Según el contralor general, Fuad Khoury, en el contrato del lote 56 se sobredimensionó el costo de transporte de los líquidos del gas.

LUIS HIDALGO SUÁREZ
OSCAR GONZÁLEZ E.

¿Cuál es el estado de la auditoría a Perupetro sobre los contratos de Camisea?
La Contraloría está realizando una auditoría relacionada a la supervisión de la ejecución de los contratos de explotación de los lotes 88 y 56 porque lo que queremos evitar es que no se corrijan los problemas detectados.

Hemos verificado que está pendiente la modificación del contrato del lote 88 referido a que el monto de regalía por el gas que se exporta no sea menor al monto de la regalía por el gas que se consume en el mercado interno, pese a que esto se encuentra contemplado en las normas vigentes.

¿A qué conclusiones han llegado tras la auditoría a los contratos de Camisea?
Una conclusión es que las normas que estaban originalmente establecidas para el cálculo de las regalías no se han respetado, tanto para el lote 88 como para el lote 56.

En el primero se estableció un porcentaje fijo de regalía (37.24%), cuando las normas vigentes al momento del contrato (Ley General de Hidrocarburos y otros reglamentos para la aplicación de regalías) establecía que esta debería ser variable en función de la producción y los precios.

¿Y en el caso del lote 56?
En el caso del lote 56 se determinó que se establecieron indebidamente topes a los porcentajes de regalías de los diferentes hidrocarburos (40% para petróleo y líquidos de gas natural, 38% para gas natural con destino a la exportación), con lo cual se generó la imposibilidad de reajustar el porcentaje de regalía una vez que se hubiesen alcanzado los límites máximos establecidos (con obvias pérdidas de ingresos para el Estado).

¿Qué otras deficiencias se hallaron y cuál es el impacto para el país?
A manera de ejemplo, en el caso del lote 56, y específicamente para los líquidos de gas, el contrato permite hacer una deducción a los precios internacionales de referencia de US$ 6.4 por barril (costo de almacenamiento y transporte) para determinar la base de cálculo de la regalía. Sin embargo, de acuerdo con la auditoría se determinó que el costo de almacenamiento y transporte no superaba los U$S 2.88 por barril. Ello implica una recaudación menor de regalías de US$ 47 millones en un periodo de tres años.

¿Qué recomendaciones hizo la Contraloría?
En ambos casos se recomendó a Perupetro la revisión y modificación de los contratos. Los informes fueron derivados al presidente del Congreso y al ministro de Energía y Minas para que actúen de acuerdo a sus competencias.

Además, la Contraloría halló responsabilidad penal por abuso de autoridad y omisión de actos funcionales y negociación incompatible en los funcionarios de ProInversión que participaron en el proceso de concurso público del lote 88 y en los entonces ministros de Energía y Minas (Carlos Herrera Descalzi) y de Economía y Finanzas (Javier Silva Ruete) que visaron el decreto supremo que aprueba el contrato.

En el caso del lote 56 se determinó responsabilidad penal por los mismos delitos para los miembros del directorio de Perupetro, gerente general, gerente de contratos, miembros de la comisión de trabajo-negociación de lote 56 así como de los ministros de Energía y Minas (Jaime Quijandría) y de Economía y Finanzas (Pedro Pablo Kuczynski) que aprobaron el contrato.

¿Se han cumplido las recomendaciones?
Las recomendaciones no han sido implementadas en ninguno de los dos casos. En el caso del lote 88 la Fiscalía lo archivó por prescripción, pero no atacó el fondo del tema. El caso del lote 56 está en investigación por la fiscalía anticorrupción.

¿Es posible renegociar los contratos de Camisea, teniendo estos el carácter de contratos-ley?

Voceros de Perupetro y del MEM han expresado que para modificar los contratos se requiere del consentimiento de las dos partes (Estado y contratista) toda vez que se trata de contratos-ley.

Sin embargo, los contratos tienen esa condición siempre y cuando hayan sido hechos de acuerdo a ley, pero en este caso existen aspectos cuestionados (vicios) de los contratos por no sujetarse a la Ley de Hidrocarburos ni al reglamento de regalías.

Por tanto, para la Contraloría resulta válido iniciar un proceso de revisión y renegociación de los contratos. Sobre todo por el perjuicio que pueden ocasionar (si quedan como están) en los 40 años de plazo de esta concesión.

¿Una recomendación como esta no genera inestabilidad jurídica para el país?
Por el contrario, lo que está haciendo la Contraloría es resaltar un principio básico en la estructura jurídica del país, que es exigir el cumplimiento de la ley.

Asimismo, que se corrijan aquellas situaciones en las que ha sido transgredida, más aún cuando se trata de recursos tan importantes como los de Camisea.

¿Por qué recién ahora se dice que sí es posible renegociar el contrato, si este informe tiene tres años?
La Contraloría entregó los informes en su momento a las autoridades que debían tomar acciones en defensa de los intereses del Estado y denunció penalmente a los responsables. La indiferencia e inacción de quienes debían actuar escapa a nuestra competencia. Nosotros hemos continuado con el seguimiento de la auditoría.

GESTIÓN – 07/07/11