El accionista mayoritario de la cadena, Guillermo Zuloaga, reiteró que es víctima de una caza de brujas.

El Gobierno de Venezuela está aumentando la presión sobre el canal de televisión Globovisión, la última cadena importante en la nación sudamericana que se mantiene firme en su línea editorial contra el presidente Hugo Chávez.

El director de noticias del canal renunció en febrero en circunstancias aún no aclaradas totalmente y que dieron lugar a especulaciones sobre presiones del Gobierno.

En marzo, el mayor accionista de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue detenido fugazmente bajo cargos como ofender al presidente.

La semana pasada las autoridades de la nación de la OPEP emitieron una orden de arresto contra Zuloaga y allanaron su residencia en Caracas. El lunes intervinieron un banco de otro de los directores de Globovisión, Nelson Mezerhane.

Conocida por su periodismo partisano y a menudo subido de tono, Globovisión es una crucial plataforma para opositores a Chávez, quien multiplicó la cantidad de periódicos y canales de televisión pro gubernamentales desde que llegó al poder hace 11 años.

Sus partidarios dicen que era esencial contrarrestar el poder de los medios privados de comunicación que le han sido generalmente hostiles.

El periodista pro gubernamental Mario Silva aplaudió el lunes las medidas contra los directores de Globovisión. La intervención del Banco Federal del “turquito ladrón” de Mezerhane, dijo, había que haberla hecho antes.

Silva, vestido con una chaqueta y gorra militar similar a las que lleva el presidente, dijo que el logo de Globovisión se volvería rojo en honor a la revolución socialista de Chávez y hasta le colocarían encima una boina como la del presidente.

Zuloaga dijo más temprano en una llamada telefónica a Globovisión desde un lugar no revelado que era víctima de una caza de brujas por parte de Chávez, que quiere silenciar a su canal, y añadió que no piensa entregarse.

El empresario es acusado de guardar ilegalmente 24 autos Toyota para, según autoridades, manipular los precios. De ser hallado culpable, se enfrenta a una pena de entre uno y cinco años tras las rejas.

REUTERS – 15/06/10