Editorial: Primeras lecciones

Editorial de Gestión. "Varios de los involucrados en los audios ya tenían denuncias desde años atrás”.

Sede del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). (Foto: USI)

Por: Redacción Gestión

CORRUPCIÓN. Los audios que dejan en evidencia la corrupción existente al interior del Poder Judicial y que involucran también al Ministerio Público, que se dieron a conocer desde el mes pasado y que todavía se siguen difundiendo, han generado una ola de críticas y preocupación en el país.

Ante ello, el Poder Ejecutivo –en primer lugar– y luego el Poder Legislativo se disponen a realizar cambios tanto a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura como del Poder Judicial. Sin embargo, también deberían incluir al Ministerio Público.

Pero más allá de estos temas de fondo que se deben manejar con el mayor cuidado y la celeridad que requieren, lo sucedido también nos va dejando algunas lecciones complementarias que no deberían pasarse por alto.

En primer lugar, varios de los involucrados en los audios ya tenían denuncias desde años atrás, las cuales o no fueron tramitadas adecuadamente o fueron pasadas por alto dejando a los involucrados libres de cuestionamientos. Esto demuestra que es necesario un cambio en el sistema de administración de las oficinas de control que, aunque autónomo, es presidido por un juez supremo. Quizás haya que involucrar incluso a la Contraloría General de la República.

Un segundo aspecto es el evidente desbalance patrimonial que tienen los involucrados. Si bien, en lo inmediato, puede demorar determinar el origen del dinero, lo cierto es que existe un presunto delito tributario que la Administración Tributaria está obligada a fiscalizar. Para ello, es importante la especialización e incrementar el número de fiscales dedicados a los delitos tributarios, sobre todo ahora que la Sunat está aplicando un mayor cruce de información.

También es vital revisar los vacíos legales de los que se pueden estar aprovechando las autoridades inescrupulosas. Así, la norma que impide que los funcionarios públicos puedan nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, también debería incluir a las dependencias, que sin ser aquellas donde trabajan sí mantienen alguna injerencia, como ha sucedido en el caso del Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina de Control de la Magistratura y su relación con el Poder Judicial. Los problemas de corrupción, que sin duda requerirán de mayor tiempo para ser resueltos no deben impedir trabajar sobre las deficiencias o carencias que esta corrupción ha dejado al descubierto.