Como reflejo del crecimiento sostenido de los precios de los minerales, la recaudación a la minería –que explica cerca del 15% de los ingresos tributarios del Perú- mantiene tendencia al alza en los primeros meses de este año, tras superar los S/26,000 millones el 2025 (41.4% más que el 2024), logrando una cifra histórica.

Sin embargo, la evolución de la recaudación a esa industria extractiva el próximo quinquenio podría depender de los resultados de la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.

Según cifras preliminares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en marzo último, la recaudación al sector superó los S/4,079 millones, un crecimiento del 57.5% respecto a igual mes del 2025.

En camino a récord este año

Con ese resultado, de enero a marzo del 2026 los ingresos del sector acumularon S/8,919 millones, 46.9% más respecto al igual periodo del año pasado, y significa además que, en sólo tres meses, superó lo aportado todo el 2020 (S/8,017 millones).

Esa cifra, de repetirse en los siguientes tres trimestres, podría llevarnos a superar los S/35,600 millones al cierre del 2026, es decir batir récord por segundo año consecutivo, y aportar mayores transferencias a gobiernos regionales y locales.

Actualmente, si bien hay correcciones temporales en el precio del cobre por desaceleración china o tensiones comerciales, su cotización apunta a una tendencia estructural positiva de largo plazo, apuntalada por la demanda esperada para redes eléctricas, energías renovables, baterías e infraestructura para inteligencia artificial.

JPP: “auge de precios no benefició a Perú”

Sin embargo, lo que hoy más genera incertidumbre a los empresarios del sector son los resultados que pueda tener la segunda vuelta electoral a disputarse en menos de dos semanas entre Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP).

Ello, considerando no sólo la parte de los planes de gobierno de ambos partidos referidos a la minería, sino también por lo que declaran o dejan de declarar sus candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori y demás integrantes sobre el tema, o las decisiones que toman sus bancadas en el Congreso.

A pesar de los incrementos en dos dígitos de la recaudación a la minería, y que se reflejan en aumentos en las transferencias a los gobiernos regionales y locales, según JPP, el auge de los precios de los minerales no ha beneficiado al Perú.

La propuesta de Sánchez

Con esa idea como base, el plan de JPP propone crear un impuesto a las sobre ganancias o “utilidades extraordinarias”, elevar las regalías en 20% sobre la base actual, y aumentar en 40% los ingresos de la explotación minera actual, además de eliminar los contratos ley y regímenes tributarios especiales al sector.

Igualmente, propone reducir el plazo de concesiones mineras (improductivas) de 30 a 5 años; que el 100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado, y que el 70% de las concesiones en conflicto formalizadas pasen a favor de cooperativas mineras, las cuales incluirán a mineros informales.

Por su parte, entre las principales propuestas de Fuerza Popular figura la modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación (en las concesiones mineras) mediante plazos obligatorios de exploración y producción.

También plantea establecer un fast track para proyectos estratégicos, crear incentivos tributarios a la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal, entre otros.

¿Es viable aumentar tributos al sector?

Para saber qué tan viable es introducir nuevos ajustes al esquema tributario aplicado a la minería en el Perú desde el 2011 (con cambios introducidos por el gobierno de Ollanta Humala), o eliminar contratos al sector, Gestión consultó con diversos expertos en el ramo.

Marcial García Schreck, socio de impuestos de EY-Perú, refirió que el esquema que aplicó Humala en el 2011 ya introdujo el mecanismo de sobre ganancias, por ejemplo, a través del Impuesto Especial a la Minería, que aumenta en forma progresiva en función a cómo evolucionan los precios de los minerales.

“Cuando los precios suben, el sistema tributario reacciona y a través de la progresividad de las tasas captura una mayor proporción de la renta minera”, anotó, y refirió que eso explica que ahora el Perú esté rompiendo récords en recaudación, aun cuando, en el caso del oro, su producción esté cayendo.

Competitividad en riesgo

A su turno, Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de Confiep, recordó que ya cuando Pedro Francke (jefe del plan de Gobierno de JPP) fue ministro de Economía del presidente Pedro Castillo, propuso un paquete de medidas para aumentar impuestos a la minería, pero el Congreso lo descartó “porque la realidad es que no necesitamos aumentar más impuestos al sector”.

Pero, además, observó que mientras JPP insiste en ese tipo de medidas, hoy por el contrario los gobiernos de Chile y Argentina están proponiendo a sus congresos reducir impuestos a la minería y otorgarles estabilidad jurídica y fiscal a las grandes inversiones mineras, con lo cual se va a quitar competitividad al Perú.

Córdova, a la vez socio especializado en derecho tributario del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, observó que, por el lado contrario, la propuesta de Fuerza Popular busca más bien mantener el régimen impositivo que ha funcionado bien, y que resulta competitivo y va a promover la seguridad jurídica a las inversiones.

Sin embargo, el experto consideró que, ninguno de los dos partidos, ni JPP ni FP, ha señalado una estrategia clara con respecto a cuáles serán sus planes para enfrentar el problema de la minería ilegal.

PPU: carga al sector ya es del 46%

Por su parte, Dante Sanguinetti, socio de impuestos del estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), consideró en general que es muy sencillo propone elevar impuestos al sector minero, pero que antes se debe evaluar qué tan competitiva resulta la nueva carga tributaria que se quiere crear respecto a otros países mineros.

Se estima que hoy la carga tributaria al sector minero es del 46%, y ya resulta bastante alta no solo respecto a la que se aplica a otros sectores en Perú, sino en la región, y eso se debe tomar en cuenta, pues si eso se recarga aún más, los capitales huyen, anotó.

Pero, además, si ahora se pretende eliminar los contratos de estabilidad jurídica y tributaria al sector minero, Sanguinetti consideró que se estaría más bien perdiendo impuestos, dado que las empresas que los tienen suscritos deben aportar dos puntos porcentuales más sobre la tasa del Impuesto a la Renta que tributan.

En tanto, Eduardo Lanao, presidente de Prominería, consideró que sería un error la propuesta por ejemplo reducir aún más los plazos de las concesiones, cuando aún tenemos que promover 67 proyectos de nuevas minas en cartera por US$64,000 millones.

Coincidió en que este tipo de propuestas además, van en contrasentido a lo que buscan otros países vecinos, como Argentina, que ha creado un régimen de incentivos a las grandes inversiones, que podrían absorber incluso las inversiones mineras que se buscaba realizar en el Perú.

“Lo que van a hacer es terminar de asfixiar a la gallina de los huevos de oro, cuando éste ahora tiene la oportunidad de ir a otros países y redirigir hacia ellos sus inversiones, lo que nos puede llevar a una crisis económica”, advirtió.

El grupo familiar textil T&F Textiles (antes Tricot Fine), a través de su brazo comercial y exportador Peruvian Fashion Tex, atraviesa su etapa de mayor proyección internacional desde que inició operaciones comerciales en octubre de 2024. En entrevista exclusiva con Gestión, la empresa de telas detalla la estrategia de expansión en Colombia, los nuevos mercados en la mira y los planes de infraestructura para escalar su capacidad productiva en su planta en Ate al ritmo de su expansión internacional.

La compañía del grupo, que inició operaciones (comercialización) en octubre de 2024, aceleró su estrategia de internacionalización con la creación de una nueva empresa en Colombia, a donde ya exporta de 60 a 80 toneladas mensuales de tela desde su planta en Perú.

“El año pasado abrimos un punto de venta en Colombia. Empezamos en Medellín, considerada el principal sector textil de Colombia, donde se mueve la zona textilera más importante del país“, destacó Stephanie Quispe, gerente general de Peruvian Fashion Tex.

La apuesta por instalarse en la capital textilera colombiana no tardó en dar resultados. Lo que comenzó como una tienda evolucionó rápidamente hacia un modelo de distribución mayorista, con una bodega propia de 400 m2, capacidad para almacenar dos contenedores mensuales de tela y una cartera de clientes que hoy incluye a Falabella y al Grupo Éxito.

Entre enero y mayo de este año, las ventas en Colombia crecieron un 70% respecto al mismo período del año anterior, registrando así el mayor volumen de importaciones de Pftex Colombia S.A.S. desde su creación.

La tela peruana conquista Colombia y ya tiene agenda en Ecuador, Bolivia y EE.UU.

Con un año de operación cumplido en Colombia y las ventas al alza, Peruvian Fashion Tex ya tiene la mirada puesta en los siguientes pasos: abrir bodegas en Bogotá y Cali, dos plazas donde ya existe una cartera de clientes activa esperando telas peruanas.

La meta a mediano plazo es alcanzar las 100 toneladas mensuales en cada ciudad, lo que llevaría las exportaciones solo a Colombia a 300 toneladas al mes.

El modelo de negocio de Peruvian Fashion Tex consiste en exportar la tela, mientras que sus clientes colombianos —confeccionistas y distribuidores— se encargan de transformarla en prendas terminadas que luego distribuyen a nivel nacional. “Nosotros vendemos las telas, allá son expertos confeccionistas, así que por ahí hacen paquete completo y lo distribuyen nacionalmente como prendas”, señaló la ejecutiva.

Colombia es la punta de lanza, pero no el único frente. Peruvian Fashion Tex tiene en la mira a Ecuador y Bolivia, dos mercados donde ya cuenta con clientes, pero donde todavía no ha logrado el impulso comercial que sí encontró en el país cafetero. “Ecuador es un mercado latente, lo tenemos en la vista, igual que Bolivia, en el cual hemos tenido acercamiento con muchos clientes”, reconoció.

La apuesta es replicar en ambos países la misma estrategia que funcionó en Colombia: presencia física con bodegas y distribución directa. “Creo que este 2026 consolidamos Bolivia y Ecuador en nuestra cartera”, afirmó.

Y el horizonte más anhelado apunta más lejos: Estados Unidos, un mercado al que la empresa quiere llegar, pero con preparación. “Quiero primero consolidar Latinoamérica”, aclaró, reconociendo que el mercado norteamericano exige una propuesta diferenciada, donde el algodón peruano ya tiene reputación ganada.

La peruana que fabrica tela en Ate y quiere vender ropa orgánica en Amazon en 2027

En paralelo a la expansión de telas, Peruvian Fashion Tex avanza en un proyecto que apunta directo al consumidor final internacional: el lanzamiento de su marca propia de prendas de vestir, con un enfoque en sostenibilidad y tejido de punto orgánico. El canal elegido no es una tienda física sino Amazon de Estados Unidos, con un avance del 80% en la configuración del canal y una fecha de lanzamiento proyectada para 2027.

“Los canales digitales ahora están siendo un boom en Perú, pero me estoy enfocando más al mercado internacional con este ecommerce”, explicó. La apuesta es clara: saltarse el mercado local y llegar directamente al consumidor global con prendas orgánicas de origen peruano, un segmento en crecimiento donde la procedencia y la trazabilidad son cada vez más valoradas.

Para sostener todo ese crecimiento, la empresa tomó una decisión pragmática en materia de infraestructura. La ejecutiva descartó trasladarse a una planta nueva y optó por planes de ampliación de su sede actual en Ate: de los 1,500 m2 actuales a 2,500 m2, lo que le permitiría escalar su producción de las 400 toneladas mensuales actuales a 600 toneladas.

“Lo más importante para nosotros es asegurar la capacidad que responda a esta demanda internacional, pero queremos ir en orden”, expresó, precisando que la inversión es significativa y la fecha aún está por definirse.

La empresa también tiene en cuenta su posición en el sector: actualmente se ubica en el top 8 de exportadores de telas teñidas de tejido de punto del Perú y su meta es escalar al puesto número 2. Para eso, necesitan más presencia internacional. La expansión en Colombia, la consolidación en Ecuador y Bolivia, y el eventual ingreso a Estados Unidos son, en ese orden, los escalones de ese objetivo.

Más datos sobre Peruvian Fashion Tex:

• Inicio. Peruvian Fashion Tex inició operaciones comerciales en octubre de 2024 como brazo exportador del grupo familiar T&F Textiles, antes conocido como Tricot Fine.
• Colombia. Pftex Colombia S.A.S. opera una bodega de 400 m2 en Medellín. Entre enero y mayo de 2026, las ventas crecieron 70% respecto al año anterior.
• Grupo. El grupo T&F Textiles tiene 28 años en el mercado textil. Actualmente, el 70% de las ventas del grupo proviene de la división textil, mientras que el resto corresponde a sus negocios en los sectores agroindustrial e inmobiliario.

Textil del Valle afronta un 2026 más retador tras varios años de crecimiento sostenido. La empresa textil peruana —tercera mayor exportadora local del sector durante el primer bimestre de 2026, según Adex Data Trade— viene ajustando su estrategia comercial y operativa ante un contexto internacional marcado por la cautela de las marcas en Estados Unidos, mayores costos y cambios en las tendencias de consumo. Esta es su estrategia.

Juan José Córdova, gerente general de Textil del Valle, explicó que el contexto internacional comenzó a impactar en el sector confecciones peruano desde inicios de año. Solo en el primer trimestre, las exportaciones peruanas de prendas de vestir retrocedieron 9%, mientras que la empresa registró una caída cercana al 10%.

“Las personas siguen comprando igual que el año pasado, pero las marcas están tomando sus precauciones y están comprando un poco menos porque no saben qué es lo que puede pasar”, explicó el ejecutivo.

La desaceleración es consecuencia de la incertidumbre generada en Estados Unidos —mercado que representa el 65% de sus exportaciones— tras la implementación de aranceles y el impacto del conflicto entre Irán e Israel sobre el precio del petróleo.

A ello se suma el incremento de cerca de 27% en el precio internacional del algodón durante los últimos doce meses. Asimismo, indicó que las exportaciones peruanas de prendas de algodón hacia Estados Unidos acumulan una caída cercana al 13%, mientras que los productos sintéticos retroceden alrededor de 5%.

Textil del Valle venía de un periodo de fuerte crecimiento. La empresa pasó de exportar US$ 60.3 millones en 2023 a US$ 71.3 millones en 2024 y US$ 84.1 millones en 2025, año en el que registró una expansión de 17%.

De acuerdo con Adex Data Trade, la empresa se ubicó como la tercera mayor exportadora peruana de prendas de vestir durante el primer bimestre de 2026, con envíos por US$ 10.5 millones y una participación de 5.87% del total exportado en dicha categoría.

Textil del Valle explora nuevas fibras y marcas internacionales

Para mitigar el impacto de la desaceleración, la empresa viene enfocándose en eficiencia operativa, reducción de costos y diversificación de productos.

Juan José Córdova señaló que la firma busca ampliar su oferta hacia prendas desarrolladas con nylon, tencel, modal y otras fibras sintéticas, alineándose a la evolución del consumo en Estados Unidos.

“Hoy el principal mercado consume 50% fibras naturales y 50% fibras sintéticas. Nuestra oferta tiene que estar alineada a esa demanda”, señaló.

La estrategia sigue la línea adelantada por Gestión hace medio año, cuando Textil del Valle informó que venía ampliando su portafolio hacia prendas de nylon y categorías como casacas, hoodies, joggers y pants, más allá de los tradicionales t-shirts de algodón.

Por otro lado, la empresa viene explorando nuevas oportunidades comerciales con potenciales marcas internacionales. Entre ellas mencionó a Arc’teryx, además de otros dos proyectos de marcas confidenciales ,pero actualmente en evaluación.

“Alrededor del 80% de las órdenes de compra de 2026 ya fueron colocadas, lo que permitiría dar cierta estabilidad operativa durante el año”, subrayó.

Cabe recordar actualmente produce para las marcas Lululemon, Patagonia, Lacoste y Polo Ralph Lauren.

Europa y automatización marcan la estrategia hacia 2027

En paralelo, Textil del Valle viene fortaleciendo su capacidad operativa. Desde febrero, la ampliación de 30% de su planta en Chincha opera al 100%, lo que equivale a unas 200,000 prendas adicionales por mes y la incorporación de alrededor de 500 colaboradores directos.

Dicha expansión —adelantada por Gestión en 2025— demandó inversiones cercanas a US$ 5 millones en equipos de teñido, tejido y nuevas líneas de costura con inteligencia artificial y robotización.

La empresa también inició la implementación de herramientas de automatización, robotización e inteligencia artificial en áreas como calidad, desarrollo de producto y planeamiento de producción. A ello se suma Fast React, sistema desarrollado por la empresa Coats que utiliza inteligencia artificial para optimizar la programación y utilización de planta.

Además, en junio comenzará el desarrollo de un pasaporte digital para sus prendas, herramienta que permitirá mejorar la trazabilidad y transparencia de producción con miras a cumplir la futura normativa europea prevista para 2027.

Hoy, Europa representa alrededor del 10% de las exportaciones de Textil del Valle, aunque la empresa espera incrementar progresivamente su participación en ese mercado.

Las exportaciones peruanas de café sin descafeinar y sin tostar alcanzaron los US$147,246 miles FOB entre enero y marzo de 2026, registrando un crecimiento de 50.41% respecto al mismo periodo de 2025, cuando los envíos sumaron US$97,895 miles. El producto concentró el 88.52% del total exportado del sector agro tradicional durante el periodo analizado, consolidándose como el principal motor de los despachos al exterior en esta categoría. Conozca la radiografía del mercado cafetero peruano, tomando como fuente el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

Según el gremio, las diez principales empresas exportadoras de café concentraron cerca del 45% de los envíos registrados entre enero y marzo de 2026, reflejando un mercado liderado por compañías con fuerte presencia en el comercio internacional del grano peruano. En este segmento destacan tanto firmas privadas como cooperativas agrarias dedicadas al acopio, procesamiento y exportación de café sin descafeinar y sin tostar, principal producto agro tradicional exportado por el país.

Así, el primer lugar del ranking lo ocupa Olam Agro Perú S.A.C., con exportaciones valorizadas en US$13.5 millones FOB durante el periodo analizado, cifra que representó el 9.23% del total exportado. La compañía se consolidó como la principal exportadora de café del país en el arranque de 2026.

En segundo lugar figura Exportadora Romex S.A., que alcanzó envíos por US$11.1 millones y una participación de 7.6% del total. Le sigue Compañía Internacional del Café Sociedad Anónima Cerrada, con exportaciones por US$10.9 millones y una participación de 7.4% dentro del mercado exportador.

Olam Agro y Exportadora Romex en el podio

La primera en la lista es Olam Agro Perú S.A.C., filial peruana de Olam Group Limited, una multinacional con sede en Singapur. La empresa se ha consolidado como la exportadora de café verde multinacional más grande del país, suministrando cafés orgánicos, sostenibles y especiales a los mercados más exigentes del mundo.

La empresa mantiene relaciones directas con más de 10,000 caficultores y colabora estrechamente con cooperativas y asociaciones, brindando asistencia técnica y acompañamiento a lo largo del año para asegurar una producción de alta calidad y garantizar precios justos que mejoren la calidad de vida de los productores.

Por su parte, la segunda en el ranking es Exportadora Romex S.A., empresa peruana fundada en 2009 y especializada en el acopio, procesamiento, comercialización y exportación de café y cacao. La compañía se ha consolidado como uno de los principales actores del comercio exterior cafetero peruano, teniendo como principales destinos de exportación a Estados Unidos y países de Europa.

Además de su operación exportadora, Romex desarrolló un portafolio de marcas orientadas al consumo interno y productos con valor agregado, entre ellas Cafetal, Café Gourmet 338, Innato y Romex Repostería.

Asimismo, la empresa mantiene relaciones comerciales con compañías internacionales de alimentos y bebidas como Lavazza, Dunkin’, Nestlé, Hershey’s, Barry Callebaut y Arcor, fortaleciendo así su presencia en la cadena global de café y cacao.

Perales Huancaruna pierde liderazgo en el mercado exportador de café

Tras liderar las exportaciones peruanas de café en 2024, Perales Huancaruna S.A.C. (Perhusa) descendió hasta el puesto 16 del ranking durante el primer trimestre de 2026. La compañía registró envíos por US$2.6 millones FOB, equivalentes al 1.8% del total exportado.

El resultado marca un fuerte contraste frente al desempeño alcanzado el año previo, cuando la empresa encabezó el mercado con exportaciones por US$160.5 millones y una participación de 14.6%, consolidándose como uno de los principales actores del comercio exterior cafetero peruano.

Perhusa, reconocida comercialmente por la marca Altomayo, desarrolló una estrategia enfocada tanto en la exportación de café verde como en productos de valor agregado. La empresa inició su expansión internacional en la década de 1980 y fortaleció su presencia en Europa tras establecer una filial en Alemania en 1989.

Durante los años 90, impulsó el crecimiento de Altomayo junto a caficultores del valle de San Martín, en un contexto marcado por el dominio de marcas internacionales en el mercado local. Más recientemente, en 2023, recibió una línea de financiamiento de S/53 millones por parte de BBVA destinada a fortalecer sus operaciones sostenibles y ampliar su capacidad exportadora.

Actualmente, exporta a más de 15 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Bélgica. En paralelo, fortaleció su operación industrial mediante plantas de acopio y procesamiento en Chiclayo y Callao, además de avanzar en procesos de modernización tecnológica para reforzar su operación exportadora.

Otras empresas destacadas en mercados internacionales

El cuarto puesto del ranking fue ocupado por Valley Coffee Trading S.A.C., con exportaciones valorizadas en US$5.8 millones FOB y una participación de 4% del total exportado durante el primer trimestre de 2026. En quinto lugar se ubicó la Cooperativa Agraria Norandino Ltda. Coop. Norandino, con envíos por US$5 millones y una participación de 3.43%.

Entre las demás compañías destacadas figura ED&F Man Volcafé Perú S.A., que registró exportaciones por US$4.7 millones y una cuota de 3.25% del mercado. También resaltaron H.V.C. Exportaciones S.A.C., con US$4.2 millones y una participación de 2.88%, además de Café Medellín E.I.R.L., cuyos envíos alcanzaron los US$4.1 millones FOB.

Más atrás aparece Amaz Coffee Trading S.A.C., con exportaciones por US$4 millones y una participación de 2.76%. En tanto, Selvacacao Sociedad Anónima Cerrada y Finca Churupampa Perú S.A.C. registraron envíos por US$3.3 millones cada una, consolidándose entre las principales empresas exportadoras de café del país durante el periodo analizado.

Los principales destinos del café peruano

Entre enero y marzo de 2026, Estados Unidos se consolidó como el principal destino del café peruano, con importaciones por US$47.9 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 91.6% respecto al mismo periodo de 2025. Además, concentró el 32.53% del total exportado, manteniéndose como el mercado más relevante para el grano peruano.

Bélgica se ubicó en el segundo lugar, con compras por US$20.5 millones y un incremento interanual de 154.08%. En tanto, Alemania alcanzó importaciones por US$13.3 millones, registrando un crecimiento de 7.38% frente al año previo.

Colombia también destacó entre los principales destinos, con adquisiciones valorizadas en US$12.4 millones y una expansión de 52.64%. Canadá, por su parte, registró compras por US$10.9 millones, mostrando un avance de 12.57% respecto al 2025.

Más atrás figura Reino Unido, cuyas importaciones de café peruano sumaron US$6.9 millones, registrando el mayor crecimiento entre los principales mercados al expandirse 656.09%. Francia también mostró un desempeño positivo, con compras por US$5.7 millones y un incremento de 313.32%.

En contraste, algunos mercados registraron retrocesos durante el periodo analizado. México redujo sus importaciones de café peruano en 19.86%, mientras que Japón presentó una caída de 18.88%. También se observaron menores compras desde Suecia, cuyo valor importado retrocedió 24.8% frente al mismo periodo de 2025.

Ante el crecimiento sostenido del mercado de bebidas, Embotelladora Caral S.A.C. —vinculada al grupo AJE y a marcas como Kola Real, Cielo y Sporade— avanza con un proyecto de expansión que contempla una inversión millonaria para reforzar su capacidad productiva en Lima.

De acuerdo con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Implementación del Nuevo Almacén de Productos Terminados, ampliación de Almacén de Materia Prima e Insumos, Implementación de 02 nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas e implementación de Conexión de Nitrógeno”, presentado al Ministerio de la Producción (Produce), Embotelladora Caral S.A.C. busca fortalecer la capacidad operativa de su planta ubicada en el ex Fundo Huaral, en Lima, ante una mayor demanda en el mercado de bebidas.

En ese contexto, la iniciativa contempla la implementación de nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas, la ampliación de almacenes y mejoras operativas orientadas a optimizar los procesos productivos y logísticos de la empresa.

El proyecto contempla una inversión superior a S/ 13 millones y será ejecutado dentro de las instalaciones ya aprobadas de la Planta Caral, de acuerdo con el expediente presentado por la empresa.

Nuevas áreas para almacenamiento y producción

El nuevo almacén de productos terminados tendrá una superficie de 6,800 metros cuadrados (m2), mientras que la ampliación del almacén de materia prima e insumos abarcará otros 2,000 m2.

A ello se sumarán 4,400 m2 destinados a las dos nuevas líneas de producción de agua y bebidas carbonatadas, las cuales responden a un incremento en la demanda de los productos por parte del mercado.

Asimismo, la empresa indicó que la implementación del almacén de productos terminados permite una mejora del control de trazabilidad, reducción de tiempos de despacho y disminución de pérdidas por deterioro o errores de inventario.

Obras y mejoras operativas

Otro de los componentes incluidos en proyecto es la Implementación de Conexión de Nitrógeno, la cual responde a una mejora del producto, donde se inyecta pequeñas cantidades de nitrógeno para evitar la flacidez de la botella durante el envasado.

El expediente también precisa que la planta ya cuenta con un tanque de nitrógeno habilitado para las operaciones aprobadas. Asimismo, el proyecto contempla nuevas conexiones de nitrógeno (a través de cilindros) a líneas aprobadas.

En paralelo, el ITS señala que el plazo para la ejecución del proyecto es de ocho (8) meses e incluye actividades de obras provisionales preliminares, obras civiles, montaje mecánico, montaje eléctrico, montaje de tuberías y puesta en servicio.

Expansión progresiva en Huaral

La Planta Caral ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por Produce desde el 2021. Además, Embotelladora Caral obtuvo aprobaciones ambientales adicionales en 2024 y 2025 para implementar componentes auxiliares de recepción, almacenamiento y despacho, así como un almacén de producto terminado y una central de respaldo energético.

La planta se ubica sobre un terreno de más de 157,000 m2 en Huaral y el ITS indica que la vida útil estimada tanto de la operación como de los nuevos componentes será de aproximadamente 30 años.

Produce recibirá comentarios y observaciones sobre la propuesta presentada por Embotelladora Caral hasta el 21 de mayo de 2026, como parte del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto.

La empresa peruana M4S (Microrredes Sostenibles SAC), especializada en la construcción de sistemas fotovoltaicos, avanza en la ejecución de proyectos de generación energética para clientes industriales y mineros, mientras negocia iniciativas en otros sectores y consolida alianzas para sistemas híbridos. En paralelo, impulsa iniciativas en el mercado local y comienza su expansión internacional con proyectos en ejecución.

José Armando Gastelo-Roque, gerente general de M4S, resaltó que la empresa cerró el primer trimestre de 2026 con ventas superiores al millón de dólares, impulsadas por la implementación de la planta solar más alta de Latinoamérica, ubicada en la unidad minera Cochacucho (Puno) del Consorcio Minero Horizonte.

El proyecto demandó una inversión de US$ 700,000 y cuenta con una capacidad de 600 kilovatios (kW). “Ha tenido resultados favorables y ya trabajamos en su ampliación, que se ejecutará este año para alcanzar 3 megavatios (MW)”, señaló a Gestión.

Además, la compañía avanzó en el sector industrial con la instalación de un techo solar en la planta de San Miguel Industrias PET (SMI).

“Culminamos el proyecto y ya está operativo, generando energía solar, ahorros y un menor impacto ambiental. Fue construido para nuestro cliente Ferrenergy, bajo un esquema PPA (Acuerdo de Compra de Energía) en el que nuestro socio financia el proyecto y vende la energía a SMI”, comentó.

M4S impulsa microrredes para empresa avícola y avanza con energía híbrida

De cara a lo que resta de 2026, M4S mantiene nuevas iniciativas en cartera. Una de ellas se orienta al sector avícola e involucra la instalación de microrredes —sistemas aislados de la red eléctrica que combinan energía solar y baterías— para la empresa Tecavi, en el norte del país.

“El próximo mes iniciaremos la construcción para Tecavi. El sector avícola se ha sumado a nuestro portafolio, ya que muchas operaciones están alejadas de las ciudades y dependen del diésel, lo que eleva sus costos”, señaló Gastelo-Roque.

A la par, la empresa dio un paso estratégico a fines del año pasado para ampliar su mercado mediante un joint venture con EJE Soluciones Energéticas, firma peruana especializada en infraestructura de gas natural, con el objetivo de ofrecer sistemas híbridos que combinan gas natural y energía solar.

“Buscamos ofrecer a las mineras una alternativa para reducir sus costos de diésel, tanto en mantenimiento como en combustible, cuyo precio se ha incrementado aún más en el contexto de la guerra”, explicó.

Sin embargo, reconocen la confiabilidad del diésel. En ese sentido, buscan proveer una solución que la mantenga, pero que al mismo tiempo genere ahorros y reduzca el impacto ambiental.

“Vendimos nuestro primer sistema híbrido de energía solar y gas de 2.5 MW para una mina de oro en Atico (Arequipa). La operación de la planta está prevista para mediados de año, y ya presenta un avance de 70% en obras e incluye 3,360 paneles solares, 14 inversores y equipos de gas natural; tras la fase final de construcción, continuará con la obtención de permisos”, indicó.

M4S impulsa expansión en Ecuador y avanza hacia 5 MW instalados

Los avances de M4S se alinean con la meta de alcanzar una capacidad instalada de 5 MW hacia junio de este año, objetivo que viene cumpliéndose, pues solo el proyecto en la mina del sur aporta cerca de 3 MW. “Nuestra meta para este año es alcanzar ventas por US$ 5 millones”, expresó Gastelo-Roque.

Si bien el mercado nacional sigue siendo el principal foco de crecimiento de M4S, la empresa ya inició su expansión internacional. “Hemos constituido una empresa en Ecuador debido a que ese país tiene constantes problemas energéticos, principalmente de cortes eléctricos”, explicó.

Por ejemplo, en Quito, mencionó que ha habido cortes de hasta 14 horas en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que tienen una ventaja al vender soluciones que funcionan de forma aislada a la red eléctrica, mediante paneles solares y sistema de baterías.

En ese mercado, la compañía ya cuenta con cuatro proyectos en cartera. “Tenemos tres proyectos en el sector retail que suman 1 MW, dos en Quito y uno en Guayaquil, además de una iniciativa en Santo Domingo de los Tsáchilas, un proyecto de 550 kWp para una importante empresa del sector de alimentos con presencia en Ecuador y Perú”, adelantó.

Los proyectos ya están firmados, vendidos y en plena construcción, y se prevé que entren en operación antes de mediados de año. “Ya hemos invertido casi US$ 500,000 en estos proyectos”, afirmó.

Más datos sobre M4S:

• Expansión. Este año, M4S concretó su ingreso al mercado ecuatoriano con oficinas en Guayaquil y Quito, bajo la razón social Microrredes Sostenibles Ecuatorianas S.A.
• Sectores. Actualmente, M4S concentra el 40% de sus ingresos en el sector minero, con clientes como Poderosa y Minero Horizonte.
• Operación. La compañía inició operaciones en 2021 en el sector de autoconsumo para alimentar de energías solar a las operaciones de empresas en el sector industrial.
• Portafolio. La empresa provee soluciones de sistemas fotovoltaicos y microrredes solares con almacenamiento en baterías. El año pasado, incorporó a su portafolio soluciones híbridas que combinan gas y energía solar.

A casi un año de haber iniciado operación comercial (junio 2025) el megapuerto de Chancay parece estar consolidando su posición como el segundo terminal portuario con el mayor movimiento de carga en contenedores del país después del Callao.

En el 2025, de los 4′095,160 contenedores de 20 pies (TEU) que se movieron por 11 terminales portuarios de uso público a nivel nacional, 3.3 millones se atendieron por Callao; en segundo lugar 414,637 salieron por Paita; en tercer lugar 231,578 lo hicieron por Chancay, y volúmenes menores por el resto de puertos.

Terminal acelera crecimiento

Entre enero y marzo del 2026, el puerto del Callao -a través de sus dos terminales concesionados: el Terminal Norte Multipropósito y el Muelle Sur-, despachó 804,075 TEU, volumen inferior en 0.5% respecto a igual periodo del 2025, según reporte de ComexPerú.

En el mismo periodo, el puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay, movilizó 99,560 TEU.

Con ese resultado, Chancay se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en la atención de carga contenedorizada, desplazando a su competidor inmediato Paita, que atendió 79,622 TEU en el verano, a pesar de que este volumen había aumentado en 11.8% con respecto al primer trimestre del 2025.

En cuanto a carga no contenedorizada, de enero a marzo el que más movió fue Callao, con 10.9 millones de toneladas métricas (-6.6% respecto al primer tramo del 2025), seguido por Matarani, con 2 millones (-9.9%). Chancay se situó en el tercer lugar Chancay, con 1.3 millones de toneladas, y en cuarto lugar Pisco, con una cantidad menor, entre otros.

Estas últimas cifras muestran también un avance del terminal a cargo de Cosco Shipping en atención a la carga general (que no va en contenedores), pues el 2025, habiendo despachado 3 millones de toneladas, se posicionaba en el puesto 12, por debajo de Callao, Paita, Pisco, Salaverry, Matarani, entre otros.

Interconexión pendiente

Más allá de este crecimiento, Cosco Shipping Ports Chancay (CSPCH) espera seguir consolidando su posición como puerto hub, con el desarrollo de nuevas conexiones en Sudamérica, aunque, según la empresa, una barrera sigue siendo la falta de infraestructura en el país.

Durante su participación en el XXIII Foro de Puertos, que organizó la CCL, Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de CSPCH remarcó que uno de los temas pendientes es la interconexión de Chancay con el puerto del Callao, pero que aún no se desarrolla por ejemplo el proyecto para conectar la Panamericana Norte con la Av. Néstor Gambetta.

En cuanto al proyecto para desarrollar el Par Vial Serpentín-Variante de Pasamayo, que conecta el norte de Lima Metropolitana (Ancón) con Chancay, el ejecutivo de esa empresa indicó que esperan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lo ejecute a partir del 2027.

Según un análisis de la Universidad del Pacífico, ese proyecto -que incluía una vía exclusiva para camiones y cambiar el sentido de circulación de estos en el par vial-, estaba en fase de estudios de ingeniería, pero sin fecha de inicio de obras hasta inicios de este año.

Nuevas rutas

Luego, en diálogo con Gestión, Guillén Flores refirió que ya han incorporado a Chile, Ecuador, Colombia y otras rutas de Sudamérica en los itinerarios que conectan Chancay con destinos hacia China y la región asiática, y que la decisión es incorporar nuevas rutas, entre ellas Brasil y Bolivia.

“Se van a generar nuevas rutas de interconexión, tanto alimentadoras [a través de barcos de menor escala entre puertos de la región] como de conexión al Asia [en grandes buques]. En eso venimos trabajando con el área comercial [de la empresa]”, anotó.

Sin embargo, remarcó que, para ese objetivo de incorporar a Brasil y Bolivia, aún falta consolidar las rutas terrestres, a través de un trabajo que tiene que realizar el Estado peruano.

¿Y la siguiente fase?

Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de CSPCH, comentó: “Tenemos la Interoceánica (IIRSA) Sur, y sería muy interesante ir con la conexión [de carga brasileña o boliviana a través de esa vía] hacia el puerto de Matarani, y luego realizar transbordo hacia el puerto de Chancay. Todavía hay trabajo [que hacer] en ese sentido”.

Sin embargo, tras haber concluido la primera etapa de ese megapuerto (por US$ 1,300 millones), el ejecutivo refirió que Cosco Shipping aún no ha tomado una decisión de ir por la segunda etapa, que comprende una inversión de US$ 2,500 millones adicionales.

“El gatillo para el desarrollo de una segunda etapa depende del mercado, no hay ningún tiempo estimado todavía [para tomar esa decisión]. Vamos a ir viendo cómo año a año va evolucionando el crecimiento de la carga logística dentro de terminal, de eso va a depender”, anotó.

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La crisis global de memorias y semiconductores está redibujando el mapa de la industria móvil. Vivo, fabricante chino que ocupa el cuarto lugar en el mercado mundial de smartphones con una participación del 8%, no es ajeno a ese contexto y tiene una hoja de ruta definida para el mercado peruano. En conversación con Gestión, José Flores, vicepresidente comercial para Perú y Chile, revela la estrategia de la marca para lo que resta de 2026.

La industria de smartphones vive un momento de tensión que pocos consumidores perciben en la superficie, pero que los fabricantes sienten con claridad en sus cadenas de suministro. La explosión de la inteligencia artificial disparó la demanda global de semiconductores y memorias, componentes que ahora escasean y cuyo precio no para de subir.

“Hemos entrado a competir con una nueva industria para el suministro de los componentes más importantes de los equipos”, explicó el ejecutivo al diario.

El resultado de esa competencia es una contracción de la demanda en el mercado en varias partes del mundo, donde los precios de los smartphones han subido entre 15% y 20% en comparación con el año anterior. Perú, sin embargo, ha corrido una suerte distinta, al menos por ahora.

Anticiparse o pagar el precio: Esta es la estrategia de Vivo

Vivo decidió actuar antes de que el golpe llegara al consumidor final. La estrategia fue acelerar sus importaciones en el primer cuatrimestre del año: de enero a abril de 2026, los ingresos de equipos crecieron 60% respecto al mismo periodo del año anterior. “Hemos acelerado nuestras importaciones para evitar estas subidas de costos que suceden cada trimestre”, señaló Flores.

La jugada le permitió a la marca construir un “colchón” de inventario y sostener sus precios. Pero Flores es claro en que se trata de una solución de corto plazo. “Para el largo plazo será revisar los portafolios y seguir negociando con los proveedores para obtener configuraciones que no afecten tanto al consumidor”, indicó.

Sin embargo, esa revisión tendría un impacto en lo que el usuario encontrará en las tiendas. La marca apuesta por equipos con memorias de 256 GB en lugar de 512 GB, y con 6 GB de RAM en vez de 8 GB. No es un recorte arbitrario: es una reconfiguración del portafolio para mantener precios accesibles sin sacrificar el margen. “Los costos siguen subiendo y algo va a tener que ser trasladado al consumidor, pero todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para que eso no se dé de manera directa”, admitió el ejecutivo.

Un portafolio que no frena de Vivo: Nuevos lanzamientos

Pese al contexto, Vivo no pausó su agenda de lanzamientos. En los últimos 60 días, la marca introdujo seis equipos nuevos al mercado peruano: el Y11, Y21, Y31, V70 FE, V70 y el X300 Pro, su apuesta de alta gama para este año. Este último sorprendió incluso a la propia compañía: el 60% de las ventas proyectadas para el trimestre se concretaron en el primer mes. “La respuesta del mercado ha sido extraordinaria, superior a lo que esperábamos”, dijo Flores.

Ese resultado le abre la puerta a un movimiento más audaz: el lanzamiento del X500 Pro, el equipo de gama ultra premium de la marca, previsto para octubre o noviembre de este año. Para entonces, Vivo espera haber completado también un nuevo ciclo de renovación de su portafolio, cuyos detalles aún están en evaluación.

La expansión de Vivo en Perú no se limita a sus smartphones. La marca avanza en conversaciones con retailers donde aún no tiene presencia y mantiene negociaciones activas con operadoras. Actualmente opera con Claro y Entel, y busca ampliar esa base. “Habrá más penetración nuestra en distintos retailers y clientes hacia lo que queda del año”, anticipó Flores.

En paralelo, la compañía prepara el ingreso de wearables al mercado peruano —relojes y auriculares— como parte de una diversificación que ya tiene fecha tentativa para este año. Y con la mirada puesta en el mediano plazo, Vivo desarrolla a nivel global lentes de realidad aumentada, actualmente en etapa de desarrollo final, que llegarán al mercado peruano en el momento en que la empresa considere que existe una demanda real para el producto.

El año pasado, Vivo duplicó sus ventas en Perú. Para 2026, la ambición es la misma. Al cierre del primer trimestre, la marca registró un crecimiento de 25% frente al mismo periodo del año anterior, incluso en medio del cambio de portafolio. “Nuestra meta es replicar el comportamiento del año pasado, y seguir creciendo independientemente de lo que suceda con el mercado”, afirmó Flores.

Más datos sobre Vivo

• Canales de venta. Vivo está presente en la mayoría de canales del mercado formal: operadoras y retailers principales. El canal informal —es decir, retailers independientes— no forma parte de su estrategia actual. Para este año, la marca tiene como prioridad el desarrollo del ecommerce.
• Presencia. La marca opera a nivel nacional con más de 250 vendedores desplegados en todo el país y equipos gerenciales en las zonas norte, sur y centro. Lima, no obstante, concentra la mayor parte de sus ventas.
• Expansión. Vivo tiene presencia en México, Centroamérica, El Caribe, Colombia, Perú y Chile. Brasil es su incorporación más reciente, con operaciones en etapa inicial, mientras que Ecuador y Bolivia serán sus próximos mercados en la región.
• Market Share. En Perú, en los canales en los que participa la marca, el market share puede alcanzar un pico de 12%, aunque en los niveles más bajos suele ubicarse entre 6% y 7%.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) empieza a acelerar sus planes para supervisar, a nivel tributario, las operaciones con criptomonedas en el Perú.

Tras más de un año de anunciarse que se evaluaría la aplicación de un Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas, por ahora la Sunat viene trabajando en un marco normativo que le permitiría acceder a información sobre criptoactivos e identificar posibles casos de evasión tributaria, dijo Javier Franco Castillo, jefe de la Sunat.

En conversación con Gestión, Franco Castillo indicó que a nivel de América Latina se está buscando fortalecer un marco para poder intercambiar información de criptoactivos e identificar posibles rentas no declaradas en el mundo digital.

“Perú está muy avanzado en la parte operativa, Sunat ya está preparado [para cuando se concrete]. Pero, lo que se está trabajando, porque es una norma multisectorial, es en los marcos normativos […] Nosotros esperamos que a partir del segundo semestre se pueda recoger ello, tener ya la norma para recibir información de criptoactivos y trabajar en la identificación de posibles evasiones tributarias”, comentó a Gestión.

En este contexto, aunque todavía no hay un proyecto oficial para crear un impuesto específico a las ganancias obtenidas con criptomonedas, Franco dejó abierta esa posibilidad: “Si sale el marco normativo, la Sunat ya está preparada para poderlo implementar de manera inmediata”.

Esta medida formaría parte de los proyectos que impulsarían durante la segunda mitad del año, por lo que sería posible tener en 2027 un impuesto a los criptoactivos. Otros proyectos que se impulsarán a partir del segundo semestre, con el cambio de gobierno, es la simplificación del sistema tributario, reduciendo la complejidad para cerrar las brechas de evasión tributaria.

Sunat optimista con la recaudación

Luego de alcanzar una recaudación de S/ 175,000 millones en 2025, para este año la Sunat apunta a una recaudación total de S/ 188,000 millones. Si bien el auge en el precio de los metales ha sido un motor fundamental para los ingresos, la estrategia actual de la Sunat busca diversificar sus fuentes.

“El aporte de los precios de los metales ha sido muy importante, pero también existen otras medidas como fiscalizaciones más efectivas, una recuperación más oportuna de la deuda, hemos reducido la tasa de morosidad considerablemente en comparación con otros años, y estamos teniendo el pago de patrimonios internacionales. Entonces es una suma de factores que lo que hace es no depender exclusivamente del valor de los metales”, dijo.

Esta capacidad, indicó, permite que incluso ante una eventual caída sorpresiva en el valor de los metales, la expectativa de alcanzar los S/ 188,000 millones se mantenga intacta para este año.

En paralelo, el representante de la Sunat recordó que también se viene trabajando en la implementación del Perfil de Cumplimiento, herramienta que califica el comportamiento de los contribuyentes y ha sido reprogramada para junio de 2027.

Esta postergación, precisó, responde a la necesidad de ajustar variables técnicas tras coordinaciones con los gremios empresariales. Actualmente, las estimaciones de la Sunat indican que más del 60% de los contribuyentes están en las categorías A y B, es decir, tienen una calificación positiva.

Por otro lado, solo un pequeño grupo, que representa entre el 5% y el 8%, presenta una calificación crítica.

“Un 60% tiene la calificación más alta. Es un porcentaje menor de un dígito, que es hacia donde está enfocada la administración tributaria de asistirlos y facilitarlos, por eso hay que tener tranquilidad porque hoy actualmente la mayor cantidad de contribuyentes tiene una adecuada calificación”, señaló

Como se recuerda, este sistema evaluará que se emitan comprobantes, declaren a tiempo, registre sus operaciones, y que pague lo que le corresponde al realizar el pago de sus tributos.

La falsificación de productos eléctricos en Perú no es “solo” comercio informal, es hoy una economía criminal: corrupción, explotación laboral y lavado de activos se vinculan con ella. Así lo recabó la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI) en su segunda edición del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales (OPEI), compartido en exclusiva con Gestión.

¿Cuáles son las cifras detrás de este mercado negro?

Infracción dentro de casa

En detalle, en el mundo de la construcción, las economías ilegales suman US$ 700 millones, de los cuales US$ 60 millones corresponden a productos eléctricos, arrojó el estudio.

Con la lupa sobre los US$ 60 millones, se detectó que US$ 20 millones se despliegan en el segmento industrial y US$ 40 millones en el residencial. Es decir, 33.33% del monto se mueve en plantas, almacenes y fábricas; mientras que el 66.67% se concentra en casas, departamentos y edificios.

Orlando Ardito, gerente general de EPEI, especificó que los productos adulterados protagonistas, sobre todo en la construcción informal, son el cable eléctrico, los dispositivos de protección termomagnéticos y diferenciales, los tomacorrientes y los sistemas de iluminación, principalmente focos, paneles, spots y downlights.

“[Esto ocurre] a pesar de que el sector eléctrico dentro del sector construcción representa entre un 5 y 8% de la partida, porque el gran volumen es infraestructura: cemento, fierros, ladrillos y todo el proceso”, sostuvo.

Además, explicó el hallazgo de una tendencia nociva durante la ejecución del estudio: “El ferretero, el comerciante o el ambulante le preguntan al comprador si vive en casa propia o alquilada. Porque la sugerencia es que, si vive en alquilada, compre lo “baratito”; pero si es casa propia, debe hacer un esfuerzo”.

De acuerdo con el informe, se trata de una cultura que premia la “viveza”, minimiza el riesgo y normaliza el consumo de imitaciones como parte cotidiana del mercado. No obstante, esta conducta plural ya se refleja en cifras lamentables: el Cuerpo General de Bomberos le informó al gremio que en Perú se producen 37 incendios al día y que 7 de cada 10 son a causa de una mala instalación eléctrica. La asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) también se sumó a la estadística e indicó que en último año hubo 700 lesionados por quemaduras de origen eléctrico.

“Nosotros hemos venido permanentemente insistiendo en nuestro discurso que el Estado es responsable de asegurar que el usuario pueda elegir entre un producto bueno y un producto mejor, no entre un producto subestándar que no cumple especificaciones y uno falsificado, sin mínimos de seguridad y que además viola la propiedad intelectual”, comentó al respecto Ardito.

En esa línea, recordó que la comercialización de productos eléctricos falsificados, ilegales y de baja calidad genera pérdidas económicas equivalentes al 1 % del PBI.

Las “puertas” a la ilegalidad

El ingreso anual de 12 millones de productos eléctricos falsificados evidencia una estructura organizada que trasciende la simple evasión tributaria. Según el estudio, su comercialización involucra cadenas de distribución clandestinas, financiamiento prohibido y redes que conectan galerías comerciales, importadores y mafias. Los mismos grupos que participan en minería ilegal, narcotráficos o lavado de dinero han encontrado en este “nicho” una actividad rentable, de menos exposición y alta circulación.

Ardito puntualizó por qué: “Los productos eléctricos [adulterados], considerando que en Perú no existe una regulación que limite su ingreso como mercadería restringida, pasan por Aduanas y, a la vista de un funcionario, pueden ingresar. [...] En otros países es obligatoria una prueba interna para validar la muestra por lote, lo que se llama certificación por lote”.

En otras palabras, el artículo falsificado ingresa de manera natural y se distribuye sin la sospecha de que incumple una calidad óptima. “Difícilmente los productos ingresan por contrabando”, completó el vocero.

Lima se configura como la principal zona de acceso debido a la facilidad que brinda el puerto del Callao. En paralelo, el norte del país recibe mercancía a través del puerto de Paita; mientras que el sur, Tacna y Puno funcionan como otros puntos de entrada.

Asimismo en el estudio se remarcó que, pese a los allanamientos, la oferta ilegal se mantiene alta y las ventas en línea mediante webs y redes sociales continúan expandiéndose.

Estado, privado y ciudadanía

Desde el sector privado, Ardito advirtió que la lucha contra la falsificación y las economías ilegales no puede recaer únicamente en las empresas afectadas. Gremios como construcción, textiles e industrias, con los cuales el EPEI está en constante diálogo, sostienen que el Estado debe asumir un rol más activo en fiscalización, regulación y control.

“Es difícil [solucionarlo] en la medida de que no haya un trabajo integrado del sector privado con el sector público”, expresó el vocero.

Añadió: “Hay tantos delitos de por medio y tanto dinero con el cual se podría hacer muchísimas cosas, pero necesitamos enfrentar el problema desde todos los ámbitos, no solo es el Ministerio de la Producción (Produce) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Están también el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Trabajo (MTPE). Da para mencionar a todas las carteras y decir que no se está haciendo un trabajo competente”.

Finalmente, aparte del debilitamiento institucional y del fortalecimiento de circuitos criminales cada vez más sofisticados, el problema adquiere una dimensión pública porque sus consecuencias ponen en riesgo las vidas humanas.

• El dato:

Perú ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, en la comercialización de productos falsificados, según cifras del Índice Global de Economías Criminales 2025. China y Paraguay comparten el primer lugar.

La canadiense First Andes Silver anunció un importante avance en su proyecto minero Santas Gloria, ubicado a unos 55 kilómetros al este de Lima, tras identificar una anomalía de oro de 1.2 kilómetros de longitud durante la primera fase de muestreo de suelos. El hallazgo fortalece el potencial minero del proyecto y vuelve a poner al Perú en el radar de las compañías internacionales dedicadas a la exploración de metales preciosos.

La empresa informó que la anomalía detectada coincide con vetas epitermales previamente cartografiadas, lo que aumenta las expectativas sobre la presencia de mineralización de oro y plata en la zona. Según la compañía, los resultados muestran continuidad y extensión a lo largo del terreno explorado, un factor clave para futuras campañas de perforación.

Los estudios realizados también identificaron un núcleo con concentraciones más altas de oro dentro del corredor mineralizado. Además, se delimitaron seis anomalías adicionales de plata en distintas áreas de la propiedad, ampliando las posibilidades de encontrar nuevos objetivos de exploración en el proyecto ubicado en territorio peruano.

Próximos pasos de First Andes Silver en Perú

Como parte de los siguientes pasos, First Andes Silver iniciará en este mes una segunda fase de muestreo de suelos enfocada en la parte sur de la propiedad Santas Gloria. El objetivo será completar la cobertura total del sistema de vetas epitermales y ampliar la información geológica disponible antes de avanzar hacia nuevas etapas de exploración.

La empresa también planea integrar los resultados geoquímicos con trabajos de cartografía geológica, estudios geofísicos y datos de perforaciones anteriores para priorizar las áreas más prometedoras. Asimismo, evalúa realizar muestreos adicionales y trabajos de detalle que permitan definir futuros objetivos de perforación de alta prioridad.

Las muestras obtenidas durante la primera fase fueron analizadas en laboratorios especializados en Lima bajo estándares internacionales de control de calidad. Con estos nuevos resultados, First Andes Silver busca consolidar el proyecto Santas Gloria como uno de sus principales activos de exploración en Perú y continuar fortaleciendo su presencia en el país.

Potencial del proyecto Santas Gloria

El descubrimiento en Santas Gloria representa una señal positiva para el sector minero peruano, especialmente en un contexto donde las empresas buscan nuevos depósitos de oro y plata ante la creciente demanda internacional de minerales. Perú continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la exploración minera en América Latina debido a su riqueza geológica y su amplia tradición minera.

First Andes Silver destacó que los resultados obtenidos en Santas Gloria permiten identificar con mayor precisión las zonas con mayor potencial mineral. La compañía aseguró que el análisis de suelos está funcionando como una herramienta clave para definir los próximos puntos de perforación y acelerar el avance del proyecto.

El gasto tributario del sector agropecuario en el Perú, donde se enmarcan las exoneraciones y otros beneficios tributarios, ascendió a los S/ 6,700 millones al cierre del 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero, su impacto sobre el desarrollo del país es diverso: si bien en algunos casos no se justifica, en otros se evidencia su componente dinamizador.

Un caso a destacar son las agroexportaciones, uno de los temas abordados, precisamente, durante el reciente debate presidencial de equipos técnicos entre Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP).

Desde JP, su vocero técnico Pedro Francke, y también exministro de Economía y Finanzas durante el Gobierno de Pedro Castillo, planteó su severo rechazo a las exoneraciones tributarias en el sector de las agroexportaciones. Dicho sentido lo replicaron otros voceros de su partido político.

El sector de las agroexportaciones es uno de los que más ha crecido en los últimos años. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reportó que, en 2025, se registró un récord de ventas de US$ 15,013 millones, significando un crecimiento interanual de más de 17%.

En tanto, a marzo último, los empleos formales vinculados a las agroexportaciones superaron los 892,670. Esto está compuesto de los sectores: agroindustria, agricultura, pesca y acuicultura, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). Todo este bolsón empresarial estaría en riesgo.

¿Qué dicen los planes de gobierno?

Precisamente, en su plan de gobierno presentando ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Juntos por el Perú, que candidatea a Roberto Sánchez, cita entre sus propuestas “eliminar o reformar el 100% de exoneraciones tributarias regresivas”. En varias partes se menciona al beneficio que reciben las agroexportaciones.

El documento que presentaron también entra en contradicciones porque, en un primer momento de análisis del sector agrícola, Juntos por el Perú destaca la política agraria en favor de la agricultura de exportación.

“Para favorecer la agricultura de exportación se han implementado una serie de políticas y programas los cuales han servido como instrumentos articulados para el boom agroexportador de los últimos años. Las más importantes se señalan a continuación: (…) ‘Beneficios tributarios a la agroexportación’”, se cita como uno de los seis factores que fomentan este rubro.

Este diario también revisó el plan de gobierno de Fuerza Popular, que candidatea a Keiko Fujimori, pero no se identificaron menciones alrededor de las exoneraciones tributarias al sector de la agroexportaciones.

En el ámbito tributario, plantean una “exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por tres años a los jóvenes emprendedores inscritos en el RUC, ya sea como negocio unipersonal o sociedad entre jóvenes, para estimular la creación de micro y pequeñas empresas lideradas por jóvenes”.

Impacto directo en el empleo formal creado

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que el sector agrario requiere de un componente dinamizador porque todos los países, incluso los desarrollados, aplican condiciones favorables para potenciarse. No hacerlo significaría perder competitividad.

Amaro resaltó que con el fuerte crecimiento que ha tenido este rubro el país no solo aumentó su recaudación tributaria, sino que atrajo mayor inversión privada y genero miles de empleos formales, destacando los creados en zonas rurales.

“Veamos el caso de Ica, que es una de las regiones con menos pobreza. Ahí nació la agroexportación”, indicó. “Afectar las condiciones del sector [eliminar exoneraciones] significará que se pierdan los empleos más difíciles de crear, en el ámbito rural”, agregó.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, coincidió en que la discusión no debe centrarse en una tasa tributaria diferenciada, sino en los efectos múltiples que permiten mantener al Perú competitivo en el mercado mundial.

Resaltó que sobre esta base es que se generan los empleos formales, incluso, en rubros donde históricamente la pobreza y la vulnerabilidad es elevada.

“El sector agrícola es uno de los que mayor tasa de informalidad tiene”, comentó. “El riesgo de medir al sector solo desde el ángulo tributario y no desde la competitividad generará que, cuando se pierdan estos beneficios, no solo se afectarán las utilidades empresariales, sino los empleos en las regiones”, complementó.

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, también indicó que si se eliminan las exoneraciones indudablemente se afectará la capacidad de emplear del sector.

Sin embargo, señaló que, en general, debe revisarse la política tributaria del país, de modo que el efecto de generar trabajos alcance a otras industrias.

“Debe hacerse un ordenamiento de la política tributaria. Tenemos muchos regímenes, con tasas impositivas muy diferentes. Tal vez debemos tener una tasa máxima más baja, pero homogénea. Está bien que se generen empleos en la agroindustria, pero ¿solo nos queremos quedar allí?”, anotó.

Thorne cuestionó, por ejemplo, que dentro del escenario de las exoneraciones tributarias estén alcanzadas universidades, bancos, entre otros.

La demanda de gas licuado de petróleo (GLP), el combustible más consumido por la mayoría de hogares peruanos y, prácticamente, la cuarta parte del parque automotor local, además de la industria, mantiene un crecimiento sostenido. Para abastecer al Perú, se debe importar más de un 40% de ese producto.

Hasta fines del 2025, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la demanda nacional de GLP era de 71,000 barriles en promedio diario (bpd).

Este año, de acuerdo con una evaluación de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la demanda de ese combustible ha aumentado en un 7% en comparación con el 2025.

El crecimiento se ha dado, a pesar del golpe ocasionado por la rotura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) por donde se transportan los líquidos de gas natural que provienen del yacimiento de Camisea.

Insumo para GLP se contrae

En el Perú una parte de esos líquidos de gas natural se destina como insumo para la producción de GLP por parte de Pluspetrol, la principal empresa que lo provee al mercado nacional.

Pero, mientras la demanda de GLP crece, su oferta nacional declina. De acuerdo con el último reporte de Perupetro, la producción de líquidos de gas natural en abril del 2026 alcanzó los 55,704 barriles en promedio diario (bpd), volumen 14% menor que hace un año atrás.

De esa forma, entre enero y abril últimos la explotación de ese recurso alcanza un promedio anual de 63,093 bpd, volumen que resulta inferior en 12.33% respecto a igual periodo del 2025 (71,973 bpd).

Importación crece imparable

La producción nacional de GLP en el Perú alcanzó para abastecer el 100% de la demanda interna hasta el 2008. A partir del año 2009, el crecimiento del consumo superó la capacidad de refinación local, obligando al país a importar volúmenes adicionales.

Así, entre los años 2018 y 2020 el crecimiento sostenido de la demanda llevó a un incremento gradual del 10% al 20% de las importaciones, las que luego representaron entre 20% a 30% en los años 2021 - 2025.

Según el “Estudio Económico sobre la Informalidad en la Comercialización de GLP Envasado”, elaborado por Gerens, en el interior del país, Ayacucho por ejemplo multiplicó por diez su consumo de ese combustible en la última década.

A noviembre del año pasado, según el último reporte del Minem, la demanda alcanzó los 71,000 bpd: la producción local de GLP llegó a 42,000 bpd, por lo que se debió importar 29,000 bpd para satisfacer el consumo. Es decir que la importación representó el 41% aproximadamente.

Un reporte semanal de Osinergmin hasta la primera quincena de mayo refiere que actualmente el Perú está importando un volumen aún mayor, de cerca de 30,000 barriles diarios de ese carburante. La importación crece imparable.

Evolución de precios

Según ese mismo informe del organismo regulador, el precio mayorista del GLP llegó a nivel de Pluspetrol a S/ 4.53 por galón hasta la primera quincena de mayo, por encima del precio de referencia internacional, equivalente a S/ 3.28 por galón.

A escala minorista, el estudio refiere que el precio de ese gas envasado (el balón de gas que usan los hogares) subió este año en 0.28% respecto al 2025, y en 5.70% respecto al 2024, y desde abril último se viene incrementado en forma constante, afectando sutilmente el precio promedio minorista hacia el alza.

A la vez, el precio minorista promedio del GLP vehicular, que ahora está en S/ 7.65 por galón, si bien es menor que el pico de S/ 10.50 por galón de marzo, aún está por encima de los S/ 6.50 que se comercializaba en enero, es decir que 17.69% más alto que a inicios del año.

¿Qué pasa si aumenta su importación?

Consultado por Gestión sobre el tema, el exdirector general de hidrocarburos del Minem, Erick García Portugal, explicó que la producción nacional de GLP ayuda a que en el país se apliquen precios de paridad de exportación de ese producto, que son menores que los de importación.

Sin embargo, si la demanda sigue creciendo y continúa cayendo la producción de insumos para el GLP, el experto avizoró que en un escenario en que tuviéramos que importar el 100% de ese producto, lo haríamos a un precio más alto, que incorporaría los costos de seguros y fletes.

A su turno, Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, refirió que como en el Perú no se ha invertido en exploración por nuevas reservas de gas, es previsible que la producción del insumo para el GLP siga reduciéndose, por la declinación natural de los reservorios de Camisea, hasta ponernos en riesgo de ser netos importadores.

Incluso de darse esta situación, el especialista advirtió que se abriría otro problema, más allá del impacto en el precio: la falta la logística para poder recibir y almacenar mayores volúmenes de GLP para la zona de mayor consumo en Lima.

“No tenemos logística. No tenemos sistemas de almacenamiento descentralizados para manejar el GLP importado y hay un cuello de botella logístico, que se ha advertido luego que se produjera la emergencia en ducto del gas de Camisea”, aseveró.

Refirió además que hoy, por el conflicto en Medio Oriente, hay muchos buques que han dejado de priorizar recaladas de cargamentos de combustibles a Sudamérica para privilegiar otros destinos en países desarrollados.

Todo esto, anotó, significa que, de ser netos importadores, podríamos estar expuestos, no solo a alzas de precios de ese producto, sino a un desabastecimiento del mismo.

A fines de febrero, el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y el posterior bloqueo del Estrecho de Ormuz elevaron significativamente las cotizaciones internacionales de combustibles.

Aunque el precio del petróleo se ha moderado en las últimas semanas, aún se mantiene cercano a US$ 100 por barril, aproximadamente 30% por encima de su nivel previo al conflicto. Esto ha generado importantes presiones inflacionarias en el mundo y se estima que el Perú recién regresaría al rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 2027.

Impacto local

Tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, la mediana del precio de venta al público de diésel en Lima Metropolitana pasó de S/ 15.40 a S/ 23.10, un aumento de 50%.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que el 70% de este incremento se explica directamente por las mayores cotizaciones internacionales.

La depreciación del sol, producto de la mayor incertidumbre local por las elecciones, también contribuyó a dicho aumento, aunque en menor proporción (5%).

Como resultado, en abril, el BCRP registró una inflación anual de combustibles de 13.5%, su valor más alto desde 2010, sin considerar el aumento durante la pandemia. Asimismo, la inflación en transporte ascendió a 18.6%, un máximo en casi tres décadas.

Choque concentrado

El mayor impacto en los precios de Lima Metropolitana se observó en marzo. La inflación subió 2.1% ese mes, la mayor tasa mensual en 32 años. Hacia abril, las presiones persistieron: la inflación anual fue 3.7% a nivel nacional y 4.0% en Lima Metropolitana. Así, se acumularon dos meses consecutivos fuera del rango meta del BCRP (1%-3%), algo que no ocurría desde septiembre de 2023.

El impacto, sin embargo, no ha sido uniforme. Las ciudades con mayor inflación anual —Puerto Maldonado (6.0%), Moquegua (4.6%), Arequipa (4.6%), Huancayo (4.3%) y Abancay (4.1%)— fueron aquellas donde más aumentó el precio local de combustibles y transporte.

En el extremo opuesto, Tumbes (0.8%) y Trujillo (1.8%) se mantuvieron dentro del rango meta.

Un aspecto clave es que, a diferencia del periodo inflacionario 2022-2023, el aumento reciente no es generalizado. Solo el 33% de los rubros del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra variación anual mayor a 3%, menos de la mitad del máximo alcanzado en 2022 (75%).

Presiones en el mediano plazo

Además de los combustibles, otros insumos clave se han encarecido internacionalmente. En abril, se elevaron los precios de los insumos usados en la producción de alimentos procesados, envases y materiales de construcción, con alzas de entre 6% y 8%. Ello impulsó al Índice de Precios al Por Mayor, que acumula 5.0% de crecimiento en lo que va del año.

Su traslado al precio final que paga el consumidor suele ser gradual, por lo que representa una presión inflacionaria que aún estaría por materializarse en su mayor parte.

El riesgo más inmediato es el de los fertilizantes: la urea alcanzó los US$ 857 por tonelada en abril, el doble que su valor a inicios de año y cercano al pico de 2022 (US$ 925 por tonelada).

Con ello, el Banco Mundial proyecta que los precios de fertilizantes subirán más de 30% en 2026, encareciendo los costos de cultivos esenciales como el arroz, la papa y el maíz choclo en los próximos meses.

Una institucionalidad que proteger

Según cálculos del IPE, la inflación cerraría en 4.1% en 2026, fuera del rango meta. Este impacto ya se refleja en la agenda ciudadana: según Ipsos, la preocupación por los precios altos pasó del séptimo al tercer lugar entre los principales problemas del país entre enero y mayo de 2026 (de 13% a 23%), solo detrás de la delincuencia y la corrupción.

El retorno al rango meta se daría recién en 2027, condicionado a que los choques de oferta sean transitorios y las expectativas de inflación a doce meses (2.8% en abril) permanezcan ancladas.

El margen de acción interno es limitado: el origen del choque es externo y su impacto temporal debería disiparse conforme se estabilice el conflicto internacional.

Por ello, la prioridad del próximo Gobierno debe ser no generar incertidumbre, sino más bien un entorno económico que favorezca la inversión y no agrave la volatilidad cambiaria.

La incertidumbre electoral ya elevó el tipo de cambio de S/ 3.39 por dólar antes de la primera vuelta a S/ 3.53 en su pico de abril, encareciendo los bienes importados.

En ese contexto, la autonomía del BCRP y el nivel de las reservas internacionales — cuestionadas por Juntos por el Perú durante la campaña electoral— son los principales escudos del país para que este tipo de choques afecte lo menor posible a la economía de las familias.

El riesgo de afectar la autonomía

Por Ana Lucía Del Río, economista del IPE

Al mantener la tasa en 4.25% por noveno mes consecutivo, el BCRP ha actuado con independencia técnica, preservando la estabilidad y sin frenar la recuperación.

Esa credibilidad —construida en casi tres décadas consecutivas de inflación de un dígito y con el Sol como la moneda más estable de América Latina— permite percibir el choque actual como uno transitorio.

Afectar esa autonomía tendrá costos concretos: solo en 2021, la incertidumbre política generó una salida de capitales de casi US$ 17 mil millones —7% del PBI del 2021—, buena parte de los cuales no ha retornado.

El próximo gobierno heredará un banco central que ha funcionado para todos los peruanos y es clave que lo siga haciendo.

Céfiro Energía S.A.C., propiedad de la española Enhol, dio un paso formal hacia la expansión de su negocio de infraestructura eléctrica en el sur del Perú. La compañía solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una concesión definitiva para construir y operar la “Línea de Transmisión en 220 kV SE Céfiro 220/33 kV – SE Intermedia 220 kV" y “SE Céfiro 220/33 kV”.

Según el aviso publicado el viernes 21 de mayo en el boletín del Diario Oficial El Peruano, el proyecto se desarrollaría en el distrito de Santiago, en la provincia y región de Ica. La obra contempla la instalación de líneas eléctricas a lo largo de 31.63 kilómetros y tendrá un área de seguridad de 25 metros de ancho para su funcionamiento y mantenimiento.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, el proyecto contempla la construcción de la subestación Céfiro, que funcionará como el nodo central donde se recibe, transforma y distribuye la energía eléctrica proveniente de la línea de alta tensión.

La subestación operaría en dos niveles de voltaje: uno de alta tensión (220 kV) para recibir la energía de la red de transmisión, y otro de media tensión (33 kV) para distribuirla hacia los usuarios finales. Ambos niveles contarían con sistemas de protección, medición, control y comunicaciones que garantizan la operación segura y eficiente de la infraestructura.

El proyecto también incluye la ampliación de la subestación Intermedia, que opera a 220 kV (kilovoltios), con la instalación de dos nuevos módulos de conexión eléctrica, estructuras de soporte para los conductores y equipos adicionales que permitan integrar la nueva línea de transmisión a la red existente.

Los proyectos de energía renovable de Enhol en Perú

El grupo español Enhol, con 18 años de presencia en Perú, desarrolla su proyecto de energía renovable más importante en la región: la Central Solar Fotovoltaica Illa (CSF Illa), ubicada en La Joya, Arequipa. Con una inversión de US$ 441 millones y más de 700,000 paneles solares en 600 hectáreas, el proyecto lleva un avance del 62% y se estima que, al entrar en operación, aportará aproximadamente el 2.5% de la energía generada en el país.

La puesta en marcha se realizará en dos etapas: en junio próximo se conectarían al sistema eléctrico nacional cerca de 120 MW, y antes de fin de año se completaría el 100% de la capacidad instalada, equivalente a 396 MW. Una vez operativo, CSF Illa será gestionado por el propio Grupo Enhol bajo un contrato de venta de energía de largo plazo suscrito con Kallpa, según informó la compañía española en febrero último.

Enhol también tiene en carpeta cuatro proyectos adicionales en Perú para los próximos tres años. El primero es Céfiro, un parque eólico de 320 MW en Ica con una inversión estimada de US$ 300 millones, cuya construcción se iniciaría a fines de 2026. A esta iniciativa le seguirían los proyectos Windica (175 MW, Ica), Huarmey (180 MW) y La Niña (Piura), todos previstos entre 2028 y 2029.

Perú ya ha acordado con otros países cómo fortalecer y reorganizar su conectividad aérea de tal manera que exista una relación comercial capaz de entender las necesidades de ambos lados.

Ha planteado, en ese sentido, la figura del memorándum de entendimiento, que es un acuerdo preliminar entre dos naciones para actualizar, flexibilizar o ampliar las reglas bajo las que operan los vuelos internacionales, indicó Lizbeth Corrales, a la cabeza de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien asistió a la última Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República.

En detalle, brindó la lista completa de países.

Los “aliados”

La vocera indicó que, a la fecha, Perú ha firmado 11 memorándums de entendimiento. Los países implicados son:

• Colombia
• Brasil
• Chile
• España
• Costa Rica
• El Salvador
• Panamá
• Bolivia
• Guatemala
• Bahamas
• Paraguay

“Estos memorándums de entendimiento han permitido ver el incremento de frecuencias de inmediato. [...] Estamos trabajando por continuar con la firma de otros, están en agenda los memorándums de entendimiento con Ecuador y Uruguay, y estamos trabajando con la comunidad europea en el acuerdo horizontal”, precisó.

Añadió que el objetivo de la política de cielos abiertos es acerca el turismo y el comercio, porque se ponen sobre el tablero una gama de factores: cuántos vuelos podrán operar las aerolíneas, qué ciudades podrán conectarse, qué compañías ingresarán al mercado, cómo funcionarán las alianzas comerciales y qué condiciones regirán la competencia aérea entre ambos países.

• El dato:

Esta es una vía que abre para Perú más posibilidades de conexiones internacionales hacia mercados de alta demanda como Estados Unidos y Canadá, porque incrementa significativamente el valor del mercado y contribuye a la consolidación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como uno de los principales hubs de la región.

Un costo fiscal multimillonario, aun de manera conservadora, significará la aplicación de los cambios en el régimen de pensiones del personal militar y policial, impulsados por el Congreso y validados por el Ejecutivo mediante la Ley 32561, de marzo último.

En un reciente informe, desde el Consejo Fiscal estimaron que los cambios al marco legal de este régimen de pensiones (Decreto Legislativo 1133) ascenderían a un costo anual neto de hasta S/ 46,000 millones en valor presente. Uno de los principales “dinamizadores” de este costo es que se retorna a un esquema de “cédula viva”.

La cifra del CF difiere significativamente de lo estimado desde el Gobierno. En una inicial observación a este proyecto de norma, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó el impacto hasta en S/ 14,900 millones anuales. El monto presentado por el Consejo Fiscal lo más que triplica.

“En un escenario conservador, porque no estamos considerando todos los ajustes a este régimen de pensiones, el costo que pagaremos todos los peruanos por esta medida es más del triple. En resumen, la diferencia está en que desde el MEF se excluyen varios aspectos, pero el análisis evidencia costos sustancialmente mayores”, explicó Alonso Segura, presidente del CF, en diálogo con Gestión.

El también extitular del MEF apuntó que una de las principales diferencias en las estimaciones radica en que desde el Gobierno consideran únicamente a los afiliados actuales al sistema, sin incorporar al personal que cada año se integrará a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.

Composición del costo fiscal

El incremento estimado para el Tesoro Público de hasta S/ 46,000 millones está compuesto por tres componentes, principalmente. Alrededor de S/ 38,900 millones corresponderían a un mayor gasto en la planilla de pensiones y S/ 14,100 millones por mayores aportes del Estado.

Este monto sería “marginalmente compensado” por el aumento de los aportes del personal militar y policial activo, ascendente a los S/ 7,200 millones.

El informe resaltó que, según el sistema vigente, la tasa de aporte del afiliado militar y policial es de 15% de sus remuneraciones. Sin embargo, a fin de cubrir los beneficios aprobados, se requeriría elevar dicha tasa de aporte a un 42% de las remuneraciones “para que el sistema sea autosostenible”. Pero esto no ocurrirá.

Segura comentó que, en su lugar, todos los peruanos tendremos que asumir este nuevo costo fiscal. “El Estado financiaría con recursos del Tesoro Público prácticamente el 64% de estas pensiones, como un subsidio directo para los pensionistas de ese régimen previsional”, recogió el informe.

En el Sistema Privado de Pensiones, todos los afiliados financian el 100% de sus pensiones con sus aportes sin recibir ningún subsidio por parte del Estado.

En este escenario, Segura indicó que uno de los principales riesgos que elevarían el costo fiscal es su vinculación a la remuneración vigente.

“Uno de los principales riesgos es la nivelación [de la pensión con el salario vigente]. Pese a que está constitucionalmente prohibido se ha hecho. Los salarios han creciendo en casi 48% en la última década. ¿Qué pasará si se deciden más aumentos?”, sostuvo.

Revisión de propuestas

Segura subrayó que esta propuesta ya promulgada contiene fuertes vicios de inconstitucionalidad. “Se afecta el equilibrio presupuestal, la gestión de la hacienda pública, el manejo de recursos humanos, son varios los artículos que se vulneran”, anotó.

Cuestionó que el Legislativo haya efectuado este ajuste pensionario sin un estudio sobre su financiamiento, saltándose las segundas votaciones y bajo un esquema de insistencia.

Agregó que no se trata de solo una propuesta que generará un fuerte desequilibrio financiero, sino que son varias decenas que están en el radar del Legislativo.

Una de las perjudiciales para las finanzas públicas es la que efectúa cambios en las pensiones del magisterio y que, según estimados del CF, desde su primer año de aplicación demandaría recursos por hasta S/ 8,000 millones.

Para el presidente del CF, todo este escenario requiere de análisis exhaustivos. La primera opción está en el propio Congreso, que tiene la facultad de derogar leyes.

“No tiene por qué ser el siguiente Legislativo, sino que el actual puede actuar. Además, es una pregunta válida para los dos candidatos presidenciales en segunda vuelta: ¿cómo se financiará todo esto?”, subrayó.

La demanda por espacios logísticos continúa mostrando dinamismo en Lima y algunas empresas del sector ya comienzan a mover más rápido sus planes de expansión. En ese escenario, Simetrica Almacenes, unidad del grupo inmobiliario Simétrica especializada en el alquiler y gestión de almacenes industriales, decidió revisar sus proyecciones para este año tras el desempeño de su primer condominio logístico en Lurín. ¿Qué está impulsando el crecimiento del mercado?

La empresa inauguró el proyecto en octubre del 2025 y actualmente registra una ocupación de 85%, nivel que espera completar en los próximos meses. Ese avance llevó a Simétrica a elevar sus proyecciones de crecimiento para este año.

“Solamente con los contratos que ya hemos cerrado al día de hoy, estamos más cerca del 15% que del 12% que habíamos proyectado”, señaló Mauricio Castro, gerente general de Simetrica Almacenes, en conversación con Gestión, en referencia a la meta que se habían planteado para este año.

Según explicó, el avance en la colocación respondió tanto al comportamiento del mercado como a la recepción del producto entre clientes corporativos. “Esperábamos que esta colocación fuera un poco lenta, pero en realidad ha ido mejor de lo que esperábamos”, comentó.

El ejecutivo sostuvo que uno de los factores detrás del desempeño fue la combinación entre infraestructura de mayor estándar y la trayectoria previa de la empresa en renta inmobiliaria industrial. “Este era nuestro primer condominio logístico, pero no somos nuevos en el mercado. Tenemos más de 20 años y clientes corporativos con contratos de largo plazo”, indicó.

Impulso del e-commerce y migración a almacenes clase A

El avance del sector logístico, según Castro, responde tanto a factores macroeconómicos como a cambios más estructurales en la operación de las empresas. Entre ellos mencionó la migración de compañías desde almacenes tradicionales o de menor estándar (clase B) hacia infraestructura clase A -con mayor altura, mejores accesos y estándares técnicos-, así como el crecimiento sostenido del comercio electrónico.

“El e-commerce el año pasado creció 17%. Son cambios que ya se consolidaron y que difícilmente retrocedan”, sostuvo Castro.

El ejecutivo agregó que el mercado todavía mantiene niveles de vacancia considerados “saludables” pese al ingreso de nueva oferta. Según sus estimaciones, el año pasado ingresaron más de 100 mil metros cuadrados de nuevos almacenes al mercado limeño. Sin embargo, la demanda continuó absorbiendo esos espacios.

“Villa El Salvador tiene una vacancia menor a 3% y Lurín está por debajo de 8%. A pesar del crecimiento de inventario, la demanda sigue acompañando a la oferta”, comentó. En ese contexto, consideró que no existe un riesgo inmediato de sobreoferta para los próximos años.

Farma y operadores logísticos elevan exigencias

El crecimiento de la demanda, explicó Castro, no proviene de un solo sector. Simetrica identifica requerimientos desde industrias tradicionales, retail, comercio electrónico, operadores logísticos y farmacéuticas. Precisamente, el sector farma se convirtió en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado logístico.

“A mí me ha sorprendido gratamente el empuje que está teniendo la industria farmacéutica. Hoy representa alrededor del 10% del inventario logístico de Lima”, señaló. En el caso de Simetrica, los clientes vinculados a farma ya representan alrededor del 16% de las colocaciones del proyecto.

El ingreso de este tipo de empresas también elevó las exigencias técnicas de los almacenes. Según explicó el ejecutivo, las compañías ya no priorizan únicamente el costo de alquiler, sino también eficiencia operativa, ubicación, certificaciones y capacidad de adaptación de la infraestructura.

“La calidad del producto es indispensable. Puedes tener un alquiler más barato, pero si tu operación se encarece o tus sistemas fallan, el costo termina siendo mayor”, indicó. Entre los principales requerimientos mencionó estándares BPA (buenas prácticas de almacenamiento), temperatura controlada, sistemas especiales de monitoreo y certificaciones ambientales.

“Hay empresas transnacionales que no podrían tomar espacios en condominios que no puedan certificar estándares verdes”, agregó Castro, quien sostuvo que el cliente logístico actual se volvió más sofisticado y que eso impulsó en gran medida el crecimiento de los condominios logísticos en Lima.

Villa El Salvador y una expansión en evaluación

Con la ocupación de Lurín cerca de completarse, Simetrica avanza en el desarrollo de un segundo condominio logístico en Villa El Salvador. La empresa prevé iniciar la construcción durante el primer trimestre del próximo año en un proyecto de alrededor de 33 mil metros cuadrados de área arrendable y una inversión cercana a US$30 millones.

Castro señaló que el nuevo proyecto incorporará cambios a partir de la experiencia recogida en Lurín, principalmente una mayor flexibilidad en el tamaño de las naves y una combinación más amplia de formatos. Según explicó, uno de los hallazgos del primer proyecto fue la existencia de una demanda significativa por espacios cercanos a los 1,000 metros cuadrados, segmento que no estaba plenamente cubierto por la oferta inicial del condominio.

“Hemos tenido bastante requerimiento por espacios de mil metros cuadrados, por ejemplo, y eso es algo que estamos incorporando en el nuevo diseño”, comentó.

La compañía también reconoció que parte importante de los requerimientos recibidos todavía corresponde a consultas exploratorias, especialmente de operadores logísticos que monitorean disponibilidad futura. Aunque Simetrica recibió solicitudes por alrededor de 600 mil metros cuadrados, estima que entre 300 mil y 350 mil metros cuadrados correspondían a demanda efectiva.

“Los operadores logísticos buscan tener claridad sobre la disponibilidad de espacios para los próximos 12 o 18 meses”, explicó Castro. Actualmente, la empresa cuenta con un banco de tierras ubicado entre Villa El Salvador, Lurín, Mala y Chilca, zonas donde prevé continuar desarrollando nuevos proyectos logísticos e industriales.

A pocos días de que concluya la actual administración, el Gobierno de Perú impulsaría la firma de la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), un documento que modifica aspectos relevantes de la relación contractual con Lima Airport Partners (LAP) vinculados a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé suscribir la adenda el próximo 29 de mayo, según el cronograma presentado ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República.

Cabe recordar que la adenda, que ha sido criticada por parte de las aerolíneas, busca “eliminar” el cobro de la TUUA de conexión nacional (que usa el AIJCH como escala para viajes entre departamentos), pero no considera en la discusión la internacional (que usa el AIJCH como escala para viajes entre países).

La adenda al contrato con LAP

La Adenda N.° 9 aborda cuatro asuntos principales: la eliminación del cobro directo de la TUUA de transferencia nacional al pasajero mediante un esquema de compensación económica a favor de LAP; la habilitación de contratos con “terceros calificados” para inversiones que excedan el plazo de la concesión; la reversión de áreas vinculadas a estaciones de la Línea 2 del Metro; y la incorporación de una cláusula anticorrupción.

Sin embargo, uno de los puntos más discutidos permanece sin cambios: la TUUA de transferencia internacional. Si todo continúa y no hay ajustes mediante la adenda, el cobro continuará vigente hasta el año 2041. Cabe recordar que comenzó a aplicarse el 7 de diciembre de 2025.

Su implementación generó cuestionamientos inmediatos entre aerolíneas y operadores turísticos, que sostienen que este cobro encarece las conexiones vía Lima y reduce la competitividad del Jorge Chávez frente a otros centros de conexión regionales como Bogotá o Ciudad de Panamá, donde no existe una tarifa equivalente.

El debate se intensifica por el contexto político. Los gremios de aerolíneas han cuestionado que una administración en periodo de transición y previo al cambio de Gobierno adopte decisiones que podrían extender sus efectos hasta 2041.

A ello se suma la velocidad del proceso. Según lo expuesto ante el Parlamento, el viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz, reconoció que una adenda de esta naturaleza suele requerir alrededor de 18 meses de negociación. Sin embargo, el MTC y LAP iniciaron coordinaciones en agosto de 2025 y proyectan culminarlas en mayo de 2026, es decir, en aproximadamente nueve meses.

Otro frente de controversia es el judicial. Actualmente existen tres procesos activos vinculados con la TUUA de transferencia.

El primero es una acción contencioso-administrativa presentada por la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), ya admitida a trámite, que busca anular la resolución tarifaria de Ositrán alegando errores metodológicos y falta de verificación independiente de las inversiones reportadas por LAP.

A ello se suman dos demandas de amparo promovidas por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo), dirigidas contra el MTC, Ositrán y LAP, que cuestionan tanto el origen de la tarifa como su eventual incorporación obligatoria en los boletos aéreos.

En paralelo, el sector aeronáutico ya ha sostenido que los efectos de la TUUA ya se reflejan en la conectividad aérea. Se recuerda la cancelación o no apertura de ocho rutas internacionales desde Lima, entre ellas La Habana, Orlando, Cancún y Curazao, y advierte que otros hubs latinoamericanos han comenzado a captar rutas directas que anteriormente podían canalizarse vía Perú.

Las proyecciones incluidas también plantean un posible impacto económico. Según la industria citada en el documento, con la TUUA internacional vigente el crecimiento del hub limeño se ubicaría entre 0% y 3% hacia 2041, mientras que sin dicho cobro podría acercarse al 9%.

Asimismo, se mencionan estimaciones de pérdidas para el turismo receptivo y limitaciones para implementar estrategias como el programa de stopover promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Durante años, Italtel estuvo asociada principalmente al negocio de telecomunicaciones. Sin embargo, la firma italiana considera que el mercado peruano atraviesa una nueva etapa marcada por inteligencia artificial (IA), automatización, infraestructura digital y ciberseguridad, áreas donde ahora concentra buena parte de su estrategia de crecimiento local. La compañía sostiene que hoy la mayor parte de sus operaciones en Perú ya no depende de operadores telco tradicionales, sino de proyectos vinculados a banca, minería, energía, aeropuertos, salud y entidades públicas.

Según sus ejecutivos, el reto ya no pasa únicamente por desplegar tecnología, sino por acompañar procesos de transformación digital en sectores donde todavía persisten brechas de infraestructura, conectividad y acceso a servicios.

“Perú es un país muy innovador, tanto en el sector privado como en el público. Hay muchas oportunidades para digitalizar procesos y modernizar servicios”, señaló Carlo Filangieri, CEO global de Italtel, en entrevista con Gestión. Según explicó, el grupo mantiene un crecimiento promedio superior al 10% anual en el mercado peruano desde 2008, año en que ingresó al país, y considera que factores como la estabilidad monetaria y el avance de proyectos de transformación digital continúan impulsando oportunidades para compañías tecnológicas internacionales. Actualmente, el negocio fuera de Italia ya representa el 43% de los ingresos globales de Italtel.

William Gonzáles, country manager de Italtel en Perú, sostuvo que la operación local evolucionó de manera distinta frente a otras filiales del grupo debido a la diversificación alcanzada en distintos sectores económicos. “Antes estábamos muy concentrados en telecomunicaciones. Hoy tenemos presencia fuerte en banca, minería, energía, aeropuertos y administración pública”, comentó. Según indicó, alrededor del 90% del negocio local ya proviene de sectores distintos al telco tradicional.

La carrera por la seguridad cuántica

Uno de los focos más importantes para Italtel en los próximos años estará ligado a ciberseguridad poscuántica, una línea tecnológica orientada a proteger redes e infraestructura frente a futuros ataques desarrollados mediante computación cuántica. Aunque este tipo de amenazas todavía no tiene presencia masiva, la empresa considera que compañías y gobiernos deberán comenzar a prepararse desde ahora debido a que la transición tecnológica puede tomar varios años.

“Cuando las computadoras cuánticas lleguen a manos de criminales, será demasiado tarde”, afirmó Filangieri. El ejecutivo explicó que muchas organizaciones todavía operan con sistemas que no fueron diseñados para enfrentar escenarios de ciberseguridad asociados a computación cuántica y que la adaptación de infraestructura crítica no será inmediata.

Para avanzar en esa línea, Italtel mantiene una alianza con la canadiense Quantum Bridge, especializada en criptografía cuántica. Según Gonzáles, la empresa ya trabaja proyectos vinculados a esta tecnología junto a bancos europeos y considera que sistemas financieros masivos como Yape en Perú o Pix en Brasil eventualmente necesitarán reforzar sus niveles de protección.

“Hoy parece un tema lejano, pero la transición toma tiempo y la infraestructura tiene que empezar a prepararse antes”, indicó. Actualmente, la compañía opera centros de monitoreo y seguridad (SOC) en Perú, Italia, España y Brasil, desde donde supervisa redes y sistemas corporativos las 24 horas del día. Parte de esas operaciones ya incorporan automatización e inteligencia artificial para acelerar respuestas frente a incidentes de seguridad.

Salud y digitalización

Otro de los sectores donde Italtel identifica oportunidades importantes es salud. La empresa considera que el sistema peruano de salud todavía enfrenta amplias brechas tecnológicas vinculadas a digitalización, interoperabilidad de datos y automatización de procesos hospitalarios, especialmente fuera de Lima.

“El sector salud tiene muchísima necesidad de tecnología y automatización”, señaló Gonzales. Según explicó, la compañía busca participar en proyectos relacionados con telemedicina, digitalización de historias clínicas y automatización de procesos mediante mecanismos como obras por impuestos, principalmente en regiones del norte del país.

La empresa sostiene que gran parte de los procesos en salud todavía dependen de trámites manuales y tiempos prolongados de atención. “La idea es evitar que el ciudadano siga haciendo largas colas y que muchos procesos puedan digitalizarse de manera transparente”, comentó el ejecutivo.

Gonzales añadió que la incorporación de inteligencia artificial también empieza a abrir oportunidades en el ámbito médico. Como ejemplo, sostuvo que herramientas de apoyo para diagnóstico por imágenes pueden elevar significativamente los niveles de precisión y servir como complemento para los especialistas, especialmente en contextos de alta demanda asistencial.

Filangieri añadió que el avance de historias clínicas digitales y sistemas interconectados también incrementa las exigencias de protección y privacidad de información médica. “Los datos sanitarios deben estar protegidos al máximo nivel”, afirmó. Según explicó la compañía, este tipo de proyectos requiere cumplir distintos protocolos legales y regulatorios antes de que la información pueda incorporarse a sistemas hospitalarios.

Además del sector salud, Italtel indicó que mantiene operaciones vinculadas a aeropuertos, infraestructura crítica y servicios financieros. Entre sus principales contratos figura Lima Airport Partners (LAP), donde Italtel administra servicios tecnológicos e infraestructura de conectividad bajo un contrato de largo plazo. Según la empresa, las operaciones incluyen monitoreo, redes y servicios digitales utilizados diariamente por pasajeros y operaciones aeroportuarias.

IA, empleo y talento especializado

La inteligencia artificial aparece como otro de los ejes centrales dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía. Actualmente, Italtel utiliza herramientas de IA para automatización, monitoreo de redes, análisis documental, desarrollo de software e incluso procesos de licitación y concursos corporativos. Sin embargo, la empresa sostiene que el avance de estas tecnologías no debería traducirse necesariamente en reemplazo masivo de trabajadores.

“La tecnología debe ayudar al hombre y no sustituirlo”, afirmó Filangieri. Gonzales añadió que el principal desafío para muchas empresas no pasa únicamente por incorporar inteligencia artificial, sino por conseguir talento especializado capaz de implementar y gestionar estas tecnologías. “Es muy complicado conseguir especialistas en tecnologías innovadoras y ciberseguridad avanzada”, indicó.

Según la empresa, existe un déficit creciente de profesionales vinculados a automatización, seguridad digital e inteligencia artificial tanto en Perú como en otros mercados de la región. En paralelo, Gonzales cuestionó que parte de la industria tecnológica continúe enfocándose únicamente en aspectos técnicos sin aterrizar las soluciones a problemas concretos de negocio o ciudadanía.

Gonzales señaló que la transformación digital no depende únicamente de incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Aspectos como conectividad, infraestructura y capacitación continúan siendo determinantes para que los proyectos generen resultados sostenibles, especialmente fuera de los principales centros urbanos.

“La tecnología muchas veces está manejada por ingenieros que hablan en términos tecnológicos y no en términos de negocio”, sostuvo. En ese contexto, Italtel define actualmente su modelo como un integrador tecnológico “multi-vendor”, capaz de combinar soluciones de distintas marcas y proveedores dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente.

“Queremos ser una especie de Uber de la integración”, comentó Gonzáles. “Tomamos distintas capacidades tecnológicas y construimos una solución alrededor de lo que realmente necesita el cliente”, concluyó.

Promigas Perú, empresa especializada en transporte y distribución de gas natural y soluciones energéticas, ingresó al negocio de generación térmica con la puesta en operación de una central a gas natural en Paita (Piura). La infraestructura forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el norte peruano.

La nueva central térmica fue desarrollada en la Zona Económica Especial de Paita y cuenta con una capacidad de 19.6 MW. La infraestructura permitirá atender una demanda anual superior a 160 GWh, equivalente al consumo aproximado de 155,000 hogares en las zonas de cobertura de Electronoroeste (Enosa).

Promigas indicó además que el proyecto beneficiará a más de 600,000 personas en el norte del país y estará interconectado a la red de Enosa para garantizar un suministro eléctrico más confiable y continuo.

“Este proyecto refleja el avance de Promigas en su evolución hacia una compañía multienergética, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que fortalezcan la competitividad y mejoren la calidad de vida de las comunidades donde operamos”, destacó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Central de Paita incorpora tecnología de menor emisión

La central de Paita representa el primer proyecto de generación térmica desarrollado por Promigas Perú y se posiciona entre las principales plantas de mediana escala en el norte del país.

La compañía señaló que la infraestructura incorpora motores Bergen Engines, diseñados para optimizar el consumo de gas natural y reducir emisiones frente a otras tecnologías de generación.

Además, el desarrollo de la planta contempla la incorporación de talento local para la operación permanente.

“La planta de generación térmica en Paita aporta una solución confiable que acompaña el crecimiento de sectores productivos clave. Hoy, además de beneficiar a más de 1.5 millones de peruanos con el servicio de gas natural, seguimos consolidando nuestro liderazgo en el desarrollo de proyectos energéticos en el país”, señaló Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú.

Promigas proyecta nueva central térmica en Sechura

La apuesta por generación térmica ya había sido adelantada por Promigas a Gestión durante CADE 2025.

En ese momento, la compañía señaló que venía desarrollando proyectos vinculados a autogeneración basada en gas natural, con una primera etapa de 20 MW asociada a contratos de largo plazo con Electronoroeste (Enosa).

Como parte de su estrategia de crecimiento en el norte del país, la compañía prevé iniciar durante el 2026 la construcción de una segunda central térmica en Sechura, también en la región Piura.

En medio del impacto del alza del combustible y el avance de la digitalización, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur acelera su modernización con la renovación de flota, el inicio de operaciones con buses a gas natural vehicular (GNV), el fortalecimiento de sus canales digitales y la consolidación de rutas estratégicas. La apuesta llega luego de que la compañía creciera 15% en 2025 frente al 2024. ¿Cuáles serán los próximos movimientos en el 2026-27?

Con más de 65 años en el mercado, Cruz del Sur acumuló un crecimiento de 43% entre 2023 y 2025, en medio de una recuperación sostenida de la demanda de viajes tras la pandemia. Actualmente, la compañía traslada alrededor de 2 millones de pasajeros al año y opera en 24 destinos a nivel nacional. “Somos un negocio en fase madura, pero a pesar de esto hemos mantenido un crecimiento importante”, señaló Mariano Neira, gerente de Unidad de Negocio Cruz del Sur Viajes. Con este buen rendimiento, se preparan para una nueva etapa de expansión.

Renovación de flota hasta 2028 pese al alza del combustible

Pese al impacto del alza del combustible, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur continuará acelerando la modernización de su operación con un agresivo plan de renovación de flota. Según detalló Mariano Neira, gerente de Unidad de Negocio Cruz del Sur Viajes, la compañía proyecta incorporar 100 buses hasta el 2028. Como parte de esta estrategia, durante el 2026 llegarán 42 nuevas unidades —21 en mayo y otras 21 en octubre—, respaldadas por una inversión de US$15 millones para este año. Actualmente, la empresa opera una flota de 172 buses a nivel nacional.

La renovación se da en medio de un escenario complejo para el sector transporte por el incremento del combustible. Según detalló Neira, Cruz del Sur consume alrededor de 240,000 galones mensuales, lo que actualmente genera un sobrecosto cercano a S/2 millones al mes. Frente a ello, la compañía viene reforzando medidas de eficiencia operativa y conducción, además de priorizar rutas con mayor potencial de rentabilidad. Entre las nuevas configuraciones de buses destaca el modelo “Confort Suite”, con dos pisos, asientos de 160° y buscama real de 180°, enfocados en fortalecer la propuesta premium de la empresa.

Operaciones con buses a gas natural vehicular (GNV)

Como parte de su estrategia para enfrentar el impacto del alza del combustible, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur iniciará operaciones con buses a gas natural vehicular (GNB) desde noviembre de 2026. Según detalló Mariano Neira, las primeras unidades serán destinadas a las rutas de Ica y Paracas y contarán con una autonomía aproximada de 400 kilómetros. La iniciativa forma parte de los proyectos de eficiencia operativa y transición energética que viene impulsando la compañía.

El ejecutivo explicó que el impacto del combustible se ha convertido en uno de los principales desafíos para la operación de la empresa. Actualmente, Cruz del Sur consume alrededor de 240,000 galones mensuales, lo que genera un sobrecosto cercano a S/2 millones al mes. Frente a este escenario, la compañía viene implementando medidas de conducción eficiente y proyectos vinculados a energías renovables.

Negocio digital ya domina las ventas de Cruz del Sur

La digitalización se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento para la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur. Actualmente, el canal digital concentra el 61% de las ventas de la compañía, consolidándose como el principal punto de comercialización de pasajes por encima de las agencias presenciales, que representan el 30%. Según detalló Mariano Neira, la App de la empresa ya representa el 10% de las ventas digitales, mientras que la pasarela de Yape concentra el 25% de dichas operaciones.

El avance digital también se refleja en los indicadores comerciales de la compañía. Durante el último año, las transacciones por cliente crecieron 10%, el ticket promedio aumentó 7% y la conversión web mejoró cerca de dos puntos porcentuales.

Además, Cruz del Sur viene incorporando inteligencia artificial para analizar los intereses y hábitos de viaje de sus pasajeros, así como para optimizar la programación de buses y conductores. “Estamos viendo un crecimiento del segmento joven y digital que nos prefiere por servicios como el Wi-Fi, la App y nuestras redes sociales”, comentó Neira.

Rutas estratégicas por demanda corporativa y minera

Cruz del Sur viene consolidando rutas estratégicas impulsadas por la demanda corporativa, institucional y minera, en medio de una estrategia enfocada en priorizar corredores con mayor rentabilidad. Según explicó Mariano Neira, Huancayo se ha convertido en una de las operaciones más relevantes para la compañía, al representar actualmente el 17% de sus resultados comerciales. La ruta maneja entre 10 y 15 frecuencias diarias y se ha fortalecido por el movimiento constante de pasajeros vinculados a actividades empresariales y de trabajo.

En paralelo, Cruz del Sur identificó un fuerte crecimiento en la ruta hacia Marcona, donde la operación pasó de cuatro a seis servicios diarios por el dinamismo del sector institucional y minero. “Nos ha sorprendido el crecimiento de la ruta a Marcona”, señaló Mariano Neira. Actualmente, Arequipa, Huancayo e Ica figuran entre las rutas más importantes para la compañía. Además, Cruz del Sur Minas mantiene entre 10 y 12 contratos vinculados a la gran minería, mientras que los clientes institucionales de Cruz del Sur Viajes ya alcanzan el 97% de recuperación frente a niveles prepandemia.

Cruz del Sur también relanzará su agencia en Huancayo con una propuesta enfocada en mejorar la experiencia del pasajero frecuente y ejecutivo. Según detalló Mariano Neira, el terminal incorporará una experiencia “totalmente VIP”, con salones de espera renovados y puntos de carga para dispositivos electrónicos.

Cambios en el perfil del viajero

El perfil del pasajero de Cruz del Sur viene cambiando de la mano de la digitalización y las nuevas dinámicas de viaje. Según detalló Mariano Neira, actualmente el flujo de pasajeros se divide de manera equitativa: un tercio viaja por trabajo, otro tercio por visitas familiares y el restante por turismo. La compañía también identificó un crecimiento del segmento joven y digital, impulsado por usuarios que priorizan servicios como Wi-Fi gratuito, App y conectividad durante el viaje.

Alianzas comerciales

Como parte de su estrategia para fortalecer la experiencia del pasajero, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur viene ampliando sus alianzas comerciales dentro de sus terminales terrestres. Según detalló Mariano Neira, la compañía mantiene una alianza con las tiendas Listo, cuya primera operación en un terminal ya funciona en la sede de Javier Prado. Además, proyecta abrir próximamente un nuevo local en su terminal de Ica.

En paralelo, la empresa también selló una alianza con Boticas y Salud para ofrecer productos de última necesidad a los pasajeros dentro de sus terminales. La apuesta forma parte de la estrategia de Cruz del Sur para reforzar servicios complementarios y mejorar la experiencia de viaje, especialmente en rutas con alta demanda corporativa y de pasajeros frecuentes.

El crecimiento de los alquileres turísticos temporales mediante plataformas digitales como Airbnb viene transformando el mercado del hospedaje en el Perú, especialmente en distritos con alta demanda turística y corporativa.

Frente a este avance, el Congreso de la República aprobó a nivel de comisiones un dictamen que busca establecer una regulación específica para esta actividad, incorporando registros digitales, requisitos mínimos de seguridad y obligaciones para anfitriones y plataformas tecnológicas.

La propuesta legislativa ya se encuentra lista para entrar al Pleno del Parlamento. El texto, que reúne tres proyectos de ley, plantea crear un marco normativo para formalizar el arrendamiento turístico temporal, proteger a los consumidores y ordenar el funcionamiento de este mercado que ha crecido de manera acelerada en los últimos años.

Airbnb, Booking y más bajo el radar

El dictamen propone crear una ley específica para regular el arrendamiento turístico temporal en el Perú, es decir, el alquiler de casas, departamentos o habitaciones por cortos periodos mediante plataformas digitales como Airbnb o Booking.

La propuesta diferencia esta actividad del hospedaje tradicional y la define como un arrendamiento de menos de 90 días con fines turísticos. Además, se establecería que este tipo de alquiler se regirá por una norma propia y no por las reglas aplicables a hoteles u hospedajes tradicionales.

Para ello, el proyecto plantea crear el Registro Digital del Arrendamiento Turístico (Redat), administrado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Los propietarios o terceros autorizados que deseen ofrecer este servicio deberán registrarse mediante una declaración jurada digital, proporcionando información sobre el inmueble y el arrendador.

Además, se pretende incorporar derechos mínimos para los consumidores, reglas de protección al usuario, mecanismos para prevenir explotación sexual de menores y obligaciones vinculadas a transparencia e identificación de los anfitriones.

El texto también busca establecer sanciones para quienes incumplan la futura ley, incluyendo multas de hasta 7 UIT (S/ 38,500, al valor 2026) en casos considerados muy graves.

Además, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) mantendría competencia para sancionar infracciones relacionadas con protección al consumidor y publicidad engañosa. Finalmente, el dictamen contempla incentivos para quienes se registren formalmente, como programas de promoción y difusión turística impulsados por entidades públicas.

¿La regulación realmente aportaría algo nuevo?

Uno de los principales puntos de debate alrededor del dictamen es si esta nueva regulación realmente crea derechos o mecanismos distintos a los que ya existen actualmente en el marco legal peruano.

Alex Sosa, socio del estudio Muñiz, considera que varias de las disposiciones incluidas en el proyecto ya se encuentran cubiertas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según explicó, derechos como recibir el inmueble conforme a lo ofrecido, acceder a información clara o no sufrir discriminación ya forman parte de las obligaciones que hoy tienen los proveedores frente a los consumidores.

“El proyecto dice que asegura derechos adicionales, pero en realidad termina recogiendo reglas que ya existen en la normativa de consumo”, comentó.

Como ejemplo, el abogado señaló que, si una propiedad anunciada en una plataforma no cumple las características prometidas, actualmente ya podría configurarse un incumplimiento al deber de idoneidad o incluso publicidad engañosa.

Formalización y seguridad jurídica

Desde fuentes cercanas al sector de alquileres temporales, la lectura es distinta. Consideran que el principal aporte del dictamen no está necesariamente en crear nuevos derechos para el consumidor, sino en darle seguridad jurídica a una actividad que hoy funciona sin reglas claras y bajo interpretaciones distintas dependiendo de cada autoridad.

Según indicaron, actualmente existen municipalidades, gobiernos regionales y entidades que interpretan de manera diferente el alquiler temporal, generando incertidumbre para propietarios y anfitriones. En algunos casos, incluso se ha intentado equiparar esta actividad con hoteles o establecimientos de hospedaje tradicionales.

Por ello, sostienen que el proyecto ayudaría a “ponerle nombre y apellido” a la actividad, diferenciándola expresamente del hospedaje tradicional y estableciendo un marco legal específico para alquileres temporales menores a 90 días.

¿Habrá más costos para los anfitriones?

Otro de los cuestionamientos gira en torno al posible impacto económico que tendría la regulación para quienes alquilan propiedades mediante plataformas digitales.

Las voces que van alineadas con el dictamen resaltaron que realmente no generaría costos directos importantes para los anfitriones. Además, afirman que muchos de los requisitos de seguridad ya existen en edificios o condominios modernos, como extintores, señalización o planes de evacuación.

También sostienen que establecer estándares mínimos —como detectores de humo, botiquines o mecanismos de emergencia— ayudaría a elevar la calidad y seguridad del servicio sin representar una carga significativa.

Sosa, sin embargo, advierte que el problema no solo pasa por el costo que asumiría el propietario, sino también por el gasto público que implicaría fiscalizar esta nueva regulación. “El proyecto no desarrolla cuánto costaría implementar toda esta estructura estatal ni cuántos funcionarios se necesitarían para supervisar la actividad”, señaló.

Incentivos todavía generan dudas

El dictamen también plantea beneficios para quienes se registren formalmente, como programas de promoción turística o difusión por parte del Mincetur.

No obstante, Sosa considera que aún no queda claro si esos incentivos realmente serán suficientes para convencer a quienes hoy operan informalmente de ingresar al registro y asumir nuevas obligaciones.

A su juicio, muchas plataformas digitales ya realizan promoción y difusión de alojamientos, por lo que el incentivo estatal podría terminar teniendo un alcance limitado.

Las voces del sector, en cambio, insistieron que el verdadero incentivo no es la publicidad estatal, sino la seguridad jurídica que daría operar dentro de una actividad formalmente reconocida por ley.

Un proyecto con respaldo, pero sin prioridad

Pese a las diferencias sobre algunos puntos del contenido, tanto las fuentes cercanas al sector como el abogado coinciden en que el debate todavía está abierto y que el proyecto podría requerir ajustes antes de una eventual aprobación final.

Actualmente, el dictamen ya fue aprobado en comisiones y se encuentra en Orden del Día del Congreso, aunque todavía no ha sido incluido en agenda para debate del Pleno.

Desde el sector sostienen que la demora podría hacer que se pierda una oportunidad para formalizar una actividad que ya mueve millones de dólares y tiene impacto en turismo y empleo. Para Sosa, en cambio, el tiempo también puede servir para revisar con mayor detalle si todas las disposiciones propuestas realmente son necesarias y eficientes.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificó a más de 34,000 peruanos que alquilaban propiedades mediante plataformas digitales, como Airbnb, sin cumplir con el pago de impuestos.

Según informó el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo, estos casos fueron detectados debido a la aplicación de mecanismos de intercambio internacional de información.

“Hemos podido identificar a más de 34,000 propietarios que alquilaban sus inmuebles a través de las plataformas digitales y ahora, bajo un trabajo de asistencia y de facilitación, están cumpliendo con el pago de los impuestos”, dijo durante una rueda de prensa tras la presentación del informe de Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe precisa que el 100% de los usuarios que venían siendo investigados por la Sunat -durante el ejercicio fiscal 2023- no había declarado ni pagado el impuesto sobre la renta dentro de los plazos establecidos por la legislación peruana.

¿Qué acciones se tomaron ante esta información?

Como parte de las medidas para impulsar el pago de tributos de estos usuarios, la administración introdujo modificaciones en el régimen de gradualidad, lo que permitirá que accedan a una rebaja en las multas por la falta de presentación de declaraciones de impuestos mediante un proceso de regularización voluntaria o inducida.

Posteriormente, señala el informe, la Sunat envió avisos preventivos a los propietarios a través de sus buzones electrónicos en el Sistema de Operaciones en Línea y por correo electrónico buscando la regularización voluntaria de los pagos pendientes.

“La Sunat espera que los resultados de esta estrategia se materialicen en un futuro próximo y tiene la intención de informar sobre los logros en términos de un mayor cumplimiento y la identificación de ingresos adicionales”, indica el reporte realizado por la OCDE.

¿Cuánto ha generado el intercambio de información?

El caso con los alquileres digitales no es el único en el que se activó el mecanismo de intercambio de información, en el que se solicita a las administraciones tributarias de más de 15 países compartan data relevante para una investigación fiscal.

El informe de la OCDE estimó que, del 2023 al 2025, se identificó un total de S/ 585 millones recaudados por el apoyo de esta herramienta.

Solo el año pasado, el intercambio de información permitió recuperar más de S/ 260 millones en recaudación y para este año se superaría dicha cifra, indicó el jefe de la Sunat.

“Esperamos superar la valla de los S/ 300 millones producto de los intercambios de información. Es un trabajo serio que está realizando la administración tributaria y producto de ello estamos teniendo grandes resultados”, dijo al ser consultado por Gestión.

Con este mecanismo, añadió que la administración tributaria también logró identificar a más de 15,000 peruanos que mantenían cuentas y patrimonios en el extranjero sin declarar ante la administración tributaria.

Entre abril y mayo, Guangzhou, al sur de China, vibra no solo al ritmo de los vehículos eléctricos y las fábricas de tecnología que cubren esta ciudad de más de 24 millones de personas. Entre esos meses, la capital de la provincia de Guandong también alberga a la denominada Feria de Cantón, la más grande del mundo para importadores y exportadores. Gestión recorrió este complejo de 1.55 millones de metros cuadrados y encontró a la tecnológica Cofe+, cuyos robots baristas buscan literalmente “cambiar el rostro” al consumo de café en Asia y otras regiones, incluyendo Sudamérica.

La china Cofe+ Robot Cafe, fabricante de robots baristas autónomos, confirmó que inició exportaciones a Perú y México recientemente como parte de su expansión en Latinoamérica. En ese sentido, dichas máquinas compuestas por un brazo robótico que opera como barista podría empezarse a ver en Lima, ¿dónde?

Fei, representante de la compañía nacida en Shangai, explicó que la empresa apunta tanto a clientes corporativos que busquen ofrecer café a sus colaboradores, así como a centros comerciales, universidades y hospitales en China.

“Todos los escenarios ya los tenemos cubiertos”, comentó a Gestión, tras indicar que la tecnología de la máquina permite configurar el empleo con costo o libre para los consumidores.

Competencia y el diferencial: café con rostro de consumidor

Con un precio de US$60,000, el equipo de Cofe+ compite con cafeterías premium y máquinas de vending tradicionales. El diferencial está en la operación 24/7, cero planillas de barista y, sobre todo, la opción de generar bebidas con el rostro del consumidor en la parte superior.

En concreto, con una foto tomada en pocos segundos por la misma máquina, el robot barista puede elaborar un capuchino con la imagen del cliente cubriendo la bebida, al mismo estilo de las flores o figuras de animales que pueden generar los baristas experimentados.

A diferencia de otros mercados, Cofe+ aún no tiene distribuidor en Latinoamérica. “Hasta ahora, no tenemos realmente un distribuidor, y es solo un proceso. Estamos tratando de encontrar al cliente más idóneo para que sea nuestro distribuidor”, señaló Fei.

La firma busca replicar en Sudamérica el modelo que ya desplegó en Asia, Europa y Norteamérica, asegurando un soporte y mantenimiento remoto.

El consumo de café en Perú

En agosto de 2025, la Cámara Peruana del Café y Cacao subrayó la necesidad de enfrentar desafíos como la baja productividad y la falta de financiamiento al productor. Sin embargo, la mirada también apuntaba a impulsar los negocios locales y el consumo.

“El Perú tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia cafetera, pero debemos articular mejor al productor con el mercado interno. Las cafeterías son la vitrina más cercana para lograrlo. Hoy apenas el 6% de nuestra producción total se queda en el país. El resto se exporta. Y mientras no aumentemos el consumo local, el sector será muy dependiente de la volatilidad internacional”, indicó el gremio.

Asimismo, recordó que el consumo interno apenas bordea 1.2 kilos per cápita al año, muy por debajo de países vecinos.

“Ese es el gran espacio de crecimiento. Si logramos duplicar el consumo interno en los próximos años, las cafeterías serán las principales beneficiarias. Si logramos llegar a 1.5 kilos por persona, hablaríamos de un mercado interno de más de 50,000 toneladas anuales, lo que significaría ingresos adicionales de hasta US$ 300 millones para la cadena de valor”, explicó.

La Feria de Cantón

La 139 Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se realizó en Guangzhou del 15 de abril al 5 de mayo de 2026, en tres fases (fase 1: del 15 al 19 de abril; fase 2: del 23 al 27 de abril; y fase 3: del 1 al 5 de mayo). Con una superficie aproximada de 1.55 millones de metros cuadrados, exhibe productos de sectores como la manufactura avanzada, mobiliario de alta gama y artículos de estilo de vida.

El complejo reúne a más de 30,000 expositores y cientos de miles de compradores de más de 220 países y regiones. Centrada en las nuevas fuerzas productivas y la innovación, la edición de 2026 incluyó servicios digitales, encuentros profesionales y lanzamientos de productos.

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta.

La medida responde a la presunta recomendación a sus asociados para establecer porcentajes o montos fijos en el cobro de comisiones por intermediación inmobiliaria.

“Concepto de honorarios”

El Indecopi resaltó que, de acuerdo con las indagaciones preliminares, el CAIP y su presidenta habrían incurrido en una práctica colusoria horizontal al difundir una recomendación anticompetitiva a través de diversos canales, como correos electrónicos enviados a sus asociados, comunicados en su página web oficial y publicaciones en Facebook e Instagram.

La DLC también evidenció la existencia de material publicitario en el que se hacía referencia expresa a dicha directriz; mientras que en la Revista Digital Inmobiliaria Bien Inmueble se consignó expresamente que uno de los objetivos del gremio era fomentar una cultura inmobiliaria estableciendo un cobro mínimo del 5% del valor de venta del inmueble por concepto de honorarios.

No obstante, “cabe señalar que el inicio de este procedimiento sancionador se basa en la existencia de indicios razonables y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado final o la culpabilidad de los investigados”, precisó la entidad en un comunicado oficial.

Añadió: “El CAIP y su presidenta mantienen su pleno derecho a formular los descargos y defensas que considere pertinentes”.

Recopilación de datos

Según lo dispuesto por el artículo 21.5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cualquier persona con interés legítimo puede contactar con la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia en sus oficinas en Lima o por correo electrónico para aportar información que ayude a esta investigación. Los interesados también pueden consultar al 224-7800, anexo 3101.

Volcan Compañía Minera continúa moviendo piezas en una de sus principales operaciones de la sierra central, en un contexto marcado por el fuerte repunte internacional del precio de la plata, metal que ya concentra el 50% de sus ingresos. La compañía prepara nuevas modificaciones en la unidad minera Andaychagua, ubicada en la provincia de Yauli (Junín), como parte de una estrategia orientada a optimizar su operación polimetálica. ¿Qué cambios alista la empresa para una de sus minas más importantes en la región central?

En detalle, Volcan Compañía Minera recibió la viabilidad ambiental para una inversión de US$ 12,561,400.36 enfocada en diversas modificaciones en la unidad minera Andaychagua, comprendiendo infraestructura subterránea, planta concentradora y componentes auxiliares de operación.

Uno de los principales cambios corresponde al sistema de ventilación en “interior mina”. La propuesta contempla implementar la chimenea de ventilación RB-13, con salida a superficie, así como reemplazar los ventiladores axiales de la chimenea RBV661 por dos ventiladores centrífugos de mayor capacidad —de aproximadamente 280,000 pies cúbicos por minuto (CFM) cada uno— que serán instalados en superficie.

De acuerdo con la documentación del proyecto, estas adecuaciones permitirán mejorar la circulación de aire dentro de la operación subterránea, reforzar el control ambiental y fortalecer las condiciones de seguridad del personal.

Las modificaciones fueron aprobadas mediante la Resolución Directoral N.° 00075-2026-SENACE-PE/DEAR, con la cual el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) otorgó viabilidad ambiental al Sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la unidad minera Andaychagua.

Volcan apunta a reutilizar relaves en Andaychagua y optimizar planta

En concreto, la iniciativa de Volcan también contempla incorporar una etapa de deshidratación industrial de relaves con capacidad aproximada de 70 toneladas métricas secas por hora (TMSH), lo que permitirá mejorar el reaprovechamiento de materiales dentro del proceso minero.

Asimismo, la propuesta considera el uso de relave grueso proveniente de la playa del depósito de relaves Andaychagua Alto. Dicho material será reutilizado dentro de la planta de relleno cementado como parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión integral de residuos.

Con estas modificaciones, la compañía apunta a reducir consumos operativos, mejorar procesos internos y fortalecer criterios de economía circular dentro de la operación minera.

En paralelo, el proyecto también contempla la instalación de un separador magnético en la chancadora primaria de la planta concentradora.

El sistema tipo overband con banda extractora automática será implementado sobre la faja N.° 1 y reemplazará el mecanismo actual de separación de material ferroso dentro del circuito de transporte de mineral entre las etapas de chancado primario y secundario.

De acuerdo con el proyecto, esta tecnología permitirá incrementar la eficiencia del procesamiento mineral y reducir riesgos asociados al ingreso de elementos metálicos no deseados al sistema de producción.

Andaychagua y la nueva etapa de optimización de Volcan

Las nuevas modificaciones en Andaychagua se suman a otros cambios que Volcan viene impulsando en esta operación desde finales de 2025. En noviembre pasado, la compañía presentó la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la unidad minera, mediante la cual planteó cinco ajustes orientados a reforzar la continuidad operativa de la mina subterránea.

Entre las iniciativas consideradas entonces figuraban el recrecimiento del depósito de relaves Andaychagua Alto, la ampliación de labores subterráneas, mejoras en infraestructura hidráulica, optimizaciones en el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y la reconfiguración de la desmontera N.° 10.

A diferencia de aquella propuesta —más enfocada en infraestructura y capacidad operativa de largo plazo—, el Sexto ITS aprobado recientemente apunta principalmente a mejoras operativas, eficiencia ambiental y optimización tecnológica dentro de la operación minera.

La estrategia se produce en un contexto favorable para Volcan, impulsado por el alza internacional del precio de la plata. Durante el primer trimestre de 2026, este metal pasó a representar el 50% de los ingresos de la compañía, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento de la minera.

La evolución de uno de los principales productos de agroexportación del Perú aún no ha terminado. La estadounidense Fall Creek, especializada en genética y viveros, proyectó que entre el 60% y el 70% de la producción peruana de arándanos corresponderá al segmento premium hacia el 2030, en un proceso impulsado por la reconversión varietal y la búsqueda de mayores retornos para los productores.

La estimación fue realizada por Julio Zavala, gerente general de Fall Creek Perú, quien sostuvo que el desempeño del negocio dependerá cada vez más de la combinación entre genética, condiciones productivas y manejo técnico.

“Si tienes la genética correcta, el medio ambiente correcto y el manejo agronómico adecuado, puedes tener una rentabilidad asegurada”, afirmó, al analizar los factores que marcaron la campaña 2025/26.

La compañía consideró que el mercado seguirá premiando las variedades capaces de combinar productividad y atributos diferenciados para el consumidor, como mayor firmeza, mejor sabor y calibres superiores. En ese contexto, el ejecutivo estimó que todavía existe un amplio espacio para la renovación de plantaciones que hoy operan con materiales tradicionales, reportó Freshplaza.

Un extenso territorio por reconvertir

Zavala afirmó que el sector agroexportador se encuentra en una segunda ola de renovación de campos de arándanos. Bajo esa perspectiva, calculó que alrededor de 10,000 hectáreas actualmente cultivadas con variedades como Ventura y Biloxi continuarán en proceso de reconversión durante los próximos años.

El avance hacia variedades premium está siendo liderado por nuevas genéticas como Sekoya Pop y Apex, que, según explicó el ejecutivo, permiten alcanzar calibres superiores a los 18 y 20 milímetros y rendimientos por encima de las 30 toneladas por hectárea. Para la firma, la ecuación es clara: mayores volúmenes acompañados de una mejor calidad comercial permiten acceder a mercados diferenciados y capturar precios más altos.

La apuesta se produce en un contexto de crecimiento sostenido del consumo de fruta premium. De acuerdo con Zavala, el segmento -de consumo como- snack avanza entre 7% y 8% anual en Estados Unidos y registra tasas de crecimiento de doble dígito en Europa, sin señales de sobreoferta de corto plazo para quienes participan en la categoría de mayor valor.

Actualmente, Perú dirige cerca del 50% de sus exportaciones de arándanos a Estados Unidos, mientras que Europa concentra alrededor del 30% y China un 15%. En paralelo, el sector sigue de cerca las gestiones para abrir mercados como Japón y posteriormente Corea del Sur, destinos que podrían ampliar la diversificación de las exportaciones peruanas.

El lunes 25 de mayo, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en medio de expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre política por las próximas elecciones presidenciales.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.417. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.424 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.58% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.425, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.413 a la compra y S/ 3.421 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra hoy un comportamiento mixto en América Latina, influido por la expectativa sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre política en algunos países de la región.

Las bolsas latinoamericanas han tenido una jornada relativamente positiva, apoyadas por el mejor ánimo global y por señales de estabilización en los mercados internacionales. Brasil, Perú y Colombia destacan entre los mercados con mejor desempeño reciente en la región, impulsados por sectores ligados a materias primas y energía.

En términos generales, los inversionistas siguen atentos a la evolución del dólar estadounidense, ya que cualquier cambio en la política monetaria de la Reserva Federal podría afectar directamente a las monedas y bolsas latinoamericanas.

La empresa peruana de espacios laborales flexibles, Comunal, continúa expandiéndose. Hace tres meses, inauguró en San Borja su primer edificio operado íntegramente por la compañía, consolidando su apuesta por la gestión directa de espacios corporativos. Ahora, realiza un movimiento distinto: presenta un workcafé en el primer piso del Edificio Leuro (Miraflores), uno de los inmuebles que ya opera, pero con un formato que rompe con el coworking tradicional: sin membresías, sin trámites, abierto a la calle.

Comunal explicó que el mercado corporativo viene demandando esquemas de flexibilidad extrema. Así, con Comunal Workcafe, da su primer paso formal en el segmento de productividad “puerta a calle”, ese espacio intermedio entre la cafetería de barrio y la oficina con contrato.

El objetivo es capturar a un perfil de usuario que hasta ahora quedaba fuera de su propuesta habitual: el freelancer, el consultor que trabaja desde distintos puntos de la ciudad, el equipo que se reúne una vez por semana y no necesita una sede fija. Dichos targets, dice la compañía, buscan infraestructura de nivel corporativo sin las barreras que normalmente la acompañan.

¿Cómo funciona Comunal Workcafe?

El espacio Workcafe opera bajo dos esquemas que conviven en el mismo piso. La primera es la cafetería: Neira Café Lab atiende directamente en barra, abierta a cualquier persona que entre desde la calle. La segunda es la oficina por horas: mediante un daypass —por fracciones de tiempo o día completo— el usuario accede a zonas de trabajo, internet de alta velocidad, cabinas privadas para videollamadas y salas de reuniones.

Comunal subrayó que este nuevo espacio no requiere formularios, ni controles de ingreso que caracterizan a los edificios corporativos.

La idea de Comunal Workcafe x Neira surgió de la observación sobre lo que ocurre en los distritos financieros de Lima.

“Detectamos una desconexión: profesionales que buscaban la atmósfera de una cafetería, pero que terminaban sacrificando su productividad por la falta de infraestructura técnica adecuada, conectividad inestable, ruido o falta de seguridad para sus herramientas de trabajo”, explicó Ernesto De Olazával, cofundador y CEO de Comunal.

El socio para la operación de Comunal Workcafe es Neira Café Lab, una de las marcas con mayor crecimiento en el segmento de café premium en el país. La alianza, detalló la empresa, no es solo logística, pues Comunal representa también una apuesta de posicionamiento.

El espacio suma además una tienda de productos de diseño en edición limitada, en colaboración con los artistas Amadeo Gonzales y Renzo Boggio.

¿Vienen otros Comunal Workcafe?

Comuna Workcafe no se agota en Miraflores. "Nuestra meta no es solo administrar metros cuadrados, sino innovar en la forma en que las personas viven la productividad en la ciudad. El workcafé es un formato ágil y escalable, alineado a una realidad en la que la flexibilidad ya no es un beneficio corporativo, sino una necesidad operativa“, señaló De Olazával, dejando abierta la puerta a nuevas aperturas en otras zonas de Lima con alta concentración de oficinas y tráfico peatonal.

En Lima, Comunal gestiona actualmente 16 sedes y ya tiene en carpeta una más en Chacarilla. En México, opera 19 espacios, con una apertura adicional prevista para agosto que elevaría su presencia en ese mercado a 20 locales.

Hace solo unos días, a través de un comunicado conjunto, Petroperú y ProInversión intentaron aclarar que estaban caminando juntos hacia la reestructuración de la petrolera estatal y que no habría frenos para ello.

Esta información se dio después de que se informara que la empresa del Estado había cuestionado que la agencia de promoción de la inversión estaba tomando acciones por encima de los encargos dados mediante los decretos de urgencia N° 010-2025 (reestructuración) y N° 003-2026 (línea de financiamiento).

En ese momento, ProInversión -entre otros pedidos- había solicitado detalles sobre los cambios a nivel de gerencias de la empresa estatal que tuvieron lugar con el ingreso del actual presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu.

Ahora, a través de la circular N° GRRH-0867-2026, que pudo acceder Gestión, se dio a conocer desde la petrolera que a gerentes, secretario general y jefe del órgano de control constitucional cambios en el personal de la Gerencia de Comercialización y Trading de Hidrocarburos de la Gerencia Corportativa Comercial y Cadena de Suministro. Las que se hacen efectivas desde hy 25 de mayo.

Los ajustes de personal se hicieron en:

1. Jefe de Ventas
2. Jefe de Unidad de Industrias, Jefatura Ventas
3. Jefe de Unidad Ventas Lima, Jefatura Ventas
4. Jefe de Unidad Ventas Centro - Oriente, Jefatura Ventas
5. Jefe de Unidad Ventas Norte, Jefatura Ventas
6. Jefe de Unidad Administración de Control y Aduanas, Jefatura Trading Hidrocarburos
7. Jefe Trading de Hidrocarburos
8. Jefe de Unidad de Compras y exportaciones de hidrocarburos, Jefatura Trading Hidrocarburos

Hay que recordar que en uno de los recientes oficios enviados por ProInversión a Petroperú se establece, de forma vinculante, que toda adquisición de crudo, derivados, aditivos o insumos críticos necesarios para el mantenimiento de las operaciones de refinación y comercialización, “queda bajo la supervisión y ejecución directa de ProInversión”.

Esto, argumenta ProInversión, se da en el marco de las normas y mecanismos excepcionales habilitados por el DU 010-2025 y el DU 003-2026 para garantizar la eficiencia en el precio y la trazabilidad de los fondos.

Justamente, coincide que ahora el cambio se hace en jefaturas de la unidad de compra y exportaciones de hidrocarburos.

Mondelez International, compañía dueña de marcas como Oreo, Club Social y Trident, reafirmó su apuesta de crecimiento en Perú tras registrar ingresos por US$1,348 millones en Latinoamérica durante el primer trimestre de 2026, resultado que representó un crecimiento de 12.1% frente al mismo periodo del año anterior. La multinacional destacó que el desempeño regional estuvo impulsado por la fortaleza de sus marcas y una estrategia enfocada en innovación y expansión de portafolio en mercados claves como el peruano.

La compañía señaló que Latinoamérica se consolidó como una de las regiones de mayor crecimiento dentro de su operación global. El desempeño estuvo alineado con el crecimiento de los mercados emergentes, que avanzaron 11.4% a nivel mundial; superando el desempeño de mercados desarrollados, que crecieron 6.1%.

En el caso peruano, Mondelez resaltó que continuará fortaleciendo su presencia mediante nuevas propuestas comerciales y lanzamientos dirigidos al consumidor local. Sebastián Belloni, director general de Mondelez Pacífico —región que integra Perú, Chile, Ecuador y Bolivia—, aseguró que “los resultados en Perú reflejan la fortaleza de nuestras marcas, nuestra capacidad de innovar constantemente y el compromiso de nuestros equipos para seguir conectando con las necesidades de los consumidores”.

Nuevos productos y estrategia comercial

Belloni anunció que la empresa mantendrá una estrategia enfocada en el crecimiento sostenido y en la evolución de sus principales categorías de consumo masivo. “Continuamos impulsando el crecimiento a través de un portafolio dinámico, nuevas propuestas de valor y una ejecución sólida en el mercado, reafirmando nuestra apuesta de largo plazo por el mercado local y por el desarrollo sostenible de nuestras categorías”, afirmó Belloni.

Como parte de esta estrategia, la multinacional impulsó nuevos productos en Perú y Chile durante el primer trimestre del año para responder a las preferencias de los consumidores y dinamizar sus categorías.

Próximos pasos en 2026 y resultados globales

Mondelēz explicó que los resultados en América Latina fueron alcanzados en un contexto global desafiante marcado por la inflación en los costos de insumos y mayores presiones operativas, según reportó Business Empresarial. Pese a esa situación, la empresa registró ingresos globales por US$10,080 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 8.2% frente al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, la utilidad operativa global de la compañía se ubicó en US$808 millones, mientras que la utilidad por acción alcanzó US$0.44, reflejando un incremento de 41.9% interanual.

De cara al resto de 2026, Mondelez mantiene sus proyecciones globales y prevé un crecimiento orgánico de ingresos de entre 0% y 2%, además de un flujo de caja libre cercano a US$3,000 millones. En Perú, la compañía ratificó que continuará apostando por la innovación, el fortalecimiento de sus marcas y la expansión de su portafolio, consolidando al país como uno de sus mercados prioritarios dentro de Latinoamérica.

Pese a los golpes que sufrió la economía peruana en los primeros meses del año, en abril habría continuado al alza, alcanzado un crecimiento de 3.6%, informó el viceministro de Economía, Eloy Durán.

El representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que el mes previo ya se había alcanzado un crecimiento de 3.21% a pesar de que la falta de provisión de gas por dos semanas y el estallido de la crisis del petróleo.

“El avance [de abril] llega en una coyuntura especialmente importante para el Perú. Estamos en un periodo de transferencia gubernamental, enfrentamos la amenaza del fenómeno de El Niño y estamos en plena crisis energética a nivel mundial [...] En abril, la cifra se anunciará en dos semanas, pero habríamos superado el 3.6%, casi cerca del 4%”, indicó durante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales.

Durán señaló que el impulso en la economía peruana en el inicio del segundo trimestre no está solo asociada al trabajo de algún sector, sino a acciones conjuntas. Esto ha llevado a que las exportaciones lleguen a un crecimiento de 42% durante abril y alrededor de 34% en lo que va del año.

Además, la inversión pública se contrajo 0.2% en el primer trimestre, pero la inversión privada, recordó el viceministro, creció 13.2% en el verano.

Con este crecimiento, sostuvo que las cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) muestran que la recaudación tributaria superó el doble dígito el mes pasado con un avance de 14% en abril.

En ese sentido, resaltó la necesidad del fortalecimiento de la cooperación entre administraciones tributarias y transparencia para no perder la lucha contra la evasión tributaria.

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El Congreso de la República evalúa una propuesta que podría ampliar las obligaciones de transparencia incluso antes del ingreso a la función pública. El dictamen recaído en el proyecto de Ley 4850/2022-CG plantea crear una “Declaración Jurada Integral de Ingresos, Bienes, Rentas e Intereses” y, además, incorporar una obligación preventiva para postulantes y candidatos a cargos públicos.

La iniciativa busca centralizar en un solo sistema la información patrimonial y de intereses de quienes tengan participación en el manejo de recursos públicos o toma de decisiones dentro del Estado.

El texto del dictamen también señala expresamente: “es objeto de esta ley establecer la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada Integral con carácter preventivo para los postulantes o candidatos a cargos públicos, respecto de sus intereses”.

Declaraciones antes de asumir funciones

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto recae justamente en extender este mecanismo hacia personas que todavía no ejercen funciones públicas.

Para Dino Carlos Caro Coria, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, no existe impedimento constitucional para exigir este tipo de declaraciones incluso antes de asumir un cargo.

“La declaración de bienes y rentas es propia de funcionarios públicos, pero también puede aplicarse a particulares. No hay ninguna prohibición legal ni constitucional para que a los candidatos se les pueda exigir eso por transparencia”, sostuvo.

El penalista explicó que mecanismos similares ya existen en determinados espacios privados y empresas estatales sujetas al régimen laboral privado.

“En varias empresas del sector privado esto ya se hace así. O, por ejemplo, en empresas del sector público como Petroperú, pese a estar sometidas al régimen privado, también se exige declaración de bienes y rentas”, indicó.

No obstante, consideró que trasladar esa lógica hacia postulantes al Estado sí representa una novedad dentro del sistema público peruano.

¿Quiénes quedarían comprendidos?

Además de postulantes y candidatos, el dictamen propone ampliar el universo de personas obligadas a presentar esta nueva Declaración Jurada Integral.

El proyecto incluye a consultores, asesores, árbitros, locadores de servicios, miembros vinculados a contrataciones públicas y personas con capacidad de decisión sobre recursos estatales.

También comprende a altos funcionarios, jueces, fiscales, miembros de organismos autónomos, oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros actores vinculados al ejercicio de funciones públicas.

Obligación que vuelve al debate

Gonzalo Monge, asociado principal de Echecopar, precisó que el dictamen sí introduce un cambio respecto del régimen vigente, aunque no se trata de una figura completamente inédita.

“El artículo 13.3 del dictamen establece la obligación de candidatos a cargos de elección popular de presentar esta declaración de intereses antes de su elección o designación, y eso no es lo que está vigente ahora”, explicó.

El abogado señaló que la Ley 31227, aprobada en 2021, originalmente incluía a todos los candidatos a cargos de elección popular dentro de estas obligaciones, pero modificaciones posteriores redujeron ese alcance.

“En 2024 se quitó a esos candidatos y se dejó solo a postulantes a determinados órganos. En ese extremo, el dictamen reintroduce esta obligación”, indicó.

Monge añadió que actualmente los candidatos presentan hojas de vida con información personal y profesional, pero no una declaración de intereses como la que propone el proyecto.

¿Qué deberán declarar?

La propuesta crea una declaración jurada que buscaría ser “integral”, es decir, un único documento que concentrará información patrimonial y de intereses.

Por un lado, se deberá reportar ingresos, bienes, rentas, inversiones, vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y otros activos.

Por otro, también deberán transparentarse intereses privados, participaciones societarias, asesorías, representación de terceros, actividades económicas, vínculos familiares y cualquier situación que pueda generar conflicto de interés frente al Estado.

La propuesta incluso alcanza información vinculada a cónyuges, convivientes e hijos menores de edad.

Contraloría tendrá mayores facultades

La propuesta otorgaría a la Contraloría General de la República competencias más amplias para recibir, procesar, publicar, fiscalizar, archivar y sancionar todo lo relacionado con estas declaraciones juradas.

La entidad podría requerir información a otras entidades públicas, empresas privadas, personas naturales o jurídicas y realizar cruces de información patrimonial para verificar la consistencia de lo declarado.

El proyecto también establece que las declaraciones deberán presentarse de manera digital mediante un sistema administrado por la Contraloría.

Nuevas infracciones y sanciones

El dictamen incorpora nuevas faltas administrativas relacionadas con la omisión o falsedad en las declaraciones juradas.

Entre las conductas sancionables figuran no presentar la declaración, consignar información falsa o incompleta, ocultar datos relevantes, no actualizar la información requerida o incumplir requerimientos de la Contraloría.

Algunas de estas infracciones son calificadas como “muy graves”, especialmente cuando exista ocultamiento de información orientado a encubrir situaciones incompatibles con los intereses del Estado.

Además, la propuesta modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Ley de Contrataciones del Estado para fortalecer las herramientas de fiscalización preventiva y control patrimonial.

Transparencia y prevención de conflictos

El dictamen sostiene que la publicidad de esta información busca fortalecer la transparencia en la función pública y prevenir actos de corrupción, tomando como referencia estándares internacionales y recomendaciones de organismos especializados.

En ese sentido, el proyecto plantea que la ciudadanía pueda acceder parcialmente a la información declarada, principalmente la relacionada con intereses y posibles conflictos, mientras que determinados datos patrimoniales sensibles mantendrían restricciones de acceso conforme a la normativa vigente.

El Perú se incorporó oficialmente a la Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), iniciativa internacional que promueve el fortalecimiento de las cuencas oceánicas y la gestión sostenible de los recursos marinos, consolidando así el compromiso del país con la gobernanza marítima y la protección de los ecosistemas marinos.

La adhesión a esta alianza representa un avance en el desarrollo de herramientas técnicas y metodológicas que permitirán optimizar la toma de decisiones sobre el ámbito marítimo nacional, mediante la integración de información económica, ambiental y social vinculada a los océanos.

A través de su participación en la GOAP, Perú podrá acceder a cooperación técnica internacional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las denominadas “cuencas oceánicas”, instrumentos que ayudan a medir el valor y el aporte de los océanos al desarrollo sostenible del país.

Asimismo, esta incorporación contribuirá al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Marítima 2019-2030 y de las acciones impulsadas por la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), especialmente en la elaboración del Producto Bruto Interno (PBI) Marítimo, considerado una de las metas estratégicas de dicha política nacional.

El ingreso a la GOAP fue impulsado por la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), que encabeza la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

Parque Arauco cumple 20 años de operación en Perú. Su crecimiento en estas dos décadas en el país se dio tanto de manera orgánica como inorgánica, como fue el caso de la última adquisición de Minka. Pero su plan va más allá de esta compra. Y es que yanse esboza el nuevo plan de crecimiento de la cadena de centros comerciales para los siguientes años, en el que el uso mixto tomará mayor relevancia. Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco División Perú, da a conocer en entrevista con Gestión los siguientes pasos de la empresa en Perú.

A la fecha ¿cuántos activos tiene Parque Arauco en el país?

Son 23 activos, 22 comerciales y uno residencial para renta. Estamos en 11 ciudades, incluida Lima.

En base a los resultados financieros del primer trimestre, ¿Megaplaza sigue siendo el activo de mayores ingresos para Parque Arauco?

Megaplaza Independencia es el activo más grande nuestro portafolio en Perú, con más de 120.000 m2 de área rentable. Por tamaño, el siguiente es Minka, al que le está yendo bastante bien.

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Y ¿cómo va el avance del proyecto de ampliación de Megaplaza?

Es un patio de comidas, solo que lo hemos sofisticado un poco. Teníamos nueve locales y el patio de comidas era el que estaba en la plaza central y nos quedamos cortos. Lo hemos denominado Distrito Gastronómico de Lima Norte.

¿Por qué distrito?

Porque son dos componentes. Uno que llamamos tipo food court, con la comida rápida, más otro componente, que es más un mercado gastronómico y que llamamos Bazar Gourmet, con marcas de comida más sofisticada, que suman en total 26 locales.

¿Cuándo se estaría inaugurando?

Debemos abrir a fines de julio. Estamos en las últimas etapas, en lo referente a acabados.

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Hace algunas semanas anunciaron que sumarían viviendas en Megaplaza ¿este proyecto ya se empezó a desarrollar?

En estos 20 años partimos inicialmente en el mundo retail, empezamos a crecer, y después a diversificar. Creo que en Perú, no sé si el único, pero somos de los pocos que apostamos por multiformatos, desde Megaplaza hasta los más chicos como los Viamix. Post pandemia, decidimos incorporar en esta diversificación la vivienda para renta como fue el proyecto de La Mar, que abrió el año pasado, ya estamos como 6 o 7 meses en operación, con un 60% o 70%. Y con ese aprendizaje, anunciamos hace dos meses una inversión de US$ 32 millones en un proyecto de vivienda para renta similar pero esta vez en Independencia, que es parte de nuestra siguiente gran fase de crecimiento, con poco más de 500 unidades.

¿Y cuándo podrían tener el proyecto activo?

Debería estar abierto para el 2029. Recordemos que tiene ciertas partes de permisologías, la más larga suele ser de impacto vehicular.

¿Podrían incorporar el modelo de renta en otros de sus centros comerciales?

Depende de varios factores. Uno, de la capacidad constructiva del centro comercial, además de la demanda. Entonces, tenemos que ver caso por caso.

Estos son los principales proyectos que tienen actualmente. ¿Ya están esbozando otros cambios que vayan a realizar?

Los últimos 5 años hemos anunciado inversiones por cerca de US$ 260 millones, como la compra de Minka por US$100 millones o el proyecto en La Molina por US$ 60 millones, solo por mencionar algunos. Hacia adelante también tenemos un plan ordenado que vamos a anunciarlo paso a paso En el pipeline sí hay planeamiento para crecer. Nada está limitado, estamos buscando la posibilidad de crecer.

¿Hay terrenos suficientes para nuevos proyectos?

El tema de terrenos es un gran reto. Tanto en Lima, donde se llaman zonas urbanas, es muy difícil encontrar un terreno grande con un precio que te permita hacer un negocio inmobiliario de retail, que no tenga problemas legales de ningún tipo, ni superposiciones, ni problemas de saneamiento. Nosotros vemos que se vienen con más fuerza los usos mixtos. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más proyectos con retail y otro formato. Ya hemos demostrado que podemos hacerlo bien con viviendas.

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¿Están en algún tipo de negociación para comprar algún terreno?

Siempre atentos a buscarnos. No hay nada que te pueda anunciar en ese sentido. Pero siempre abiertos a mirar y seguir creciendo. Y seguiremos anunciando también las ampliaciones que vamos haciendo en nuestros centros comerciales.

Y ¿cuál es el plan con Minka?

Minka es un activo muy importante. Después de tomar el control estamos incorporando nuestros planes de crecimiento, que debe estar afinado para finales de año. Y me encantaría anunciar una primera fase este año. Pero dependemos de permisos.

¿Minka tiene espacios para crecer más hacia lo horizontal o vertical?

Tiene algo de altura, no tanta, pero se puede seguir aprovechando y otros espacios que pueden seguir empleando

¿Podrían replicar el modelo Minka en otras ciudades?

Hemos llevado una pequeña muestra, obviamente no a la escala de Minka, a Parque La Molina. Es una parte de ese mercado de frutas y verduras y ha sido una buena señal de que esto puede operar en otros malls.

¿Podría haber un cambio trascendental en Minka?

Es probable que incorporemos a otros usos inmobiliarios que aprovechen la altura para sumarle valor.

¿Está contemplado incorporar oficinas?

Todavía no puedo comentar lo que vamos a negociar, pero sí vemos oportunidad de incorporar ese uso. Hay gente que está en la zona, que vive cerca y que puede efectivamente beneficiarse de esta mayor versatilidad.

Uno de los activos que más destacan de su portafolio es el de los outlets ¿con el nuevo terminal del Jorge Chávez como afecta esto el flujo de visitas en la sede de Faucett?

En el outlet que se ubica en Faucett, teníamos diferentes públicos, como personas que trabajaban en el aeropuerto e iban mucho al Outlet para almorzar, flujo que cayó fuertemente con el cambio del terminal, pero habían otros públicos que no estaban relacionados con el aeropuerto y no los hemos perdido.

¿Se ven ampliaciones en la operación?

La parte de los estacionamientos podrían ser evaluados para potenciales ampliaciones.

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A nivel de coyuntura ¿están sintiendo en sus centros comerciales el impacto en visitas y ventas por el proceso electoral?

Uno pensaría que con toda esa incertidumbre política la gente se frena y al contrario, hasta ahora todo viene muy bien, con crecimiento a doble dígito en algunos de nuestros centros comerciales. Más allá de la coyuntura nosotros estamos en un negocio de muy largo plazo, cuando decimos que cumplimos 20 años es porque lo que nosotros construyamos o desarrollamos va a estar acá por 50 o 100 años más y bajo esa perspectiva no pienso en ciclos de un año o de cinco, tengo que pensar que mis activos van a sobrevivir digamos que 10 presidentes o más. Hoy en día, el ciclo político no está afectando el ciclo económico, al contrario, estamos viendo un impulso muy fuerte que nos sorprende positivamente.

A medida que el país ingresa en un escenario marcado por el proceso electoral, el consumo comienza a mostrar señales de cautela. El cambio no solo pasa por una menor disposición al gasto, sino también por una transformación en los hábitos de compra: los hogares planifican más, reducen compras impulsivas y priorizan categorías esenciales frente a bienes de mayor valor o carácter aspiracional.

En este contexto, algunos sectores aparecen como los primeros en resentir el cambio de ánimo del consumidor, mientras otros mantienen una mayor resiliencia.

Desde el sector comercio, la presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, sostuvo que el consumidor peruano suele reaccionar de manera sensible frente a episodios de incertidumbre política, lo que se refleja rápidamente en las ventas.

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“El consumidor en el sector comercio es muy emocional. Cuando hay situaciones políticas o eventos que afectan al país y a la población, se siente una baja en las ventas y se vuelve más preventivo en sus compras”, indicó.

Según explicó, en estos periodos el consumidor posterga decisiones no urgentes, compara más precios y visita diversos canales —incluyendo plataformas digitales y redes sociales— antes de concretar una compra.

Tecnología, moda y hogar entre los más sensibles

Entre las categorías que primero sienten el impacto aparecen los rubros de consumo discrecional. Passalacqua identificó a tecnología, electrodomésticos, mejoramiento del hogar, moda y calzado como los sectores que suelen enfrentar mayores frenos cuando el consumidor decide cuidar su presupuesto.

Por el contrario, alimentos, bebidas y productos de cuidado e higiene personal mantienen una mayor estabilidad debido a su carácter esencial.

La lectura coincide con el análisis de Joaquín Valle del Olmo, managing director y senior partner de BCG en Perú. El ejecutivo señaló que la incertidumbre activa lo que la psicología conductual denomina un “modo de preservación”, caracterizado por la reducción del gasto discrecional, la postergación de compras importantes y un mayor ahorro preventivo.

Además, explicó que en procesos electorales y contextos de incertidumbre observados en países de la región suele producirse una compresión temporal de la demanda de bienes duraderos y servicios no urgentes.

Entre las señales que las empresas ya identifican figuran la migración hacia formatos más pequeños, el aumento de visitas a tiendas de descuento y mayoristas, la reducción del ticket promedio y una planificación más estricta de las compras.

“Se incrementa el comportamiento de comprar únicamente productos en promoción y se rompe la lealtad de la cesta completa”, refirió.

Promociones, marcas propias y formatos pequeños ganan espacio

La cautela también está reconfigurando las preferencias de consumo. De acuerdo con Passalacqua, la búsqueda intensiva de promociones se ha convertido en uno de los principales motores de compra, mientras crece el traslado hacia marcas propias y opciones de menor precio.

“Las marcas propias y los formatos económicos ya no son solo una opción de emergencia, sino una estrategia estructural de ahorro para algunas familias peruanas”, comentó.

En paralelo, el retail está respondiendo con empaques más accesibles, formatos más pequeños y una mayor expansión de esquemas de descuento para mantener la accesibilidad.

Desde BCG añaden que el crecimiento de las marcas propias suele dejar efectos permanentes. Según sus análisis, una parte importante de consumidores que migran hacia estas opciones durante periodos de incertidumbre mantiene posteriormente esos hábitos.

Asimismo, Valle del Olmo advirtió que las empresas más sofisticadas están evitando una guerra de precios y migran hacia estrategias de valor agregado, como paquetes, programas de fidelización y formatos adaptados al menor desembolso.

“La respuesta no necesariamente pasa por bajar precios, sino por comunicar mejor el valor y el beneficio del producto”, apuntó.

El consumidor cambia, pero el consumo no desaparece

Pese al contexto de cautela, las expectativas del sector comercio apuntan a que el consumo mantenga cierta resiliencia, apoyado por la estabilidad macroeconómica y la recuperación del empleo formal.

Passalacqua señaló que, aunque el ruido político suele repetirse en cada proceso electoral y ralentizar el dinamismo del consumo, el consumidor peruano continúa valorando la funcionalidad, la confianza y el propósito de las marcas.

Añadió que la próxima campaña vinculada al Mundial de fútbol podría generar impulso en categorías como tecnología y electrodomésticos, aunque sin eliminar el comportamiento prudente que marcaría el resto del año.

Expectativas y confianza: la mirada económica

Para Julio Del Castillo, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, la incertidumbre política opera como un mecanismo psicológico que lleva a los hogares a frenar decisiones de consumo y reforzar el ahorro preventivo.

Según explicó, los bienes duraderos —como electrodomésticos, muebles, vehículos y artículos para el hogar— suelen ser los más afectados.

El economista añadió que la confianza del consumidor también evidencia deterioro. Citó que el indicador de expectativas sobre la economía a tres meses pasó de 52 puntos en marzo a 44.6 puntos en abril, ingresando a terreno pesimista.

En ese escenario, consideró que durante las próximas semanas los hogares podrían mantener una actitud prudente, priorizando la canasta básica y postergando gastos de mayor valor mientras se define el panorama político y económico del país.

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Del precio al valor: el nuevo consumidor que emerge

Para Alexis López, jefe académico de Negocios e Innovación de Toulouse Lautrec, el cambio en el comportamiento del consumidor no responde únicamente al actual contexto electoral, sino que se viene consolidando desde años previos, impulsado por factores como la inflación, la presión sobre los ingresos familiares y la mayor cautela financiera de los hogares.

Según explicó, el consumidor peruano ha migrado hacia una lógica más racional y planificada, donde gana terreno el análisis previo de las compras y pierde espacio el consumo espontáneo.

“Hoy el consumidor no solo busca precio bajo; busca valor percibido”, sostuvo. Es decir, evalúa si el beneficio obtenido realmente justifica el desembolso, lo que ha fortalecido las promociones, marcas económicas, marketplaces y marcas independientes.

El especialista añadió que, incluso dentro del consumo esencial, las familias vienen realizando ajustes, migrando hacia compras mayoristas, marcas blancas, promociones y productos sustitutos.

Frente a este escenario, indicó que las empresas están respondiendo con líneas económicas, formatos de menor desembolso y una comunicación más enfocada en empatía, practicidad y utilidad. “El consumidor actual penaliza la ostentación en contextos de incertidumbre y valora marcas que entienden su realidad cotidiana”, remarcó.

Además, consideró que en los próximos meses podrían consolidarse tendencias como un consumo más pragmático, una mayor digitalización de la búsqueda de precios y el crecimiento de formatos económicos y promociones.

A pocas horas del debate técnico presidencial, Ismael Benavides, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), endureció sus críticas contra Juntos por el Perú (JP). El integrante del equipo económico de Fuerza Popular (FP) aseguró que las propuestas del partido opuesto responden a ideas “populistas”.

Estas iniciativas son similares, según dijo, a modelos aplicados en países donde aumentó al pobreza y cayó la inversión.

¿Crecimiento económico en cuerda floja?

Benavides señaló que el plan económico de Fuerza Popular es “realista” y “ejecutable”, ya que contempla orden jurídico, crecimiento económico y enfoque social.

“Yo creo que las propuestas de Juntos por el Perú son antideluvianas, son anticuadas, son modelos fracasados. Ha fracasado en Venezuela, ha fracasado recientemente en Bolivia y donde se ha aplicado últimamente en Colombia y en Chile, las economías se han desacelerado, ha aumentado la pobreza, ha caído la inversión, ha caído el empleo y han demostrado que las ideas socialistas en países que están en desarrollo simplemente no funcionan”, dijo a RPP.

En esa línea se refirió también a la propuesta de elevar el sueldo mínimo a S/1,500 soles. Al respecto, expresó que sería una medida populista y advirtió que podría aumentar la informalidad.

“En un proceso electoral es una propuesta populista, sin ningún sustento técnico. Yo sí creo que siempre alienta a la población que se prometa un alza del sueldo mínimo. Pero, ojo, el sueldo mínimo afecta justamente una mínima porción de la población económicamente activa. Porque recordemos que el 80% de la fuerza laboral está en la informalidad, justamente por alzas excesivas de la remuneración mínima vital”.

Y destacó la posible afectación a las mypes: “Entonces, eso ha llevado a que pequeñas empresas, especialmente, no puedan pagar estas alzas sin consultas del salario mínimo vital y se vayan a la informalidad, o muchas quiebran”.

“Para el alza del salario mínimo vital tiene que haber un análisis técnico vinculado con la productividad, y para ello está el Consejo Nacional de Trabajo”, agregó.

Canon minero bajo la lupa

Benavides defendió la propuesta de entregar parte del canon minero directamente a la población y cuestionó el uso que hacen algunos gobierno regionales de estos recursos.

“La propuesta del canon para el pueblo está desde el 2021. [...] Alan García la planteó como una idea, Keiko Fujimori la planteó como algo que se podía ejecutar, y Lucho Carranza ha hecho los análisis y es factible. Hay países en el mundo donde se da ese canon directo al pueblo, por ejemplo en Alaska, en los Estados Unidos, y eso lo que genera es un bienestar en la población vecina a las minas los que reciben canon”, precisó.

Asimismo, desde su perspectiva, otro de los temas centrales es combatir las trabas y requisitos que dificultan abrir negocios y fomentar corrupción desde municipios y entidades públicas.

Las semillas de culantro que lleguen a Perú desde Chile ya no podrán ingresar bajo cualquier condición. Una nueva resolución del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) fija las reglas para su importación y refuerza el cerco fitosanitario del país.

Así lo reveló una reciente normal legal publicada en el diario oficial El Peruano. Aquí, los detalles.

Cultivos verificados

Con el objetivo de blindar a la producción local de posibles plagas, el Senasa aprobó nuevas condiciones obligatorias.

“El envío deberá contar con el permiso fitosanitario de importación emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia”, se puede leer.

Asimismo, el envío deberá venir acompañado de un certificado fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne una declaración adicional con parámetros bien marcados.

Uno es que se deberá acreditar que las semillas provienen de cultivos inspeccionados durante su etapa de crecimiento y libres de la plaga Orobanche ramosa, considerada un riesgo para la agricultura; y se deberá revisar que las semillas no tengan presencia de Systole albipennis.

“Las semillas deben estar contenidas en envases nuevos y de primer uso, libres de suelo (tierra), restos vegetales y otras semillas no autorizadas. Los envases deben estar rotulados con el nombre del producto, el número de lote y el país de origen“, se agrega.

Inspecciones rigurosas

La resolución también establece que mientras el Senasa tome las muestras de semillas importadas para enviarlas a su centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal, el cargamento permanecerá retenido y el costo de las pruebas deberá ser asumido por el importador.

El Hospital del Niño de San Borja inicia una nueva etapa de modernización luego de que ProInversión adjudicara un proyecto orientado a mejorar infraestructura y servicios esenciales para la atención pediátrica.

El proyecto de gestión integral lo tendrá a cargo la concesionaria Proyectos de Infraestructura Sucursal del Perú, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Estándares de calidad

En detalle, con una inversión estimada de US$ 317 millones y un contrato de 17 años, el proyecto permitirá asegurar la operación continua, mantenimiento y modernización tecnológica de uno de los hospitales pediátricos más importantes de Latinoamérica.

La concesión contempla servicios “bata gris” y “bata verde”, incluyendo mantenimiento de infraestructura y equipamiento, alimentación, lavandería, limpieza, seguridad, esterilización y patología clínica, garantizando que el instituto opere con altos estándares de calidad y tecnología permanentemente actualizada.

“Cuando un niño enfrenta una enfermedad compleja, cada minuto y cada equipo médico pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta APP tiene un propósito profundamente humano asegurar que los médicos cuenten siempre con infraestructura operativa, tecnología moderna y servicios funcionando al más alto nivel para seguir salvando vidas”, señaló Luis Del Carpio, titular de ProInversión.

Reposición en el tiempo

Uno de los aspectos más importantes del contrato es que la concesionaria será responsable de la reposición permanente del equipamiento hospitalario durante toda la vigencia de la concesión, lo cual asegura la actualización tecnológica continua y la sostenibilidad operativa en beneficio de los pacientes pediátricos.

“Además, desde la agencia se realizará la ejecución contractual de manera activa los 17 años de concesión, fortaleciendo la articulación para asegurar que el proyecto mantenga los estándares de calidad y servicio que necesitan los pacientes y sus familias”, añadió Del Carpio.

• El dato:

El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es un centro de referencia nacional y latinoamericano especializado en cirugías cardiovasculares, neurocirugía, trasplantes, atención neonatal y tratamiento de quemaduras. Cuenta con 241 camas hospitalarias, 59 camas UCI y seis camas UCI neonatales.

Con proyectos de distribución, regasificación y transporte en cartera, el Perú se prepara para una nueva etapa de masificación del gas natural que apunta a transformar el consumo energético en 11 regiones del país.

Así lo informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que prevé atraer inversiones por US$ 2,900 millones durante el periodo 2026–2027.

Proyectos sobre la mesa

Durante su participación en el simposio “Titikaka Energético 2026”, organizado por el Gobierno Regional de Puno, Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, destacó que estos proyectos se impulsarán mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y la suscripción de adendas de concesiones vigentes.

Esta nueva apuesta llega apenas unos meses después de la crisis energética de marzo, cuando los problemas en el sistema de transporte de Camisea generaron escasez de GNV y GLP en distintas ciudades del país. Las largas colas en grifos y el aumento de precios dejaron en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética peruana.

“La masificación del gas natural no solo representa inversión en infraestructura, significa bienestar para las familias, mayor competitividad para las regiones y una oportunidad concreta para cerrar brechas energéticas históricas en el país”, resaltó Miralles.

La cartera APP de gas natural comprende, entre otras, la adenda Cálidda, prevista para el segundo trimestre de 2026, que permitirá una inversión de US$ 643 millones para la distribución de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

Esta iniciativa contempla 2,510 km de redes de distribución, dos city gates, nueve plantas satelitales de regasificación y beneficiará a 150,914 potenciales hogares.

También la Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución por Ductos en Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión proyectada de US$ 266 millones y adjudicación prevista para 2027.

El proyecto contempla suministro de gas natural licuado, transporte terrestre, estaciones de regasificación y redes de distribución hasta los usuarios finales.

Otras intervenciones

De otro lado, Miralles precisó que, en 2025, ProInversión firmó el Convenio de Colaboración y Encargo con Minem que faculta a la agencia actuar como unidad formuladora y Organismo de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) para el desarrollo y elaboración de los estudios técnicos, el informe de evaluación y los documentos de los principales hitos de los proyectos procesamiento (instalación de una planta de fraccionamiento en la provincia de La Convención – Cusco).

También de transporte de gas natural por ductos en los departamentos de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; seguridad energética (almacenamiento de líquidos de gas natural, ductos de redundancia, entre otros); y micro o pequeña planta de licuefacción en la región Cusco.

En el caso de Puno, la directora destacó que la región se perfila como un nuevo polo gasífero del sur, con potencial para integrarse a la masificación del gas natural mediante una planta satélite de regasificación, redes de distribución y conexiones domiciliarias.

Durante el debate técnico sobre agricultura y medioambiente, el representante de Fuerza Popular, Marco Antonio Vinelli, centró su exposición en un mensaje de “orden” y presencia estatal en el campo, con énfasis en infraestructura hídrica, asistencia técnica y mecanización agrícola.

Su diagnóstico apuntó a que los agricultores enfrentan limitaciones estructurales por falta de agua, crédito, tecnología y apoyo estatal, situación que —según sostuvo— se agravó en los últimos años por la inestabilidad política y la ausencia de políticas sostenidas.

Uno de los principales anuncios fue la reactivación del Pronamach, programa orientado a la construcción de pequeños reservorios, zanjas de infiltración, reforestación y recuperación de cuencas altas, el cual —dijo— volvería a ejecutarse mediante núcleos ejecutores y en coordinación con las juntas de usuarios de agua.

A esto sumó la entrega de maquinaria pesada a las 127 juntas de usuarios para limpieza de canales, cauces y caminos rurales, así como un programa nacional de asistencia técnica para pequeños productores.

Dentro de este esquema mencionó medidas específicas para enfrentar el fusarium en banano, la roya del café y la búsqueda de mercados para productores de papa y arroz.

En materia de seguridad alimentaria y gestión del agua, Fuerza Popular vinculó directamente la seguridad hídrica con la producción agrícola y planteó destrabar grandes proyectos de irrigación e infraestructura.

Entre ellos destacó la represa Chonta en Cajamarca, la irrigación del río Chicha en Apurímac, la segunda etapa de Cachi en Ayacucho y Majes Siguas II en Arequipa, además de proyectos como Chinecas, Alto Piura, la descolmatación de Poechos y Chavimochic III.

Según Vinelli, estas obras deben permitir que productores organizados participen en nuevas áreas irrigadas y fortalezcan su rentabilidad. Frente al fenómeno El Niño, agregó que se desplegarán maquinarias y equipos en las zonas norte y sur del país para atender contingencias climáticas.

El componente económico y ambiental del planteamiento incluyó la defensa del modelo agroexportador y cuestionamientos a propuestas que —afirmó— podrían restringir mercados o afectar la inversión agrícola.

En paralelo, anunció la entrega de 5.000 tractores a comunidades, la conformación de empresas comunales para alpaqueros y vicuñeros orientadas a exportación directa, y un paquete de inversión de S/20.000 millones en cinco años para cerrar brechas del sector.

En medio ambiente, propuso proteger la Amazonía mediante tecnología satelital y drones, además de combatir la minería ilegal prohibiendo actividades en áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca.

El representante técnico de Juntos por el Perú (JP), César Guarniz Vigo, enfocó su participación en la agricultura familiar y en una crítica al modelo que —según sostuvo— favorece a la agroexportación.

Su exposición partió de la idea de que existen “dos agriculturas”: una con respaldo estatal y beneficios tributarios, y otra marcada por falta de crédito, precios bajos y ausencia de políticas públicas.

Bajo ese diagnóstico, defendió que la agricultura familiar es la que sostiene la alimentación nacional y resumió su planteamiento en una frase: “si el campo no produce, las ciudades no comen”.

Uno de los pilares de su propuesta fue el agua. Guarniz planteó alcanzar soberanía y seguridad hídrica mediante la creación de un Fondo Nacional del Agua y un programa nacional que trabaje junto con organizaciones de usuarios, juntas de agua y núcleos ejecutores.

En paralelo, defendió un programa nacional de presas altoandinas y medidas complementarias como pozos tubulares y cochas altoandinas para enfrentar sequías y reducir la vulnerabilidad de los cultivos frente al cambio climático.

También señaló que el país mantiene una brecha superior a S/14.000 millones en infraestructura de riego y advirtió que más del 60% de esta permanece sin revestimiento adecuado.

En el frente financiero y productivo, Juntos por el Perú propuso crear un Banco de Desarrollo Agropecuario dirigido a pequeños productores, con el objetivo de alcanzar a un millón de agricultores en los primeros 100 días de gobierno.

A esto sumó políticas de dinamización de mercados y compras públicas, así como un enfoque específico hacia mujeres rurales, para quienes ofreció elevar el financiamiento hasta en S/ 100 millones.

Guarniz también defendió la industrialización agraria mediante una planta industrial de urea, el aprovechamiento de los fosfatos de Bayóvar, centros de acopio y transformación, además de la reforma de un Midagri moderno y digitalizado enfocado en los pequeños productores.

El eje ambiental estuvo marcado por una sola bandera reiterada a lo largo del debate: la derogación de la denominada “ley antiforestal”.

Guarniz vinculó esa norma con el avance de la deforestación, la minería ilegal y el crimen organizado en la Amazonía, sosteniendo que ha facilitado el deterioro ambiental y la contaminación de fuentes de agua utilizadas por pequeños agricultores.

Junto con ello, propuso derogar leyes que considera favorables al crimen y recuperar territorios afectados por economías ilegales, insistiendo en que la protección ambiental y el fortalecimiento del agro familiar deben ir de la mano.

Han pasado ocho años desde que, a la par del crecimiento del comercio exterior del Perú, que en su mayor parte se realiza por vía marítima, se ha empezado a reportar congestión de buques y camiones en el puerto del Callao, y desde entonces -tras sucesivos récord en exportaciones- a la fecha el problema se ha agudizado.

El 2025 ese terminal portuario llegó a movilizar 45.4 millones de toneladas métricas (TM) de carga, un crecimiento del 3% respecto al 2024 y una cifra histórica, y de ese total, 31.9 millones de TM (un 70.2%) se embarcaron en 3.32 millones de contenedores de 20 pies (TEUs).

Durante el XXIII Foro Internacional de Puertos, que organizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que abordó esta problemática, diversos actores del sector reconocieron que, dada las proyecciones de aumento de la demanda de servicios portuarios en el país, la congestión puede empeorar aún más.

AFIN: se necesitará duplicar capacidad portuaria

Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) citó estudios que proyectan que, al año 2060 la demanda de carga a movilizar por el Callao llegaría a los 10 millones de TEUs, lo cual requerirá duplica su capacidad portuaria actual.

Sin embargo, remarcó que existen problemas en la capacidad de la infraestructura vial para movilizar a unos 5 mil camiones por día que entran y salen del puerto, que además ahora se han visto restringidos al no poder transitar por una de sus principales rutas, la Av. Morales Duárez.

Por su parte Manuel Galup, jefe del área legal y de asuntos corporativos de APM Terminals (operador del Muelle Norte), reconoció que en el corto plazo es difícil reducir la congestión -la cual, anotó, puede llevar a colas de camiones de hasta 13 kilómetros-, debido a que la atención en el terminal responde a la demanda de las líneas navieras.

Citó como ejemplo que, cuando baja el precio del acero pueden arribar en forma simultánea 7 u 8 buques con carga de ese metal, lo cual desafía los límites naturales del puerto y genera retos en la gestión del tráfico.

Muelle Sur a tope el 2028

En el mismo foro, Marco Hernández, gerente general de DPW Callao, recordó que, tras cumplir inversiones obligatorias para atender 1.9 millones de TEUS en el Muelle sur, la empresa decidió realizar inversiones adicionales que le han permitido ampliar su capacidad total a 2.3 millones de TEUs.

Sin embargo, proyectó que esa capacidad total “se acabará” (llegará al tope de su aforo) en el año 2028, en línea con los estudios que proyectan que la demanda en el puerto superará los 10 millones de TEUs al 2060.

Por tal razón, Hernández indicó que están en un punto de inflexión en el cual, para el año 2027 planean tomar acción buscando extender el plazo de su contrato de concesión, que vence el año 2036, y poder ampliarlo (por 30 años adicionales).

Bajo esa ampliación (que se daría vía adenda), confirmó que esperan realizar nuevas inversiones por US$2,000 millones -adicionales a los US$800 millones de su contrato actual- y ejecutar proyectos tanto dentro como fuera del Muelle Sur, incluyendo el esperado antepuerto, estimando que éste requerirá una inversión de US$235 millones.

APMT: antepuerto será insuficiente

No obstante, para Manuel Galup de APM Terminals, si bien la construcción de un antepuerto puede mitigar el impacto de la congestión, no la va a resolver.

Ello, debido a que, explicó, si se prevé desarrollar esa plataforma para estacionamiento de camiones en un espacio de 20 hectáreas, podría acoger a unos 700 vehículos de ese tipo, pero no tendrá la capacidad para atender el ingreso diario de 5 mil de ellos que forman cola para ingresar al puerto.

Vale recordar que el antepuerto está pensado para permitir el traslado ordenado de camiones en ruta al puerto, bajo un esquema de citas, para evitar aglomeraciones en las rutas de acceso al terminal.

Sin embargo, Galup refirió que en el Callao, entre el 20 al 25% de las citas para atender camiones se pierden debido a la misma congestión, pero además, los picos de atención bajo esa programación se da entre las 9 de la mañana y el mediodía, a pesar que el puerto opera las 24 horas del día, y que nadie por ejemplo retira carga en la madrugada, por la falta de seguridad en las rutas.

En tal sentido, remarcó que, si el sistema de citas (y el antepuerto) no van aparejados a un ordenamiento de las vías de acceso y control organizado del tráfico, en función además de la capacidad de atención del puerto, el esfuerzo que se haga para dotar de más infraestructura será inútil.

CCL: Obras no se ponen en marcha

Por su parte, Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios de la CCL, refirió que se requiere que el Gobierno avance en el mejoramiento de las vías de acceso al puerto o proyectos como el antepuerto, pero que este tipo de iniciativas de ejecución pública, en general, no se están poniendo en marcha.

Refirió que el problema logístico portuario no se resuelve sólo con inversiones dentro de los puertos, y que si bien por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé destinar US$5 millones para obras de dragado en el puerto del Callao, le asignan US$2,000 millones a Petroperú, que es una empresa en quiebra.

Obras pendientes para Chancay

A su turno, el presidente de la CCL, Raúl Barrios, objetó que hasta el momento no se ha desarrollado la infraestructura vial que permita ampliar las rutas de acceso hacia el puerto de Chancay.

Mientras tanto, objetó que hasta el momento no se haya aprobado la planificación urbana de la ciudad de Chancay, y que “necesitamos que el sector público se ponga a trabajar”.

En tanto, Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay, refirió que en una primera etapa del proyecto del puerto de Chancay consideraron un antepuerto vehicular, pero anticipa que resultará insuficiente para atender futura carga.

En esa visión, remarcó que ese tipo de infraestructura debe ser complementado con los corredores viales que esperaba implementar el Estado, y que además, está pendiente la interconexión entre Chancay y el Callao, y que se resuelva el colapso en el tramo que comprende el distrito de Ventanilla.

En el marco del bloque “Economía y generación de empleo” del primer debate presidencial técnico, el representante de Fuerza Popular (FP), Luis Carranza, recordó que luego de casi un lustro el Perú no ha podido recuperar su nivel prepandemia, pese a que otros países de América Latam sí lo lograron.

“El Gobierno de Pedro Castillo y de Roberto Sánchez no hicieron nada al respecto. Sin embargo, los peruanos somos resilientes”, anotó.

Carranza apuntó como los principales ejes del plan económico de Fuerza Popular el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y del equilibro fiscal.

“En el plan de Juntos por el Perú no se aborda la estabilidad económica y no hay un respeto a la autonomía del BCRP”, comentó.

Sumó como uno de los pilares para dinamizar a la economía peruana al fomento de la inversión privada, abarcando desde el apoyo a las microempresas hasta el impulso de los grandes proyectos de inversión. Esto, a su vez, permitirá la generación de empleos.

“La inversión privada es fundamental para crear empleos. [Lo fomentaremos] con incentivos tributarios para formalizar empresas y también con garantías tributarias”, apuntó.

En este contexto, cuestionó que desde Juntos por el Perú se proponga un incremento del sueldo mínimo sin mayor análisis técnico. Recordó que este tipo de medida solo “arrincona” a las empresas más pequeñas.

Respecto a las finanzas públicas, indicó que desde Fuerza Popular apuestan por lograr una estabilidad. “Está nítidamente en el plan de Fuerza Popular. La regla fiscal tiene que cambiar, se tiene que controlar el gasto corriente y apostar por la inversión pública”, comentó.

Durante el bloque “Economía y generación de empleo” del primer debate presidencial técnico, el representante de Juntos por el Perú (JP), Pedro Francke, indicó que el Perú está en condiciones de crecer en alrededor de 6%, a diferencia de estar bordeando la mitad de dicha tasa.

Apuntó como uno de los principales frenos del avance económico a la inseguridad ciudadana, puntualmente a las extorsiones al sector empresarial. “Vamos a derogar las leyes procrimen”, anotó.

Como medida puntual, agregó que ofrecerán un programa de financiamiento “barato y masivo” para las familias emprendedoras.

Francke también indicó que “no habrá estatizaciones” durante una gestión de Juntos por el Perú y que se “respetarán los contratos”. Sin embargo, esto va en sentido contrario a lo que recoge su propio plan de Gobierno, que aborda una eliminación del aval a los contratos ley.

“Nosotros respetaremos la política macroeconómica y fiscal. Respetaremos la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y le pediremos a Julio Velarde [su actual presidente] que se mantenga en el cargo”, apuntó.

A fin de dinamizar la inversión privada, el economista mencionó que se fomentarán la transformación tecnológica que, a su vez, permitirá la promoción del empleo.

“Hay que incentivar la inversión en ciencia y tecnología. Esta es una gran oportunidad para las pequeñas empresas”, comentó. A reglón seguido, cuestionó que existan, en el sector agroexportador, exoneraciones tributarias.

Respecto a la reducción de la pobreza, mencionó que deben reenfocarse las prioridades en el Estado, donde se aumentan las remuneraciones en el Congreso, por ejemplo, y se reduce y/o elimina el presupuesto destinado para becas educativas.

Por último, planteó su desacuerdo con planes de endeudamiento para el desarrollo de obras. Apuntó que están de acuerdo con que se respeten las reglas en el manejo de las finanzas públicas.

Con cuarenta años en el mercado inmobiliario —enfocado principalmente en el corretaje de propiedades—, el Grupo MAK ha diversificado con el tiempo sus líneas de negocio hacia dos sectores que registran un crecimiento de doble dígito: la gastronomía y el turismo. ¿Cómo evoluciona cada una de estas áreas y qué se proyecta para los próximos meses? Moisés Ackerman, presidente del directorio, e Isaac Ackerman, su hijo y gerente adjunto, explican a Gestión los planes que la empresa tiene previsto para este año en sus distintas líneas de operación.

En la división gastronómica, uno de sus principales conceptos del grupo MAK es Kauza, restaurante especializado en cocina peruana y variedades de causa limeña, que actualmente opera dos locales: uno en la calle Tarata (Miraflores) y otro en la avenida Conquistadores (San Isidro). “Estamos evaluando abrir un nuevo local antes de que termine el año. La Molina es una posibilidad importante, aunque también seguimos atentos a oportunidades en Miraflores o Surco. Al final, en gastronomía, la ubicación lo es todo”, acotó Isaac Ackerman.

El ejecutivo detalló que el segundo local de Kauza, inaugurado en diciembre en Conquistadores, representó una inversión significativamente mayor y fue diseñado para sostener el crecimiento futuro de la marca. “Ese local ya funciona con una cocina central que puede abastecer hasta cinco restaurantes Kauza. Desde ahí hoy operamos el local de Tarata y tenemos capacidad para seguir expandiéndonos”, indicó.

El concepto, agregó, ha tenido una buena recepción tanto del público local como extranjero. “En Tarata, cerca del 50% de nuestras ventas son turistas. Tenemos muy buenos comentarios porque el concepto mezcla comida criolla, ceviches y 17 variedades de causa, algo distinto dentro de la oferta peruana”, sostuvo. El grupo incluso proyecta internacionalizar la marca en el mediano plazo. “La idea es salir al exterior en un horizonte de cuatro o cinco años, probablemente a mercados como Chile, Ecuador o incluso Miami”, adelantó.

En paralelo, MAK también ha ingresado al segmento de bares y entretenimiento. Entre sus nuevas apuestas figura Volver, un bar de salsa ubicado en Barranco y orientado a un público adulto. “Es un concepto diferente, pensado para personas mayores de 35 años, desarrollado junto al grupo Bros, que tiene experiencia en entretenimiento”, manifestó Moisés Ackerman.

A ello se suma Espacio Oculta, otro bar inaugurado recientemente en Barranco, así como los planes de expansión de La Vaca Loca, su tradicional propuesta gastronómica enfocada en carnes. “La Vaca Loca viene caminando bien. Hemos remodelado la terraza y estamos buscando un nuevo local para abrir hacia finales del verano del 2027”, comentó Ackerman. Entre las zonas que evalúan figuran Surco y el eje de Primavera.

Entre las novedades del Grupo MAK se encuentra el desarrollo de una propuesta: Brandos Bestial, una sanguchería inaugurada hace apenas unas semanas en Santa Cruz, cerca del óvalo Gutiérrez (Miraflores). “La apertura superó todas las proyecciones. En los primeros días tuvimos sold out”, recordó Isaac Ackerman. El concepto apunta a un formato más compacto y escalable. “La idea es desarrollar hasta 40 locales de Brandos en el Perú. Es un formato más pequeño, inspirado en sabores americanos, pero adaptado al paladar peruano”, explicó.

La propuesta incluye sánguches con ingredientes y salsas locales, además de bebidas como matcha japonés, café peruano y otros productos complementarios. “Es una carta más reducida y ágil, pensada para crecer rápido”, añadió.

Para Moisés Ackerman, el crecimiento gastronómico del grupo responde también a su experiencia inmobiliaria. “Nuestro diferencial es que somos inmobiliarios. Sabemos conseguir buenos locales, en buenas ubicaciones y a precios adecuados. Ahí está buena parte de la ventaja competitiva”, subrayó.

El desempeño de las marcas gastronómicas en lo que va del año ha sido positivo. Según el grupo, Kauza viene registrando ventas alrededor de 25% por encima de lo proyectado, mientras que Brandos duplicó las expectativas iniciales tras su apertura. “Hay mucho consumo en el país y eso se refleja en los restaurantes. Nosotros vemos un mercado todavía con espacio para seguir creciendo”, señaló Moisés Ackerman.

División hotelera y los desarrollos del Grupo MAK

En hotelería, la empresa mantiene presencia en ciudades como Chiclayo, Piura, Trujillo y Lima, con foco especial en Miraflores, donde prevén seguir creciendo. “Estamos avanzando muy bien y proyectamos tomar entre dos y tres hoteles más por año. En Lima tenemos mucho apetito por seguir creciendo en Miraflores porque es el principal polo turístico del país”, comentó el presidente del Grupo MAK.

Actualmente, el Grupo MAK opera 18 hoteles y registra una ocupación anual promedio de 75%. “Tenemos meses bajos, pero en promedio estamos alrededor del 75% de ocupación anualizada. En temporadas altas y fechas específicas superamos el 95%”, dijo.

El desempeño del sector hotelero, anotó, está estrechamente ligado a los grandes eventos que se realizan en el país. “La hotelería va de la mano con lo que ocurre en el Perú. La final de la Copa Libertadores llenó todos los hoteles de Lima y elevó significativamente las tarifas. Lo mismo ocurre con conciertos y eventos masivos como los de Shakira o partidos internacionales. Todo eso mueve la ocupación y dinamiza la economía”, indicó.

En esa línea, adelantó que la cadena viene fortaleciendo su vínculo con el fútbol profesional. “Estamos armando paquetes para equipos que viajan a provincias, incluyendo hospedaje, reservas en restaurantes y entradas a los partidos”, explicó.

Respecto a los planes de expansión, el vocero indicó que aún evalúan ingresar a mercados como Arequipa y Cusco. “Son plazas más complejas de manejar. Para que el modelo funcione necesitamos tener al menos cuatro hoteles por ciudad. Además, en el norte y Lima tenemos la ventaja de la conectividad terrestre, mientras que depender de vuelos complica la operación”, sostuvo.

Sobre las nuevas aperturas, precisó que el crecimiento dependerá de las oportunidades que surjan en el mercado. “Nuestro modelo es alquilar hoteles, por lo que buscamos ofertas atractivas y sostenibles. Con la experiencia e información que manejamos sabemos cuándo una operación puede ser rentable. Este año podríamos incorporar uno, tres o incluso cinco hoteles, dependiendo de las oportunidades que aparezcan”, afirmó.

La capacitación gerencial dentro de las organizaciones constituye un elemento clave para incrementar su productividad e impulsar la competitividad. Hoy en día, las empresas priorizan los modelos de liderazgo propios, es decir, esquemas adaptados a sus necesidades y características específicas.

Asimismo, la formación de los gerentes también cumple un papel fundamental en la retención de talento, ya que uno de los aspectos más valorados por los trabajadores, incluidos los directivos, es la posibilidad de desarrollar su carrera y crecer profesionalmente.

En la medida en que las organizaciones impulsen el desarrollo profesional de sus colaboradores, aumentará el nivel de compromiso de sus empleados, especialmente de los CEO’s.

¿Hacia dónde apunta?

Sandra Cubas, managing partner en Cornerstone Perú, señaló que la capacitación ya no responde únicamente a programas genéricos, sino a planes de desarrollo diseñados según las necesidades del negocio y los retos específicos de cada líder. Actualmente, las compañías invierten en programas que combinan liderazgo, estrategia, gestión del cambio, inteligencia emocional, innovación y visión digital, refirió.

En ese marco, comentó que el componente tecnológico ha tomado una relevancia enorme en la formación ejecutiva, especialmente con la aceleración de la inteligencia artificial, automatización y transformación digital. Sin embargo, no es el único ni necesariamente el principal elemento.

“Hoy las organizaciones buscan ejecutivos completos: líderes capaces de combinar visión estratégica, gestión humana, pensamiento crítico, agilidad para la toma de decisiones y capacidad de liderar equipos en contextos de incertidumbre. La tecnología es una herramienta clave, pero las habilidades humanas y de liderazgo siguen siendo determinantes”, explicó Cubas.

Por su parte, Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, indicó que las capacitaciones deberán poner sus reflectores en formar líderes más humanos, conectados y maduros emocionalmente. Entonces, el objetivo ya no es únicamente dirigir operaciones, sino crear ecosistemas organizacionales donde las personas puedan priorizar programas de formación que integren habilidades humanas, pensamiento estratégico y capacidades tecnológicas.

“Si bien el elemento tecnológico es y será sin duda un elemento transversal-multigeneracional las empresas líderes globales están priorizando formatos como microlearning; workshops intensivos; bootcamps ejecutivos; mentorías; coaching grupal; aprendizaje entre pares; simulaciones reales; aprendizaje basado en proyectos. Siendo todos los anteriores cubiertos por el manto de la IA generativa”, manifestó.

Tendencia en las capacitaciones

Sandra Cubas comentó que el tipo de capacitación va a depender mucho de la necesidad de la organización, del momento del negocio y del nivel de conocimiento o experiencia de cada ejecutivo. En ese sentido, dijo que existe una oferta amplia que abarca desde cursos especializados y programas cortos enfocados en habilidades puntuales, hasta programas de formación ejecutiva, maestrías o procesos de acompañamiento de largo plazo.

“Las empresas están apostando cada vez más por esquemas flexibles y personalizados de desarrollo. Vemos una tendencia creciente hacia formatos híbridos, microlearning, programas internacionales y capacitaciones in-company diseñadas específicamente para la realidad de cada organización", sostuvo

Ernesto Rubio manifestó que, más que los títulos, lo que importa realmente es la comprobación de que el ejecutivo tenga la capacidad vigente y pueda aplicarlo en su labor.

“Hoy el valor no está en acumular horas de capacitación, sino en generar cambios rápidos de comportamiento y capacidades aplicables inmediatamente al entorno laboral”, añadió.

¿Es determinante un MBA?

Sandra Cubas consideró que una maestría o MBA continúa siendo una herramienta muy valiosa para el crecimiento profesional y el fortalecimiento de capacidades estratégicas y de gestión. Definitivamente suma y, en muchos casos, se ha convertido en un diferencial importante dentro de posiciones de alta dirección, añadió.

“Si bien existen gerentes exitosos que no cuentan aún con una maestría, la mayoría suele tenerla dentro de su plan de desarrollo profesional, entendiendo que la actualización constante es clave en el entorno actual”, señaló.

No obstante, aclaró que, más que el título en sí, las organizaciones valoran la capacidad del ejecutivo para mantenerse vigente, desarrollar nuevas competencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Ernesto Rubio coincidió en que si bien es importante que los ejecutivos cuenten con maestrías o MBA, las “empresas del futuro” valoran otros aspectos, más que “un listado de certificaciones”.

Esto no significa que las maestrías o MBA vayan a desaparecer, pero lo que prevalecerá serán los aprendizajes inventivos. “Algunas enseñanzas que valorarán sustantivamente el interés de los accionistas y ejecutivos C-Level, son: clases conversacionales; dinámicas relacionales, mediadores y no medidores del conocimiento; aprendizajes emergentes y polivalentes; y aprendizajes de trabajos colectivos multigeneracionales”, mencionó.

Skills más valoradas

Sandra Cubas indicó que las organizaciones buscan gerentes que actúen como socios estratégicos del negocio. Las habilidades más valoradas son la capacidad de adaptación, liderazgo cercano, pensamiento estratégico, inteligencia emocional y agilidad para tomar decisiones en entornos cambiantes.

“Cada vez más, el liderazgo se mide no solo por resultados, sino también por la capacidad de movilizar equipos, generar confianza y liderar procesos de transformación dentro de las organizaciones”, dijo.

Por su parte, Ernesto Rubio refirió que si el gerente general es centennial o millennial, deberá priorizar la estabilidad en una organización, la lealtad organizacional y el compromiso de adquirir know-how de las generaciones mayores.

No obstante, si el C-Level es Generación X o Baby Boomer, deberá priorizar la adaptabilidad con los patrones de conducta de las nuevas generaciones, el aprendizaje continuo de estas mismas, la flexibilidad en aceptar patrones distintos, aprovechando al máximo el respeto a decisiones basadas en la experiencia, el seniority y la visión de largo plazo, explicó.

El agua mantendrá el mismo precio, pero detrás de la decisión existe, en realidad, un obstáculo técnico que frenó la elaboración de estudios tarifarios que hubieran permitido una eventual alza o sinceramiento de la tarifa. ¿De qué se trata?

Así lo expuso Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), durante su participación en la última sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores.

El requisito pendiente para evaluar incrementos

El vocero explicó el proceso para desarrollar un estudio tarifario, cuya obligatoriedad, además, es que se presente ante una audiencia pública.

“Se explica a los stakeholders cómo es que se ha calculado la tarifa, la razón del incremento, [...] va de la mano con un plan de inversión. Se justifica cada uno de los componentes para la determinación de la tarifa. Damos la obligación de hacer audiencia pública para ese fin”, comentó.

Sin embargo, detalló Gutiérrez, no es posible avanzar con los cálculos porque, este año, falta un componente crítico: la tasa que se utiliza para calcular cuánto rendimiento o rentabilidad se reconoce a las empresas prestadoras.

Precisó: “Esa tasa actualmente tiene que ser determinada por el Ministerio de Vivienda (MVCS), y ese componente todavía no ha sido definido; por lo tanto, no podemos realizar un conjunto de estudios tarifarios”.

Incluso reiteró en otro momento de su diálogo: “No están programados incrementos adicionales nuevos o que se estén desarrollando en este momento. Si los hubiera, que no los hay, siempre estamos sujetos a audiencias públicas para que se comuniquen estos estudios”.

Previamente, a inicios de mayo, ya se había emitido una resolución para avalar que los esquemas tarifarios y regulatorios de dos empresas prestadoras (EPS SEDACUSCO S. A. y EPS EMUSAP Abancay S. A.) sigan vigentes temporalmente mientras no se aprueben nuevos estudios.

Las cifras en la cobertura

En el espacio de conversación, Gutiérrez también indicó que, aunque podría pensarse que la falta de acceso al agua se concentra principalmente en zonas rurales, la realidad muestra otro escenario: de los 3.3 millones de personas sin acceso, aproximadamente 2 millones viven en áreas urbanas.

Asimismo, a nivel nacional, el promedio de abastecimiento de agua alcanza las 18 horas diarias; no obstante, alrededor de 1.6 millones de personas reciben agua menos de 6 horas al día.

En esa línea, un estudio realizado por la Sunass en 2025 reveló que, en promedio, una persona sin conexión gasta S/ 141 mensuales; en contraste, una persona conectada paga S/ 24. Es decir, quienes no cuentan con una red formal terminan pagando entre cinco y seis veces más por el servicio.

Puntualmente, el metro cúbico de agua para una familia no conectada puede costar alrededor de S/22, mientras que un usuario con conexión formal paga aproximadamente S/3.

La desigualdad también se refleja en la cantidad de agua consumida. Mientras una familia conectada puede utilizar alrededor de 15,000 litros de agua; una persona no conectada apenas alcanza los 6,000 litros debido a las limitaciones del abastecimiento mediante camiones cisterna.

En paralelo, cerca de 6.6 millones de personas aún no tienen acceso a una red de alcantarillado, una cifra equivalente a uno de cada cuatro peruanos.

La minera peruana Minsur, parte del Grupo Breca, se ha propuesto extender la vida útil de San Rafael (Puno), su mina de estaño que opera ininterrumpidamente desde 1977 y procesa actualmente 8,280 toneladas de mineral por día. ¿Hasta cuándo se prolongará su operación y qué transformaciones ejecutará para lograrlo?

La compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael.

El proyecto apunta a sostener la operación de estaño más allá del 2028, prolongando su funcionamiento hasta el 2041 a través de ampliaciones, nuevas infraestructuras y ajustes operativos.

Los cambios de Minsur en San Rafael

La evaluación ambiental preliminar presentado ante el Senace explica que uno de los cambios principales es la ampliación del área efectiva de la unidad minera. En detalle, la superficie pasaría de 2,682.5 hectáreas actualmente aprobadas a 4,601.47 hectáreas, incorporando tanto áreas de actividad extractiva como de uso minero. Esta expansión permitirá incluir nuevos componentes que sostendrán el incremento de producción y la continuidad de la operación.

Asimismo, Minsur plantea intervenir en terrenos mayoritariamente de su propiedad, aunque también considera predios privados con derechos de uso ya otorgados, lo que facilitaría la ampliación de la vida útil sin cambios sustanciales en la tenencia de tierras.

Otro de los objetivos de Minsur en su mina San Rafael es la optimización del procesamiento del mineral. Actualmente, la unidad opera con minería subterránea y una planta concentradora con capacidad de 8,280 toneladas por día, complementada por una planta de reaprovechamiento de relaves.

Pero, ¿qué cambios se alistan en materia de producción? Minsur plantea elevar la capacidad de la planta concentradora de 3,480 a aproximadamente 5,000 toneladas diarias, lo que representa un incremento cercano al 44% en el procesamiento de mineral.

En paralelo, la empresa proyecta ampliar la capacidad de la planta de reaprovechamiento de relaves —que hoy opera en torno a las 2,500 toneladas por día— hasta cerca de 4,200 toneladas diarias. La expansión contempla la incorporación de nuevos circuitos de procesamiento para distintos tipos de sulfuros, con el objetivo de recuperar una mayor cantidad de estaño remanente. Con ello, el tratamiento de relaves aumentaría alrededor de 68%.

La propuesta también incluye el incremento de capacidad en las plantas de relaves y la implementación de nuevas instalaciones orientadas a optimizar la eficiencia del proceso productivo y recuperar mayor contenido de estaño, así como otros minerales asociados.

Explotación de mineral; ¿nuevas áreas a la vista?

Otro aspecto que indica el documento es la continuidad de la explotación de mineral mediante la profundización y expansión de labores subterráneas, lo que permitirá acceder a nuevas reservas de estaño. Esta estrategia, detalla Minsur, no solo implica extender las labores actuales, sino también incorporar nuevas áreas de explotación dentro de la unidad minera.

En concreto, se indica que la operación continuará con la expansión lateral y la profundización de las labores existentes hasta niveles más profundos, con el objetivo de aprovechar la totalidad del recurso mineral disponible en la unidad. En ese sentido, lo que se busca es asegurar la incorporación progresiva de nuevas zonas de explotación a medida que se agotan los sectores actualmente en producción.

Esta medida es fundamental, refiere Minsur, para sostener la producción en el largo plazo, considerando el agotamiento progresivo de las zonas explotadas y la necesidad de mantener el flujo de mineral hacia las plantas de procesamiento.

El método principal seguirá siendo la minería subterránea, utilizando técnicas como el sublevel stoping longitudinal y transversal, con relleno en pasta y relleno detrítico. Este enfoque permite una explotación eficiente del yacimiento, asegurando la estabilidad de las labores mediante el uso de material de relleno proveniente, en parte, de los propios relaves del proceso.

En términos operativos, el mineral continuará siendo trasladado desde las bocaminas y rampas hacia las plantas de procesamiento —incluyendo puntos de acopio como canchas de mineral— antes de su concentración y posterior envío a la fundición de la empresa en Pisco.

En conjunto, estas medidas no solo permiten mantener el ritmo de extracción, sino también sostener el incremento proyectado en la capacidad de procesamiento, que considera ampliar el tratamiento de mineral en la planta concentradora hasta alrededor de 5,000 toneladas diarias.

Clave

• Cronograma: Las obras se ejecutarían de manera progresiva entre 2028 y 2041, en paralelo con las operaciones actuales.

La posición geográfica del Perú, a nivel regional, se convierte en un factor estratégico para conectar a los viajeros del norte con el sur del mundo, y viceversa. Así lo resaltó Martín La Rosa, quien asistió en representación de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) a la última Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República. El ejecutivo también forma parte de International Air Transport Association (IATA).

Durante su presentación, destacó que son cinco pilares los que pueden volver a la industria aerocomercial cada vez más competitiva: la liberalización de la política aerocomercial; agilidad en la firma de acuerdos bilaterales; mejora en la infraestructura; compromiso de conectividad y crecimiento por parte de la industria; y la política competitiva de costos. No obstante, subrayó que el último punto falla.

Puso sobre la mesa, por tanto, el tema de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. ¿Qué dijo?

Pasajeros a la baja

El vocero aseguró que, si bien hay crecimiento en tráfico internacional, la cifra podría ser mayor. Hay que recordar que, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el año pasado se registró el ingreso de 3.4 millones de turistas internacionales, su mejor nivel en seis años, pero aún por debajo del 2019 (4.4 millones).

En esa línea, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) se estableció como un paradero de conexión de los pasajeros internacionales. En concreto, los vuelos los integran los turistas receptivos, los peruanos que van o regresan y los pasajeros de conexión. Sobre estos últimos detalló que representan el 30% del universo del AIJCH.

Desde su perspectiva, la TUUA de transferencia, en el escenario, resta competitividad al país porque “encarece el precio del ticket”.

Esta tarifa de conexión, que se aprobó mediante adenda en el contrato del AIJCH en el 2013, se usa para pasajeros que usan el Jorge Chávez como punto medio hacia su destino final. Existe la doméstica (vuelos entre departamentos) y la internacional (entre países).

Desde el 7 de diciembre del 2025, Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto, cobra la TUUA de transferencia internacional (US$ 11.98). La nacional (US$ 7.45), por el contrario, no está vigente pues el operador y el Estado buscan llegar a un acuerdo, mediante una adenda N° 9, para “eliminarla”.

“Nosotros, desde antes del inicio del cobro, advertíamos las serias consecuencias que iba a tener para el sector. Lamentablemente, para la negociación de la adenda N° 9 no se ha recogido la preocupación del sector turismo y de la industria aérea [...] Solo se está negociando la exoneración de la TUUA de transferencia doméstica, pero no la internacional”, comentó.

El resultado es que, según calculó, de 1.3 millones de viajeros adicionales estimados para el 2026, solo llegarán 340,000 pasajeros como máximo.

En su intervención también consideró la cancelación de rutas a causa, aparentemente, del monto extra.

Vale decir que LAP se pronunció en su momento sobre todos estos temas. Defendió el cobro del a TUUA de conexión, establecida en el contrato, y aseguró que las decisiones de la apertura o cierre de rutas responden a una evaluación integral realizada por cada aerolínea y no es una consecuencia del cobro de la tarifa.

LAP refirió que la conectividad aérea es dinámica y depende de variables como la demanda del mercado, la asignación de flota, la disponibilidad de horarios y la eficiencia operativa de los aeropuertos. “Es importante señalar que la TUUA de transferencia, por sí sola, no determina la viabilidad de una ruta”, dijo entonces.

La pugna por el tráfico de conexión

El vocero gremial insistió en que la voz del sector debe ser recogida en los próximos “movimientos”.

“Ojalá esta Comisión [del Congreso] pueda interceder para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tome esta carta de Canatur, se nos invoque a una nueva mesa de negociación y se incorpore dentro de la negociación de la adenda N° 9 [una propuesta] que realmente solucione el problema de fondo. El problema de fondo para el país no es solo la TUUA de conexión doméstica, sino la TUUA de conexión internacional”, explicó La Rosa.

En ese sentido, reiteró que Lima compite con otros aeropuertos de la región para captar el tráfico de conexión.

Las comisiones empresariales suelen ser uno de los gastos más observados por la Sunat durante las fiscalizaciones tributarias. Aunque la Ley del Impuesto a la Renta permite deducir desembolsos vinculados con la generación de ingresos, en la práctica muchas controversias surgen cuando la administración cuestiona si realmente existió un servicio, una intermediación comercial o una justificación económica suficiente detrás de esos pagos.

En ese escenario, la Corte Suprema de Justicia de la República emitió una nueva casación que vuelve a poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar la Sunat al momento de desconocer gastos por comisiones y qué debe evaluarse realmente para determinar si un pago tiene o no finalidad empresarial.

El caso se originó porque la Sunat desconoció la deducción de pagos realizados bajo un convenio de comisión, al considerar que la empresa no había acreditado una intermediación comercial real ni la prestación de un servicio típico de un comisionista.

Para la administración tributaria, el hecho de que el contrato llamara “comisión” al pago no era suficiente para aceptar el gasto como deducible, por lo que concluyó que no cumplía con el principio de causalidad exigido por la Ley del Impuesto a la Renta.

Durante el proceso, la discusión giró en torno a si este tipo de pagos debía analizarse bajo una visión estrictamente formal —como una comisión mercantil tradicional— o bajo un enfoque económico más amplio. La empresa sostuvo que los desembolsos formaban parte de un acuerdo integral vinculado al financiamiento y comercialización de minerales, por lo que sí tenían relación con la generación de ingresos.

En cambio, la Sunat y la sala superior consideraban que no existía una intermediación clásica ni actos de comercio realizados por encargo, por lo que el gasto no podía deducirse.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó que el gasto sí era deducible porque estaba conectado con las operaciones comerciales y con la obtención de rentas gravadas.

El tribunal señaló que lo importante no es cómo se denomine el contrato ni si encaja exactamente en una comisión mercantil tradicional, sino verificar si el pago tuvo una finalidad empresarial real y contribuyó a generar ingresos o mantener la fuente productora.

Con ello, la sentencia refuerza una interpretación menos formalista y más económica del principio de causalidad en materia tributaria.

El criterio para deducir comisiones

Jorge Dávila Carbajal, socio de Rubio Leguía Normand, explicó que las comisiones sí pueden deducirse del Impuesto a la Renta, pero no automáticamente. Para ello, la empresa debe demostrar que el gasto fue real y que estuvo relacionado con la generación de ingresos o con el mantenimiento de su actividad económica.

“El gasto tiene que ser real, debe existir una operación detrás y además debe tener relación con la generación de renta”, comentó.

El abogado señaló que normalmente las comisiones se asocian a labores de intermediación o gestión, como ocurre cuando una empresa paga a un tercero por ayudarla a concretar una venta o conseguir clientes. Sin embargo, precisó que no todas las estructuras de negocios funcionan bajo ese esquema tradicional y que existen pagos que, aunque no respondan a una intermediación clásica, igualmente pueden tener una finalidad empresarial válida.

El problema: Sunat veía la comisión de forma aislada

Tanto Jorge Dávila como Juan José Assereto, socio de Zuzunaga & Assereto Abogados, coincidieron en que el principal problema del caso fue que la SUNAT revisó el contrato de comisión como si fuera una operación separada del resto del negocio.

La administración tributaria sostenía que no existía una verdadera comisión porque no podía identificarse una intermediación comercial típica. Es decir, cuestionaba qué servicio concreto había realizado la empresa que cobraba la comisión y por qué debía recibir ese pago.

“Asumieron que si había una comisión tenía que existir necesariamente una intermediación tradicional. Como no encontraron esa figura clásica, concluyeron que el pago era una liberalidad”, explicó Dávila.

Assereto añadió que la Sunat analizó únicamente el contrato de comisión y no todo el contexto económico de la operación. “La Corte termina diciéndole a la SUNAT que estaba viendo el árbol y no el bosque”, afirmó.

Cambio de enfoque

Los abogados destacaron que la Corte Suprema cambió el enfoque del análisis y decidió revisar toda la estructura del negocio en conjunto.

En este caso, existía una operación integral que incluía financiamiento, compromisos de compra de minerales y pagos vinculados a toda esa relación comercial. Para la Corte, el pago de la comisión no podía evaluarse como un gasto aislado, sino como parte de todo el acuerdo económico que permitía a la empresa obtener financiamiento, operar y posteriormente generar ingresos mediante la venta de minerales.

“Assereto explicó que la Corte entendió que el pago tenía sentido económico dentro de toda la transacción y que era necesario para concretar el negocio completo”.

Por su parte, Dávila indicó que el tribunal priorizó el análisis económico antes que la forma jurídica del contrato. Es decir, más allá de si la operación encajaba o no en una comisión mercantil tradicional, lo importante era determinar si el gasto ayudaba realmente a generar renta o mantener la fuente productora.

¿Puede aplicarse a otros casos?

Ambos especialistas coincidieron en que la sentencia no significa que cualquier comisión vaya a ser deducible automáticamente.

Assereto explicó que el criterio podría extenderse a otros pagos relacionados con financiamiento, acuerdos comerciales, contratos internacionales o aseguramiento de mercados, pero siempre que pueda demostrarse la relación entre el gasto y la generación de ingresos.

Dávila agregó que incluso existen pagos empresariales donde no necesariamente hay una prestación de servicios tradicional, pero que igualmente pueden ser válidos tributariamente si forman parte de una estructura económica orientada a generar rentas.

Sin embargo, ambos advirtieron que si la empresa no puede acreditar el contexto económico del pago ni explicar cómo contribuye al negocio, la SUNAT todavía podría considerarlo una liberalidad y rechazar su deducción.

En el competitivo sector del comercio mayorista, las empresas no solo compiten por clientes, sino también por posicionar sus marcas en un mercado cada vez más saturado. En ese contexto, Supermercados Peruanos S.A. y Mayorsa S.A. llevaron su disputa al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el registro de “MAXXIO SUPERMAYORISTA”, luego de que Mayorsa se opusiera al considerar que el signo se asemeja a sus marcas “MAXI” y podría generar confusión entre los consumidores del mismo rubro. ¿Qué resolvió finalmente Indecopi?

Origen del conflicto: Supermercados Peruanos vs Mayorsa

El conflicto entre Supermercados Peruanos S.A. y Mayorsa S.A. se inició el 29 de diciembre de 2023, cuando la primera solicitó ante Indecopi el registro de la marca “MAXXIO SUPERMAYORISTA” para servicios comerciales vinculados al retail y mayorista, comprendidos en la clase 35. La denominación buscaba identificar actividades como publicidad, gestión de negocios y comercialización de productos en diversos canales.

La controversia se activó el 14 de febrero de 2024, cuando Mayorsa S.A. presentó una oposición al considerar que el signo solicitado se asemejaba a varias de sus marcas previamente registradas, entre ellas “MAXI AHORRO”, “MAXIAHORRO” y “MAXIYAPA”, todas en la misma clase. La empresa sostuvo que la coincidencia en el uso del término “MAXI” y la similitud de servicios podían inducir a error al consumidor.

En ese contexto, Mayorsa argumentó que el nuevo signo podría generar riesgo de confusión o asociación, al hacer creer al público que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial o están vinculadas. Así, el origen del conflicto se centra en la disputa por el uso de elementos similares dentro de un mismo rubro comercial y en los límites de protección de marcas que comparten términos de uso frecuente en el mercado.

Desarrollo del proceso: oposición, decisión inicial y apelación ante Indecopi

El procedimiento avanzó con la oposición presentada por Mayorsa S.A. el 14 de febrero de 2024, en la que solicitó a Indecopi que se deniegue el registro de la marca “MAXXIO SUPERMAYORISTA”. La empresa argumentó que el signo solicitado vulneraba sus derechos marcarios al asemejarse a sus marcas “MAXI”, registradas en la misma clase 35, lo que —según indicó— generaba riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Pese a haber sido notificada, Supermercados Peruanos no presentó descargos frente a esta oposición.

En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos emitió el 10 de febrero de 2025 la Resolución N.° 714-2025/CSD-INDECOPI, mediante la cual declaró infundada la oposición y dispuso otorgar el registro de la marca solicitada. La autoridad consideró que, si bien los servicios eran similares, términos como “MAXI” y “SUPERMAYORISTA” carecen de suficiente distintividad, por lo que el análisis debía centrarse en “MAXXIO”, concluyendo que este presenta diferencias suficientes para evitar confusión.

Disconforme con esta decisión, Mayorsa S.A. interpuso recurso de apelación el 12 de marzo de 2025, insistiendo en que “MAXXIO” es fonética y gráficamente similar a “MAXI” y constituye el elemento dominante del signo. Además, reiteró que el público podría interpretar que se trata de una extensión de sus marcas o de una empresa vinculada, solicitando que se revoque la resolución y se declare fundada su oposición en segunda instancia.

Resolución final: Indecopi permite la coexistencia y fija límites al uso

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi emitió su decisión final el 16 de febrero de 2026, en la que declaró la nulidad parcial de la resolución de primera instancia al advertir que no se había evaluado el riesgo de asociación alegado por Mayorsa. No obstante, al contar con los elementos suficientes, el Tribunal decidió pronunciarse también sobre el fondo del caso, evitando retrotraer el procedimiento y resolviendo de manera definitiva la controversia.

Tras un nuevo análisis, la autoridad concluyó que, si bien los servicios en disputa son similares, no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos. El Tribunal determinó que términos como “MAXI” tienen baja fuerza distintiva debido a su uso extendido en el mercado, lo que limita su nivel de protección. En ese sentido, estableció que la marca “MAXXIO SUPERMAYORISTA” puede coexistir con las marcas de Mayorsa, fijando así un criterio sobre los límites del uso exclusivo de denominaciones comunes en el ámbito comercial.

Gestión se comunicó con Supermercados Peruanos para recoger su posición sobre el caso; sin embargo, la empresa indicó que no brindarían declaraciones al respecto.

El populismo del Congreso y de los gobiernos que han regido desde el 2021 le ha pasado una gruesa factura a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, carga que deberán encarar más adelante.

A raíz del octavo retiro de fondos de AFP, aprobado por el Congreso y promulgado sin miramientos por el Ejecutivo, salieron de las cuentas previsionales de los trabajadores unos S/ 24,000 millones, que se añadieron a los S/ 115,000 millones previamente retirados en los otros siete procesos similares que iniciaron con la pandemia.

Una de las más graves consecuencias de esta sangría es que con la octava liberación de fondos, unos ocho millones de afiliados, de un total de 10 millones, tienen hoy menos de una UIT (S/5,500) en sus cuentas de AFP, reveló el director de inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier.

“Ocho millones que no tienen ni una UIT. Es duro”, dijo.

Sin pensión mínima en AFP

“Se entiende la dificultad que hubo en el covid para muchos afiliados –para habilitar los retiros-, pero lamentablemente el populismo del Congreso ha generado que la gente use su propia plata de ahorro para la pensión en vez de solicitarle al gobierno que cubra las necesidades. O sea, una buena salud, una buena educación, una buena seguridad”, añadió.

Más grave aún, advirtió que solo en Integra hay cerca de 800,000 clientes que ya no podrán recuperar su fondo o les será, en la práctica, imposible generar una pensión mínima, pues ya no trabajan o les queda pocos años de aporte. Y en esa complicada situación quedarán aproximadamente 1.6 millones de afiliados que, en su jubilación, dispondrán de menos de S/ 600 (pensión mínima) para cubrir los años de su vejez.

El 24 de setiembre del 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que establece que tanto el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como el sistema privado forman parte de un único esquema universal, igualitario, inclusivo e integrado en una estructura multipilar, bajo administración pública y privada.

La reforma, reglamentada al año siguiente, instituyó la pensión mínima en el sistema de AFP, equiparándola al nivel de la del sistema nacional. Aunque el reglamento, a pedido de los congresistas en el 2025, dispone que los afiliados que hicieron retiros de su fondo antes de su jubilación no pierden el derecho a tal beneficio, en la práctica sí quedan desprovistos.

Ello radica en que la ley de reforma fija que para acceder a la pensión mínima de S/ 600 el afiliado debe contar con 240 meses de aportes efectivos, es decir, que dichos recurso estén en su cuenta individual de capitalización en AFP. Si el afiliado cumplió con realizar el número exigido de aportes pero dispuso de estos, total o parcialmente, y no los restituyó, no podrá acceder al mencionado beneficio.

¿Se podrá retirar el 95.5% del fondo de AFP?

“La gente no se está dando cuenta, pero se está consumiendo su ahorro y debería (en lugar de retirar) estar pidiendo ayuda al Estado, un mejor hospital, un mejor servicio en seguridad, de educación. Y se está consumiendo su dinero. Y cuando llegue a los 60 o 65 años, o 55 años, no va a tener un colchón”, recalcó Fournier.

Incluso advirtió que con lo distorsionante que resulta que el afiliado, al jubilarse, tenga la opción de llevarse a suma alzada el 95.5% de su fondo acumulado, a partir de ahora ese escenario también resultará frustrante pues el monto disponible será reducido para quienes pensaban, por ejemplo, invertir en una casa –para tener una renta tras dejar de trabajar-.

“Ahora lo que va a pasar es que para cerca de un millón y medio de afiliados, (su fondo) será un monto que no va a ser suficiente para poder vivir muchos años. Entonces, creo que es grave la situación”, enfatizó el ejecutivo.

Es decir, esos 1.5 millones de afiliados sí podrán retirar el 95.5% de su fondo de AFP, pero como este ha sido mellado con las continuas liberaciones dispuestas por ley, solo les quedará un monto reducido e insuficiente para efectuar una inversión –como la compra de viviendas- que les genere una renta para una jubilación apacible.

“Más allá de lo que se aprobó en la reforma el año pasado, tenemos mucho que incluir para poder reconstruir estos ahorros. Hay capacidad, pero hay inestabilidad”, agregó Fournier.

Lo que hasta ahora retiraron los afiliados de su fondo de AFP

Desde el 2021, hubo ocho retiros por un total de S/ 139,200 millones. Con ello, el fondo de pensiones administrado por las AFP se contrajo de S/ 175,000 millones en el 2019 a S/ 117,000 millones a abril último. Integra estima que, sin esas liberaciones, el ahorro en el sistema previsional privado ascendería hoy a S/ 250,000 millones.

El desenfreno del Legislativo en la aprobación de estas medidas que han dejado desprotegidos a millones de peruanos en la etapa de su jubilación no tiene límites. Desde inicios del presente año, antes incluso de que culminará el octavo retiro que comenzó en noviembre del 2025, se han presentado en el Congreso cinco proyectos de ley que proponen un noveno.

Fournier estimó que si esas propuestas se plasman en ley, saldrían de las cuentas de ahorro pensionario entre S/ 20,000 millones y S/ 25,000 millones, una magnitud similar que en octavo proceso e igual de pernicioso para la protección social de los trabajadores y para el mercado de capitales local, que tiene cada vez una menor capacidad de financiar proyectos empresariales de gran envergadura debido a que las AFP se mantienen al margen de estas operaciones, al haber decrecido la cartera que gestionan.

“¿Ese retiro para quién va a ser? Para las personas que tienen más (y aún tienen fondos). Entonces, no hay lógica para ese retiro. No ha habido lógica para este retiro dado (octavo) tampoco”, dijo.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Fibra Prime —fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la adquisición, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios— mantuvo activo su apetito de adquisiciones y sumó nuevos activos por casi US$ 40 millones en lo que va del año. A diferencia de periodos anteriores, la estrategia no se limitó al Centro de Lima, ya que el fideicomiso amplió su radio de acción hacia nuevas ubicaciones fuera del casco histórico de la ciudad. ¿Dónde se ubican estas nuevas incorporaciones y está el fideicomiso preparando un levantamiento de capital para continuar con su expansión?

Gary Tafur, vicepresidente de Finanzas y Estructuración de Fibra Prime, destacó que durante el primer trimestre la compañía incorporó cuatro nuevos activos estratégicos a su portafolio, entre ellos los edificios de oficinas Jirón Ica (Lima) y JDA 798 (San Isidro), además de dos inmuebles logísticos ubicados en Huachipa y Lurín. “Estas adquisiciones fortalecen nuestra presencia en los segmentos de oficinas y logística, y además aportan a la diversificación del portafolio”, explicó.

Con estas operaciones, Fibra Prime cerró el trimestre con 40 inmuebles, un área bruta rentable de 298,990 metros cuadrados (m2) y una tasa de ocupación cercana al 95%. Tafur indicó además que los ingresos por rentas alcanzaron los US$ 5.62 millones, lo que representó un crecimiento de 34% frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, precisó que el NOI —margen bruto de explotación de los inmuebles— ascendió a US$ 4.95 millones, equivalente a un margen de 88%, mientras que el ebitda llegó a US$ 3.67 millones, con un margen de 65% sobre ingresos.

En relación con las nuevas adquisiciones, comentó que la compañía concretó compras por más de US$ 39 millones durante el primer trimestre. Del total, US$ 23.4 millones fueron destinados a dos inmuebles de oficinas, mientras que cerca de US$ 16 millones se orientaron a la adquisición de dos activos logísticos. “El enfoque se mantiene en activos que aporten diversificación y contratos de alquiler de calidad, alineados con nuestra estrategia de crecimiento”, señaló el ejecutivo.

Sobre las adquisiciones en el segmento de oficinas, Tafur destacó el edificio Jr. Ica, que cuenta con una ocupación de 99%, un valor aproximado de US$ 5.4 millones y un área bruta rentable de 4,076 m2. Asimismo, resaltó la incorporación del edificio JDA 798, valorizado en alrededor de US$ 18 millones. El inmueble cerró marzo con una ocupación de 51%; no obstante, el ejecutivo aclaró que actualmente ya alcanza cerca del 75% de ocupación de su área arrendable.

“Se trata de una inversión muy atractiva en términos comerciales, con un alto potencial de rendimiento a partir de una gestión activa de comercialización y renovación de contratos de alquiler”, afirmó.

En el segmento logístico, indicó que los activos comprados presentan ocupaciones superiores al 95%, lo que contribuye a consolidar la estrategia de expansión de Fibra Prime. “Consideramos que estas adquisiciones fortalecen la generación de flujos sostenibles para nuestros inversionistas. En el segmento logístico, el activo de Huachipa cuenta con un área bruta arrendable de 10,250 m2 y una ocupación de 100%, mientras que el inmueble de Lurín posee 29,151 m2 de área bruta arrendable y una ocupación de 96%”, dijo.

En línea con esta expansión, el directivo agregó que al cierre del primer trimestre los activos administrados por Fibra Prime ascendieron a US$ 273.7 millones, lo que representó un crecimiento de 44% frente al mismo periodo del año anterior. “El portafolio al cierre de marzo está compuesto por 27 activos de oficinas, 6 logísticos y 7 comerciales. Además, administramos 296 contratos de arrendamiento y el 65% de los ingresos están en dólares”, anotó.

Asimismo, relató que el 71% del valor del portafolio se concentra en oficinas, mientras que más del 20% corresponde a activos logísticos, segmentos en los que la compañía continúa fortaleciendo su presencia. En cuanto a la generación de ingresos, las rentas contractuales anualizadas —calculadas sobre los contratos vigentes al cierre de marzo— alcanzan los US$ 24.9 millones. Sin embargo, estimó que, en un escenario estabilizado, las rentas podrían elevarse hasta US$ 29.8 millones anuales.

“Este escenario considera la ejecución del 100% del capital adjudicado en la última colocación, así como una ocupación plena y el potencial incremento de ingresos derivado de renovaciones de contratos”, sostuvo.

¿Oficinas, logístico y comercial?

En cuanto al desempeño por segmentos, el portafolio de oficinas cerró el primer trimestre con 27 edificios, valorizados en más de US$ 190 millones y con un área rentable de 115,000 m2. “El segmento oficinas mantiene una ocupación superior al 88%, con 135 contratos de arrendamiento activos, lo que refleja una base de inquilinos estable y diversificada”, agregó.

El vocero indicó que las rentas contractuales anualizadas de este segmento alcanzaron los US$ 16.4 millones, equivalente a un rendimiento de 8.6% sobre el valor invertido. Sin embargo, estimó que en un escenario de ocupación plena y considerando el actual ciclo expansivo del mercado de oficinas, las rentas podrían elevarse hasta US$ 20.3 millones anuales, con un rendimiento potencial de 10.3%.

Durante el trimestre, además, se renovaron 23 contratos en zonas como el Centro de Lima, San Isidro y Miraflores. Estas renovaciones permitieron elevar los ingresos anuales asociados de US$ 1.3 millones a US$ 1.52 millones, lo que implicó un incremento cercano al 16%.

Respecto al segmento logístico, Tafur dijo que el portafolio está compuesto por seis activos valorizados en más de US$ 57 millones y con cerca de 144,000 m2 de área rentable. “Este segmento mantiene una ocupación de 100%, con nueve contratos de arrendamiento y todos los ingresos dolarizados, lo que nos brinda estabilidad y protección frente a la volatilidad cambiaria”, sostuvo.

Las rentas anualizadas del negocio logístico alcanzaron los US$ 5.63 millones, con un rendimiento de 9.26% sobre el valor de los activos. Tafur añadió que la demanda por infraestructura logística continúa creciendo, especialmente en zonas estratégicas como Huachipa y Lima Sur.

En el caso del portafolio comercial, Fibra Prime cuenta con siete inmuebles valorizados en US$ 25.7 millones y un área rentable de 8,783 m2. “Este segmento mantiene una ocupación superior al 90%, con 144 contratos de alquiler, lo que refleja una gestión comercial activa y una rotación saludable”, alegó.

Las rentas anualizadas del segmento comercial alcanzaron los US$ 2.86 millones, equivalente a un rendimiento de 11.1% sobre el valor invertido. Estos activos, en detalle, se ubican en zonas estratégicas como el Centro de Lima y San Isidro, con arrendatarios de alto tráfico y visibilidad.

A nivel consolidado, los ingresos por rentas de Fibra Prime sumaron US$ 5.62 millones durante el primer trimestre, un crecimiento de 34% frente al mismo periodo del año anterior. “Este desempeño refleja el impacto de la expansión del portafolio y las eficiencias operativas que hemos logrado alcanzar”, subrayó.

Levantamiento de capital: ¿compra a la vista?

Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de Fibra Prime, contó a Gestión que la compañía prepara continuar creciendo, apalancada en el mercado de capitales y en el mayor dinamismo que viene mostrando el sector inmobiliario. “El mercado empieza a validar la historia de Fibra Prime. Hoy no solo tenemos buenos activos y contratos, sino también más liquidez, mayor frecuencia de negociación y una base creciente de inversionistas”, sostuvo.

En ese contexto, Ramos anunció la sexta colocación de certificados de participación de Fibra Prime, con la que la compañía busca levantar hasta US$ 75 millones para continuar expandiendo el portafolio inmobiliario. “La idea es seguir comprando activos que generen valor, diversifiquen el portafolio y permitan seguir incrementando los dividendos para nuestros inversionistas”, reiteró.

La emisión tendrá un precio de US$ 6.40 por certificado y se desarrollará en dos etapas. La primera contemplará un periodo de suscripción preferente para los actuales inversionistas entre el 16 y el 22 de junio, mientras que posteriormente se realizará una oferta pública con el remanente no colocado.

Ramos aseguró que el levantamiento de capital llega en un contexto favorable para el sector inmobiliario, marcado por altos niveles de ocupación y menores tasas de interés. “Estamos viendo un muy buen momento para el real estate, no solo en Perú sino también en otros mercados como Chile y Estados Unidos. Queremos aprovechar este ciclo positivo que podría extenderse entre tres y cuatro años más”, comentó.

Asimismo, destacó que el vehículo ha mostrado una mejora significativa en liquidez bursátil. Según detalló, la frecuencia de cotización de Fibra Prime pasó de 15% a 85% durante el primer trimestre, incluso alcanzando picos de 95%. “Hoy prácticamente se negocia Fibra Prime todos los días en la Bolsa de Valores de Lima. Antes era un instrumento con poca presencia en pantalla y ahora tiene una participación mucho más activa”, afirmó.

Así, el monto negociado en bolsa se duplicó entre febrero y marzo, pasando de US$ 2.2 millones a US$ 4.4 millones, mientras que el número de operaciones aumentó de 400 a 800 transacciones. Además, la base de inversionistas ya supera los 1,400 participantes, entre inversionistas retail e institucionales. “Nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Queremos llegar a tener entre 5,000 y 8,000 inversionistas en los próximos años”, indicó.

Los recursos de la nueva emisión, en concreto, estarán orientados principalmente a concretar nuevas adquisiciones inmobiliarias, con foco en el segmento logístico, aunque sin descartar oportunidades en el negocio comercial. “La meta con este levantamiento de capital es seguir comprando activos que aporten valor al portafolio. Hoy vemos oportunidades interesantes, especialmente en logística, aunque también podríamos evaluar algún activo comercial si cumple con nuestros criterios de rentabilidad y diversificación”, señaló el ejecutivo.

Añadió que la estrategia apunta a fortalecer el crecimiento del vehículo y avanzar hacia la meta de administrar US$ 1,000 millones en activos inmobiliarios.

Un proyecto portuario más en lista de ProInversión podría sumar esfuerzos para consolidar la categoría de Perú como hub logístico regional. Pero este no es igual al resto.

Se trata del llamado “Puerto Seco del Sur” o de San Román, nombre de la localidad en Puno donde se desarrollaría en un terreno de 52 hectáreas (ha) que le pertenece a la municipalidad provincial del mismo nombre. Y, según pudo conocer Gestión, podría adjudicarse, en el mejor de los casos, este mismo año.

El terminal seguiría el mismo modelo de promoción que se utilizó para adjudicar el Parque Industrial de Ancón (PIA), tras más de una década en búsqueda de un inversionista. Esto quiere decir que se impulsa como un Proyecto en Activos (PA).

Objetivo en menos de un año

En noviembre del año pasado se anunció, pero en febrero se hizo realidad. Ese mes, la agencia firmó un convenio con la Municipalidad Provincial de San Román para desarrollar el llamado Puerto Seco del Sur.

Con la firma, según comentó Carla Carrera, coordinadora del proyecto en ProInversión en el canal de YouTube oficial de la agencia, su expectativa es adjudicarlo a finales de este año, ya que se promoverá bajo PA.

“El mecanismo es mucho más flexible (que una Asociación Público-Privada) y esperamos, esa es la meta, adjudicarlo este año por las facilidades que trae”, dijo allí.

Consultados directamente por este plazo, ProInversión aclaró a Gestión que, en realidad, manejan una especie de rango temporal para su adjudicación. Realizarán los esfuerzos necesarios para adjudicarlo, a más tardar, durante el primer trimestre de 2027. Con el convenio enc urso, se encuentran en pleno proceso de desarrollo de los estudios pertinentes. Por ahora no hay una inversión estimada mínima.

En diálogo con Gestión, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, sostuvo además que ello dependerá de si logran, antes de que acabe el 2026, recibir una propuesta concreta de interés de algún operador logístico o portuario para ser el operador del Puerto Seco del Sur.

“Hemos visto que hay una gran oportunidad y potencial allí. Tenemos la expectativa de que, en el transcurso del año, un importante grupo operador presente su iniciativa privada para desarrollarlo”, comentó.

Al respecto, Jaime Li, líder del Área de Promoción de Inversiones Público- Privadas de TYTL Abogados, consideró sensatos los plazos fijados por ProInversión. Aclaró que el Estado puede avanzar los estudios para “facilitar” el trabajo posterior del operador que apueste por el proyecto.

“Un PA busca generar valor comercial en un activo del Estado y este último no asume ningún riesgo. Yo veo factible (su adjudicación), en la medida de que hayan hecho un correcto estudio de mercado y que sea una ubicación viable”, remarcó.

Un punto de encuentro

El objetivo principal del Puerto Seco de San Román es ser el punto de concentración de la carga que ingrese por el sur del Perú.

En concreto, según Carrera, se busca que allí recale gran parte del comercio que ingresa por la frontera con Bolivia, en Desaguadero; pero sobre todo de las regiones de Acre y Rondonia, en Brasil, que son “altamente productivas” y por donde podría ingresar soja y carne al país.

La visión de ProInversión con el proyecto es aprovechar el eje logístico ya existente en el sur para derivar esa carga hacia la costa peruana. Ello implicaría un traslado hacia puertos como Matarani, pero también el futuro puerto de Corío, Callao y, como no, Chancay.

“Ya está conectado. Están las IIRSA también, con quienes ya estamos coordinando. Ya se intentó un piloto con un envío de carne de cerdo desde Brasil, hizo todo el recorrido hasta Matarani, en un barco arribó a Chancay y de allí ya va al Asia”, describió también Del Carpio.

Y una ventaja logística que brindaría el Puerto Seco del Sur es que, aparte de los servicios clásicos de un terminal de este clase, sumado a un esquema de trazabilidad de la carga en tiempo real, también contaría con Aduanas.

“Esto significa que entra y sale mercadería, se revisa y distribuye. También funcionarán servicios aduaneros. Es una extensión de un puerto marítimo que se traslada al interior para facilitar el comercio, eso reducirá costos logísticos”, destacó Carrera para ProInversión cuando se firmó el convenio para impulsar el proyecto.

La funcionaria también resaltó, de cara a la aparición del operador privado, que no se trata de un proyecto aislado.

Tanto el Gobierno Regional de Puno, como la Municipalidad Provincial de San Román han avanzado con los servicios necesarios para el puerto en su terreno. Esto implica que tenga conexión de gas natural, agua y luz, aparte de una conexión ferroviaria.

Modelo “similar” al Parque Industrial de Ancón

Esa conectividad y conexión con servicios básicos es lo que frenó, por años, la adjudicación del PIA, hecho que finalmente se dio el 15 de diciembre del año pasado. El PIA, clave para el eje Chancay-Callao, es considerado el primer “puerto seco” del Perú.

Y según Carrera, el proyecto en San Román, tomará esta experiencia para hacerse realidad. “Estamos siguiendo el modelo que usamos para el PIA, a nivel de distribución de riesgos, que los asumirá el privado”, refirió.

Al respecto, Li recordó que el problema que tuvo el PIA fue más una cuestión de falta de condiciones para la inversión que otros aspectos de estructuración. El Puerto Seco del Sur, en esa línea, tendría una ventaja promocional.

“La falla del PIA fue la viabilidad comercial. Dependía íntegramente de que las industrias quieran instalarse allí, a diferencia de un puerto seco como este que se promueve, donde se dependerá del flujo comercial que pase por allí. Por eso que se consoliden las rutas comerciales será clave”, explicó.

Vale recordar que el PIA proyecta la instalación de más 230 empresas de diversos sectores y se desarrollará en un terreno del Estado de más de 1,300 ha, mucho más grande que el destinado al Puerto Seco de San Román: 52 ha.

La reciente publicidad de AlaCena instalada junto a un panel gigante de Bad Bunny para adidas volvió a poner sobre la mesa una práctica cada vez más visible en publicidad: el denominado “ambush marketing” o marketing de emboscada.

Aunque la campaña de la marca peruana no menciona directamente al cantante ni utiliza logos o imágenes protegidas, sí aprovecha el contexto visual y mediático generado por la publicidad vecina para captar atención.

El caso ha reabierto el debate sobre hasta qué punto una empresa puede “colgarse” de la notoriedad de otra campaña sin cruzar límites vinculados a competencia desleal, propiedad intelectual o explotación indebida de reputación ajena.

¿Qué es el ambush marketing?

El “ambush marketing”, también conocido como marketing de emboscada o de guerrilla, consiste en aprovechar el impacto mediático de un evento, personaje o campaña ajena para promocionar productos o servicios propios sin ser patrocinador oficial ni contar con autorización.

Para Alex Sosa, socio del estudio Muñiz, este tipo de estrategias suelen moverse dentro de una “zona gris” legal.

“El ambush marketing busca aprovecharse de un determinado contexto para hacer publicidad comercial”, explicó.

Según el abogado, esta práctica suele verse especialmente en eventos de gran magnitud, como mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos, donde empresas que no son patrocinadoras oficiales intentan igualmente ganar exposición mediática utilizando referencias indirectas o publicidad contextual.

En la misma línea, Monica Germany, socia del Estudio Olaechea señaló que este fenómeno históricamente ha estado asociado a eventos deportivos masivos, donde marcas buscan “colarse” en la conversación pública sin formar parte oficial del evento.

La línea entre creatividad y competencia desleal

Aunque el ambush marketing no está prohibido expresamente en Perú, especialistas advierten que puede generar cuestionamientos cuando una empresa se aprovecha de la inversión, reputación o notoriedad construida por otra marca.

Para Alexandra Espinoza, asociada de Benites, Vargas & Ugaz , el análisis debe centrarse en si existe un aprovechamiento indebido de reputación ajena o una afectación a la buena fe comercial.

“Las empresas tienen que competir bajo reglas de buena fe. Está bien llamar la atención de consumidores, pero eso no significa que cualquier práctica publicitaria sea válida”, comentó.

La especialista explicó que una de las principales figuras que podría discutirse es la explotación indebida de reputación ajena, prevista en las normas de competencia desleal. Esta ocurre cuando una empresa intenta beneficiarse comercialmente del prestigio o posicionamiento desarrollado por otra.

Según Espinoza, para evaluar ello se debe analizar si existe una reputación previa claramente identificable y si la conducta publicitaria busca asociarse o aprovecharse de ella para captar consumidores.

Sosa coincidió en que este suele ser el principal argumento utilizado por las empresas que consideran afectada su inversión publicitaria.

“Muchas veces las marcas que tienen patrocinio oficial sienten que terceros se aprovechan de toda la inversión realizada para ganar notoriedad sin asumir esos costos”, indicó.

¿Cuándo podría cruzarse el límite?

Los especialistas coinciden en que el riesgo legal aumenta cuando las campañas publicitarias dejan de utilizar referencias indirectas y comienzan a incorporar elementos protegidos o a generar confusión respecto de una relación comercial inexistente.

En ese escenario, el debate ya no gira únicamente alrededor de creatividad o marketing agresivo, sino sobre posibles infracciones vinculadas a competencia desleal, propiedad intelectual o derechos de imagen.

Germany explicó que la publicidad debe respetar criterios de veracidad y evitar inducir a error al consumidor respecto de auspicios, patrocinios o vínculos comerciales que en realidad no existen.

Según indicó, el problema podría surgir cuando una campaña transmite la impresión de que una marca, artista o evento respalda un producto sin haber autorizado dicha asociación.

En la misma línea, Sosa señaló que muchas empresas diseñan este tipo de campañas precisamente “al borde”, utilizando juegos de palabras, referencias implícitas o elementos contextuales para captar atención sin realizar menciones directas que puedan generar contingencias legales más claras.

Sin embargo, advirtió que el escenario podría cambiar si una publicidad utiliza expresamente marcas registradas, imágenes protegidas, personajes con derechos de autor o referencias directas al nombre comercial de una persona o evento.

Por su parte, Espinoza sostuvo que el análisis siempre dependerá del caso concreto y del efecto real que genere en el mercado.

Según explicó, uno de los principales puntos a evaluar es si la campaña busca aprovecharse de la reputación previamente construida por otra empresa o si incluso podría llevar al consumidor a asumir erróneamente algún tipo de asociación comercial inexistente.

¿Todo marketing agresivo es ilegal?

No necesariamente. Los especialistas advierten que no toda estrategia agresiva o altamente creativa configura automáticamente un acto de competencia desleal.

Espinoza explicó que el análisis siempre dependerá del caso concreto y de los efectos reales generados en el mercado.

“También existe otro sector que considera que estas son prácticas recurrentes de marketing y que no toda publicidad que busca llamar la atención necesariamente configura un acto infractor”, comentó.

La especialista incluso advirtió que regular expresamente todas estas prácticas podría terminar afectando la creatividad publicitaria y el desarrollo de nuevas estrategias comerciales.

“A mí en lo personal me parece peligroso regular cada práctica específica, especialmente en ámbitos que necesitan creatividad como el marketing”, señaló.

Germany coincidió en que muchas de estas controversias deben resolverse caso por caso mediante criterios desarrollados por Indecopi y no necesariamente mediante regulaciones rígidas.

Un fenómeno que crecerá con el Mundial

Los abogados consideran que este tipo de controversias aumentarán conforme se acerque el Mundial de Fútbol y crezcan las campañas vinculadas indirectamente al evento.

Sosa explicó que organismos como la FIFA suelen exigir medidas “anti ambush marketing” en los países sede para restringir publicidad no autorizada relacionada con los torneos.

Incluso, recordó que muchas marcas patrocinadoras oficiales suelen enviar cartas notariales o impulsar denuncias cuando consideran que terceros intentan aprovechar indebidamente el impacto del evento.

Por su parte, Germany indicó que durante eventos masivos es frecuente que incluso pequeños negocios hagan referencias indirectas al Mundial o utilicen elementos asociados al torneo para captar atención comercial.

En ese escenario, el debate seguirá girando alrededor de una misma pregunta: hasta dónde una empresa puede aprovechar el impacto mediático generado por terceros sin terminar cruzando la línea hacia la competencia desleal o el aprovechamiento indebido de reputación ajena.

La aplicación de los cambios en el régimen de pensiones del personal militar y policial, impulsados por el Congreso y validados por el Ejecutivo (Ley 32561), significaría un severo golpe para las finanzas públicas del país. Su demanda de recursos del Tesoro Público ascendería a miles de millones de soles adicionales cada año.

El Consejo Fiscal estimó, de manera conservadora, que la aplicación de la recién promulgada Ley N° 32561, que modificó el marco legal de este régimen de pensiones (Decreto Legislativo 1133), ascendería a un costo fiscal neto de S/ 46,000 millones en valor presente.

Esta proyección parte de un escenario donde el sistema previsional militar-policial ya demanda significativos recursos al Estado.

Según también una simulación que realizaron con un horizonte de 50 años, en los primeros períodos, aún sin la aplicación de la reciente ley promulgada, el costo fiscal sería alrededor de S/ 5,000 millones anuales, pero desde el año 20 se generarían costos crecientes.

Así, al año 50, “los costos totales de ambos regímenes [solo del DL 1133 (actual y vigente desde 2013) y del 19846 (del 2012 hacia atrás] crecerían hasta S/ 18,000 millones por año (aproximadamente 0.16% del PBI estimado para dicho año)”.

“El valor presente de esos flujos ascendería a S/ 179,000 millones”, complementaron.

Con este escenario, el Consejo Fiscal indicó que el estimado de costo fiscal neto de S/ 46,000 millones corresponde a la diferencia entre los costos fiscales estimados para un escenario base “con Ley” y “sin Ley”.

“El incremento se explica, principalmente, por el mayor gasto en la planilla de pensiones (S/ 38,900 millones) y por los mayores aportes del Estado (S/ 14,400 millones), efectos que serían marginalmente compensados por el aumento de los aportes del personal militar y policial activo (S/ 7,200 mil millones)”, detallaron.

De acuerdo con su informe, este costo fiscal proyectado evidencia un significativo y creciente desbalance entre los beneficios previsionales que reconoce la Ley y los aportes previstos para financiarlos.

“Considerando los beneficios del DL 1133 modificado por la Ley 32561, se requeriría una tasa de aporte de 42% de las remuneraciones para que el sistema sea autosostenible; es decir, para que el valor presente de los aportes sea equivalente al valor presente de los pagos de beneficios. Dado que en el sistema vigente la tasa de aporte del afiliado es de 15% de sus remuneraciones, los beneficios reconocidos por la Ley equivaldrían a casi tres veces lo que podría financiarse con dicho aporte”, mencionaron.

Así la situación, apuntaron que el subsidio estatal “necesario” para financiar las pensiones del personal afiliado al DL 1133 sería equivalente a 27% de las remuneraciones, “monto que representa casi el doble del aporte realizado por el afiliado”.

Debido a su insostenibilidad financiera, el Estado financiaría con recursos del Tesoro Público prácticamente el 64% de las pensiones del personal militar y policial sujeto al DL 1133, como un subsidio directo para los pensionistas de ese régimen previsional.

Este esquema aprobado por el Congreso y ratificado por el Ejecutivo difiere significativamente de otros regímenes provisionales, como el Sistema Privado de Pensiones que financia el 100% de sus pensiones con sus aportes sin recibir ningún subsidio por parte del Estado.

“El costo fiscal de la Ley se incrementa con el horizonte temporal analizado y se extiende por varias décadas, conforme los afiliados activos del régimen pasen progresivamente a la condición de pensionistas”, agregaron.

Es importante precisar que la Ley 32561, publicada el 22 de marzo de 2026, modifica en más de nueve aspectos principales el régimen de pensiones del personal militar y policial regulado por el DL 1133.

Entre estos aparecen ajustes como el incremento de aportes al sistema por parte del Estado, sobre la pensión de retiro al 100% de la remuneración y nivelación, pensión de viudez al 100%.

También figuran alcances al otorgamiento de pensión de orfandad hasta los 28 años, pensión de orfandad al 50%, pensión de ascendencia al 50%, aumento de las pensiones de sobrevivientes, modificación de subsidios por fallecimiento, invalidez e incapacidad, y eliminación de la restricción para acceder a pensión de viudez.

Sin embargo, el estimado del costo de recursos al Estado realizado por el Consejo Fiscal solo considera los tres primeros ajustes principales al régimen de pensiones.

El crecimiento de 3.5% de la economía peruana durante el primer trimestre del año se impulsó, principalmente, por el dinamismo de la demanda interna, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Durante el verano, la demanda interna alcanzó un avance de 7%, favorecida por un contexto de mejores cotizaciones internacionales para los productos mineros y una reducción en el tipo de cambio.

Shock de inversión privada

El principal factor detrás del crecimiento de la demanda fue la formación bruta de capital fijo -compuesto por la inversión pública y privada- que aumentó un 11.9% entre enero y marzo.

Aunque el INEI estimó que la inversión pública solo tuvo un ligero avance de 0.3%, la inversión privada logró dispararse en 15.9% ante un aumento en la ejecución de obras de ampliación y remodelación de viviendas, edificios no residenciales y diversos proyectos de ingeniería civil.

Asimismo, indicaron que los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) muestran que la inversión minera creció en términos nominales en 30.8%, impulsada principalmente por las mayores inversiones en los rubros de infraestructura, desarrollo y preparación, planta beneficio y equipamiento minero.

Cabe destacar que, durante estos meses, también se observó un crecimiento de la construcción (13.3%) y mayores compras de maquinaria y equipo (10.2%) como remolques y semirremolques.

Consumo de los hogares

En el primer trimestre del año, el consumo de las familias peruanas se elevó en un 3.6% ante el incremento del empleo urbano y el alza de los ingresos por trabajo percibidos por los hogares.

Según precisaron, la población ocupada urbana creció un 1.8%, mientras que los ingresos laborales aumentaron un 9.7%. Este mayor poder adquisitivo se reflejó en un incremento del 13.1% en los gastos destinados a alimentos dentro del hogar, destacando el consumo de productos como carne, frutas, café y leche.

Así avanzó la oferta

Desde el lado de la oferta, el desempeño en verano estuvo impulsado por la expansión de las actividades de transformación (5.6%) y los servicios (3.4%).

En el sector servicios, la actividad de alojamiento y restaurantes mostró un crecimiento de 5.9% debido a una mayor afluencia de turistas internacionales y el impulso del turismo interno característico de la temporada vacacional.

En tanto, el sector comercio alcanzó un alza del 4.9% debido a las ventas de materiales de construcción y el consumo de productos de primera necesidad en almacenes especializados.

Sin embargo, las actividades extractivas experimentaron una ligera caída del 0.4% por menores producciones en pesca y acuicultura (-9.2%), debido a la menor captura de anchoveta; mientras que la extracción de petróleo crudo y gas natural disminuyó (-15.4%), afectada por factores climatológicos y fallas técnicas en ductos de transporte.

Comercio exterior

Entre enero y marzo, las importaciones de bienes y servicios crecieron un 12.6% impulsadas por la mayor adquisición de automóviles, maquinaria industrial y bienes de consumo.

Mientras que, en exportaciones, el crecimiento fue más moderado, avanzando 1.3%, principalmente, por ventas de productos tradicionales mineros y agrícolas. Esto compensó la reducción de los envíos de productos no tradicionales.

El desempeño en cifras

Puntualmente, en el sector privado, el número de puestos de trabajo aumentó 5.7% en marzo. El crecimiento del empleo se registró, principalmente, en los sectores servicios, comercio y agropecuario, se detalla en el documento oficial.

Así, con la lupa solamente sobre en el rubro de servicios, la rama sumó 2.4 millones de puestos de trabajo, 108,000 más que el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un crecimiento interanual de 4.7%.

Otro dato relevante es cómo se distribuyó este crecimiento: los servicios a empresas encabezaron ampliamente la generación de empleo. Este grupo pasó de 688,000 a 730,000 trabajadores formales; es decir, creó 41,000 puestos adicionales y creció 6%.

El transporte también mostró una expansión: sumó 19,000 empleos y avanzó 6.6%, una de las tasas más altas del cuadro.

Otro bloque dinámico fue el vinculado a turismo y consumo presencial. El grupo de restaurantes creció 5.3%; hoteles, 5.2%; y agencias de viajes, 5.2%.

El sector financiero, por su parte, avanzó 6.1% y añadió 8,000 empleos formales.

• El dato:

En marzo, el crecimiento del empleo se registró principalmente en empresas con más de 50 trabajadores. Entre las empresas con más de 500 empleados, los puestos de trabajo crecieron 7.7%.

Perú continúa entre los países con menor capacidad de recaudación tributaria de la región. Según el reciente informe “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país se posicionó en el puesto 23 de 28 economías evaluadas.

Con una recaudación tributaria equivalente al 16.3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024, el Perú quedó entre los países con menor presión tributaria de toda la región, apenas por encima de Paraguay (15.8%), República Dominicana (14.7%), Guatemala (14.3%), Panamá (11.3%) y Guyana (9.2%).

Está presión tributaria -que mide cuánto recauda el Estado en relación con el tamaño de la economía- viene golpeada en la última década. De acuerdo con el reporte, Perú fue uno de los siete países de América Latina y el Caribe donde la recaudación tributaria como porcentaje del PBI cayó entre 2014 y 2024.

Este bajo nivel de presión tributaria se observa incluso en años en los que el país todavía resultó beneficiado por los altos precios de los metales que exporta.

El exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Arias Minaya, explicó que estas mayores cotizaciones internacionales no modifican el problema estructural de fondo: cuando los precios caen o se estabilizan, la recaudación vuelve a niveles cercanos al 14% del PBI en el Gobierno central.

“Perú tiene picos por precios de exportación o por precios de importación, cuando esos ‘saltos’ desaparecen, la recaudación del Gobierno central retorna a niveles ligeramente superiores a 14% y la presión tributaria, que incluye además las contribuciones sociales, suben a cerca de 16%”, comentó a Gestión.

¿Por qué tan rezagados?

Si bien los datos de la Cepal miden la situación hasta el 2024, el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reconocido que la situación no estaría mejorando.

Aunque los ingresos del Gobierno general crecerían 5.3% en 2026 (variación porcentual real) y llegarían a 19.3% del PBI, se estima que -con una medición distinta al estudio de Cepal- la presión tributaria se mantendría apenas en 14.6% del PBI. Estos niveles son bajos en comparación a lo observado en otros periodos de precios favorables.

“A pesar del contexto favorable de precios de exportación, la presión tributaria se mantendría en niveles históricamente bajos, limitando la capacidad del Estado para financiar las mayores demandas sociales”, señala el informe.

Está situación, indicaron, refleja restricciones estructurales persistentes, entre ellas un incumplimiento tributario equivalente a 9.3% del PBI en 2024 y gastos tributarios estimados en 2.2% del PBI en 2025.

En ese sentido, el exjefe de la Sunat resaltó que el incremento desmedido de los gastos tributarios, entre ellos, las exoneraciones, implicaron miles de millones en el último quinquenio. Además, el avance contra la evasión tributaria debería tomar más fuerza.

“Un factor que impide que la recaudación crezca son las exoneraciones o beneficios tributarios, como [la reducción] del Impuesto General a las Ventas (IGV) para restaurantes, beneficios al sector agropecuario y manufactura, creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) y Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT) que no van a pagar impuestos […] El tema es que ha habido un aumento del incumplimiento [de pago de impuestos], así como un aumento de los gastos tributarios sin un control”, refirió.

El experto indicó que se evidencia una excesiva volatilidad institucional en cuanto a jefaturas clave como la de la Sunat, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en otros sectores que deben colaborar en la lucha contra la evasión. A ello se suma la informalidad, la minería ilegal, la venta de facturas falsas y un sistema tributario complejo que termina incentivando el incumplimiento.

Además de estos problemas, otros factores que generan el rezago en la recaudación viene del ruido político que afecta las inversiones, la informalidad y devoluciones de impuestos, indicó Francisco Pantigoso, tributarista y director de la Maestría en Tributación de la UPC.

Adicionalmente, advierte que un fuerte gasto estatal por la presión de iniciativas legislativas genera que la fiscalización sea más agresiva generando temor a los inversionistas, lo que a su vez podría provocar una reducción de la recaudación.

“Desde la pandemia los resultados [tributarios] son oscilantes. Todos estos factores hace una tormenta perfecta para que haya menor recaudación”, resaltó.

Para los siguientes años, el MEF proyecta que los ingresos fiscales se mantendrían estables entre 2027 y 2029, lo que impediría que se logren avances significativos que reviertan la baja presión tributaria del país. Esto, advierten, implica un riesgo para la estabilidad macroeconómica.

“Una recaudación baja conjuntamente con gastos que están creciendo provocan que el déficit fiscal y la deuda pública aumenten. Se está posponiendo una crisis fiscal que ya está incubada”, dijo Arias Minaya.

El economista añade que, si no se corrigen los problemas estructurales, incluso con periodos de mejora temporal impulsados por los precios de exportación, el escenario puede agravarse en el mediano plazo.

Las propuestas en segunda vuelta

Ante el riesgo que genera mantener rezagada la recaudación en el Perú, es importante revisar las propuestas de los partidos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes se disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.

Según el análisis de Pantigoso, los planes de gobierno actuales no mejorarían la situación actual, pues podrían terminar reduciendo la recaudación con mayores exoneraciones, mientras otros generan el riesgo de ahuyentar la inversión privada.

“Creo que ambas propuestas tienen elementos nocivos, no hay una [alternativa] que esté en el centro, que revise bien los problemas y que sea consecuente con aumentar la formalización de las personas y empresas”, sostuvo.

En detalle, desde el lado de Fuerza Popular, el planteamiento se concentra en exonerar del Impuesto a la Renta (IR), por tres años, a los jóvenes emprendedores inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para estimular la creación de micro y pequeñas empresas.

Asimismo, busca fomentar los beneficios tributarios temporales en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) orientadas a manufactura de alto valor agregado.

Sumado a ello, propone la modernización de la Ley General de Minería para incluir un régimen diferenciado entre la minería artesanal y de pequeña escala con incentivos para la adopción de tecnología y automatización.

En tanto, el plan de Juntos por el Perú va por el sentido contrario: más impuestos. Propone la ampliación de la base tributaria enfocada en pocos actores, buscando incrementar la presión tributaria al 25% del PBI y bajo la idea de crear un sistema tributario progresivo plantea un impuesto a las grandes fortunas en situación de crisis.

También pone en su radar un incremento de las regalías minero-energéticas en un 20%, así como eliminar o reformar el 100% de exoneraciones tributarias regresivas.

Las empresas con inversión directa extranjera volvieron a ocupar un lugar central en el desempeño económico del país, favorecidas por el dinamismo de ciertos sectores estratégicos y por un contexto externo más beneficioso.

Así lo recabó el Banco Central del Perú en su último informe macroeconómico, que abarca el primer trimestre del 2026.

Desempeño de la inversión directa extranjera

En detalle, el déficit de ingreso primario ascendió a US$ 8,090 millones, superior en US$ 2,487 millones al de igual periodo de 2025.

El flujo del trimestre se debió, sobre todo, a las mayores utilidades de empresas con participación extranjera, que superaron en US$ 2,368 millones a las registradas en el mismo tramo de 2025.

“Este resultado obedeció principalmente al mejor desempeño del sector minero, favorecido por los mayores precios de exportación de los metales. Asimismo, también registraron una mayor utilidad empresas del sector industria y servicios. Por otro lado, los sectores hidrocarburos y energía presentaron menores resultados”, se puede leer en el informe.

Las cifras detrás de los sectores

El sector minero registró un incremento de utilidades por US$ 1,955 millones, impulsado por el alza en los precios de exportación del oro, cobre y zinc.

Por su parte, las utilidades del sector industria registraron un incremento de US$ 223 millones, explicada por empresas productoras de bebidas, refinerías y aquellas relacionadas a la industria pesquera que se beneficiaron de mayores precios.

Asimismo, las utilidades del sector servicios aumentaron en US$ 246 millones, impulsadas principalmente por las empresas bancarias, que registraron mayores ingresos financieros y una reducción en la morosidad de su cartera de colocaciones, y empresas del sector retail.

En contraste, el sector hidrocarburos registró una reducción en sus resultados netos, en un contexto marcado por la paralización del transporte de gas de Camisea y la menor producción en dichos lotes.

El sector energía también presentó una reducción en sus utilidades.

“En particular, las empresas generadoras de energía se vieron afectadas por la paralización del transporte del gas de Camisea, lo que las obligó a sustituir el suministro de gas mediante el uso de diésel o la compra de energía en el mercado spot, incrementando así sus costos operativos”, se remarcó en el documento oficial.

Movimiento público

En menor medida, se incrementaron los egresos del sector público. Tuvieron protagonismo las emisiones del Gobierno General y la mayor adquisición de bonos soberanos por parte de no residentes durante 2025.

Asimismo, estos egresos fueron contrarrestados ligeramente por mayores ingresos del sector público, principalmente de reserva.