Chavismo busca deshacerse de su antigua aliada: pide enjuiciamiento de fiscal

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal Luisa Ortega en su enfrentamiento con Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

(Foto: Reuters)
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(AFP) El bloque chavista en el Parlamento venezolano pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizar un juicio contra la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que se ha convertido en una dura adversaria del presidente Nicolás Maduro.

“Introduzco este escrito ante el TSJ para que la Sala Plena inicie el proceso que establecen las leyes, califique la falta grave y declare si hay mérito para enjuiciar a la fiscal”, señaló el legislador Pedro Carreño, al acusar a Ortega de “mentir”.

Según Carreño, la jefa del Ministerio Público faltó a la verdad al asegurar que no había respaldado la preselección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de estar bajo control del gobierno- en diciembre del 2015.

Como parte del proceso de designación de jueces a cargo del Legislativo, Ortega debía validar las candidaturas en el Consejo Moral Republicano, que integra junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

“Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa”, dijo Carreño al mostrar un documento que según él prueba la irregularidad.

De acuerdo con la ley venezolana, la remoción de los integrantes del Consejo Moral corresponde al Parlamento, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena, “que declare que hay mérito para su enjuiciamiento”.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el TSJ, al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

Sin embargo, la cámara fue declarada en desacato por el TSJ desde hace año y medio, por lo que considera nulas todas sus decisiones.

En el pasado la corte apeló a la figura de la “omisión legislativa” para avalar por ejemplo un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario.

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