El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, informó que en lo que va del año se ha registrado un crecimiento importante de 60% en la inversión pública que realizan los gobiernos regionales.

“Si bien el porcentaje de ejecución de su presupuesto es bajo, va a ir creciendo a lo largo del año”, agregó en declaraciones que consigna la agencia Andina.

Indicó que la inversión en el sector Transportes, que realiza el gobierno nacional, ha registrado un avance de 35 a 40% de lo presupuestado para el 2009 y, traducido en recursos, dicho nivel representa casi el doble de lo ejecutado en similar período del 2008.

“En el caso de los gobiernos locales, el crecimiento en inversión es ligeramente más bajo, estamos en torno al diez por ciento por diversas razones, pero esto también debería crecer”, aseveró.

En ese sentido, consideró un error la propuesta de algunos economistas de volver a centralizar el gasto público debido a la poca eficiencia del gasto de inversión por parte de gobiernos regionales y locales.

“Este es un proceso largo de aprendizaje y hay que identificar mejor a los gobiernos regionales que sí están trabajando bien y premiarlos de alguna manera y fijarnos muy bien en el tema de sus funciones”, subrayó.

Consultado sobre la ley que plantea la ejecución de obras públicas por parte de empresas privadas a cuenta del pago de impuestos, recordó que se ha sacado un nuevo reglamento con la finalidad de simplificar al máximo los trámites exigidos.

“Pero creo que lo importante es que se tenga claro que es necesario tener reglas, debemos evitar la discrecionalidad y tener reglas claras de cómo funciona un instrumento nuevo, es muy importante para evitar problemas que les puede venir después a las mismas empresas”, comentó.

Carranza precisó que ha habido mucha discusión sobre este mecanismo pero pocos se han puesto a analizarlo de manera seria y tratar de plantear alternativas para sacarlo adelante.

“Hay dos empresas que están trabajando ya en esto y esperamos ver resultados pronto”, dijo.

También se refirió al gasto de los recursos que otorgan las empresas mineras por concepto del aporte voluntario y dijo que el retraso en la ejecución de obras debe ser resuelto por las propias empresas.

Explicó que los recursos del aporte voluntario son netamente privados y el Estado no ha puesto ningún “candado” excesivo para su gasto.

“El aporte fue una propuesta de las mismas empresas pero, más allá de la modalidad, es una gran interrogante el tema de por qué se ejecuta tan poco en un gasto en el que prácticamente no existe ninguna restricción pública”, mencionó.