Carlos Mesía, titular del máximo órgano de control constitucional, marcó distancias con la propuesta del Congreso.

El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, consideró que sería una pérdida de tiempo debatir la instauración de la pena de muerte para delitos graves, porque resulta jurídicamente “imposible” hacerlo por los compromisos internacionales suscritos por el país.

Agregó que Perú, por ejemplo, es adherente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, cuyo texto tiene un “espíritu abolicionista” de toda causal de pena de muerte.

Por ese motivo, marcó distancia de la iniciativa presentada en el Parlamento Nacional para que la pena capital se aplique a los casos de delitos graves.

“El Parlamento tiene a veces el defecto de pretender la modificación del Código Penal por razones coyunturales (…) Es un tema de reforma constitucional, del Código Penal, y de denunciar al sistema interamericano. La verdad es que se está perdiendo el tiempo”, opinó.

Lamentó que algunos congresistas piensen que la política criminal del Estado se reduce a elevar las penas cada vez que hay un hecho delictivo. “Hay una comisión especial del Congreso, revisora del Código Penal, que es la que debe hacer ese trabajo y no lo hace”, comentó a la Agencia Andina.

El titular del Tribunal Magistrado sostuvo que la instauración de la pena de muerte incluso es más compleja que el aumento de penas, porque implica cambios en el Código Penal y la modificación de la Constitución Política, con todo el proceso que ello implica.

ANDINA – 12/08/10