El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, abogó por esperar las explicaciones que el ministro de Vivienda, Francis Allison, brinde ante una comisión del Congreso, por haber brindado asesoría legal externa a la empresa Bussines Track, y no adelantarse a condenar a las personas.

“No hay que sentar precedentes de que primero juzgamos y condenamos a una persona, y luego la investigamos. Hay que esperar prudentemente los resultados de estas investigaciones”, dijo en declaraciones a la prensa consignadas por la agencia Andina.

Velásquez manifestó que las explicaciones de Allison, ante la comisión que investiga las interceptaciones telefónicas, disipen las preocupaciones que hay por la asesoría legal externa que dio a esta empresa, cuyos directivos están procesados por interceptación ilegal de las comunicaciones.

“Nosotros estamos esperando que Allison ofrezca sus explicaciones en el Congreso de la República, disipando y esclareciendo todas las preocupaciones que hay”, anotó.

Tras destacar que Allison no está afectando el curso de las investigaciones, señaló que conversó con el titular de Vivienda, quien -dijo- le dio una versión totalmente distinta a la que divulga un medio informativo sobre la supuesta relación con dicha empresa.

Reiteró que así como el titular de Vivienda brindo servicios externos a dicha empresa, cuando era alcalde de Magdalena; otras instituciones también establecieron contratos con Bussines Track, como la Contraloría General de la República, municipios y hasta al propio Parlamento Nacional.

En otro momento, el jefe del Gabinete informó que también se ha trasladado al Congreso la propuesta presentada por los ejecutivos de la empresa minera Doe Run, para ampliar a 36 meses el plazo para la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya.

Recordó que el Gobierno impulsó la formación de una comisión técnica que determinó dar un plazo de 20 meses para implementar el PAMA, planteamiento que ya fue remitido al Congreso.

“Nosotros lo que queremos hacer es actuar con absoluta transparencia, garantizando el flujo de inversiones que hay en el Perú, pero estableciendo que el principio de autoridad y el respeto a los contratos tiene que ser una norma orientadora en el gobierno”, aseveró.

“Por eso es que le hemos pasado la propuesta el día de ayer al Congreso y esperamos que en el Congreso se abra rapidamente un debate y se pueda fijar el tiempo razonable”, anotó.