La atribulada minera Doe Run Perú presentó al Gobierno peruano nuevas demandas que complicarían el reinicio de su vital fundición metalúrgica y la concreción de un plan ambiental en una de las zonas más contaminadas del mundo, dijoel Ministerio de Energía y Minas.

Doe Run Perú, una unidad del estadounidense Renco Group, paralizó en junio pasado la producción en el complejo metalúrgico de La Oroya, en los Andes peruanos, luego de que los bancos le cortaran sus líneas de crédito durante la crisis mundial que golpeó a los precios de los metales.

A inicios de marzo, la firma anunció un acuerdo financiero con la operadora de materias primas suiza Glencore que allanaría el camino para el reinicio de la fundición y la concreción de un plan ambiental en el contaminado pueblo adyacente al complejo.

Sin embargo, la empresa aún no ha fijado una fecha para retomar sus operaciones.

El Gobierno pidió a Doe Run que reanude sus faenas en la planta antes del 31 de julio, cuando vence el plazo de 10 meses que le concedió para que lo haga. Además, Perú amplió en septiembre del 2009 por 30 meses el plazo para que la compañía culmine la ejecución de un plan ambiental clave.

Pero en la víspera la firma presentó nuevas exigencias que complicarían el reinicio de la planta, como el fraccionamiento de su deuda con la agencia tributaria peruana y la condonación de las multas impuestas por el incumplimiento de plazos, dijo el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.

“Los representantes de Doe Run Perú y de su accionista principal trajeron una nueva agenda que incluía cuatro puntos distintos a los que se han visto durante los últimos 12 meses de diálogo”, precisó el ministerio.

El pedido “sorprendió a los miembros de la mesa (de diálogo) puesto que nunca antes se habían planteado estos temas”, añadió.

La compañía tiene inversiones pendientes por 150 millones de dólares para completar el plan ambiental y debe unos 110 millones de dólares a sus proveedores, que dejaron de abastecerla con concentrados en medio de sus problemas financieros.

Un mayor retraso podría generar malestar en el sector, uno de los más importantes para la economía de la nación sudamericana.

En La Oroya, una de las localidades más contaminadas del mundo, están en riesgo cerca de 20,000 empleos.

El año pasado, un policía murió en enfrentamientos con pobladores y trabajadores mineros, quienes pedían al Gobierno una extensión del plazo para la culminación del plan ambiental.

REUTERS – 20/05/10