La Comisión de Agricultura consideró a la iniciativa consistente con una norma sancionada años atrás por el TC.

La Comisión de Agricultura del Congreso aprobó un proyecto de ley para que el Gobierno cancele bonos impagos por más de 1,000 millones de dólares de una reforma agraria realizada hace 40 años, una medida que pasaría a ser discutida en los próximos días por el pleno parlamentario.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Aníbal Huerta, afirmó que la medida fue aprobada de manera unánime y que era consistente con una norma sancionada años atrás por el Tribunal Constitucional, la máxima corte del país, que dijo que el Ejecutivo debía pagar esa deuda.

Los bonos fueron emitidos en 1970 en una controversial reforma agraria durante el Gobierno del general Juan Velasco, para ser entregados a los grandes hacendados, cuyas tierras habían sido expropiadas por el Estado en medio de una serie de medidas “revolucionarias”.

El Congreso todavía no ha definido cuánto sería el costo total de los bonos ni cómo se pagaría la deuda.

En tanto, el ministro de Economía, Ismael Benavides, afirmó que el Gobierno estaba preparando el envío de la propuesta al Congreso y que esperaba sea aprobada antes de que finalice el mandato del presidente Alan García el 28 de julio de este año.

Benavides afirmó que los bonos, buena parte de los cuales fueron emitidos hace 40 años, ascenderían a unos 4,000 millones de soles (unos 1,400 millones de dólares), una cifra que equivale a casi el 1% del Producto Interno Bruto de Perú.

Si bien Perú obtuvo el grado de inversión por las principales agencias calificadoras del mundo en los últimos años, aún tiene deudas internas por saldar.

En octubre, los peruanos aprobaron un referéndum que obliga al Gobierno a pagar a las personas que hayan contribuido con un fondo de vivienda conocido como el Fonavi.

Ese referéndum alentaría a que el Gobierno sea más proclive a pagar los bonos agrícolas, según analistas.

Un abogado que representa a varios tenedores de estos bonos dijo que existen unas 500 demandas por las 5,000 propiedades agrícolas expropiadas por el Estado entre 1969 y 1981.

La producción agrícola de Perú se desplomó tras esa redistribución, que tomó las tierras de grandes hacendados y agricultores de clase media para entregarlas a trabajadores y a personas pobres.

REUTERS – 01/06/11