Por más irreal que pueda sonar, la imagen turística del país podría no pertenecerle al Estado.

CARMELA LOAYZA ARENAS

Una de las siete maravillas del mundo moderno, patrimonio de la humanidad, el lugar más visitado en el Perú, el más promocionado en el extranjero, y el que quizás cuenta con la mayor inversión turística en el país, son solo algunos de los calificativos que guarda el Santuario de Machu Picchu para la mayoría de nuestros lectores.

Pero se ha preguntado alguna vez ¿quién es el propietario de este lugar?, ¿es el Estado o está a nombre de un particular?

Nosotros fuimos tras la respuesta a esta interrogante y nos encontramos con una singular historia que, de seguro, lo asombrará.

Antecedentes

Existe una familia que se considera propietaria de cinco de las ciudadelas más importantes en Cusco (Machu Picchu, Huayna Picchu, Sayacmarca, Wiñayhuayna y Phuyupatamarca).

La explicación que dan para considerarse propietarias parece muy simple.

El Santuario de Machu Picchu se encuentra ubicado en lo que se conocía como el Fundo Q’ente y Santa Rita de Q’ente (antes Fundo Sillke). En 1896 el terreno estaba registrado a nombre de la familia Nadal y la vendió a Mariano Ignacio Ferro, casado con María Laureana Vizcarra, según registros de 1905 y 1910.

Cuando en 1911, Hiram Bingham redescubre el santuario y da publicidad sobre él, reconoce que se hallaba en propiedad privada.

La propiedad pasó a nombre de Tomasa Ferro Vizcarra quien se casó con José Emilio Abrill.

En 1929, se dicta la primera ley de patrimonio cultural, que es la Ley 6634 Patronato Nacional de Arqueología, estableciendo, por primera vez, que son de propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del Virreinato (artículo 1). Y precisa que si los inmuebles arqueológicos estuviesen situados en terrenos de propiedad particular, podrá el Estado expropiar dichos terrenos con arreglo a la ley, en la extensión superficial que baste para su conservación y las exploraciones científicas a que se presten (artículo 5).

En 1944, José Emilio Abrill transfiere el Fundo Q’ente a Julio Zavaleta Flores, en cuyo título existe una cláusula que literalmente dice: “No se encuentra comprendida en esta venta el pago de las indemnizaciones que se sigue ante el Gobierno por la expropiación de las ciudadelas incaicas de Machu Picchu, Huayna Picchu, Wiñayhayna, Sayacmarca y Phuyupatamarca, actualmente poseídas por el Estado y para cuya expropiación existe en trámite el correspondiente expediente”.

El caso hoy

Los herederos de Abrill Ferro han demandado al Estado, actualmente existen dos procesos: uno del año 2003 y otro del 2006, donde se solicita la reivindicación de los terrenos sobre los cuales se edificaron las ciudadelas incas de Machupicchu, Huaynapicchu, Phuyupatamarca, Sayaqmarca y Wiñayhuayna y el cobro de frutos por un monto ascendente a S/. 300’000.000.00 (Trescientos millones de nuevos soles).

Fausto Salinas, abogado de los demandantes, espera que el proceso tenga un fallo de primera instancia en un año como máximo.

Desde el Estado

Fuentes del INC del Cusco, han señalado que en años anteriores ya hubo juicios en los que se le dio razón al Estado respecto la Propiedad de Machu Picchu. “Nosotros le hemos puesto final al asunto, no hay nada de qué hablar. No cuentan con asideros legales para reclamar la propiedad”, señaló Jorge Zegarra a la agencia Andina.

GESTIÓN – 20/12/10