El Poder Ejecutivo no interpondrá ninguna acción internacional contra la sentencia del Tribunal Constitucional.

El Gobierno aplicará el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohibe al Estado distribuir la píldora del día siguiente, pero ello no cierra las puertas a que los particulares que se consideren afectados acudan a instancias internacionales, afirmó el primer ministro, Javier Velásquez.

“El presidente de la República (Alan García) ha sido muy claro ayer, (que) respeta la decisión del Tribunal Constitucional; entonces está fijada ya la posición del Gobierno (de) respetar y aplicar la sentencia del tribunal”, precisó.

Aclaró que como Gobierno ya no se interpondrá ninguna acción internacional contra esta sentencia, como lo dejó entrever hace algunos días, al señalar que “donde manda capitán no manda marinero”.

Sin embargo, precisa la agencia Andina, Velásquez Quesquén indicó que esta opción aún sigue vigente, pero esto ya corresponderá a las mujeres u organizaciones femeninas que se consideran afectadas en su derecho a contar con métodos de planificación familiar, pero no al Estado.

Asimismo, señaló que con la decisión del presidente se da por concluido el debate que este tema había generado en el Gabinete, lo que no impide que cada ministro tenga sus propias opiniones al respecto, porque estamos en un equipo “democrático”.

Sobre los comentarios del presidente Alan García, para que la empresaria Susan Hoefken renuncie a su nacionalidad peruana por haber inventado el robo de un pulmón de una exposición, dijo que se debe entender la indignación del mandatario por el daño que se le ha hecho a la imagen del país.

“Hay que entender la indignación que ha tenido el presidente sobre un hecho que tenía connotaciones delictivas, y no ha sido así, es la expresión de la indignación del presidente”, afirmó.

Velásquez Quesquén brindó declaraciones luego de inaugurar el XVIII Congreso Nacional de la Empresa Privada, organizado por la Confiep, en el Museo de la Nación.

Allí, informó que en breve se formará una comisión revisora del anteproyecto de Código de Consumo, con la participación de los empresarios, a través de los empresarios, a través de la Confiep.

Dejó en claro que con este código el Ejecutivo lo que desea es establecer una relación de justicia y equidad entre los consumidores y las empresas, pero de ninguna manera afectar la inversión y el comercio.