El primer ministro recordó que anteriormente el Apra planteó sin éxito esa propuesta.

La aplicación de la pena de muerte para delitos graves resulta inviable debido a que el país, como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, se comprometió a abolirla del ordenamiento jurídico nacional, aseveró el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén.

Señaló que habría que denunciar la convención y luego modificar la Carta Magna para ejecutar la propuesta lanzada por la legisladora Keiko Fujimori. Por esa razón, consideró improbable que el Congreso decida abocarse a estudiar este tema a profundidad debido al contexto político electoral que se vive actualmente en el país.

“Instrumentalizar esta propuesta ahora es inviable. El Parlamento no puede convocar 80 votos para hacer una reforma constitucional y mucho menos está en condiciones de denunciar a la Convención ante la cual nos hemos comprometido a abolir la pena de muerte como un acto de sanción a hechos punibles”, manifestó.

Recordó que no hubo consenso cuando la bancada aprista propuso la pena de muerte a violadores de menores de siete años de edad, ni cuando se planteó la posibilidad de hacer algunas reservas a la jurisdicción de la Corte IDH por el tema del terrorismo. Entonces, no veo condiciones para que prospere dicho planteamiento, agregó.

ANDINA – 12/08/10