Autoridades latinoamericanas le han pedido al Gobierno mexicano reacción frente a estos hechos.

Hermelindo Maquín salió de su hogar en los campos guatemaltecos a principios de agosto, dejando atrás su pequeña granja y a su esposa embarazada mientras comenzaba un largo y arriesgado viaje hacia Estados Unidos.

Semanas después, el cuerpo vendado y ensangrentado del joven de 24 años de edad fue encontrado en un cobertizo de un remoto rancho. Fue uno de los 72 centroamericanos y sudamericanos ejecutados en un ataque masivo por parte de narcotraficantes que extorsionan a los migrantes en México.

La masacre fue otro siniestro episodio de la guerra contra el narcotráfico en México, que ha dejado 28,000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón comenzó a combatir a los cárteles a finales del 2006 y que se ha intensificado a medida que los cárteles prueban nuevos caminos para ganar terreno.

Los familiares de Maquín y de otros migrantes provenientes de lugares más lejanos como Brasil cayeron en conmoción al escuchar sobre la masacre, atribuida supuestamente al brutal cártel de los Zetas, casi al final de un largo viaje en donde los migrantes estaban a sólo 150 kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos.

“Estamos rezando por ellos. Estábamos preocupados por las inundaciones y por el hecho de que no tenían dinero ni comida. Pero nunca pensamos que esto pudiera pasar”, dijo uno de los parientes de Maquín en Guatemala, quien pidió no revelar su nombre por miedo a represalias.

El estado de Tamaulipas, donde ocurrió la masacre, es escenario de violentas luchas entre el cártel del Golfo y los Zetas, su ex brazo armado.

La matanza desató la protesta de líderes latinoamericanos quienes se quejaron de que México ha fallado en proteger a los migrantes, a pesar de que el país denuncia el maltrato de mexicanos en Estados Unidos.

“Sentimos que México necesita reaccionar y actuar de manera responsable para asegurar que las autoridades mexicanas están en control, más que a las organizaciones criminales y los traficantes de personas”, dijo el canciller de Honduras, Mario Canahuati, tras la masacre.

Innumerables migrantes latinoamericanos viajan alrededor de 3,000 kilómetros a través de México para tratar de encontrar trabajo en Estados Unidos, sea por automóvil, en camión o a pie, algunos aferrados a la parte superior de los trenes de carga o escondidos en compartimientos secretos construidos en camiones de carga.

Algunos migrantes pagan hasta 10,000 dólares a los traficantes que prometen pasarlos a Estados Unidos. Muchos otros ven terminar sus viajes en robos, asaltos o arrestos.

Los peligros se han agravado en años recientes ya que los cárteles han expandido sus funciones al tráfico de personas, explotando a vulnerables y anónimos migrantes que llevan drogas a través de la frontera estadounidense o a cuyas familias pueden extorsionar para luego exigir un rescate.

La corrupta policía mexicana es muchas veces acusada de jugar el rol de entregar a los inmigrantes a los cárteles a cambio de una paga.

REUTERS – 03/09/10