El jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez, advirtió que existirían motivaciones políticas detrás de la paralización que acatan trabajadores de Doe Run y adelantó que se denunciará penalmente a los responsables de la muerte del policía, fallecido durante la protesta en La Oroya.

Velásquez denunció que directivos de la empresa utilizan a los trabajadores y a las autoridades de la región Junín para su propósito de lograr una mayor ampliación del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), motivo de la protesta.

“Hay una intencionalidad, hay una instigación de la empresa que utiliza a los dirigentes sindicales y a las autoridades para inducir a una ampliación del plazo”, manifestó en declaraciones consignadas por la agencia Andina.

El primer ministro remarcó que el Gobierno ha demostrado en reiteradas oportunidades la voluntad y buena disposición de ser lo más flexible posible para que se reanuden las actividades económicas en La Oroya.

Prueba de ello, agregó Velásquez, es que la Comisión de Energía y Minas del Congreso sesionará esta tarde para analizar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que fija en 20 meses el plazo para la ejecución del PAMA.

Enfatizó que fue una comisión multisectorial, integrada por los propios trabajadores de Doe Run, y no el Gobierno la que determinó el plazo de 20 meses para que Doe Run pueda ejecutar el PAMA.

Cuestionó que a pesar de haber sido este un acuerdo logrado por consenso, el presidente regional, Vladimiro Huaroc, quien también participó en la comisión, y los trabajadores respalden ahora el pedido para una nueva ampliación.

El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que este hecho evidencia que las protestas en La Oroya tienen móviles ideológicos y no reivindicativos.

Denuncia por muerte de policía

En otro momento, el titular del Consejo de Ministros lamentó que durante la muerte de un policía durante la protesta y bloqueo de carretera ocurrido ayer en La Oroya y anunció que se denunciará a los responsables de este hecho para que sean investigados y sancionados.

Negó que la paralización de los trabajadores de Doe Run haya sorprendido al Gobierno y dijo que la Policía Nacional desplegó mil 200 efectivos para garantizar la seguridad en la zona.

Indicó que en la víspera se envió 500 policías más a fin de apoyar la labor para restablecer y mantener el tránsito vehicular en la carretera central.

Por su parte, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, responsabilizó de lo sucedido en el centro del país a los directivos de Doe Run y adelantó que será denunciado por autoría mediata.

Explicó que el directivo minero ha instigado a la población con el propósito de lograr una mayor ampliación del PAMA, anteponiendo sus intereses en perjuicio del país.

“El procurador correspondiente va a presentar la denuncia inmediatamente por autoría mediata contra el gerente general de Doe Run porque queda absolutamente claro, que son sus intereses los que están provocando estos desmanes en La Oroya”, expresó.

Remarcó que el Gobierno no va a permitir que se repitan hechos de violencia y señaló que en un Estado de derecho se respetan los derechos de los peruanos, el orden y la autoridad del país.

El jefe del Gabinete Ministerial y el titular de Justicia declararon a la prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros que presidió el jefe de Estado, Alan García, en Palacio de Gobierno.