Hemos entrado a la recta que llevará a definir, por fin, el futuro de la empresa Doe Run, aunque ello no signifique necesariamente el fin de los problemas, sino la posibilidad de iniciar otros.

Por un lado, cada vez son más fuertes los rumores que indican que el caso ya llegó a Indecopi, y por otro, más de una minera, proveedora de la empresa , ya acudió a la vía arbitral, logrando el pago de su deuda.

Este 27 de julio vence el plazo para que la empresa Doe Run reinicie sus operaciones, y si bien semanas atrás la compañía aseguraba que podía reiniciar labores incluso antes de cumplido el plazo, hoy el discurso ya no es el mismo.

A fines de junio, la empresa publicó una invocación, que a criterio del Estado es una lista de exigencias, en la cual precisaba que para poder reiniciar sus labores el gobierno debía cumplir “sus responsabilidades”.

Una de las “responsabilidades”, que llamó la atención fue que el Estado peruano en el contrato de compraventa de la planta de La Oroya, en 1997, se comprometió a asumir la remediación de las áreas afectadas por las emisiones de la fundición; a atender los reclamos actuales y futuros con respecto a las condiciones ambientales en La Oroya y las comunidades aledañas impactadas por la fundición; y a mantener indemnes a todas las personas que han trabajado en la empresa o que le hayan prestado servicios a la misma.

Según pudo verificar Gestión, el contrato establece estos compromisos para el Estado en las cláusulas quinta y sexta del contrato.

Sin embargo, la especialista Marita Chappuis advierte que si bien hay una cláusula que dice que el Estado responde por las demandas que se planteen contra Doe Run inclusive durante las vigencias del PAMA, hay otro artículo que señala que el Estado responderá solo si las prácticas de Doe Run son mejores que las de Centromín.

“Pero dados los incumplimientos ambientales de Doe Run, no se puede decir que sus prácticas son mejores”, afirmó.

Desde su punto de vista es extraño que Doe Run pida un blindaje contra sus directivos en los juicios del exterior, y no apele a las cláusulas de arbitraje internacional que tiene el contrato.

“Ante las diferencias entre Activos mineros (empresa que asumió las funciones de Centromín) y Doe Run se debe ir a un arbitraje, para saber quién debe hacerse cargo o no de las demandas”, sostuvo Chappuis.

Lo dicho por la especialista y dado el tenor de la “invocación” hecha por Doe Run nos deja entrever que, en caso la empresa no reiniciara operaciones, un largo camino de litigios podría empezar.

GESTIÓN – 02/07/10