meses de crecimientos con cifras de tres dígitos. Es un récord para lo que venían siendo estos últimos cinco años a más en la recaudación minera, que se ha duplicado”, destacó.

Así, refirió que, según recientes cifras macro fiscales que evaluó el IPE, estimaron que, a junio del 2026, la recaudación a esa industria representó casi dos puntos y medio del PBI, lo que resultó casi el doble que el 2024, cuando representó un poco más de un punto del PBI.

“Desde el 2024 a junio del 2026, sólo el componente precio ha sumado un punto y medio del PBI en términos de recaudación”, aseveró.

Asimismo, dado que la previsión del IPE es que los precios se mantendrán en niveles importantes el resto de este año y el próximo, proyectó que la recaudación minera crecerá aún más al cierre del 2026, superando los picos del 2021 y 2022, y rompiendo otro récord.

“Hacia el próximo año, a todo esto, se puede sumar otra arista adicional a la recaudación minera, que es la regularización del Impuesto a la Renta del 2027, que le va a dar un plus adicional (al aporte de la minería)”, avizoró el experto.

¿Cuánto dejamos de recaudar?

Igualmente, Alzamora estimó que, si el Perú mantuviera en crecimiento la producción de sus principales metales de exportación, sólo el factor productivo podría sumar, cuanto menos, medio punto porcentual del PBI, adicional al valor que ya se está recaudando a la minería.

“Ese (medio punto porcentual del PBI) es el margen que teníamos el 2024, cuando los niveles de precio estaban un poco más normales y la recaudación se sostenía básicamente en la producción”, explicó.

Por su parte, Luis Rodríguez-Mariátegui, socio del área de minería del Estudio Hernández, estimó que la demanda mundial de cobre y otros minerales críticos debería continuar creciendo en la próxima década, impulsada por la transición energética, la digitalización y nuevas tecnologías, ante lo cual el Perú tiene una ventaja geológica extraordinaria.

“Si esa fortaleza se complementa con estabilidad regulatoria, instituciones sólidas y políticas públicas consistentes, el país podrá consolidarse como uno de los principales receptores de inversión minera en América Latina”, avizoró.

Con el proceso electoral concluido, Rodríguez-Mariátegui consideró que el mercado concentrará su atención en la capacidad del nuevo Gobierno para consolidar un entorno de mayor predictibilidad y con garantías para las inversiones.

Para el experto, algunos temas que marcarán la agenda minera en los próximos años son la ruta para finalizar la adecuación de operaciones informales, la actualización del marco normativo realista para la pequeña minería y la minería artesanal, y el fortalecimiento de las acciones para enfrentar la minería ilegal.

La venta directa continúa creciendo en el Perú y se mantiene como una alternativa importante para miles de personas que buscan generar ingresos de manera independiente. Entre enero y marzo de 2026, el sector alcanzó ventas por más de S/ 1,342 millones, lo que representa un crecimiento de 8.3% frente al mismo periodo del año anterior, informó la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI).

Uno de los datos más destacados es el peso que tiene este canal fuera de Lima. De cada S/ 10 vendidos a través de la venta directa, alrededor de S/ 6 se generaron en regiones y S/ 4 en la capital. En concreto, las ciudades del interior del país concentraron el 61% de las ventas totales, mientras que la capital representó el 39% restante, lo que muestra la fuerza que mantiene este modelo en distintas regiones.

“El comportamiento de los primeros tres meses del año confirman que la venta directa sigue siendo un canal cercano, flexible y con una presencia muy importante en todo el Perú. Este crecimiento refleja no solo el fortalecimiento de las empresas asociadas, sino también el de miles de empresarios independientes que encuentran en este modelo una oportunidad para generar ingresos y desarrollarse”, señaló Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la CAPEVEDI.

Por categorías, cosméticos se mantuvo como el segmento de mayor participación, al concentrar el 59.9% de las ventas del sector. Le siguieron los productos nutricionales, con 20.6%; bisutería, con 4.7%; ropa, con 4.6%; artículos del hogar, con 3.9%; accesorios y calzado, con 2.6%; lencería, con 2.0%; y bienestar corporal, con 1.5%.

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Además de su peso en ventas, algunas categorías mostraron un desempeño positivo frente al año anterior. Nutricionales creció 16.5%; accesorios y calzado, 12.2%; cosméticos, 10.8%; y bienestar corporal, 5.2%. Estos resultados reflejan una demanda activa por productos vinculados al cuidado personal, bienestar, consumo diario y estilo de vida.

En los primeros tres meses del año, el sector registró más de 563,100 empresarios independientes activos. Del total, el 84% corresponde a mujeres y el 16% a hombres, lo que confirma el rol protagónico que tienen las mujeres dentro de la venta directa en el país.

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Correa destacó que la venta directa mantiene un papel relevante como canal de comercialización y como alternativa de emprendimiento, especialmente por su alcance en provincias, su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a distintos perfiles de consumidores.

Hace apenas cuatro años, Deportivo Garcilaso celebraba su histórico ascenso desde la Copa Perú a la Liga 1. Hoy, mientras mantiene la aspiración de clasificar a la Copa Libertadores, el club enfrenta otro reto igual de importante: construir un modelo de negocio que le permita consolidarse como una marca y fortalecer sus ingresos comerciales.

“Uno de los objetivos a corto plazo es clasificar ya no a la Copa Sudamericana, sino a una fase previa de la Copa Libertadores. Esa es la idea”, afirmó David San Román, gerente de marketing del club, a Gestión .

El salto que llevó al equipo cusqueño de la Copa Perú a competir por torneos internacionales también ha obligado a profesionalizar su estrategia comercial. La institución busca ampliar sus fuentes de ingresos mediante membresías, merchandising, productos licenciados, nuevos patrocinadores y experiencias para sus aficionados.

“Queremos que la marca Garcilaso siga expandiéndose, no solamente en Cusco o Lima, sino en todo el mundo”, señaló San Román.

Un modelo que busca depender menos de un solo respaldo

Aunque el club viene fortaleciendo sus ingresos comerciales, San Román reconoce que el principal respaldo económico de la institución continúa siendo Salkantay Trekking, empresa de turismo vinculada al presidente del club, Edgar Catunta. Según indicó, entre el 85% y el 90% de la inyección económica proviene actualmente de esta compañía, mientras que el resto corresponde a ingresos por derechos de televisión, taquilla y otros patrocinadores.

En ese escenario, la estrategia pasa por incrementar progresivamente el peso de los ingresos comerciales y construir un modelo más diversificado, capaz de sostener el crecimiento deportivo de la institución.

Precisamente por ello, clasificar a torneos internacionales representa mucho más que un logro deportivo. El ejecutivo estima que disputar una competencia internacional puede representar ingresos de entre US$ 2 millones y US$ 3 millones, recursos que permitirían fortalecer la infraestructura, las divisiones menores y el desarrollo institucional del club. “La tranquilidad que te da ese dinero prácticamente te paga la temporada”, sostuvo.

De la camiseta a nuevos productos

Uno de los principales objetivos del club es fortalecer sus ingresos provenientes de su propia marca. Para ello, viene potenciando su programa de membresías GarciCard, cuyas ventas —según San Román— ya superaron este año los resultados obtenidos en 2023, 2024 y 2025.

A ello se suma el crecimiento del merchandising tras la llegada de una marca internacional como sponsor técnico. “Este año, al tener un sponsor técnico como Umbro, hubo un gran auge. El hincha ya no solo pide la camiseta, quiere el buzo, la gorra, el casacón y otros productos del club”, comentó.

La siguiente etapa será ampliar el portafolio de productos licenciados. Actualmente la institución trabaja en alianzas para comercializar vinos, piscos, chocolates y otros productos con la marca Garcilaso, proyectos que esperan concretar durante el 2027.

El desafío de vender en un mercado distinto

Además de impulsar sus canales comerciales, Garcilaso enfrenta otro reto: competir por los hinchas y patrocinadores en una ciudad donde convive con dos clubes consolidados como Cienciano y Cusco FC. Mientras el primero cuenta con el respaldo de ser el único campeón internacional del fútbol peruano y el segundo ha fortalecido su proyecto deportivo en los últimos años, Garcilaso apuesta por diferenciarse a través de su identidad

“Queremos dejar de ser vistos únicamente como el club de los alumnos y exalumnos del colegio. Apuntamos a otros públicos, especialmente a los más jóvenes, y a consolidarnos como el equipo del pueblo”, explicó San Román.

Además, el club también busca fortalecer sus canales digitales de venta, aunque reconoce que el comportamiento del consumidor cusqueño aún difiere del de Lima.

San Román explica que gran parte de los hinchas continúa comprando entradas de manera presencial, por lo que la promoción de los partidos todavía combina redes sociales con herramientas tradicionales como perifoneo, afiches, bambalinas y otras acciones de marketing de guerrilla.

“En Lima la gente está mucho más acostumbrada a comprar por internet. Acá todavía tenemos que salir a la calle para promocionar un partido”, comentó.

Patrocinadores con sello regional

Actualmente Deportivo Garcilaso cuenta con alrededor de 15 patrocinadores entre empresas regionales, nacionales e internacionales. Desde Caja Cusco —su principal sponsor comercial— hasta Umbro como patrocinador técnico, el portafolio combina marcas locales con compañías de mayor alcance.

San Román explicó que el club ha priorizado históricamente a empresas cusqueñas, aunque la estrategia ahora apunta a captar más compañías nacionales e internacionales sin perder ese vínculo con el empresariado local.

“No tenemos que cegarnos solamente a los negocios regionales. Si viene una empresa extranjera o una entidad de otra ciudad y quiere estar con nosotros, no tenemos que cerrarnos“, afirmó.

El área comercial ya trabaja en la búsqueda de nuevos auspiciadores para la temporada 2027. Según el gerente de marketing, las negociaciones deben iniciarse desde mediados de año, debido a que las empresas suelen cerrar sus presupuestos comerciales durante el último trimestre. “Queremos tener la camiseta más valorizada del fútbol peruano, el short más caro y las medias más caras”, aseguró.

El hincha como una experiencia

Otra línea de negocio que el club busca desarrollar es la comercialización de experiencias para sus aficionados. La idea es ofrecer recorridos por el estadio, acceso a entrenamientos, visitas a camerinos, encuentros con jugadores y actividades exclusivas para los socios, siguiendo modelos aplicados por clubes de Argentina y México.

San Román reconoce que los partidos frente a clubes como Cienciano —contra el que juega el clásico de la ciudad—, y clubes grandes de Lima generan una convocatoria natural. El verdadero reto, dice, es mantener la asistencia cuando el rival tiene menor poder de atracción.

El objetivo es incrementar la asistencia incluso en partidos de menor convocatoria, donde tradicionalmente resulta más difícil llenar las tribunas. “La idea es que el hincha no vaya solamente a ver un partido de fútbol, sino que viva una experiencia”, indicó.

En paralelo, el ejecutivo no oculta la ambición deportiva que acompaña este proceso de profesionalización. “¿Por qué no pensar en ganar un Torneo Apertura o Clausura? Eso nos acercaría al objetivo de clasificar a la Copa Libertadores”, señaló.

Para el club cusqueño, el desafío es que el camino iniciado con el ascenso desde la Copa Perú no solo se traduzca en mejores resultados deportivos, sino también en la consolidación de una marca capaz de competir comercialmente con instituciones de mayor tradición como Cienciano, Universitario o Alianza Lima y construir un proyecto sostenible en el largo plazo.

La ley del teletrabajo (ley Nº 31572) señala que se debe fomentar esta modalidad en la población vulnerable, estableciendo su realización preferentemente para el caso del personal en situación de discapacidad, gestante y en período de lactancia. Además, del personal responsable del cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes o con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.

Si un trabajador solicita a su empleador pasar a la modalidad de teletrabajo, ¿se le puede requerir de alguna documentación que justifique este pedido, en base a alguna de las condiciones mencionadas? Esta pregunta le hizo una compañía al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

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Al respecto, la Dirección de Normativa del Trabajo del MTPE respondió que el empleador sí está facultado para realizar ese requerimiento. “La solicitud de cambio de modalidad de prestación de servicio presentada por el trabajador será evaluada por el empleador, quien puede solicitar al trabajador la presentación de documentos que acrediten que se encuentran en alguna de las situaciones especiales”, señaló la entidad (Informe 433-2025-MTPE).

La acreditación dependerá de la situación particular de cada solicitante, indicó el abogado laboralista Martín Ruggiero. “Si es para el cuidado de niños y si es el padre o madre, podría dar la partida de nacimiento o esa información quizá ya la tenga el empleador. Si no es el padre, se podría solicitar al trabajador la presentación de una declaración jurada, a través de la cual declare que es responsable del cuidado del niño y el grado de afinidad que tiene con el niño”, refirió.

“Si es para el cuidado de familiares con enfermedad grave, se puede presentar un reporte médico. La acreditación va a depender del supuesto en que nos encontremos, para ver la documentación idónea. Si la empresa verifica que la documentación no es válida, el empleador estaría facultado para imponer sanciones disciplinarias por haber proporcionado información falsa”, subrayó Ruggiero.

La acreditación se solicitará sobre todo en los casos en que resulte viable otorgar el teletrabajo. Pero no todos los puestos laborales pueden migrar al teletrabajo, aclaró por su parte el abogado laboralista Juan Valera.

“El teletrabajo se va a fomentar, pero no es obligatorio para los empleadores aceptar todas las solicitudes, sino que debe evaluarse la naturaleza de las funciones y perfil del puesto del trabajador. No porque tenga bajo mi cuidado a un menor de edad o a un adulto mayor, quiere decir que el empleador estará obligado a darme el teletrabajo”, subrayó Juan Valera.

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Asimismo, Martín Ruggiero indicó que una vez presentada la solicitud para hacer teletrabajo, la empresa está obligada a responder en un plazo no mayor de 10 días; sino, se entiende que la solicitud fue aprobada.

“Cuando la empresa va a denegar la solicitud, debe señalar las causas y sustento de no otorgar el teletrabajo solicitado. Por ejemplo, que la función o labores del puesto no permiten ser ejecutadas bajo teletrabajo; que no hay mecanismos de control o supervisión. El Reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo establece como infracción grave el denegar el teletrabajo sin presentar un sustento”, remarcó Ruggiero.

Agregó que el teletrabajo suele implementarse sobre todo para labores administrativas, de escritorio, y de uso de tecnologías de la información. “Es más difícil para labores operativas de planta”, apuntó Ruggiero.

El Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio en Perú, coincidirá este año con la final del Mundial de Fútbol 2026, una combinación que anticipa una de las jornadas de mayor movimiento para el sector gastronómico. Pollerías, restaurantes y servicios de delivery esperan un importante aumento en las ventas y la demanda por ambas celebraciones. Para conocer cómo se moverá el mercado, Gestión conversó con los principales gremios y cadenas de pollerías del país.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Avicultura (APA), en el Perú se preparan más de 160 millones de pollos a la brasa al año, reflejando no solo su enorme popularidad, sino también su papel clave dentro de la industria alimentaria nacional.

La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú) proyectó que las ventas del sector gastronómico crecerán 10% por el Día del Pollo a la Brasa respecto a la edición del 2025, favorecido por su coincidencia con la final del Mundial.. Fredy Gamarra, gerente general del gremio, indicó que las pollerías liderarán el dinamismo de la jornada, seguidas por pizzerías, chifas y restaurantes de comida rápida, por la mayor demanda de reuniones familiares y de amigos.

Por su parte, la Asociación Peruana de Avicultura (APA) estimó que el consumo en los restaurantes aumentará entre 100% y 120% frente a un domingo habitual, un nivel comparable solo con el Día de la Madre. José Vera, director del gremio, precisó que el pollo a la brasa representa el 20% de la producción nacional, equivalente a cerca de 170 millones de los 850 millones de pollos producidos al año. Además, destacó que la producción avícola creció 5% entre enero y junio de 2026, con 17 millones de aves más que en el mismo periodo de 2025.

Pollerías anticipan un fuerte crecimiento de ventas

Las principales cadenas de pollerías anticipan un domingo excepcional para el negocio. Pardos Chicken proyectó que sus ventas crecerán entre 40% y 45% frente a un domingo habitual por la coincidencia del Día del Pollo a la Brasa con la final del Mundial. Giancarlo Neyra, gerente Corporativo de Negocios y Experiencia de la cadena, señaló que esta será “uno de los principales días del año” y estimó una facturación de entre S/1.1 millones y S/1.2 millones.

En el caso de Tinajas, de Corporación Mendoza, la cadena prevé un crecimiento de entre 15% y 20% por la celebración del Día del Pollo a la Brasa, porcentaje que podría elevarse hasta 25% por el efecto de la final del Mundial. Juan Gabriel Velásquez, jefe de Marketing Corporativo de la empresa, indicó que la venta diaria pasaría de 5,500 a 6,000 pollos en sus 13 locales, impulsada por una mayor permanencia de los clientes durante la transmisión del partido.

Don Tito, por su parte, estimó que sus ventas crecerán cerca de 50% frente a un domingo habitual. Alberto Fiorini, gerente director de la pollería, proyectó además vender 50% más pollos que un domingo regular y 15% más que en el Día del Pollo a la Brasa del año pasado. “La coincidencia de los dos eventos impulsa las reuniones entre familiares y amigos justo a la hora del almuerzo”, destacó.

Delivery y consumo en salón se disputarán la demanda

Pardos Chicken prevé que el delivery será el canal con mayor dinamismo durante la jornada. La cadena proyecta que los pedidos a domicilio crecerán entre 45% y 50%, por encima del incremento de entre 30% y 35% esperado para el consumo en salón. Giancarlo Neyra explicó que muchas familias optarían por seguir la final del Mundial desde sus hogares, aunque recordó que el delivery ya representa entre 30% y 33% de las ventas totales de la empresa.

En Tinajas, el consumo en salón concentra el 80% de las ventas, mientras que el delivery participa con 12% y creció 13% frente al año pasado. Juan Gabriel Velásquez señaló que la final del Mundial reducirá la rotación de mesas, ya que los clientes permanecerán más tiempo en los restaurantes para ver el partido, pero elevará el consumo durante su permanencia.

Don Tito estima que el 60% de sus ventas corresponderá al consumo en salón y pedidos para llevar, mientras que el 40% provendrá del delivery. Alberto Fio la brasarini sostuvo que muchas familias optarían por reunirse en casa para seguir la final del Mundial, impulsando los pedidos para compartir.

Final del Mundial 2026 impulsará el ticket promedio

En cuanto al ticket promedio, Pardos Chicken espera que registre un incremento durante la jornada, impulsado por una mayor demanda y una mejor experiencia al cliente. Giancarlo Neyra señaló que hoy el consumidor prioriza la rapidez e inmediatez, sin renunciar a la calidad del producto y del servicio.

Para Tinajas, el ticket promedio pasaría de S/120-S/135 a S/140-S/145, un incremento cercano al 10%. Juan Gabriel Velásquez explicó que el aumento responderá al mayor consumo de bebidas y postres durante la final del Mundial. Agregó que el consumidor sigue privilegiando el sabor del pollo, las papas y las cremas, especialmente el ají pollero, además de valorar los insumos peruanos.

Mientras que Don Tito proyecta que el ticket promedio crecerá alrededor de 12%, impulsado por un mayor consumo de bebidas, postres y pedidos familiares. Alberto Fiorini sostuvo que la coincidencia entre el Día del Pollo a la Brasa y la final del Mundial elevará el gasto por pedido al impulsar las reuniones de familiares y amigos.

Datos claves:

• El Día del Pollo a la Brasa se celebra cada tercer domingo de julio desde 2010 en Perú. La fecha fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 0441-2010-AG, emitida por el entonces Ministerio de Agricultura.
• La norma reconoce al pollo a la brasa como un plato que contribuye a la alimentación, la diversidad cultural y el desarrollo de la gastronomía peruana.
• La celebración es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Asociación Peruana de Avicultura (APA) y los principales actores de la cadena avícola y gastronómica.
• Antes de contar con un día conmemorativo, el pollo a la brasa fue reconocido en 2004 como Especialidad Culinaria Peruana por el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC).
• Alrededor de 13 000 pollerías a nivel nacional, siendo Lima la región con mayor concentración de estos establecimientos, de acuerdo con la Asociación Peruana de Avicultura (APA).
• Este domingo 19 de julio se disputará la final del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium, denominado Estadio Nueva York–Nueva Jersey por la FIFA, donde las selecciones de Argentina y España lucharán por levantar la Copa del Mundo.

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un memorando de entendimiento denominado Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS) y, con ello, dieron el primer paso para construir un “cielo único”, un espacio que apunta a que las aerolíneas tengan mayor libertad para conectar ciudades y potenciar el turismo, las inversiones y el comercio.

Aunque el acuerdo está en una etapa inicial, la propuesta abre una pregunta: ¿qué podría representar para Perú estar fuera —al menos por ahora— de un proceso que redefiniría la conectividad y la competitividad en la región?

Movimiento estratégico en la mira

Avanzar hacia un mercado aéreo común en Sudamérica es una decisión que intenta emular el modelo europeo, según confirmó para la Agencia EFE Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, quien además calificó el acontecimiento como “histórico y ambicioso”.

Vale aclarar que, en dicha figura precedente, participan los 27 países miembros de la UE y, además, dos estados asociados: Noruega y Suiza.

Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), explicó qué implica la equivalencia: “Si lo ponemos en sencillo, la experiencia consiste en que los vuelos que se regulan dentro de la UE no tienen limitación alguna. Es algo similar a lo que nosotros tenemos en la Comunidad Andina (CAN)”.

Indicó, no obstante, que, aunque Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —países integrantes de la CAN— ya cuentan con un nivel de apertura considerable, hay ciertos aspectos limitados. Por ejemplo, un vuelo Lima-Bogotá continúa siendo calificado como internacional; si fuera local, el pasajero pagaría una Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) mucho más barata y Corpac cobraría a las aerolíneas tarifas de ayuda de navegación como si fueran vuelos domésticos.

En Europa, además, está vigente la “novena libertad”; es decir, la posibilidad de que una aerolínea pueda basarse en un país extranjero y operar rutas locales. En la CAN esto no existe de forma plena: las aerolíneas aún deben establecerse como empresas nacionales (tal como Avianca Perú o Latam Perú) para operar rutas internas.

Gutiérrez afirmó, por tanto, que al Perú “sí le ayudaría” una política de integración aérea como la que ya han iniciado Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: nuestro país dejaría atrás esquemas rígidos y alcanzaría una libertad absoluta de operaciones.

A ello se sumó Pierre La Rosa, docente de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima: “A nivel comercial, sería positivo para el Perú porque va a haber un mayor número de aerolíneas y menores costos; pero a nivel estratégico, que es lo más importante, consolidaría más nuestra posición y competitividad”.

“El fin de esta iniciativa es que haya un marco legal estándar para todo Sudamérica, un estándar en temas de requisitos para poder operar con libertad”, subrayó.

En esa línea, el también representante legal aduanero enumeró las ventajas que avalarían una eventual participación de Perú: “Tenemos una ubicación estratégica en el centro de Sudamérica. Somos una puerta de entrada al Pacífico. El crecimiento de la carga aérea ha sido positivo en 2025, de 25% a 30%. Y los productos que exportamos tienen valor agregado. El precio de los metales es bueno; además, tenemos un potencial agroexportador importante”.

Fue enfático en la premisa: “Se trata de un tema sobre todo estratégico que consolidaría al Perú en el ámbito aéreo como un hub. Perú incrementaría su llegada, con menos burocracia, a otros países de Sudamérica”.

Algunos desafíos en el mapa

Gutiérrez recordó que, a pesar de que hay muchos aeropuertos declarados “internacionales” en el país, “la mayoría lo son únicamente en teoría”.

“Hay alrededor de 11 aeropuertos internacionales en papel, de los cuales solamente está operativo [por completo] el de Lima. El de Pisco también es internacional, pero se usa cuando hay alguna interrupción en el servicio del Jorge Chávez y se tiene que llevar corriendo a aduaneros y funcionarios de migraciones. No se trata de que una varita mágica haga que un aeropuerto sea internacional”, dijo.

Para él, en suma, un cielo único permitiría “facilitar y desarrollar” los aeropuertos de las regiones fuera de la capital.

Analizó, por otro lado, que el avance hacia el modelo europeo está frenado por los concesionarios aeroportuarios, como Lima Airport Partners (LAP) y Aeropuertos del Perú (AdP), quienes, según informó, se oponen a que los vuelos regionales pasen a ser considerados nacionales justamente porque aquello reduciría sus ingresos por concepto de TUUA.

El reto también involucra a la falta de política de Estado: existe una carencia de planificación a largo plazo. El vocero de AETAI expresó que el crecimiento ha sido “inorgánico” y que no hay una hoja de ruta estatal clara capaz de definir cómo se integrará la infraestructura aeroportuaria en los próximos años con el objetivo de soportar un mercado de cielo único.

Sectores protagonistas

La Rosa se enfocó en los rubros económicos que darían el salto hacia un mercado sin fronteras aéreas: “La industria agrícola, los textiles y hoy por hoy la minería, que también ha incrementado su participación en el transporte aéreo. El turismo receptivo también tendría una implicancia muy positiva”, sostuvo.

Sobre este último punto se pronunció Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

“Hoy el turista internacional ya no elige únicamente un país; compra experiencias multidestino. Un mismo viaje puede combinar la Amazonía brasileña, Buenos Aires, la Patagonia o Santiago de Chile, aprovechando una red de conexiones cada vez más integrada y eficiente. En el caso de Perú, por ejemplo nuestros visitantes asiáticos mezclan Perú-Bolivia-Brasil. Si llegar al Perú implica mayores costos, menos frecuencias o conexiones más complejas, corremos el riesgo de quedar fuera de esos circuitos regionales”.

Advirtió que hay un mensaje detrás: “Cuando una aerolínea encuentra mejores condiciones para operar en otro país, el Perú pierde competitividad y se aleja del mundo”.

Para ella, el verdadero riesgo es que, teniendo una de las ofertas turísticas más extraordinarias de la región, nuestro país termine siendo el destino más difícil —y más costoso— de incorporar en el viaje.

El proyecto cuprífero Tía María, en fase de ejecución, sigue enfrentando oposición en su zona de desarrollo, en la provincia de Islay (Arequipa). Las autoridades locales han acudido, una vez, más al Consejo de Minería objetando los procedimientos seguidos para dar “luz verde” a las obras de esa iniciativa, cuya inversión supera los US$ 1,800 millones.

Vale recordar que, a inicios de abril último, dicho consejo –ente autónomo del Ministerio de Energía y Minas (Minem)- tras recibir un recurso de revisión que interpuso la Municipalidad Provincial de Islay, declaró la nulidad de la autorización dada el 2025 a Southern Perú Copper Corporation para iniciar la explotación de dicho proyecto.

Lo hizo bajo el argumento que la Dirección General de Minería (DGM) del Minem no habría evaluado el levantamiento de observaciones respecto al diseño de los botaderos de la futura mina.

Posteriormente, la empresa solicitó una nueva resolución de inicio de explotación, la cual, tras ser revisada por la DGM, le fue otra vez concedida, a través de la resolución directoral 194-2026.

Municipio insiste en frenar el proyecto

Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Islay volvió a la carga y planteó ante el referido consejo un recurso de revisión contra la nueva resolución directoral (194-2026), requiriendo su nulidad.

El argumento de esa comuna es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado para Tía María, que fuera emitido en el 2014, habría caducado en agosto del 2019. Esto, debido a que la normativa otorga validez de hasta cinco años (tres años iniciales, prorrogables por dos años más) a ese tipo de instrumentos de gestión ambiental.

Otro argumento de ese municipio es que la empresa no habría obtenido los permisos de uso del agua para llevar a cabo la explotación del proyecto.

Como parte del proceso para absolver ese recurso de revisión, este 7 de julio el Consejo de Minería llevó a cabo una audiencia pública, en la que las partes involucradas sustentaron sus respectivos argumentos.

Los argumentos de la comuna

En la audiencia, Elena Vela Ramos, abogada del municipio, sostuvo que al haber supuestamente perdido vigencia el EIA, así como la presunta obsolescencia de su línea de base, lo que correspondía era que la empresa presentara un nuevo estudio.

Asimismo, observó que se encontró evidencia de que la empresa realizó actividades de desbroce y nivelación de terrenos, en la zona del proyecto, sin haber presentado informe de evaluación complementario de flora y fauna, exigido en la resolución que aprobó el EIA. Por esto, el inicio de obras no cumpliría con las condiciones exigidas en la certificación ambiental.

Vela Ramos cuestionó, además, que la empresa hubiera planteado Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) como mecanismos para mantener la certificación ambiental del proyecto y que estos no debieron ser admitidos a trámite, dado que el EIA ya no habría estado vigente.

La respuesta de la empresa

Por su parte, José Tong Gonzales, abogado representante de Southern, refirió en la audiencia que el EIA de Tía María no ha perdido vigencia, dado que la compañía comunicó al Minem en julio del 2019 (antes que culminara el plazo en vigor de ese estudio ambiental) el inició la ejecución de las actividades aprobadas.

“En esa comunicación estamos hablando de plataformas eléctricas, de instalación de estaciones de monitoreo, de distintos elementos. Entonces, no se puede negar la existencia de una serie de obras que conforman la ejecución del proyecto”, aseveró.

Remarcó que esto fue reconocido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y por la Dirección General de Minería (DGM) del Minem

Piden se anule la impugnación

“Si bien en ciertos momentos, a raíz de temas de fuerza mayor se tuvo que suspender ciertas actividades, la empresa nunca dejó de tener control sobre el área, ni de realizar las actividades aprobadas en el instrumento de impacto ambiental”, añadió.

Además, refirió que la DGM ya ha confirmado que la compañía acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para que se le otorgue autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto, como son la titularidad de las concesiones y de los terrenos superficiales, certificado de no existencia de restos arqueológicos, entre otros.

Por estas razones, Tong Gonzales indicó que el pedido de la empresa es que se declare improcedente la impugnación planteada por el municipio, pues dejar sin efecto la autorización que le permite explotar el proyecto implicaría vulnerar principios claros de derecho administrativo como el de predictibilidad y confianza legítima.

Surgen dudas sobre el argumento edil

Durante la audiencia, también surgieron dudas sobre el argumento de la defensa edil respecto a que supuestamente habría caducado el EIA, a raíz de la lectura que hizo el vocal del Consejo de Minería, Guillermo Aliaga, de un informe técnico que elaboró el mismo municipio, en el que se reconoce que aún rige el citado estudio ambiental.

El citado informe técnico -elaborado por Fiorella Yeny Mamani, ingeniera de la citada comuna- indica, según la lectura que hizo Aliaga, que el EIA mantenía vigencia en tanto que no había sido reemplazado por un nuevo estudio de impacto ambiental.

El vocal Aliaga preguntó a Yeny Mamani –presente en el foro- si se ratificaba en el contenido de dicho informe técnico respecto a que sí mantenía vigencia el EIA, a lo que la ingeniera respondió afirmativamente.

Finalmente, tras escuchar a las partes, quedó al voto del Consejo de Minería tomar una decisión respecto a si procede o no la nulidad planteada contra el segundo permiso otorgado a la explotación del proyecto Tía María. Gestión supo que esta decisión sería adoptada por ese consejo en los siguientes días.

¿Qué pasa si se paraliza el proyecto?

Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en diálogo con Gestión, cuestionó la posición del Municipio de Islay, señalando que lo que se busca es hacer daño al país y la economía, además de tener sustento para protestar contra el proyecto.

Señaló que, desde que se planteó el EIA a la fecha, nada ha cambiado en la geografía del lugar, manteniéndose su línea de base, y advirtió que, si se paraliza Tía María, tendría efectos negativos inmediatos para la región.

El experto refirió que, en primer lugar, perderían su fuente de empleo más de 4,000 personas cuya labor está vinculada a la ejecución del proyecto, además de que el Perú la oportunidad de producir 150,000 toneladas de cátodos de cobre por año.

Esto, anotó Gálvez, significa a su vez que nuestro país (a la cotización que tiene el cobre) dejaría de exportar cerca de US$ 1,950 millones anuales, lo cual se traduciría al mismo tiempo en cerca de US$ 650 millones que dejaría de recaudar el fisco al año.

Mientras aumenta el riesgo de un Fenómeno El Niño (FEN) de mayor magnitud, más de S/ 11,600 millones permanecen pendientes de ejecución en la cartera de proyectos destinada a reducir el riesgo frente a desastres.

La cartera de prevención de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) comprende 61 proyectos en ocho regiones por un monto de S/ 22,784 millones, pero ahora apenas alcanzan la mitad de la ejecución presupuestal, advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Al cierre de junio, el avance promedio era de solo 51%. De esos proyectos, 40 tenían restricciones presupuestales y seis permanecían directamente suspendidos. El resultado neto son S/ 11,621 millones en obras de protección que seguían sin ejecutarse justo cuando se da una nueva temporada de lluvias”, sostuvo el presidente de la CCL, Raúl Barrios, durante el foro “Fenómeno El Niño: impactos y desafíos para el Perú”.

Estas obras comprenden defensas ribereñas, drenajes pluviales, control de inundaciones y soluciones integrales frente a desastres naturales. En varios casos, alertó, estos son proyectos que se originaron durante la etapa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)y que aún no han podido concluirse.

Entre los casos señalados por el gremio se encuentra la protección integral frente a inundaciones en Lima, que tenía S/ 1,550 millones pendientes y un avance de apenas 3.7%.

Asimismo, está pendiente el drenaje pluvial en cuatro distritos de Chiclayo que registran S/ 1,464 millones sin ejecutar y un avance de 9.2%, mientras que la defensa frente a inundaciones del río La Leche, en Lambayeque, estaba suspendida, con S/ 1,217 millones pendientes y 9.9% de avance.

Barrios indicó que, el año pasado, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reasignar al menos S/ 3,000 millones a la ANIN, teniendo en cuenta que los gobiernos regionales devolverían cerca de S/ 20,000 millones por falta de ejecución. Sin embargo, recordó que se entregaron S/ 700 millones, por lo que varias obras continuaron suspendidas.

“Esto es sumamente grave. Hicimos un cálculo y dijimos que íbamos a perder en las obras inconclusas. Si vienen las lluvias ahora vamos a perder más o menos S/ 400 millones de lo invertido, pues el agua se va a llevar las obras que no han sido terminadas (...) Arrancar las obras hoy día nos va a costar como S/ 800 millones solo en gastos generales que tenemos que pagar a todas las empresas que están hoy día con las obras suspendidas. Están dejando una bomba de tiempo a este próximo Gobierno”, sostuvo.

El jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, Óscar Chávez Polo, recordó que el presupuesto público y sus modificaciones se aprueban por año. Por ello, los recursos adicionales que se requieran para avanzar las obras durante el 2026 deberán asignarse mediante un crédito suplementario.

“No sabemos si alcance el tiempo para terminar toda la obra. Algunos de estos proyectos están en nivel de estudio, va a ser imposible culminarlos, pero sí se podrá acelerar esta cartera de proyectos porque son los más indicados para enfrentar problemas de desastres naturales”, indicó.

La ANIN no es la única con problemas de presupuesto. Solo en el programa presupuestal destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres los recursos suman alrededor de S/ 3,048 millones en junio de 2026, por debajo de los S/ 4,360 millones registrados en 2017.

Cabe agregar que, al cierre de junio, solo se habían ejecutado S/ 1,162 millones, equivalentes al 38.1% del presupuesto. En el Gobierno Nacional se mostraba un avance de 42.7% del presupuesto, mientras que los gobiernos regionales alcanzaban 32.2% y los gobiernos locales llegaron a invertir un 35.4%.

Obras de prevención o mitigación

Ante este escenario, los especialistas advirtieron que las decisiones presupuestales y el destrabe de las intervenciones deben realizarse en los próximos meses para que todavía puedan considerarse preventivos y no paliativos.

Para Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el destrabe de los proyectos no debería esperar al ingreso del próximo Gobierno.

“Ya deberían estar destrabando las obras en las dos semanas que quedan antes de que entre el siguiente Ejecutivo”, comentó a Gestión.

Sicoli explicó que la prioridad durante los meses restantes del 2026 deberá ser movilizar recursos y determinar qué intervenciones pueden ejecutarse antes de que llegue el periodo de mayor riesgo asociado al Niño Global, que se prevé se daría alrededor de noviembre.

Entre las intervenciones que se requieren, indicó, están la mejora de los cauces de los ríos, la reubicación de la población asentada en zonas vulnerables y la construcción de defensas ribereñas incorporadas dentro de la planificación urbana.

Pero, ¿las obras podrían llegar a tiempo para la próxima emergencia? El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, alertó que una obra integral de reservorios -que evita que la inundación ocurra- puede tardar entre 10 y 15 años, por lo que ya no existe tiempo para construir este tipo de infraestructura antes del próximo evento.

“Tenemos 6 meses, ¿en ese tiempo qué podemos hacer? Seguramente fichas técnicas paliativas, pero por lo menos que se desatore el río porque cualquier obra de mitigación operativa no va a servir absolutamente para nada si es que ese río se vuelve a salir”, afirmó.

Las fichas técnicas que se preparan para el corto plazo, indicó, se orientan principalmente a instalar defensas ribereñas provisionales, retirar vegetación y arena, disponer bombas para extraer el agua y contar con maquinaria para recuperar la transitabilidad después de la activación de quebradas o la interrupción de carreteras.

El representante de la Cámara de Piura precisó que estas acciones son necesarias ante la cercanía del evento, pero no dejan infraestructura permanente.

En ese sentido, Sícoli consideró que las acciones inmediatas que deberán tomarse tendrán que combinar prevención y atención de emergencia. Pero, precisó que las medidas de corto plazo no deberían reemplazar una programación de inversiones de mediano plazo que permita enfrentar de manera permanente un fenómeno recurrente.

Por ello, indicó, se debería hacer medidas mucho más concretas y permanentes para evitar que cada cinco o seis años se tengan que repetir medidas de emergencia para reducir daños que podrían prevenirse mediante infraestructura permanente.

Los precios internacionales de los principales insumos agrícolas volvieron a subir durante la segunda semana de julio, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo con el Resumen Informativo Semanal del BCRP, entre el 8 y el 15 de julio, el mayor aumento correspondió al trigo, cuyo precio subió 10.1% hasta alcanzar los US$ 299.5 por tonelada.

El reporte atribuye este incremento a los temores de una menor oferta luego de que los ataques interrumpieran el transporte marítimo en el mar de Azov, una ruta clave por la que se moviliza aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de cereales de Rusia.

De esta manera, la cotización del trigo acumula un alza de 34.8% en lo que va del año.

Otro producto que subió fue el aceite de soya, cuyo precio aumentó 4.8% en la última semana, fijándose en US$ 1,613.5 por tonelada.

Según el informe, el alza se dio debido al incremento del precio del petróleo. Con ello, el aceite de soya acumula el mayor incremento entre los tres productos analizados, con un encarecimiento de 53.7% en lo que va del 2026.

Por último, el precio del maíz aumentó en 3%, hasta US$ 168.3 por tonelada durante la última semana. En lo que va del año, registra un incremento de 4%.

Este aumento estuvo asociado a los pronósticos de un clima cálido y mayormente seco para la mitad occidental del cinturón agrícola del Medio Oeste de Estados Unidos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTOS PRECIOS?

En los tres casos al Perú le pueden afectar estas alzas debido a que el país es principalmente importador de estos productos.

De acuerdo con datos previos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), importaciones peruanas de maíz amarillo duro aumentaron en 3.84%, alcanzando las 2,24 millones de toneladas entre enero y junio de 2026. La producción nacional de maíz cubre cerca del 30% de la demanda interna total.

En cuanto al trigo, se estima que el procesamiento se redujo en 3.5% entre enero y abril. Los datos oficiales muestran que la producción nacional cubre solo cerca del 10% de la demanda, por lo que se necesita importar lo demás.

Mientras que en el caso de la soya, un reciente reporte de Agrodata indica que enero y junio, el Perú importó 98,853,030 kilos de soya por un valor de US$ 46,022,729, procedentes principalmente de Argentina y Brasil. El país depende casi en su totalidad de las importaciones de este grano.

Con la entrada en vigencia de la Ley 32732 de crédito suplementario, los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) podrán acceder al pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.

Como parte de la serie de modificaciones al régimen CAS que se indican en la ley, se establece que el monto de la gratificación y de la CTS no podrá ser menor a S/ 300.

Para ello, se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definirá, mediante un decreto supremo, la forma de cálculo, las condiciones y demás disposiciones para su entrega, las cuales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de las reglas fiscales.

El cálculo de la CTS, agregan, deberá tomar en cuenta el tiempo de servicios acumulado desde el inicio del contrato vigente.

Para financiar estos pagos, se indica que las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales podrán cubrirlos con los recursos autorizados por la propia ley, mientras que los gobiernos locales deberán asumir el costo con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales.

Vacaciones y cese por edad

Con la ley se mantiene el derecho de los trabajadores CAS a 30 días calendario de vacaciones remuneradas por cada año de servicios.

Además, se establece que, si el contrato se termina antes de completar un año de labores, el trabajador podrá recibir una compensación vacacional proporcional, calculada por dozavos y treintavos si es que el empleado prestó sus servicios durante, al menos, un mes ininterrumpido en la entidad.

Otro de los cambios fija en 70 años el límite de edad para la extinción del contrato. Pero, el trabajador público que alcance esa edad podrá continuar laborando hasta el 31 de diciembre del mismo año, momento en el que se producirá el cese.

Otros beneficios

La norma también establece que las nuevas prórrogas o renovaciones de los contratos CAS transitorios podrán extenderse por un plazo máximo de cinco años, contados desde la publicación de la Ley 32563. Esto se aplica si la entidad cuenta con el financiamiento necesario para garantizar su sostenibilidad presupuestaria.

Adicionalmente, la nueva ley autoriza, por única vez en 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/ 750 para el personal del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), incluidos los trabajadores CAS.

El beneficio será para quienes figuren registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre de 2025 y también a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Este pago tendrá carácter no remunerativo, no pensionable y no estará sujeto a cargas sociales.

Ante la necesidad de diferenciarse en el mercado, al menos, 563 pollerías de todo el país han registrado sus marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En el marco de la celebración del día del pollo a la brasa, que se conmemora cada tercer domingo de julio, el Indecopi resaltó que muchos emprendedores han apostado por el humor, los juegos de palabras, las expresiones populares e, incluso, referencias de la cultura popular al momento de crear sus marcas para atraer clientes.

Entre las marcas inscritas destacan “Mi Pollito Fiu Fiu”, “El Gallinazo”, “El Pollosaurio”, “El Pollo Feroz”, “Se salió el Pollo”, “San Poyo La Buena Brasa”, “Habla Pollo”, “Los Pollitos Dicen”, “El Pollo de Tres Piernas” y “Con P de Pollo”.

Este registro de una marca, precisó el Indecopi, otorga a las empresas el derecho exclusivo de uso, permite diferenciar productos o servicios en el mercado y fortalece la identidad comercial del negocio, brindándole protección frente a posibles usos no autorizados por parte de terceros.

En ese sentido, recordaron que el trámite de registro puede realizarse tanto de manera virtual, a través de su plataforma, como de forma presencial en sus oficinas a nivel nacional.

Aunque las exportaciones peruanas hacia España cayeron 8.1% durante los primeros meses del año, los productos no tradicionales todavía logran mantener el interés del mercado español, indicó un reciente reporte de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Entre enero y mayo, las exportaciones no tradicionales crecieron 1.5% al sumar un total de US$ 459.5 millones impulsados, principalmente, por los despachos de alimentos.

El resultado estuvo sostenido por la demanda de productos como palta, pota, uvas, conchas de abanico, pimiento piquillo y mangos, que continúan siendo algunos de los principales envíos peruanos al mercado español.

De hecho, los envíos agroindustriales y pesqueros concentraron el 93% del total. Sin embargo, el desempeño no fue igual para ambos.

Mientras el sector agropecuario y agroindustrial cayeron 5.3% al sumar solo US$ 311 millones en despachos, la pesca y acuicultura crecieron 26.4% al llegar a US$ 116 millones. El resto de la canasta exportadora estuvo conformado por:

• Productos químicos (US$ 16.9 millones),
• Minería no metálica (US$ 8.8 millones),
• Varios (US$ 2 millones),
• Siderometalurgia (US$ 1.6 millones),
• Textiles (US$ 1.2 millones),
• Confecciones (US$ 1.1 millones),
• Metalmecánica (US$ 834 mil),
• Maderas (US$ 129 mil)

Pese a la caída en las exportaciones totales, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), Gabriel Arrieta, consideró que el mercado español mantiene un comportamiento dinámico.

Recordó que, en los últimos cinco años, los envíos peruanos crecieron a una tasa promedio anual de 20%, por lo que proyectó una recuperación en los próximos meses y un cierre de año favorable.

Cabe mencionar que, según el estudio Voice of the Consumer 2025 de PwC, actualmente, los consumidores españoles tienen una mayor preferencia por alimentos de origen identificado, saludables y con atributos de sostenibilidad.

¿Cuánto compró Perú a España?

En los primeros cinco meses del año, el Perú también importó desde España bienes por US$ 385 millones, principalmente, tableros de madera, maquinaria para limpieza y clasificación de frutas, artículos de belleza y conductores eléctricos de cobre.

Con esto, la balanza comercial entre ambos países registró un superávit de US$ 591 millones, con exportaciones totales por US$ 975.9 millones e importaciones por US$ 385 millones.

El pollo a la brasa no solo es uno de los platos más consumidos por los peruanos, sino que también tiene un gran impacto económico, generando un movimiento anual de más de S/ 12,000 millones, informó el Ministerio de la Producción (Produce).

En el marco del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio, el Produce señaló que esta cadena productiva, además de beneficiar a las pollerías, también impacta en actividades como la avicultura y la agricultura.

“Este platillo impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a esta y otras preparaciones. Aporta alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, contribuyendo significativamente a la economía nacional”, comentó el titular de Produce, César Quispe Luján.

De acuerdo con cifras del Observatorio PRODUCEmpresarial, en el Perú, operan, aproximadamente, 14,000 pollerías. Con estas, se consumen más de 159 millones de pollos a la brasa al año, consolidándolo como uno de los principales platos de la gastronomía nacional.

En promedio, los peruanos comen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo y más de la mitad de esa demanda se concentra en Lima. En tanto, el gasto promedio de una familia de cuatro personas por visita a una pollería asciende a S/ 80.

Asimismo, el Produce estimó que el rubro genera alrededor de 135,000 empleos directos y otros 405,000 indirectos, sumando más de 540,000 puestos de trabajo vinculados a esta actividad.

El pollo a la brasa también ha logrado expandirse fuera del país mediante franquicias en mercados como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Venezuela.

Un sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en Junín deja, hasta el momento, cinco personas fallecidas, más de 20 heridos y alrededor de 300 damnificados, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico, que ocurrió a las 9:24 de la noche, tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, a una profundidad de 24 kilómetros.

De acuerdo con el jefe del Indeci, Luis Vásquez, la poca profundidad del sismo y la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha contribuyeron a que se produjeran graves daños en las localidades.

“Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”, señaló Vásquez.

Las cinco víctimas mortales se encontraban en la provincia de Chupaca. Entre ellas se encuentran personas de 18, 68, 72 y 73 años, mientras las autoridades continúan verificando la situación en otras localidades afectadas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Más de 300 damnificados

En paralelo, unas 300 personas permanecen damnificadas y reciben atención temporal en la Plaza de Armas y en un complejo deportivo del centro poblado de Compuya, donde el Gobierno Regional de Junín instaló carpas.

El sismo ocasionó la destrucción y afectación de viviendas, además de daños en la infraestructura vial. Según el Indeci, se identificaron cerca de 100 metros lineales de grietas en algunas carreteras, pero los accesos hacia la zona del epicentro permanecen habilitados para el ingreso de brigadas de emergencia.

Entre la infraestructura dañada también se encuentra la iglesia de Canicruz, en Chongos Bajo, donde resultó afectada una cruz de más de 500 años de antigüedad, considerada un símbolo religioso importante para la población.

¿Qué viene haciendo el Gobierno?

El Indeci indicó que el Ejecutivo mantiene coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Defensa (Mindef) para la atención de la emergencia.

Además, añadió que un equipo de 10 personas, entre autoridades y especialistas, se está desplazando hacia Junín para reforzar la evaluación de daños y determinar las necesidades de ayuda humanitaria.

Entre las autoridades que se despliegan hacia la zona del sismo están el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

La Municipalidad de Santiago de Surco no podrá exigir a los negocios la presentación de un acta de levantamiento de medida provisional o cautelar como requisito para dejar sin efecto una clausura temporal, luego de que el Indecopi declarara ilegal esa exigencia al considerarla una barrera burocrática.

Con la Resolución 0286-2026/SEL-INDECOPI, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas confirmó la decisión emitida en primera instancia a través de la Resolución 0045-2026/CEB-INDECOPI.

La barrera burocrática estaba contenida en los incisos 34.3 y 34.4 del artículo 34 de la Ordenanza 701-MSS, emitida por la Municipalidad de Santiago de Surco.

Según explicó el Indecopi, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece que, cuando un establecimiento ha subsanado las observaciones que motivaron la clausura temporal, solo debe presentar una solicitud comunicando que realizó las correcciones.

La norma también dispuso que la municipalidad tiene un plazo de 48 horas para revisar el caso y notificar, de manera debidamente motivada, cualquier observación. Si esto no ocurre en ese periodo, el levantamiento de la clausura temporal se debe dar automáticamente.

Por ello, se concluyó que la legislación no contempla la presentación de documentos adicionales para acceder al levantamiento de la clausura ni autoriza a las municipalidades a imponer requisitos distintos a los previstos por la ley.

El Indecopi precisó que esta decisión limita las facultades de fiscalización de la municipalidad en materia de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones ni su capacidad para verificar la subsanación de las observaciones que motivaron la clausura.

El Congreso de la República oficializó este domingo 19 de julio la aprobación de un crédito suplementario para financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado, garantizar la transición democrática, entre otras medidas.

Mediante la publicación de la ley 32732, se autorizó, en general, la incorporación de hasta S/ 4,160.3 millones al presupuesto del sector público de este año, a favor de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Con esta norma, además, se facultó al Gobierno a realizar una emisión interna de bonos por hasta S/ 1,260 millones para financiar proyectos de inversión, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, así como intervenciones de reconstrucción mediante inversiones ejecutadas por entidades de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, dispuso que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) transfiera S/ 300 millones al Tesoro Público con cargo a las utilidades netas del ejercicio fiscal 2025.

En el rubro de “otras medidas” de la norma figuró el financiamiento, desde agosto de este año, de modificaciones remunerativas para docentes de institutos y escuelas de educación superior.

Además, se autorizó una bonificación extraordinaria de S/ 487 para docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en las leyes 29944, 30328 y 30493, así como para docentes de instituciones educativas administradas por los ministerios de Defensa e Interior. Para este beneficio se destinan hasta S/ 211.8 millones.

La ley también aprobó un bono extraordinario de S/ 300 para el personal que presta servicio militar acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, para lo cual se autorizan recursos hasta por S/ 13 millones.

Censo de la pequeña minería

Por otro lado, autorizó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a destinar hasta S/ 38.1 millones para financiar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Esto se dará en el marco de la Ley 32537, que amplió la vigencia del proceso de formalización minera.

Para ello, el ministerio podrá realizar transferencias al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), previa suscripción de un convenio.

Panamericanos Lima 2027

La norma también autorizó al Instituto Peruano del Deporte (IPD) a transferir recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para ejecutar inversiones vinculadas con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Además, podrá realizar transferencias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la International Surfing Association (ISA), con cargo a su presupuesto institucional, para financiar asistencia técnica y atender compromisos relacionados con ambos eventos deportivos.

La posibilidad de reducir justificadamente la jornada laboral de un trabajador -y con ello sus ingresos- fue analizada por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la Sunafil.

Inicialmente, una universidad fue multada por un inspector de la Sunafil, debido a que redujo las horas de clase de un profesor, lo cual implicaba una reducción de sus ingresos. Fue considerado un acto de hostilidad, lo cual califica como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

Sin embargo, la universidad interpuso un recurso de revisión de la sanción. Señaló que la asignación de las horas de clase dependerá de factores como la demanda de la masa estudiantil y el orden establecido para designar a los profesores que dictarán un curso.

Al llegar el caso a la última instancia, el TFL de la Sunafil resolvió anular la sanción impuesta a la universidad y retornar el caso a la primera instancia para una nueva evaluación. “Las instancias previas concluyeron que la disminución (de las horas de clase) respecto del último periodo constituye un acto de hostilidad, sin analizar dicha variación, si la misma obedece a necesidades académicas, necesidades coyunturales, especialidad u otros factores que contribuyeron y justificaron dicha variación”, señala uno de los considerandos de la resolución del TFL, emitida en mayo de este año (Resolución N° 0700-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala).

Agrega que hacer ese análisis resulta indispensable, pues para la configuración del acto de hostilidad “es necesario determinar si se ha incurrido en un uso desmedido de la facultad de dirección, afectando la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales”, añade la resolución del TFL.

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Si bien el TFL de la Sunafil no tuvo un pronunciamiento sobre el fondo del caso, al anular la sanción y ordenar una nueva evaluación se deja abierta la posibilidad de que la universidad justifique la reducción de la jornada laboral aplicada a un trabajador, indicaron los analistas consultados.

Lo resuelto por el TFL implica que reducir la jornada laboral e ingresos de un trabajador no siempre debe ser sancionado por la Sunafil.

Se debe evaluar qué criterios objetivos pueden hacer que el empleador determine una reducción válida de la jornada de trabajo, indicó Aymé Límaco, asociada principal de + Laboral. “De acuerdo al contrato y normas que regulan a la universidad, el empleador tiene el derecho a asignar la carga lectiva que considere pertinente”, remarcó Límaco.

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Por su parte Fernando Rodríguez, abogado laboralista del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, sostuvo que en el caso analizado no existieron razones suficientes para considerar que hubo un acto de hostilidad de parte de la universidad “pues no hay motivación suficiente para sustentar el hecho. Los actos de hostilidad no se pueden presumir, se deben de probar”, subrayó.

“El acto de hostilidad implica la intencionalidad de causar el perjuicio a un trabajador. Si yo lo contrato para dictar un curso, pero nadie se matricula, no existe una intencionalidad de perjudicar al docente, sino que la coyuntura, con la cantidad de matriculados, no permitió que se abra ese curso”, resaltó Rodríguez.

Asimismo, señaló que para determinar la sanción inicial no se analizó bien cómo se le asignó al docente las horas lectivas. “Algunos cursos se abren o dejan de abrir dependiendo de la cantidad de alumnos que se matriculen en el curso. Si la universidad señala que esta es la razón, es un hecho comprobable. Y también hay un procedimiento para definir a quién se le asigna un curso”, apuntó Rodríguez.

Por otro lado, Aymé Límaco refirió que una reducción justificada de la jornada laboral también podría darse en otros sectores como salud o comercio, en función de la demanda del público. “Por ejemplo, en tiempos de pandemia algunas empresas pararon o disminuyeron sus jornadas al mínimo, pues funcionan en base a la demanda del público”, anotó Límaco.

Orygen (antes Enel Generación), empresa del Grupo Romero, avanza con una cartera cercana a 3 gigavatios (GW) en proyectos de generación de energía renovable en Perú, que incluyen iniciativas solares, eólicas, hidroeléctricas, híbridas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS). Varios de estos proyectos podrían alcanzar la decisión final de inversión y obtener las autorizaciones para iniciar su construcción entre 2026 y 2027, según señaló Marco Fragale, CEO de la compañía.

“Los próximos dos años serán determinantes para consolidar la siguiente etapa de crecimiento. Varios proyectos se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo y esperamos que durante 2026 y 2027 alcancen decisiones finales de inversión y las aprobaciones regulatorias necesarias para iniciar su construcción”, afirmó el ejecutivo al medio especializado Strategic Energy.

La compañía pasó a formar parte del Grupo Romero en marzo de este año, tras la adquisición concretada por InfraCorp, brazo de inversiones en infraestructura y energía del conglomerado. Desde entonces, ha delineado una estrategia enfocada en ampliar su capacidad de generación y fortalecer sus operaciones.

Uno de los primeros hitos será Wayra Solar, actualmente en construcción y que, de acuerdo con la empresa, será el primer complejo de generación solar y eólica a gran escala del Perú. El proyecto tendría una capacidad de 94.2 megavatios (MW) y entraría en operación comercial durante el último trimestre del año.

Cabe precisar el Complejo de Energías Renovables Wayra (Wayra 1 + Wayra Extensión + Wayra Solar) tendrá un total de 400 MW.

Baterías y reglas claras

El almacenamiento de energía será otro de los pilares de esta expansión. Orygen apuesta por los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS), una tecnología que permite almacenar electricidad para utilizarla cuando disminuye la generación de fuentes renovables o aumenta la demanda. “Esta tecnología dejará de ser un complemento y pasará a convertirse en un componente estratégico de los nuevos proyectos”, sostuvo Fragale.

En esa línea, el ejecutivo señaló que el desarrollo de estas inversiones dependerá de que el país cuente con reglas claras para la participación de estos sistemas en el mercado eléctrico y avance con el Reglamento de Servicios Complementarios que prepara el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). “Hoy las energías renovables no necesitan mecanismos de apoyo o incentivos para seguir creciendo. Lo que necesitamos en el mercado eléctrico es contar con una regulación e infraestructura que acompañen este crecimiento”, afirmó.

Esta apuesta por ampliar su capacidad de generación y desarrollar proyectos de almacenamiento se suma al proceso de transformación que impulsa la compañía. Como se informó previamente, Orygen anunció una inversión de US$10 millones en automatización, inteligencia artificial, ciberseguridad y modernización tecnológica para fortalecer sus operaciones.