El contralor Fuad Khoury presentó un proyecto de ley que propone otorgar a este organismo la facultad de imponer sanciones de tipo administrativo contra los funcionarios de Estado, entre ellos lo elegidos por voto popular, que incurran en irregularidades.

La iniciativa, que presentó al presidente del Congreso, César Zumaeta, plantea que las sanciones vayan desde la suspensión temporal en el ejercicio (sin goce de haber), hasta la destitución o el despido, dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la falta o delito cometido.

Estas sanciones, además, se aplicarán sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales que correspondan. La propuesta también incluye la aplicación de multas y la inhabilitación para prestar servicios en la administración pública, en cualquier régimen laboral, hasta por un plazo de cinco años.

Las medidas correctivas o sanciones que se impongan a los funcionarios deberán ser anotadas en el Registro de Sanciones de la Contraloría General de la República, el mismo que servirá de referencia para las futuras contrataciones que efectúe el Estado.

Para la Contraloría, esta iniciativa garantiza el derecho de defensa de los funcionarios y asegura el debido proceso administrativo, así como la eficacia y equidad de las sanciones. Khoury explicó que las contralorías de varios países en la región, como Ecuador, Colombia y Chile, tienen facultades sancionadoras, habiéndose registrado importantes avances en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido pidió la aprobación de dicho proyecto de ley para reforzar las medidas destinadas a reducir los niveles de corrupción en el país.

ANDINA – 17/08/10