El déficit del comercio energético de Perú caería un 60% en el 2009 frente al año pasado, aunque el desarrollo de los hidrocarburos del país está amenazado por conflictos sociales en las zonas donde operan gigantes petroleras, advirtió un grupo del sector.

El déficit de la balanza comercial de hidrocarburos de Perú se estrecharía este año a unos 1,000 millones de dólares, frente a los 2.472 millones de dólares del año pasado, precisó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El Gobierno peruano lleva adelante una cruzada para atraer inversiones al sector de los hidrocarburos, en un intento por convertirse en un exportador neto de energía y explotar las vastas reservas que yacen en la selva y costa del país.

El presidente Alan García anunció en noviembre un hallazgo de gas natural de la petrolera brasileña Petrobras que superaría los 5 TCF (billones de pies cúbicos), así como un descubrimiento de crudo liviano de la canadiense Talisman.

Sin embargo, los esfuerzos por explotar la riqueza natural de Perú suelen toparse con el rechazo de pobladores que temen se contamine el medio ambiente y demandan a las empresas una mayor tajada de sus utilidades.

En algunas ocasiones, la oposición de la población a proyectos petroleros y mineros genera violencia.

“En las últimas semanas se han registrado actos de hostigamiento en contra de las unidades de exploración y producción de las distinas empresas que trabajan en la selva y en la costa”, afirmó Guillermo Ferreyros, presidente de la SNMPE, en un comunicado.

Ello “con el objetivo de paralizar las actividades productivas del sector”, agregó sin detallar empresas.

Recientemente, pobladores nativos de la selva peruana demandaron a la energética estadounidense Hunt Oil que abandone un proyecto de exploración en esa zona.

Asimismo, un proyecto cuprífero de la minera china Zijin Mining fue blanco de un ataque en el que murieron tres personas cuando una veintena de desconocidos atacó y quemó el campamento Río Blanco, ubicado cerca de la frontera con Ecuador.

Los conflictos sociales podrían generar un problema político al presidente García, que tiene una aprobación de apenas un 26%, pese a que su gestión es respaldada por el favorable manejo económico del país.

En junio, enfrentamientos entre la policía e indígenas que se oponían a la explotación de los recursos naturales en el norte del país dejaron al menos 33 muertos y se convirtieron en el peor conflicto afrontado por el Gobierno de García.

REUTERS – 10/12/09