Planteamiento del Ejecutivo señala que necesidad pública debe sustentarse con información del proyecto presentado por la firma.

El ejecutivo presentó un proyecto que ordena la normativa constitucional para el caso de empresas extranjeras interesadas en adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustible o fuentes de energía dentro de los 50 km de la zona de frontera, en casos de necesidad pública.

El proyecto explica que hay una falta de de desarrollo constitucional que no permite tener reglas claras para la seguridad jurídica de empresas extranjeras en zonas de frontera.

El planteamiento del Ejecutivo señala que la necesidad pública deberá sustentarse con información del proyecto presentado por la empresa extranjera, el nivel de inversión, las garantías para asegurar la ejecución, el impacto socioambiental en la zona, así como el análisis del costo-beneficio para el país. También debe contar con la opinión favorable del Ministerio de Defensa, en lo que respecta a la soberanía y la integridad territorial, y el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la gestión de los asuntos limítrofes del país.

Interés

La especialista en legislación minera, Xennia Forno, explicó que en “la zona de la frontera no hay mucha actividad de recursos y se sabe que hay empresas con interés de participar, así que me parece bien que se permita a las extranjeras invertir en las fronteras. Esto generará polos de desarrollo y atraerá mano de obra”.

GESTIÓN – 21/12/10