La comisión que investiga las interceptaciones telefónicas entregó un documento que permitiría elaborar el recurso.

El Congreso presentaría este martes ante el Tribunal Constitucional una contienda de competencia contra el Poder Judicial y nombraría como apoderado de la causa al legislador aprista, Javier Valle Riestra, según informó el parlamentario Oswaldo Luizar.

Luizar, presidente de la comisión que investiga la presunta existencia de una red de interceptaciones telefónicas, informó que hoy entregó a la Mesa Directiva un documento que servirá de base a la elaboración del recurso.

“El recurso (la contienda de competencias) será presentado por la Presidencia del Congreso este martes ante el tribunal, porque antes convocará al Consejo Directivo para analizar los alcances de la causa”, manifestó en declaraciones consignadas por la agencia Andina.

Dijo que el texto propuesto por su comisión hace énfasis en el respeto que debe existir a las prerrogativas del Poder Legislativo para investigar y pedir información a cualquier instancia, incluido el Poder Judicial, que ayude al esclarecimiento de hechos de corrupción y de asuntos de interés público.

Precisó que la demanda se sustenta en el artículo 97 de la Carta Magna que permite al Parlamento iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y acceder a cualquier información, la cual puede incluir el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria.

También en el artículo 139 que establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos son siempre públicos; entre otros.

Luizar indicó que existe el consenso de las bancadas de nombrar al legislador Valle Riestra, destacado abogado constitucionalista, como apoderado de la causa, cuya tarea será seguir el trámite de la misma ante el TC.

Acotó que la designación de Valle Riestra sería formalizada la próxima semana por el titular del Congreso, Luis Alva Castro.

La contienda de competencia que presentará el Congreso contra el Poder Judicial tiene el propósito de acceder a las pruebas que tiene la jueza María Martínez sobre la investigación de espionaje telefónico y que se niega a entregar a una comisión del Poder Legislativo.