Así lo oficializó el Gobierno a través de un decreto de urgencia publicado hoy.

El Poder Ejecutivo oficializó su decisión de que los pagos dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de los sentenciados por terrorismo, se compense de la reparación civil que éstos le adeudan al Estado.

La compensación será determinada por el Procurador Público Especializado en el cobro de la reparación civil proveniente de sentencias condenatorias por los delitos de terrorismo, dentro de un período de 24 meses contados a partir del día siguiente de publicada la norma.

También se autoriza al Procurador Público Especializado a realizar todos los actos procesales que sean necesarios para la efectiva defensa de los intereses del Estado en los procesos judiciales que pudieran generarse como consecuencia del desconocimiento de la compensación que fuera planteada por los subversivos o sus familiares.

“Constituye acreedor de las reparaciones civiles provenientes de las sentencias condenatorias por los delitos de terrorismo el Ministerio de Justicia, en representación del Estado”, precisa el Decreto de Urgencia Nº 052-2010, publicado en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, se señala que los recursos financieros obtenidos del pago de la reparación civil se depositarán en una cuenta que determinará el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público.

“Los recursos que se depositen en la citada cuenta se destinan, única y exclusivamente al pago de las reparaciones a la víctima o los herederos de la víctima, en caso de haber fallecido ésta o haberse declarado su muerte presunta, de actos violatorios de los derechos humanos”, asegura el dispositivo.

La norma también precisa que luego de determinar la compensación, de existir un saldo a favor de las víctimas y/o beneficiaros, el abono de dicho saldo es atendido por el pliego del Ministerio de Justicia, con cargo a su presupuesto institucional.

ANDINA – 28/07/10