Allison: "He recibido el respaldo del presidente García"

El ministro de Vivienda afirmó que se pondrá a disposición del Ministerio Público para explicar su relación con Business Track.

El titular de Vivienda, Francis Allison, anunció haber recibido el respaldo “total” del jefe del Estado, Alan García, y del pleno del Consejo de Ministros, tras explicar la relación contractual que mantuvo con la cuestionada empresa Business Track, a la cual brindó asesoría externa.

En un alto al Consejo de Ministros, indica la agencia Andina, Allison dijo a los periodistas que se dirigía a la Fiscalía de la Nación para colaborar con todas las investigaciones, “porque quien no la debe no la teme”.

“Luego de dar las explicaciones del caso al señor presidente y al Consejo de Ministros, puedo decir en este momento que cuento con el total apoyo del presidente de Perú y del Consejo de Ministros en pleno”, afirmó.

Allison señaló que se pondrá a disposición de la titular del Ministerio Público, para someterse a las investigaciones si ella así lo requiere.

El ministro de Vivienda remarcó que la asesoría externa que desarrolló en BTR fue legal y dentro del marco de la ley, y ratificó que desconocía las ilícitas actividades en que estaba inmersa esta compañía.

“Acá el único trabajo ha sido trabajo legal para una empresa que ni yo ni nadie más en Perú le conocía alguna actividad que no fuese dentro del margen de la ley”, precisó.

Luego de comunicar esta decisión a la prensa, Allison abandonó Palacio de Gobierno y se dirigió a la sede del Ministerio Público, donde se reúne con la titular de este organismo.

Hace unos días, versiones periodísticas dieron cuenta que el ex alcalde de Magdalena asesoró a BTR, y se mostraron recibos por honorarios profesionales girados de enero a junio de 2008.

El titular de Vivienda reconoció que asesoró externamente en asuntos legales a la referida empresa, pero que desconocía de sus actividades ilícitas.

Dijo que BTR era una empresa con local conocido, que facturaba a la Sunat, y que incluso algunas instituciones públicas como el Congreso, la Contraloría General y varias municipalidades contrataron sus servicios.

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